Acción urgente por graves violaciones a los Derechos Humanos en Colombia
Otra vez más, en menos de una semana, debemos poner en alerta a las organizaciones de defensa y tutela de los derechos humanos a nivel internacional sobre la gravedad y repetición de las agresiones en contra de ciudadanos colombianos, porque continúan las operaciones paramilitares contra la vida e integridad, libre movilización de las comunidades afrocolombianas de Cacarica, asociadas en CAVIDA. Dichas operaciones se realizan ante la presencia indiferente de la fuerza pública que opera sobre el río Atrato y los municipios de Turbo y Río Sucio, hechos, similares a lo que viene sucediendo desde hace 16 años contra las comunidades de Cacarica.
Corte Penal Internacional
Fatou Bensouda , Prosecutor
otp.informationDesk@icc-cpi.int
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
José de Jesús Orozco Henríquez, presidente
cidhdenuncias@oas.org
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Diego García Sayán, Presidente
corteidh@corteidh.or.cr
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos(OACNUDH)
Victoria Kuhn, Human Rights Officer
vkuhn@ohchr.org – civilsociety@ohchr.org,
Oficina del Alto Commisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en Colombia
Todd Howland, Representante en Colombia
oacnudh@hchr.org.co
Juan Carlos Monge, Representante adjunto
jmonge@hchr.org.co
Sub-Oficina en Medellín
Ursula Urdillo, Oficial derechos humanos Dpto. de Antioquia
uurdillo@hchr.org.co
Narni, 16 de mayo 2013
Asunto: Acción urgente por graves violaciones a los Derechos Humanos: paramilitares intimidan a líderes de la Comunidad de Vida y Dignidad (CAVIDA), asesinato de IVÁN DARÍO RESTREPO GARCIA, reclamante de Tierra; Ejecución extrajudicial del campesino MANUEL ENRIQUE MARTINEZ CARDONA en el coregimiento de la OSA, Tierralta (Córdoba).
Respetuoso saludo,
Otra vez más, en menos de una semana, debemos poner en alerta a las organizaciones de defensa y tutela de los derechos humanos a nivel internacional sobre la gravedad y repetición de las agresiones en contra de ciudadanos colombianos, porque continúan las operaciones paramilitares contra la vida e integridad, libre movilización de las comunidades afrocolombianas de Cacarica, asociadas en CAVIDA. Dichas operaciones se realizan ante la presencia indiferente de la fuerza pública que opera sobre el río Atrato y los municipios de Turbo y Río Sucio, hechos, similares a lo que viene sucediendo desde hace 16 años contra las comunidades de Cacarica.
De igual manera, continúa las explotación extractiva de empresas madereras que desconocen los principios sobre derechos humanos y ambientales y, sobre todo, los derechos fundamentales de las comunidades negras de Cacarica. Esta vez se trata de una empresa cooperativa que con maquinaria de la empresa Maderas del Darién Pizano S.A., la cual también ha sido denunciada en otras ocasiones, se dedica a la extracción de especies en vías de extinción como el cativo sin realizar los trámites legales para dicha explotación económica como realización de la consulta previa y la elaboración del plan de manejo ambiental y de mitigación. Dicha actividad extractiva e ilegal afecta el conjunto de las comunidades que pueblan el territorio colectivo porque causa daños ambientales y alimentarios irreparables y la sedimentación del curso natural del río Peranchito, entre otros.
Así como solemos hacer con las demás acciones urgentes, a continuación presentamos detalles de las acciones que denunciamos. Igualmente, presentamos otras denuncias, que si bien no afectan directamente a las comunidades que acompañamos, no podemos pasarlas por alto por la gravedad que suponen. Confiamos en que una presión de los Organismos Internacionales responsables de la vigencia de los DD.HH. y el DIH pueda llevar a resultados concretos de protección, con el fin de acabar definitivamente con la violencia y las agresiones en contra de estos procesos comunitarios y de sus protagonistas.
Caso Comunidad de Vida y Dignidad -CAVIDA (Cacarica – Chocó)
Viernes 3 de mayo hacia las 5:00 am en el puerto de Turbo mientras se preparaba la embarcación tipo chalupa para desplazarse hacia la cuenca del río Cacarica, dos reconocidos paramilitares siguieron de cerca a líderes de CAVIDA, entre ellos a MARCO VELÁSQUEZ. A las 11: 45 a.m. en el caserío de Tumaradó, sobre el río Atrato, en un retén paramilitar retuvieron la misma embarcación en la que se movilizaba el líder afrodescendiente MARCOS VELÁZQUEZ y otros integrantes de CAVIDA. Los paramilitares acusaron a MARCOS de ser guerrillero. Entre tanto, otros paramilitares requisaron los bienes de supervivencia y la ropa de los integrantes de CAVIDA. Los paramilitares también amenazaron de muerte a MARCOS VELÁSQUEZ. Tres minutos después de que los paramilitares les permitieran seguir su recorrido por el río Atrato, los integrantes de CAVIDA llegaron al retén del Batallón fluvial 16 ubicado en inmediaciones de Tumaradó. De igual manera, los efectivos regulares solicitaron los documentos de cada uno de los integrantes de CAVIDA. Al ver la evidente complicidad por parte de los efectivos con los paramilitares, los ocupantes de la barca se negaron a entregar los documentos.
Sábado 4 de mayo a eso de las 10:45 am en el caserío de La Honda (Cacarica) un grupo de paramilitares (12) retuvo a dos miembros de CAVIDA. Los afrodescendientes fueron interrogados sobre su lugar de procedencia y destino, después de unos minutos les permitieron seguir en dirección al municipio de Río Sucio. Despúes, hacia las 4:00 p.m. en el mismo caserío La Honda (Cacarica), un paramilitar de un grupo de diez, que suelen encontrarse allí, ordenó detener la embarcación en la que se movilizaban los líderes de las comunidades de Cacarica CAVIDA, EMILTON OREJUELA y, EDILSON PALACIOS; los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, JENNIFER VALENCIA, EDWIN MOSQUERA, ABILIO PEÑA y DANILO RUEDA, y dos observadores internacionales. Segundos después de percatarse que había acompañantes internacionales autorizaron seguir el recorrido hacia Cacarica. Debemos recordar que en la acción urgente del 08.05.2013 ya habíamos denunciado seguimientos y intimidaciones a ABILIO PEÑA Y DANILO RUEDA, miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Lunes 6 de mayo a las 11:30 a.m. en el mismo caserío La Honda (Cacarica), los paramilitares ordenaron parar la embarcación en la que se movilizaban los líderes de CAVIDA LISEN MARÍA MARTÍNEZ HURTADO, JHON ALEXANDER IBARGUEN, GLORIA MOSQUERA PALACIOS, LUIS MARIO VELÁZQUEZ VALENCIA, AIDE PALACIOS COSSIO y los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz EDWIN MOSQUERA, JENNIFER VALENCIA, ABILIO PEÑA y DANILO RUEDA y dos observadores internacionales. Entre éstos, un reconocido Paramilitar de las Autodefensas Urabeñas, al no ser atendida su solicitud de transportarlo en la misma barca hasta Riosucio, intimidó a los ocupantes. Este tipo de retenciones son constantes por parte de los paramilitares en el curso del río Cacarica.
Lo que más nos preocupa es que todas las acciones paramilitares ocurren en territorio vigilado por las fuerzas del Estado ante su más indignante indiferencia. De hecho, 40 minutos antes del retén paramilitar, en el punto conocido como Travesía, efectivos de la Infantería de Marina habían informado a los ocupantes de la embarcación de que el río estaba vigilado por la Fuerza pública.
Martes 7 de mayo en horas de la mañana la Comisión de Justicia y Paz recibió un informe sobre los graves daños ambientales y sociales ocasionados por la intervención de la empresa Centro de Producción y Comercialización Sostenible de Recursos Naturales del Atrato S.A.S (Ceprocenat) dentro del territorio colectivo de Cacarica. La empresa que obra como facilitadora de la empresa Maderas del Darién Pizano S.A de manera inconsulta, sin estudios de impacto ambiental y social, sin planes de mitigación está generando afecciones irreparables. Aunque la empresa se presentó como una cooperativa desde hace más de un año, ingresó máquinas excavadoras, movilizadoras para la canalización y desvío del rio Perancho y Peranchito; acciones de deforestación afectando especies en vía de extinción como el Cativo.
Con esta acción urgente, queremos dejar constancia de la ausencia de medidas eficaces para proteger la vida, la integridad y asegurar la libre movilidad de las y los integrantes de CAVIDA. Igualmente, nos preocupa la presión constante e inhumana bajo la cual están sometidos los afrocolombianos que habitan en las cuencas del Atrató, Cacarica y otros afluentes. Estos pobladores, continuamente son sometidos al control y restricción de movilización por grupos paramilitares y por efectivos de la fuerza pública. Igualmente, evidenciamos las constantes amenazas de muerte por parte de paramilitares equipados con armas cortas de fuego y vestidos de civil en La Honda, La Larga, y de manera regular en Palo Blanco y Travesía, así como en los municipios de Río Sucio y Turbo.
