Actuación paramilitar de la Unidad Móvil de Selva de la Brigada 15
Actuación paramilitar de la Unidad Móvil de Selva de la Brigada 15; continúa repoblamiento de territorios colectivos del Curvaradó; avanza siembras de yuca y ganadería extensiva, suspendido desalojo contra Zona Humanitaria de Caracolí, persisten señalamientos y falsas acusaciones
Bogotá, D.C. Junio 26 de 2009
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
FABIO VALENCIA COSSIO
Ministro del Interior
JAIME BERMUDEZ
Ministro de Relaciones Exteriores
ANDRES FERNANDEZ
Ministro de Agricultura
CARLOS COSTA
Ministro de Medio Ambiente
MARIO IGUARAN ARANA
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDOÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PEREZ
Defensor Nacional del Pueblo
JULIO CESAR TURBAY QUINTERO
Contralor General de la Nación
“Cuídense de esos mentirosos, pues pueden llegar con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces”.
(Mateo 7, 15)
Ref. Actuación paramilitar de la Unidad Móvil de Selva de la Brigada 15; continúa repoblamiento de territorios colectivos del Curvaradó; avanza siembras de yuca y ganadería extensiva, suspendido desalojo contra Zona Humanitaria de Caracolí, persisten señalamientos y falsas acusaciones.
En sus despachos nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la actuaciones de tipo paramilitar desarrolladas por la Unidad Móvil de Selva de la brigada 15 del ejército y la tolerancia policial con las mismas; la ocupación de mala fe que adelantan las empresas palmeras como “Palmas de Curvaradó” y ganaderas como “La Tukeka” con repobladores e integrantes de estructuras paramilitares; las actuaciones contra la sana lógica, el debido proceso y los fundamentos en hecho y en derecho realizadas por el Tribunal del Chocó y la Juez provincial del municipio de Riosucio y los graves señalamientos contra integrantes de la Zona Humanitaria, acompañantes internacionales, la Comisión de Justicia y Paz.
La perversión para empresarial, las actuaciones contra derecho desbordan la imaginación. La fuerza pública y los entes de justicia están permeados, hieden y expelen olor de carroña, el divorcio entre ética y derecho es evidente, entre la fuerza y el derecho es palpable, la criminalidad lo ha corroído todo. Por eso, es posible, incluso, usar, manipular, a aquellos que alguna vez, habitaron con un sentido de humanidad, de pertenecía y un alma honesta los territorios.
Ante ustedes nuestra Constancia y Censura Ética ante las siguientes situaciones de hecho.
* Jueves 11 de junio hacia las 9:00 a.m. en el entorno de la Zona Humanitaria “Andalucía” se constató que la empresa Palmura vendió ilegal y arbitrariamente, hace pocas semanas, predios del territorio colectivo de esta comunidad afrocolombiana. Parte de estas tierras fueron ocupadas con ganado.
A esa misma hora trabajadores de la empresa La Tukeka transportaron semillas de yuca hacia predios del territorio Colectivo, entre ellos, la mejora del afrocolombiano FELIX ANAYA y los predios de la familia MARIN, integrantes del Consejo Comunitario.
Algunos de los ocupantes de mala fe se han identificado como integrantes de la organización “Lideres Sin Fronteras”, y afirmaron a los ocupantes legales y legítimos de Andalucía, que ellos cuentan con el aval de CLAUDIA ARGOTE, una de las propietarias de la empresa La Tukeka.
Dentro de los trabajadores se reconoció a GUSTAVO MARTINEZ, de quién se ha observado en operaciones paramilitares, y es el responsable de ejercer la dirección de los repobladores provenientes de Necoclí, San Pedro de Urabá, Chigorodó y Apartadó. Desde hace dos años se ha desarrollado una fase des control social y de seguridad empresarial en predios del territorio colectivo de Andalucía en Curvaradó, donde se han construido ya 37 viviendas de manera ilegal y constituido tiendas de abasto.
Ese mismo día, entre las 12:30 p.m. y 1:00 p.m., en el caserío de la comunidad de Andalucía, se observó la presencia de tres hombres con armas largas -dos fusiles y una escopeta-, vestidos de civil en la mejora del integrante del Consejo Comunitario JULIO CESAR ARRIETA.
Los armados se ubicaron a menos de 200 metros del lugar en que estaban efectivos de la Brigada 15 y abordaron a varios campesinos preguntando por la presencia de la guerrilla.
Desde el 2001 estos predios han sido ocupados de mala fe por la empresa Palmas de Curvaradó, representada legalmente por GABRIEL JAIME SIERRA
* Viernes 12 de junio hacia las 8:30 a.m. el integrante del Consejo Comunitario, ENRIQUE PETRO solicitó al sargento CADENA, miembro de la brigada 15, informar si los tres armados ubicados en los predios del señor ARRIETA pertenecían a sus unidades militares o si se trataba de repobladores. El efectivo regular respondió que averiguaría de quiénes se trataban.
* Domingo 14 de junio hacia las 6:30 a.m., los integrantes del consejo comunitario ABEL ANTONIO RODRIGUEZ y ARNOBIS DURANGO fueron retenidos por cerca de 60 hombres armados sin identificación visible, dos de ellos con las caras cubiertas con capuchas de toldo negro y vestidos de camuflado. Los armados les manifestaron que estaban buscando a DAVID RECUERO y que tenían rodeada la comunidad de “El Tesoro”.
*Lunes 15 de junio hacia las 6:30 a.m., a cinco minutos del caserío de El Tesoro fue retenido por unidades móviles de la brigada 15 el campesino FREDY SOLIPAZ cuando se dirigía a su labranza. Los militares le ordenaron informar a los habitantes que nadie podía salir, pues ellos “ no respondían por lo que les pudiera pasar”.
Entre los regulares se encontraban dos encapuchados, un integrante de las “Águilas Negras” apodado “Rambo” que portaba un morral militar.
Hacia las 12:20 p.m., se conoció que el mando militar de los efectivos regulares sostuvo que las “irregularidades” se debían a que la tropa era nueva.
El mismo día hacia las 5:00 p.m. un hombre vestido de civil con arma larga merodeó tres mejoras del territorio colectivo, entre ellos la finca de RAMIRO QUINTERO en el perímetro de Zapayal Territorio Colectivo de Jiguamiandó.
De acuerdo con algunas fuentes, el armado y otros de este grupo de control paramilitar, han sido vistos en la finca de WILLIAM LOPEZ, reconocido hacendado, beneficiario del paramilitarismo en la comunidad de Llano Rico.
*Martes 16 de junio hacia 10: 30 a.m., en la terminal de transporte de Belén de Bajirá, hombres que se identificaron como paramilitares de las “Águilas Negras” , entre ellos, LIBARDO alias “Bombillo” y el conocido con el alias “Rambo” retuvieron a DESIDERIA QUINTERO y NEBIS YAÑEZ, integrantes del Consejo Comunitario de la comunidad de El Tesoro en Curvaradó.
A los campesinos los separaron y luego los sometieron a interrogatorio. A DESIDERIA le solicitaron los documentos de identidad, le preguntaron por un señor de nombre DAVID RECUERO, así como, sobre la presencia de la guerrilla en la región. La campesina manifestó que ella era población civil.
Luego de 15 minutos de interrogatorio la dejaron en libertad.
Posteriormente, los paramilitares interrogaron a NEBIS, acusando a la comunidad de ser parte de la guerrilla, luego de intimidarlo, le preguntaron por la presencia de guerrilleros en el caserío de “El Tesoro”. Agregaron que tenían infiltrados y que conocían que se habían comunicado con la ciudad de Bogotá para denunciar su presencia en el entorno del caserío. Afirmaron “ustedes están dando malas informaciones de nosotros”. A NEBIS lo amenazaron, si no guardaba silencio de su retención “mucho cuidado con decir que nosotros la cogimos”
Al integrante del Consejo Comunitario le ofrecieron vincularse a la red de informantes, indicando que si les daba información y les colaboraba iba a ganar buen dinero: “hasta dos millones de pesos (U.S. 935) le pagamos, no queremos problemas con nadie.”
Los paramilitares prosiguieron el interrogatorio: “¿Cuál es el líder o representante legal de la comunidad,? (…) “Necesitamos saber porque pasan información a la ONG en Bogotá (…) Nosotros si estuvimos en los alrededores de la comunidad pero no entramos”. Haciendo alusión a la presencia armada de los días 14 y 15 de junio, de efectivos de la brigada 15 con algunos encapuchados, entre ellos, los paramilitares.
El paramilitar continuó amenazando al integrante del Consejo Comunitario: “Nosotros vamos a volver a El Tesoro, ahí si vamos a entrar, ahora se nos dañó el plan por sus llamadas, pero vamos a seguirles haciendo inteligencia (…). Yo estuve allá con la cara tapada(…) Nosotros vamos a sacar a gente de su comunidad, si no salen de la zona nosotros los vamos a sacar, entre ellos a DAVID RECUERO” – la misma persona que ha sido preguntada por los efectivos regulares de la brigada 15.
Y finalmente, le advirtieron, si usted pasa esta información a la ONG en Bogotá o al gobierno se va a meter en problemas.
Hacia 12:40 p.m. la policía se acercó a los paramilitares, los requisó, al igual que a otros pobladores de Bajirá que se encontraban en el lugar, luego se retiró del lugar sin solicitar la identificación de los victimarios. NEBIS aprovechando la presencia policial se retiró del lugar.
El mismo día hacia las 4:00 p.m., el mayor LARA comandante de la Unidad Móvil de Selva de la brigada 15, confirmó que efectivamente estuvieron en la zona de El Tesoro y que desconocía los hechos de la retención de dos persona en Belén de Bajirá.
*Miércoles 17 de junio hacia las 12:30 p.m., se conoció el aplazamiento del operativo de desalojo contra la Zona Humanitaria de Caracolí en Curvaradó
Hasta ese día estaba vigente la Sentencia Civil No. 0019 del 28 de agosto de 2008 de la juez promiscua municipal del Circuito de Riosucio, ERCILIA GONZALEZ MORENO que ordenó el desalojo en contra derecho, a favor de los ocupantes de mala fe de la empresa “La Tukeka”, de la que son propietarios CLAUDIA ARGOTE y ANTONIO ARGOTE.
Se conoció, a su vez, que la inspectora local de policía de Carmen del Darién NEILA ROMAÑA BLANDON respondió de manera negativa al requerimiento hecho por el viceministerio del Interior, de abstenerse de ejecutar la decisión de la juez.
* Viernes 19 de junio la Corte Constitucional emitió el auto No 222 con la que adopta medidas cautelares urgentes para la protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente de Caracolí –Curvaradó en el que ordena la suspensión inmediata de la orden de desalojo.
La corte declara que la orden del Juzgado Promiscuo de Circuito de Riosucio atenta “prima facie contra los derechos fundamentales individuales y colectivos de la comunidad afrodescendiente de Caracolí, perteneciente a la comunidad de Curvaradó, especialmente de su derecho al territorio”, al tiempo que recuerda la obligación de todas las autoridades colombianas de “proteger y garantizar los derechos fundamentales individuales y colectivos de esas comunidades, tanto de evitar cualquier acción o medida que pueda afectar sus derechos, como de prevenir, proteger y atender la garantía de sus derechos con medidas que respondan a la realidad de estas comunidades afrocolombianas” Remite copia del fallo correspondiente a la Sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que investigue la actuación de la señora Juez.
Ordena la corte al Acción Social, Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior que adelante medidas urgentes de protección de la comunidad de Caracolí, “las cuales deberán ser adoptadas de manera concertada con la comunidad en el marco de las medidas provisionales adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.”
* El mismo día hacia las 10:15 a.m., aterrizó un helicóptero militar de la brigada 17 del ejército en la Zona de Biodiversidad de Nueva Esperanza, en el Jiguamiandó y nuevamente hacia las 11:30. Hacia las 3:30 p.m., 17 campesinas y campesinos se dirigieron hasta el lugar para constatar esa presencia y encontraron uno de los helicópteros sobre su cultivo de arroz que quedó destruido y militares desplegados en los alrededores.
Se acercaron a los militares y le hicieron saber del daño que les habían causado al trabajo agrícola para el sostenimiento de las familias de la comunidad que habitan la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza. El Sargento SANCHEZ respondió que no conocían el cultivo de arroz, por su parte la comunidad dejó sentado que adelantarían las denuncias por el daño causado.
