Agroindustria de la palma aceitera busca darse una imagen “sostenible” mientras quienes se oponen a esta actividad son asesinados en Colombia
Con la celebración del Día Mundial de la Alimentación, más de 200 organizaciones, redes y movimientos sociales de 41 países denuncian en una “Declaración Internacional” la producción industrial del aceite de palma en los países tropicales y su exportación hacia los mercados internacionales para el consumo de jabones, alimentos y energía. Ayer, en Colombia, paramilitares asesinaron a Walberto Hoyos Rivas, líder de una de las comunidades que promovió el lanzamiento de esta declaración.
El 16 de octubre de 2008, Día Mundial de la Alimentación, comenzará en Cartagena (Colombia) la Primera Reunión Latinoamericana de la ‘Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible’ (RSPO, por sus siglas en inglés) para promocionar los monocultivos de palma aceitera, que justamente son la causa de sistemáticas vulneraciones del Derecho Humano a la Alimentación.
Los directivos de la Mesa Redonda y representantes de las empresas relacionadas con la agroindustria de la palma de aceite en América Latina buscan, según su convocatoria, “adquirir la certificación correspondiente de la RSPO para poder llevar los aceites de palma, sus derivados y productos a los mercados internacionales principalmente”. Para ello han escogido precisamente el país latinoamericano donde más violaciones de los Derechos Humanos se están registrando en relación a la producción de aceite de palma.
La denuncia recibida a última hora de ayer, confirma trágicamente esta realidad: el 14 de octubre, grupos paramilitares asesinaron al líder comunitario del Curvaradó, WALBERTO HOYOS RIVAS. Él se encontraba en la Zona Humanitaria del territorio colectivo del Curvaradó (Norte de Colombia), participando en una reunión con la comunidad. Al terminar la reunión, salió hacia la carretera, cuando se acercó una motocicleta, desde la que un hombre disparó causándole la muerte.
En opinión de Henry Ramirez Soler, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia, “la realización de esta reunión en Colombia es un mensaje muy confuso para la opinión pública, que muchas veces no alcanza a conocer la realidad de las comunidades en los países productores.
Por citar un ejemplo, en el caso del departamento colombiano de Chocó, en el Curvaradó, el negocio con el aceite de palma ha significado el despojo con violencia de tierras colectivas de comunidades negras, así como la constitución de 13 empresas del sector palmero vinculadas al paramilitarismo. La muerte de ayer se suma a los 140 crímenes contra estas comunidades y 13 desplazamientos forzados.”
“Condenamos este terrible crimen, a la vez que responsabilizamos al Estado colombiano por lo ocurrido ya que a pesar de las evidencias de la destrucción de vidas humanas y de la ilegalidad del establecimiento de las plantaciones de palma -como ha sido reconocido por el Fiscal General y del Defensor del Pueblo de Colombia; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- no ha tomado medidas efectivas para prevenir esta situación o para restituir la tierra a las comunidades”, expresa Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción.
En referencia a la ‘Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible’, Guadalupe Rodríguez de la ONG Salva la Selva, argumenta que “se trata de otro intento más de ‘lavado verde’ de la agroindustria, vista toda la publicidad negativa que ha recibido en relación con la actual emergencia alimentaria global y en respuesta a la masiva contestación social y política mundial frente a los planes de expansión del actual modelo de producción de agrocombustibles’. “Sin embargo, el cultivo de palma aceitera, como todos los monocultivos agroindustriales, no es ni puede ser nunca sostenible”, añade.
Entre los daños causados por la expansión a gran escala de la palma aceitera en los países tropicales, se denuncia en la “Declaración internacional en contra del ‘maquillaje verde’ de monocultivos de la ‘Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible’ (RSPO)”[1] no sólo las graves violaciones de los derechos humanos, conflictos con la tierras, los impactos a la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación, sino también, condiciones laborales deplorables, la amenaza para millones de indígenas, la contaminación ambiental, la pérdida de biodiversidad, así como la deforestación de bosques tropicales que agravan el Cambio Climático, siendo ésta la segunda fuente de contribución mundial a los niveles crecientes de dióxido de carbono en la atmósfera.
Las consecuencias negativas de los monocultivos de palma aceitera son ya una realidad en Indonesia, Malasia, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Camerún, Uganda, Costa de Marfil, Camboya y Tailandia, así como en Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Guatemala, México, Nicaragua y Costa Rica.
La “Declaración Internacional” apoya a las organizaciones y comunidades afectadas de Colombia quienes expresan que la estrategia de la Mesa Redonda “se basa en la falsa premisa de establecer criterios de sostenibilidad y otorgar un sello a plantaciones de palma, para vender el producto con garantías sociales y ambientales, busca legitimar un negocio lesivo que vulnera los derechos de las comunidades locales (indígenas, afrodescendientes y campesinas). Al tiempo que provoca serios impactos sobre los territorios y el patrimonio natural por tratarse de una estrategia de mercado que busca viabilizar la comercialización de los productos derivados de la palma, generando mayores dividendos y no soluciones a los conflictos ocasionados.”[2]
La ‘Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible’, lejos de atender estas denuncias, busca la expansión indiscriminada de este negocio, en contra de todas las recomendaciones y estudios científicos que manifiestan la urgencia de paralizar totalmente nuevas deforestaciones y conversiones de uso del suelo para el cultivo de palma aceitera, así como demandan el respeto de los derechos de las comunidades locales sobre sus tierras y territorios.
Las organizaciones internacionales sostienen que la solución sería, entre otras medidas, impulsar políticas energéticas sostenibles y el cambio radical de las formas de producir y consumir productos agrarios y ganaderos, reemplazando la agricultura industrializada por una agricultura campesina, ecológica y basada en la Soberanía Alimentaria, acompañada por una reforma agraria. Asimismo, prohibir la actividad de las empresas, el sector financiero y las políticas económicas y comerciales que especulan con las materias primas y son responsables de la actual crisis alimentaria.
Para más información y contactos:
En Colombia: Cecilia Naranjo, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Tel. +57 1 3463613
En Francia: Henry Ramírez Soler, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Tel: + 33 621282372 (francés, español)
En Alemania: Guadalupe Rodríguez, Salva la Selva, Tel: +49 30 51736879 (alemán, español, inglés)
En España: Tom Kucharz / Luis González, Ecologistas en Acción, Tel. +34 619 94 90 53 / 626 682 685 (inglés, español)
En el Reino Unido: Helena Paul, Econexus, Tel: +44 207 431 4357 (inglés)
1] [ http://www.salvalaselva.org/news.php?id=1067
Adjunto en Inglés:
Adjunto_DeVer_457_15-10-2008-RSPO-Ingles.txt
Adjunto en Francés:
Adjunto_DeVer_457_15-10-08-RSPO-French-RSPO.txt
Adjunto en Español: