AGC desconocen grave y profundamente el derecho humanitario
Desde el pasado jueves 5 de mayo a las 6.00 a.m. a través de comunicados públicos las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, declararon un Paro Armado en Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Guajira, Cesar, Valle, Santander en los municipios y áreas rurales en que ejercen dominio territorial.
Las estructuras llamadas por el gobierno Clan del Golfo, ordenaron el cierre de todos los establecimientos de servicios (gasolina, abarrotes, alimentos, restaurantes) centros de educación y centros de culto, la prohibición de movilidad a los cascos urbanos y entre los caseríos por vía terrestre o fluvial
En desarrollo de este llamado Paro Armado en reacción a la extradición de su máximo mando Dairo Antonio Úsuga se ha amenazado a la población generando zozobra, malos tratos, torturas, asesinatos, confinamiento, secuestro, restricciones totales a la movilidad, restricción a la libre expresión.
El jueves 5 de mayo a eso de las 11.00 a.m. en el caserío La Honda, Cacarica, 21 indígenas wounnan, 9 adultos y 12 niños, de la comunidad de Juin Pobuur fueron retenidas cuando desde el casco urbano de Río Sucio se dirigían hacia su comunidad en límites con el Parque Nacional de los Katíos.
Una mujer indígena que está próxima a dar a luz y varios niños quienes presentaban síntomas de diarrea y vómito entraron en pánico ante la retención. Las AGC autorizaron algunas llamadas en que la comunidad retenida solicitó auxilio pues carecían de atención en salud y alimentaria.
Ayer viernes 6 de mayo hacia las 6.30 p.m. unidades de la Infantería de Marina llegaron al caserío La Honda, los integrantes de las AGC se dispersaron y hoy desde las 7.00 a.m. los indígenas continuaron su recorrido a la comunidad.
Así como estás retenciones varias situaciones se han presentado en las vias carreteables secundarias y en las vías fliuviales a lo largo del Atrato. La parálisis es total desde Fonseca a los límites con Valledupar, desde la carretera de SIncelejo a Montería y de allí hasta Santa Fé de Antioquia pasando por Arboletes, San Juan de Urabá, Turbo, Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba. En las vías secundarias la situación es igual. Los llamados Puntos de las AGC incluso, además, de amenazar han golpeado a pobladores como lo muestran imágenes en Bajirá y o Necoclí.
Los pobladores de los caseríos tampoco han podido movilizarse ni comunicarse por los caminos de servidumbre. Los cultos cristianos y católicos tampoco se han podido realizar. Incluso, las AGC han obligado a cerrar algunos templos.
Al medio día de hoy, las AGC compartieron un comunicado en que permitían a los pobladores abastecerse durante unas horas, antes de continuar sus actuaciones de control social territorial
El Clan del Golfo o AGC meses atrás manifestó públicamente que asumirían respetar el derecho humanitario y que se comprometían a respetar el proceso electoral colombiano.
El poder manifiesto desatado desde el pasado 5 de mayo constata su gran poder de control social territorial en medio de la inacción, ineficacia, tolerancia y ocasiones de operaciones estratégicas compartidas con sectores militares y policiales, en articulación con sectores políticos y empresarial legal e ilegal.
Los asesinatos de Elkin Echavez, (Sucre), Francisco Soto López (Córdoba), de 12 más son una vergüenza para este gobierno que en sus manos continúa deshaciendo el Estado de Derecho
La política de legalidad de Duque sigue haciendo agua en Colombia. La paz con legalidad es solo un lema de una pésima broma que demuestra la retórica de un Estado nacional fragmentando en poderes armados que se logran consolidar en territorios rurales y urbanos por una serie de procesos de paz con desaciertos y fracasos como el del EPL, la desmovilización AUC 975, el de las FARC EP, y un saboteado proceso de sometimiento colectivo de las AGC.
Hoy se percibe un país del perfeccionismo retórico que niega asuntos estructurales sin resolver en materia de paz, se seguridad e inclusión social. Hoy el país tiene antes sus ojos la posibilidad de reconocerse como un proyecto de nación fracasada o un país que desde la superación del terror puede evitar su fragmentación territorial armada de norte a sur, de oriente a occidente.
La comunidades étnico territoriales y campesinas, los habiatntes de los barrios populares, sectores del comercio, las iglesias esperan que sea posible un gbierno que escuche a las regiones, un gobierno que promueva el respeto a los derechos humanos y una construcción de la paz global territorial en estos 10 departamentos y en todo el país, a partir de fórmulas. La balcanización del pais puede estar a la vuelta de unos meses, si es que ya no estamos en él.
El llamado al CICR, a las Iglesias y el realizado por las comunidades a nuestras organizaciones es para lograr Acuerdos Humanitarios, el respeto a la vida, ala integridad de los civiles y de los combatientes, y a los dirigentes del país a habilitar escenarios de salidas creativas de paz que eviten más derramamiento de sangre, más dolor y agonía a fuego lento, un país de territorios que se deshacen en las violencias, que este gobierno se negó a reconocer.
Bogotá D.C. 7 mayo de 2022
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz