Adiós a la salud, queremos solo negocios: bigfarma

El sector farmacéutico es estratégico por su relación con la soberanía y la seguridad nacional. Por ello, no puede aceptarse que siga degradándose al privilegiar intereses económicos foráneos sobre los derechos fundamentales de las personas.

La oposición al proyecto de reforma a la salud ha crecido durante los últimos meses, pero no todos los que se oponen lo hacen por las mismas razones, ni tienen los mismos objetivos.

La universalización de los sistemas de salud es un logro social indiscutible desde el punto de vista de los derechos humanos, pero también una oportunidad de negocios para las bigfarma, como se conoce a las grandes multinacionales farmacéuticas, que hasta hace algunos años llenaban sus arcas con las ganancias obtenidas en sus propios países, bajo el monopolio de las patentes. Ahora, todos hacemos vaca para pagar cifras, que no caben en las calculadoras, por los medicamentos nuevos que sostienen a las deprimidas economías de los países ‘desarrollados’.

Las patentes de muchos medicamentos han expirado en esos países, o están a punto de hacerlo, generando riesgos para el modelo de negocio de bigfarma, derivados del aumento de la competencia de los genéricos que conlleva una disminución en los precios y, por supuesto, la pérdida de mercado.

Las empresas farmacéuticas cuentan con pocas alternativas para mantener sus ganancias: llevar nuevos medicamentos protegidos con exclusividad al mercado, aumentar las unidades vendidas, incrementar el precio o acrecentar su eficiencia interna. También es posible una combinación de las anteriores y otras consistentes en manejos financieros e inversiones no relacionadas con su objeto social.

Las bigfarma desarrollan en Colombia y en todo el mundo una estrategia, que de un lado busca trasplantar a todos los ámbitos regulatorios las normas más favorables a sus propios intereses, mediante tratados de libre comercio, procesos de armonización, y presiones políticas y comerciales de diversos órdenes. De otro, pretende ganar los corazones y el apoyo de los profesionales de la salud y la ciudadanía en general para presionar al gobierno a actuar según sus exigencias.

La opinión pública cada vez es más consciente de los abusos cometidos en las negociaciones de propiedad intelectual en los TLC, del desmonte del control de precios y de las bochornosas prácticas comerciales, aunque poco conoce sobre las barreras técnicas.

Es hora de decir claramente que la Organización Mundial de la Salud, que estaba llamada a ser el organismo internacional de regulación por excelencia, se ha convertido en una especie de alianza público-privada en la que el 80 por ciento de la financiación no viene de los países, sino de donaciones condicionadas. Ahora, la mayoría de normas que pretenden hacerse pasar por estándares internacionales están siendo elaboradas por la International Conference on Harmonisation (ICH), una organización cuyo máximo órgano de gobierno está conformado paritariamente por los organismos regulatorios y las organizaciones gremiales de bigfarma de la Unión Europea, Japón y Estados Unidos.

La OMS es un mero ‘observador’. Por ejemplo, en temas como el de la regulación de biotecnológicos, bigfarma presiona y chantajea constantemente al gobierno, para constreñirlo a adoptar acríticamente normas que exigen la repetición de ensayos clínicos aun en aquellos casos en los que es posible definir y verificar las especificaciones técnicas de un producto sin recurrir a estudios que además de ser injustificables desde el punto de vista ético, constituyen una barrera técnica al comercio.

Pero tal vez lo más abominable y peligroso de las estrategias de bigfarma es la instauración de un discurso que sistemáticamente señala a los demás como responsables de la crisis de la salud en Colombia, y esgrime la defensa del derecho a la salud para justificar cualquier consumo a cualquier precio, al tiempo que desconoce la existencia de tecnologías anodinas o peligrosas, y elude la discusión sobre las razones por las cuales hay productos protegidos por patentes de mala calidad, con precios astronómicamente superiores a los costos de producción, que representan gastos superfluos con un alto costo de oportunidad para la salud. Este discurso usa los intereses legítimos de las personas para esconder el apetito voraz por los recursos que todos y cada uno de los ciudadanos (no solo los pacientes reales o potenciales), tenemos que sufragar al hacer nuestros aportes al sistema de salud.

Es el mismo discurso que tolera y justifica el derroche de recursos, como ha ocurrido y sigue ocurriendo, y los peligros asociados a un sistema regulatorio que evalúa la eficacia y no la efectividad, autorizando la comercialización de nuevos medicamentos con solo demostrar que el candidato es mejor que un placebo, es decir, que es mejor que tabletas de azúcar que, careciendo por sí mismas de acción terapéutica, producen algún efecto curativo en el enfermo, si este las recibe convencido de que poseen realmente tal acción.

El sector farmacéutico es estratégico por su relación con la soberanía y la seguridad nacional. Por ello, no puede aceptarse que siga degradándose al privilegiar intereses económicos foráneos sobre los derechos fundamentales de las personas. Debido a esto, prevenimos al gobierno, a los profesionales de la salud y a la ciudadanía en general sobre los cantos de sirena de bigfarma, y reiteramos nuestra disposición para trabajar por una verdadera transformación del sistema de salud, que no será posible sin abordar los elementos estructurales del sector farmacéutico.

Alberto Bravo Borda

Presidente Ejecutivo Asinfar
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