Los daños corresponde a lo cultivado en ½ hectárea que produciría 1.000 libras del cereal.
* Domingo 21 de junio desde las 10:30 a.m., de la mañana, la comunidad de Caño Manso inició los trabajos de restauración de la zona humanitaria que había sido parcialmente destruida por hombres al servicio del ocupantes de mala fe el coronel ® LUIS FELIPE MOLANO (300509). Hacia las 11:45 el administrador de las fincas Villa Alejandra 1 y Villa Alejandra 2 JOSE LUIS HOMERO entregó una cámara de fotografía al militar CADENA de la Brigada 15, quien a su vez la encomendó a un subalterno suyo que inició los registros fotográficos de manera visible, a miembros de la comunidad, acompañantes internacionales de los Estados Unidos y la Unión Europea y a integrantes de la Comisión de Justicia y Paz que se encontraban en el lugar.
Hacia las 12:45 otro militar que ocultaba la cámara fotográfica con una tela, continuó la toma de registros mientras los miembros de la comunidad desmontaban una corraleja de madera que se encontraba dentro del lugar delimitado como Zona Humanitaria. Los acompañantes manifestaron la preocupación por los registros al militar CADENA quien ejercía mando sobre la tropa y ordenó que la guardara.
* Jueves 25 de junio a las 9.00 a.m., nuestra Comisión de Justicia y Paz, conoció de un nuevo panfleto que circula por internet en el que se ataca la decisión de la Corte Constitucional al adoptar la medida cautelar para proteger la mejora dentro del territorio Colectivo de Curvaradó de los habitantes de la Zona Humanitaria de Caracolí. El panfleto usa argumentos falaces y destructivos contra los habitantes de las Zonas Humanitarias a quiénes acusa de repobladores, señalamientos contra nuestra Comisión de Justicia y Paz y Peace Brigades International, PBI. Las expresiones racistas, los señalamientos y el desconocimiento de los derechos de los integrantes del Consejo Comunitario son evidentes, favoreciendo la ilegalidad y el crimen.
Nuestra Constancia y Censura Ética ante situaciones que reflejan con claridad meridiana la podredumbre. La fuerza pública continúa operando ella misma como estructura paramilitar. “Águilas Negras” son las mismas fuerzas militares, consentidas por la policía. Qué vergüenza!!! Pero nada escandaliza, pues todo, es costumbre.
Y esa costumbre está arraigada, está cimentada en la impunidad, es gracias a ella, a esa actitud estructural de posibilitar la injusticia, y atacar injustamente con la ley a quienes afirman su dignidad y sus derechos. Esa es la ley, que ya hace parte, de la cotidianidad. Injusticia para el justo, beneficios para los victimarios, para los beneficiarios del crimen, del despojo, del fraude y de la ilegalidad.
La situación de violaciones a los derechos de los pobladores afrodescendientes y mestizos de las zonas humanitarias y de caseríos vecinos se agrava paulatinamente. Si ustedes no actúan para evitar mayores daños irreparables, sobre ustedes recae la responsabilidad por omisión, por que todo lo saben, todo lo conocen y nada de fondo se hace para favorecer a estas comunidades y sus territorios.
Nuestra Constancia ante la continuidad de la lógica y de la estrategia paramilitar en el Curvaradó, sus actuaciones se han cualificado a través de la misma fuerza pública, la Brigada 15 y la policía de Urabá; la captura de Daniel Herrera “Don Mario” ha sido sucedida por “Mao” y por “Giovanni”, pero en realidad las “Águilas Negras” son otro falso positivo, como expresó “Don Mario” a quién bajo una campaña mediática institucional se ubicó como uno de sus gestores. Ese falso positivo es la operación en la que dos hombres encapuchados, un hombre de civil con morral junto con cerca de 60 hombres sin distintivos visibles en sus uniformes, retuvieron por más de un día a los campesinos de la comunidad de El Tesoro, preguntaron por alguien con el nombre de DAVID RECUERO, y ese grupo armado resulta ser, nada más y nada menos, que la brigada 15.
Pero sus operaciones están abiertas al escrutinio, a quienes ven día a día, al paramilitarismo como operación institucional en Belén de Bajirá.
Las respuestas del comandante de la Unidad Móvil de Selva de la Brigada 15, no pudo ser más elocuente. El “nosotros” al que se referían los paramilitares “BOMBILLO” y “RAMBO”, según el oficial, eran sus hombres, los que actuaron en el operativo de control a los pobladores del Tesoro, a los que se les dañó el plan, al parecer por haberse informado a Bogotá, pero que su plan sigue, la vigilancia, el control y la inteligencia, se seguirán adelantando.
Ante este hecho, ¿queda alguna duda de quiénes son las “Águilas Negras”? ¿satisface la respuesta del comandante de esa unidad de que se trataban de unidades nuevas, lo que explicaría las irregularidades que se estaban cometiendo? ¿podrán seguir respondiendo que se trata de un hecho aislado, cuando toda una unidad militar está comprometida en esta actuación? ¿qué se va a decir de los dos antiguos paramilitares “desmovilizados” que se reconocieron en el operativo, que infiltraron la tropa?
Nuestra Censura Ética ante las operaciones de control social a través de repobladores venidos de San Pedro de Urabá, Necoclí, Chigorodó, Apartadó, detrás de las cuales se quiere evitar la restitución de la propiedad e imponer un agronegocio vinculado con el paramilitarismo y sus beneficiarios como GABRIEL JAIME SIERRA, CLAUDIA Y ANTONIO ARGOTE.
Hace pocos días un mando paramilitar lo manifestó con claridad, allá en el Chocó, el control de lo ilegal y lo legal, es de parte de una misma estructura institucional, entre ellas la de la justicia, ente de investigación incapaz, como los muestra la realidad de tomar decisiones razonables en derecho; o ente de justicia incapaz de actuar en conciencia, en actitud razonable a favor de los atacados, de las víctimas protegidas por el derecho. Todo es una vergüenza pública!!!
Atendiendo al artículo 23 de la Constitución, solicitamos se nos de respuesta, conforme a sus responsabilidades institucionales a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué decisiones judiciales se han tomado en la investigación que se adelanta en el proceso 3856? Por qué se han adoptado estas decisiones?
2. ¿Cómo explica la Fiscalía que los empresarios que han cometido, por los menos, el delito de fraude procesal y hayan usado y ocupado de mala fe, predios colectivos, continúen en libertad?
3. PEDRO TORDECILLA y GUSTAVO MARTINEZ han actuado en operaciones en las que se han cometido Crímenes de Lesa Humanidad ¿Por qué continúan en libertad?
4. ¿Es política de la Fuerzas Militares, en este caso de la brigada 15, operar con el nombre de “Águilas Negras”, en razón de qué? ¿Cuáles son las razones de dicha operación bajo este nombre? ¿Bajo que presupuesto normativo se pueden realizar este tipo de operaciones?
5. ¿Es política de la policía Nacional abstenerse se requerir con documentos de identidad a los ciudadanos o civiles que son identificados públicamente como militares o paramilitares?
6. ¿La policía y la Brigada conocen los nombres y las identidades de alias “Rambo” y alias “Bombillo”? ¿Cuál es? ¿Por qué operan al lado de unidades policiales o de la brigada 15?
7. ¿La Vicepresidencia y el Ministerio del Interior han identificado a las personas que hoy ocupan los predios de Andalucía, en donde se ha construido, un caserío con repobladores? Puede confirmar que se trata de habitantes tradicionales del territorio?
8. ¿El Ministerio de Ambiente ha verificado que las operaciones empresariales de este último mes, a través de la empresa “La Tukeka” y “Palma de Curvaradó” en predios colectivos de Caracolí, Andalucía y Cetino, cumplen los requisitos de ley?
9. ¿Qué medidas ha adoptado la Defensoría del Pueblo para proteger la vida e integridad de los habitantes de las Zonas Humanitarias de Caracolí?
10. ¿Qué personas han sido vinculados en la investigación que adelanta Finagro por el uso de recursos públicos en la siembra de palma de aceite?
Esperando su pronta respuesta, y esperando que por una única vez, se adopten medidas eficaces para desmontar el paramilitarismo institucional y se posibilite la restitución material de la propiedad.
Con profunda indignación,
Comisión Intereclesial Justicia y Paz