Acuerdos

LOS INDIOS DE CAUCA HAN LOGRADO un importante reconocimiento por parte del presidente: “Ustedes –les dijo Santos desautorizando al comandante del Ejército– no son guerrilleros”. Y les pidió perdón por la violación constante a los derechos humanos, presuntamente cometida por la fuerza pública. No estoy seguro de que ello signifique sacar a la Policía de las zonas pobladas como se debería hacer atendiendo la sentencia de la Corte Constitucional T-1206/01, que define la Policía como “población combatiente”, y por tanto, su presencia permanente en medio de la población civil “puede crear situaciones de violencia sobreviniente para los vecinos de las estaciones”. Tampoco creo que el Gobierno esté dispuesto a excluir los resguardos indígenas de la explotación minera al negar o revocar las concesiones que les ha hecho a las grandes compañías. Menos que les cumpla con los acuerdos de El Nilo, que obligan al Estado a devolverles 120.000 hectáreas que los terratenientes les han robado. Nada. Quizá lo único que el Gobierno pueda hacer es liquidar a la OPIC, una organización de esquiroles y paniaguados creada por Uribe y su ministro Valencia Cossio. Entre merecidos abucheos y batiendo un bastón de la Guardia Indígena se despidió el presidente con un “voy a pensarlo”. Podrá haberlo pensado mientras regresaba a Bogotá en avión, pero nada hará. Nada, porque las demandas indígenas están atadas unas con otras, y todas subordinadas a los planes militares del Ejército. La respuesta de Santos es la clásica política de todos los gobiernos, que consiste en aplazar las soluciones hasta que los problemas estallan y entonces se puede disparar a discreción. En un año ya no veremos 15.000 indios desfilando, sino 20.000. Ya no serán cinco muertos, sino 10. Aplazar las soluciones es el caldo de cultivo de la violencia.

Contrasta esta política con el acuerdo al que llegó el Gobierno con la derecha legislativa para apoyar el fuero militar. Aquí sí no hay dilación porque los uniformados andan de paro, un verdadero paro armado que mantendrán vivo mientras no les aprueben un fuero militar que les dé las garantías que les permitan hacer la guerra a sus anchas. Más claro: por presión internacional Uribe aceptó en 2006 que los muertos hechos por las Fuerzas Militares fueran levantados y las pruebas custodiadas por el CTI y la Fiscalía. Un acuerdo firmado. Pero de ahí salió el tema de los falsos positivos que tiene tan enredados al Ejército y al mismo Santos. Si hoy, con las garantías limitadas, hacen los militares lo que hacen, ¿cómo será cuando no tengan un ojo civil puesto sobre sus famosos operativos? El llamado fuero militar que piden suprime el papel del CTI y así, girando en redondo, suprimirán de las primeras planas de medios los falsos positivos. Con el acuerdo recién hecho con Efraín Cepeda en la casa de Nariño, Santos se pone en el campo de Uribe para tratar de evadir los disparos de twitter y mermar la animosidad de las Fuerzas Armadas. Uribe terminó siendo no sólo el jefe de la oposición –con el Ejército a su lado–, sino el verdadero árbitro de la reelección de Santos. La ultraderecha ha logrado unificar un bloque político parlamentario que se está sacando el clavo por el fracaso de la reforma a la justicia. Si Santos mantiene a los conmilitones de Uribe en La Picota, Uribe le dará a Santos la Casa de Nariño por cárcel, paralizado y bajo la amenaza de usar al generalato extremista en su contra. ¿Es la respuesta que Santos le está dando a la disposición de los indios para contribuir a la paz? El acuerdo del presidente con los conservadores significa una vergonzosa concesión a la pura derecha, como se vio en la elección del nuevo magistrado, Luis Fernando Guerrero.

Vendrá dentro de poco la elección de defensor del Pueblo por parte de la Cámara. Los representantes tendrán la oportunidad de elegir al sucesor de Vólmar Pérez de una terna enviada por el presidente. No hay sino dos caminos: o la Cámara se pliega a una elección calculando los puestos que el nuevo funcionario ponga en manos de los políticos, o elige en función de los méritos morales y profesionales de los candidatos. No es cuestión simple. La Defensoría, como órgano de control y magistratura moral que ha sido, tiene la responsabilidad de impedir que el Estado sea utilizado por las fuerzas oscuras que defienden el derecho de hacer la guerra a su manera. La perspectiva de un acercamiento con las guerrillas pasa por el respeto absoluto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así sean ellas las primeras en violarlos. Las pruebas de voluntad de paz no son unilaterales y deben comprometer a todas las partes envueltas en el conflicto armado, incluidas las Fuerzas Armadas.

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