Agenda de intereses ocultos

En la juerga desenfrenada en que andan los detentadores de los poderes públicos, nada es lo que aparentan: como le sucede al mono, se visten de seda, pero siguen siendo monos.

Aprovechan su cuarto de hora para satisfacer sus intereses y mientras buscan el Nobel de Paz en el exterior, dejan un panorama sombrío en el interior: ley de inteligencia que no delimita esa labor, como prometieron, sino que otorga a los agentes estatales facultades de vigilancia casi sin frontera. Ley de acceso a los documentos públicos, la cual, pese a la buena intención de sus autores originales, será un arma para negarles a periodistas e investigadores independientes información que no convenga a los gobiernos. Ley de ampliación del fuero militar, que aprobaron todos los partidos excepto el Polo, y cuyo contenido (¿“blanco legítimo” será igual a falso positivo legalizado?) no aclara, enturbia la convivencia pacífica. Proyecto de Código Penitenciario que arrancó en una propuesta académica y que terminó en las garras del PIN ante la mirada complaciente de la ministra de Justicia, y cuyo objetivo, lejos de humanizar las cárceles, favorecerá a paramilitares y parapolíticos.

Los proyectos torvos no cesan con el reordenamiento, a su medida, de las normas. Tienen también motivaciones concretas. Escojamos, al azar, tres ejemplos:

Caso 1. Simón Gaviria se dedica a tumbar al director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez, y coincide —sólo coincide— en ese propósito con Sandra Morelli. Primero lo ataca por el desastre de Interbolsa, como si fuera el responsable legal de esa calamidad. Después lo acusa por la traducción de dos párrafos de un documento escrito en inglés, lo que ya es un asunto menor. ¿De dónde la obsesión del congresista por acabar con el jefe de la UIAF? ¿Es, en realidad, por Interbolsa, por las traducciones o porque oficia de ventrílocuo de quien no resiste que se le enfrenten? ¿En manos de “quién diablos” cayó usted y, ante todo, por qué, representante Gaviria?

Caso 2. El superintendente de Salud, Gustavo Morales, en un acto de honestidad poco común, acepta que dos de los más garosos congresistas, Roy Barreras y Karime Mota, lo presionaron para que les entregara unos cargos de importancia estratégica: los de los gerentes interventores de las EPS en liquidación. ¿Para favorecer pacientes… o negocios? A partir de entonces, terceros no tan desavisados les filtraron a los reporteros el decreto con el aumento salarial de Morales para montarle un escándalo. La Contraloría les colaboró y lo acaba de encartar, sin revelar, claro, que su cabeza en el ente fiscal y sus delegados ganan más que Morales. ¿Razones de ética o de revancha parlamentaria?

Caso 3. La magistrada de la Sala Disciplinaria de la Judicatura María Mercedes López denuncia presunta falsedad en las actas con el fin de ejecutar el carrusel de las pensiones por parte de algunos compañeros suyos. La investigación contra ellos va a la Comisión de Acusación y se cierra en un dos por tres, a favor de los denunciados. El proceso contra la secretaria de la misma sala, una señora Yira Olarte, que firma las actas, se le asigna a la fiscal Martha Lucía Zamora, quien, contrario a lo que ocurrió en la Comisión, encuentra pruebas para acusar a Olarte de lo que habría hecho con sus jefes. López, la denunciante, es denunciada ante la misma Comisión por el padre de Olarte. La Comisión no ve problema y acepta abrirle proceso. Entre tanto, el “magistrado” Henry Villarraga, uno de los del carrusel y jefe de Olarte, dice que investigará a la investigadora de su subalterna, la fiscal Zamora: el carrusel de los cierres y aperturas de procesos. ¿Algún impedimento? No, qué va. Está en marcha, con mucha fortuna, como lo estaremos viendo, la agenda de los intereses ocultos.

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