Adiós a la verdad
Con el asilo político en Panamá de la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, difícilmente se llegará a saber quién estaba detrás de la conspiración de esa entidad. Porque pedirla en extradición, como anunció la Fiscalía, es un absurdo.
El nombre de María del Pilar Hurtado se ha repetido una y mil veces en la investigación que se sigue por el espionaje ilegal que el DAS les hizo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a miembros de la oposición y a periodistas. Quienes hasta hace poco tiempo fueron sus más cercanos colaboradores, dos de ellos confesos y colaborando con la justicia, la han señalado como la persona que ordenó algunas de estas acciones, que tuvo conocimiento detallado de todas las grabaciones que se hicieron y como la encargada de mantener informada a la Casa de Nariño al respecto.
Hurtado fue directora del DAS entre septiembre de 2007 y octubre de 2008, y empezó a ser investigada hace casi ya dos años por el fiscal general, Guillermo Mendoza Diago, pero aunque las revelaciones sobre el complot contra la Corte Suprema han sido abundantes, hasta ahora no había sido acusada ni detenida. Una decisión jurídica de esa naturaleza se esperaba en cualquier momento, y es por eso que Hurtado decidió aprovechar su estadía en Panamá para solicitar un asilo político que le fue otorgado casi de inmediato por el gobierno del presidente Ricardo Martinelli.
La solicitud de asilo de la ex funcionaria y su otorgamiento por parte del gobierno panameño han sido criticados por mucha gente. Para la justicia colombiana es claro que los altos funcionarios del DAS estaban actuando por fuera de los márgenes de la ley, y que está lejos de ser una víctima política, puesto que justamente lo que se está investigando es la persecución, la intimidación y la campaña de desprestigio que este organismo les hizo a sectores críticos del gobierno de Uribe.
No obstante, una cosa es lo que piensan los jueces, los políticos o los periodistas en Colombia y otra muy diferente la que piensa el presidente Martinelli, quien le otorgó el asilo. A favor de Hurtado jugaban tres factores. El primero es justamente que no tenía hasta este viernes una orden de captura. El segundo, el supuesto peligro inminente sobre su vida. Argumento que si bien es taquillero y vendible, en la práctica no es muy real. Pero el tercer factor fue el que más pesó a su favor: eligió para refugiarse un país cuyo Presidente tiene una alta estima y admiración por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, lo que, sin duda alguna, le abrió las puertas mucho más fácil.
No es posible que el Presidente de Panamá crea que el gobierno de Juan Manuel Santos les está montando una persecución política a los funcionarios de la administración Uribe. Tampoco es probable que crea que la doctora Hurtado fue la maquiavélica estratega de todas las barbaridades que se cometieron en el DAS o incluso que su vida corra peligro. En Panamá, las ‘chuzadas’ realizadas por un organismo de inteligencia no son vistas como un delito atroz. Por otra parte, la ex directora del DAS es más bien percibida desde la distancia como una ficha ingenua de un ajedrez político de alto nivel y de un choque de trenes entre la justicia y el gobierno de Uribe. Para Martinelli, Uribe es un amigo y un gran Presidente y no un dictador peligroso y perseguidor. Por esto, lo que el gobierno panameño quiere es darles una mano a él y a su gente con un asilo “cariñoso”.
Lo injusto de todo esto es que en las altas esferas a nivel nacional e internacional hay cierta solidaridad con los altos funcionarios que dan estas órdenes, por considerar muchas veces –y equivocadamente– que se trata de pecados más veniales que mortales. Sin embargo, hay mucha indiferencia con los mandos medios y bajos que ejecutan estas órdenes, que son los que acaban en la cárcel.
Pero a pesar de estas consideraciones pragmáticas, la decisión de Martinelli tendrá muy graves consecuencias políticas y judiciales en Colombia, que incluso pueden repercutir internacionalmente. Un primer efecto perverso del asilo de María del Pilar es que difícilmente se podrá establecer en los tribunales quién dio la orden de perseguir a la Corte, a los periodistas y a la oposición política, pues ella era la fuente de primera mano para que el país supiera qué tanto sabía la Casa de Nariño sobre el complot del DAS. Una segunda consecuencia grave es que se sienta un mal precedente, como lo dijo el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras. Especialmente si se tiene en cuenta que algunos de los hombres del círculo de confianza de Uribe tienen procesos abiertos en la Fiscalía y podrían acudir a un artilugio similar, lo cual obstruiría aún más a la justicia. Tercero, el asilo legitima internacionalmente la idea de que la justicia colombiana está parcializada y es usada políticamente por algún sector, lo cual no corresponde a la realidad en este caso.
El asilo es una figura que se usa en casos políticos y no cuando personas que han cometido delitos comunes quieren evadir la justicia. Por eso, por ejemplo, es que Costa Rica se lo negó al ex senador Mario Uribe hace dos años. Es una decisión autónoma y discrecional de cada gobierno, y Colombia es un país con una larga y sólida tradición de respeto a esta figura de protección internacional, por lo que es previsible que no haga ningún tipo de reclamo diplomático. Como se recordará, el dirigente peruano del Apra Víctor Hugo Haya de la Torre estuvo en la embajada de Colombia en Lima durante cinco años. En los 90, Alan García se asiló en Bogotá cuando Fujimori intentó detenerlo y juzgarlo. Y de manera más reciente, el empresario Pedro Carmona, acusado de conspirar contra Hugo Chávez, también buscó refugio en Colombia. También en casos en los que otros países les han otorgado asilo a colombianos el gobierno ha sido respetuoso aunque no comparta la decisión, como cuando en 1998 Costa Rica le dio asilo a Álvaro Leyva Durán, quien era investigado por enriquecimiento ilícito.
La paradoja es que cuando ya la evasión de Hurtado está consumada, el fiscal Mendoza anunció que ya estaba previsto definirle la situación la semana próxima. Si decide acusarla, dice que la solicitará en extradición, lo cual es en sí mismo un contrasentido. “Colombia tiene una tradición de respeto al asilo. Solicitar la extradición es un irrespeto a la esencia misma de esa figura”, explica el ex canciller Augusto Ramírez Ocampo. Porque si el país otorga el asilo, automáticamente está dándole un estatus político a la persona en cuestión. Es muy remoto que este gobierno se meta en una batalla diplomática de esa magnitud.
Es por eso que la jugada de María del Pilar Hurtado es el mayor escollo para conocer la verdad sobre la conspiración que hubo contra la Corte Suprema de Justicia y una talanquera para saber quiénes estaban detrás del peor espionaje de la historia de Colombia.