AGC intimidan y contra derecho ocupan predios de reclamantes de tierras.
Ayer, jueves 18 de octubre, a las 12 del mediodía, dos hombres vestidos de civil con armas cortas, quienes se identificaron como integrantes de las AGC, preguntaron en la Zona Humanitaria de Caño Manso por algunos de los líderes.
Uno de ellos les abordó e impidió el ingreso a la Zona Humanitaria de Caño Manso, los armados expresaron que la comunidad debía colaborar permitiendo que en el lugar hubiera un punto. Dos de los líderes le expresaron que esto era ir en contra del proceso organizativo.
Los AGC molestos se dirigieron hacia Santa María, distante a 20 minutos y en dónde existe patrullaje de unidades militares. En esa misma porción del territorio colectivo de Curvaradó aún se mantienen agronegocios bufalinos de ocupantes de mala fe, beneficiarios de la violencia paramilitar de los años 96 y 97, que ingresaron de la mano de Sor Teresa Gómez.
Entre algunos de los empresarios de la violencia de ese momento que se encuentran con ocupaciones de mala fe Hugo Fenel Bernal Molano y Javier Restrepo Girona.
Hoy, viernes 19 de octubre, sobre la 9:00 a.m., alrededor de 50 personas, entre ellos foráneos y otras personas de comunidades cercanas ocuparon con intimidación, y agresiones la Zona de Biodiversidad La Esmeralda de la Familia Durango, ubicada en la comunidad de El Guamo, Territorio Colectivo de Curvaradó.
El medio centenar de personas empezó a preparar ranchos para permanecer en el lugar y afirmaron que ellos tomaban las tierras con autorización del cuestionado y demandado representante legal del Consejo Mayor de Curvaradó, Germán Marmolejo.
La propiedad de la familia Durango tiene aproximadamente 60 hectáreas, de las cuales se ocuparon cerca de 6 hectáreas.
En la región en cumplimiento del Auto de la Corte Constitucional se encuentra el Inspector Ad Hoc, Guillermo Padilla, acompañado de ESMAD, y Procuraduría General de la Nación, quien expresó a quienes les solicitaron actuar, que él no podía hacer nada. Y contra su responsabilidad al conocer de hechos contra bienes protegidos jurídicamente manifestó que, si había una orden del representante legal, él como funcionario no podía hacer nada.
Factores de hecho siguen colocando en jaque las garantías y la real restitución de predios a los verdaderos y legítimos dueños del territorio. La inacción eficaz de los entes gubernamentales sigue propiciando la legitimación de los abusos de autoridad, y la extralimitación de funciones de cuestionados representantes legales que actúan contra la propia ley 70, la ley ambiental y favorecen a terceros (en realidad primeros) que son parte de un plan criminal para constituir una economía y desarrollo excluyente y destructor de aguas y bosques
Bogotá D.C., 19 de octubre de 2018
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz