Acto de reconocimiento de responsabiliades y petición de perdón de las FARC en Bojayá
En el marco de la petición inicial de perdón formulada, el 18 de diciembre de 2014 en la
ciudad de La Habana, Cuba, por las FARC-EP a las comunidades de Bojayá por los hechos acontecidos a partir del 21 de abril al 2 de mayo de 2002, recibimos la solicitud, tanto de los delegados de las víctimas de Bojayá como de la delegación de las FARC-EP en la Mesa de diálogos de paz con el gobierno de Colombia, de servir de testigos en aquel acto y del proceso reparativo y restaurador que de él se derivara.
Los abajo firmantes, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diócesis de Quibdó, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Comunidades Construyendo Paz-CONPAZ y Jesús Alfonso Flórez López, del sector
académico, aceptamos tal encargo y, desde aquél momento hasta el presente, hemos
estado cumpliendo esta labor de acompañamiento a las comunidades indígenas y
afrocolombianas de Bojayá, para hacer seguimiento a los compromisos asumidos por las
FARC-EP de empezar un camino de acciones de reconocimiento y reparación.
Damos testimonio de que los delegados de las víctimas que fueron a La Habana para el Acto de referencia, afirmaron en su momento que no podían otorgar el perdón, pues consideraban que era una decisión muy personal de cada víctima, pero que sí darían a conocer a las comunidades la determinación de las FARC-EP de pedir perdón, particularmente el mensaje contenido en el comunicado público en el que expresaron querer: “…buscar cómo podemos en lo posible resarcir, no sólo reconociendo el daño causado entonces, sino desarrollando una serie de propuestas encaminadas al diálogo, a actos reparadores, y a ofrecer y consensuar medidas de no repetición”.1
El grupo de víctimas, constituido posteriormente en Comité de víctimas de Bojayá ha sido incansable en la socialización de los contenidos del Acto a cada uno de los Consejos comunitarios, las comunidades indígenas, la comunidad del casco urbano de Bellavista, y la población de Bojayá en condición de desplazamiento forzado asentada Quibdó.
En nuestra condición de testigos hemos acompañado, de diversa manera, al Comité de víctimas de Bojayá a hacer la consulta a las comunidades sobre esta petición de perdón y las acciones de reparación que se podrían emprender. Ese complejo y doloroso proceso se realizó mediante múltiples diálogos con cada una de las comunidades y tres asambleas de Consejos comunitarios y Cabildos indígenas sobre el derecho a la reparación y las garantías de no repetición, entre diciembre de 2014 y el 2 de noviembre de 2015.
Hemos compartido con las delegaciones del gobierno y de las FARC EP que se encuentran en La Habana las comunicaciones de las comunidades sobre su sentir, exigencias y solicitudes para que se avance en auténticas acciones conducentes hacia la reconciliación y la reparación.
Para las víctimas, como se ha documentado desde 2002 y es expresión de la memoria colectiva, en los dolorosos hechos del 2 de mayo de 2002 hay una responsabilidad compartida de las FARC EP, de los paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas y del Estado colombiano, una deuda que está ahí pendiente de ser reconocida en un proceso que debe posibilitar la paz como justicia social.
Durante este tiempo que hemos servido como testigos y acompañantes, sostuvimos una respetuosa interlocución con la delegación de paz de las FARC-EP y la del gobierno colombiano, sirviendo de puente con las comunidades. Ese diálogo también contribuyó a que este proceso haya tenido continuidad. La voluntad y disposición de los delegados del gobierno nacional, particularmente del Alto Comisionado para la Paz, han sido fundamentales para que este acto que se realiza hoy en Bellavista viejo tuviese lugar.
Nos complace que el proceso de consulta con las comunidades haya concluido en la aceptación de realizar este segundo momento: un acto de reconocimiento de responsabilidades y petición de perdón por parte de las FARC-EP en el seno de la comunidad.
El proceso iniciado y el camino que sigue es muy doloroso, pero también de esperanza, requiere de muchas voluntades para superar el ciclo de sufrimiento, agravio y resentimiento. El daño producido a la comunidad y a sus miembros es literalmente irreparable. Esto no quiere decir que el pasado no pueda ser superado y que el reconocimiento de las víctimas no pueda conducir a su empoderamiento y su proyección futura. El camino por recorrer es largo y dinámico, depende de todos. El acto de solicitud de perdón es un paso en un entramado proceso de relacionamiento y de construcción de futuro. Después de escuchar a los representantes de las FARC-EP, la comunidad y sus miembros vuelven a tener la palabra. Son sus respuestas, sus condiciones, y sus preocupaciones (públicas o privadas) las que fijarán los próximos pasos. El reconocimiento es un puente, no la terminación del proceso.
Este acto es viable, en gran parte, por la valentía, la tenacidad y la resiliencia de las comunidades que confluyen en Bojayá. El temor, la zozobra y la coerción, propios de la guerra, siguen calificando el ambiente social en este territorio. En estas condiciones adversas, la comunidad ha continuado tejiendo su red social, construyendo historia y redes de significado cultural para encarar y afrontar la atrocidad y el trauma individual y
colectivo.
Ahora es necesario seguir trascendiendo las palabras y lo simbólico, y que las promesas de un mejor futuro, un futuro en paz, se traduzcan en cambios concretos de la situación de los habitantes y las comunidades de Bojayá y sus alrededores. Es esencial que se den pasos concretos para consolidar el Estado social de derecho y restablecer la confianza cívica entre las comunidades y las autoridades, y que se garantice la vida y la integridad de todos sus miembros.
Como testigos, comprendemos que, mediante esta solicitud pública de perdón, las FARCEP comunican un mensaje directo a la comunidad y, a la vez, envían un mensaje más amplio de reconocimiento de valores morales, sociales y éticos que han transgredido. El mensaje es importante para ambientar un proceso de diálogo que debe estar respaldado en muestras concretas de transformación y cambio. Este es un paso importantes, pero sólo un paso, en el proceso de construcción de paz y de reconciliación.
El daño generado en el marco de la guerra ha creado ambiente de dolor y resentimiento que demorará en transformarse. El proceso deberá darse tanto en el ámbito local, íntimo y comunitario, como en el marco nacional, cada uno tiene sus particularidades y sus retos. Lo cierto es que el proceso se ha iniciado y como se refleja hoy en día, será doloroso e incierto. La reconciliación es un proceso abierto que, por el momento, debe iniciar por confrontar la negación de la atrocidad y promover el reconocimiento de responsabilidades. El ejercicio proactivo de esa responsabilidad y la manera como se plasma la reparación y como son tratadas las víctimas definirá el rumbo del proceso e irá marcando la construcción de futuro.
Antes de cerrar, y porque somos conscientes de las dificultades que ha enfrentado este proceso y porque sabemos que el camino hacia adelante también está lleno de obstáculos, queremos impulsar a los distintos actores a que continúen con su determinación de construcción de paz y de reconciliación. Cada uno enfrentará dificultades particulares.
Extendemos, por lo tanto, un llamado:
Al gobierno colombiano: a que de respuesta prioritaria a las demandas de seguridad y protección de las comunidades de Bojayá y del medio Atrato chocoano y antioqueño, a que enfrente la histórica marginalización y discriminación que afecta al territorio y a las comunidades, y a que se inicie un proceso concreto de implementar lo pactado en el eventual Acuerdo Final de Paz en el territorio, partiendo de acciones inmediatas conducentes a la atención material y moral de las víctimas de la región.
De la misma manera debe adoptar con prontitud las medidas necesarias para aplicar con eficacia todos los planes, acciones y mecanismos, ordenados incluso, por decisiones judiciales, para asumir su responsabilidad en materia de reparación integral con enfoque diferencial.
A la guerrilla de las FARC-EP: que, como consecuencia de este reconocimiento público de responsabilidad, profundicen el proceso de reconocimiento y actúen de manera acorde frente a las comunidades de Bojayá y Vigía del Fuerte. Como este proceso dinámico ha demostrado, el ejercicio de responsabilidad futura como constructores de paz implica: la confrontación de lo actuado; la aceptación de responsabilidad y de las implicaciones como causantes de daño; la realización de actos concretos de reparación; y compromisos claros del comportamiento futuro con el fin de establecer lazos de confianza con las comunidades agraviadas y la sociedad colombiana, en general.
A las comunidades indígenas y afrocolombianas: a que no cesen en su empeño generoso de buscar caminos de reconciliación, sin renunciar a sus derechos como grupos étnicos, ni a sus derechos como víctimas de obtener verdad, justicia, reparación y no repetición. Igualmente, a que continúen en este proceso de construcción colectiva de identidad política y social.
Seguimos dispuestos a apoyar este difícil pero esencial proceso y asumir, de acuerdo a nuestras respectivas responsabilidades, las tareas que la comunidad y las partes concernidas consideren conducentes para el propósito mayor de construcción de paz con justicia social. Expresamos nuestra profunda esperanza que estamos siendo testigos de una apuesta inédita en la concreción del derecho reparativo.
Firman los Testigos,
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Diócesis de Quibdó
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Comunidades Construyendo Paz-CONPAZ
Jesús Alfonso Flórez López, del sector académico.