Seguimos muy preocupados por la vida del líder MARCO VELÁSQUEZ, a quien hemos tenido la posibilidad de conocer en actividades de sensibilización que realizamos con dicha comunidad en territorio europeo en el 2004, entre las que resaltamos los encuentros sostenidos con los miembros de las comisiones de Derechos Humanos tanto de la Cámara como del Senado del Parlamento Italiano.
Confirmamos que MARCO VELASQUEZ, ha denunciado permanentemente que las operaciones paramilitares se realizan bajo la presencia y actuación del batallón fluvial 16 en el punto conocido como Tumaradó. Igualmente, las amenazas a su vida se han recrudecido, contradictoriamente, desde que MARCO VELÁSQUEZ participó en reunión del trabajo en las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el periodo anterior.
La ausencia de respuesta por parte del gobierno colombiano y del sistema judicial del estado evidencia la precariedad del mismo sistema para hacer respetar los derechos humanos. Igualmente, los miembros de CAVIDA siguen esperando la respuesta estatal para la concreción de esquemas de protección tanto individuales de líderes y lideresas, como colectivas de CAVIDA, solicitadas desde el mes de diciembre del 2012 para intentar persuadir las agresiones de los paramilitares, según pobladores de la zona, consentidas por la fuerza pública.
Por último, llamamos la atención sobre la ausencia de intervenciones adecuadas por parte de entidades administrativas, ambientales y de la propia fuerza pública ante la explotación empresarial que desconoce derechos fundamentales de comunidades y ambientales, ecosistemas de gran fragilidad.
Otra vez más, expresamos la misma preocupación transmitida en nuestras comunicaciones anteriores, en las cuales denunciamos la permisividad con la que actúan los paramilitares en esta zona, la cual está bajo jurisdicción de la Brigada XVII y de la Polícia de Urabá. De igual modo, reiteramos que nos preocupa, sobre manera, los vínculos establecidos y la mutua colaboración entre empresarios y paramilitares y sobre todo nos alarma la impunidad y la falta de respuesta por parte del Estado Colombiano ante la situación de opresión en la que se encuentran cotidianamente las comunidades de afrocolombianos que habitan los territorios colectivos de los afluentes del río Atrato.
Caso reclamantes de tierra
El Movimiento de crímenes de Estado -MOVICE- ha denunciado el asesinato de IVÁN DARÍO RESTREPO GARCIA el 4 de mayo a las 6.30 de la noche, en la sala de su casa, frente a su esposa y sus tres hijos, momentos después de que los escoltas asignados por el Ministerio del Interior para su protección terminaron su turno y abandonaran la residencia.
De acuerdo con testigos del hecho, dos hombres llegaron a la casa vestidos con uniformes de la Policía Nacional y portando una carpeta para simular que estaban pasando revista a la seguridad del reclamante; como no vio nada sospechoso, Restrepo los dejó entrar y una vez en el interior de la casa uno de los supuestos policías desenfundó su arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones. Una vez perpetrado el crimen, los atacantes profirieron amenazas de muerte contra la esposa de la víctima.
El asesinato de Restrepo se suma a los asesinatos de Narciso Teherán, el 12 de abril, en El Tamarindo, Atlántico; Elver Cordero, el 9 abril y Ermes Enrique Vidal Osorio, el 23 de marzo, ambos en el departamento de Córdoba, todos reclamantes de tierra.
Nos inquieta de que no obstante las víctimas de muchas de nuestras denuncias cuentan con el esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección las agresiones y los asesinatos persisten. En efecto, se evidencia que hay algo que no funciona en los esquemas de protección del Estado Colombiano.
Caso Ejecución extrajudicial en tierra Alta (Córdoba)
El MOVICE también ha denunciado la ejecución extrajudicial de MANUEL ENRIQUE MARTÍNEZ CARDONA, en Tierra Alta, Cordoba. El 5 de mayo 2013 el señor CARDONA fue gravemente herido por un ataque del Ejercito Nacional en el corregimiento de la Osa y falleció el dia 6 de mayo de 2013 en el hospital de Córdoba.
Los asesinatos en el territorio de Córdoba nos generan mucha inquietud puesto que, dada la cercanía con la Comunidad de Paz, algunos campesinos que los habitan también se han sumado como miembros de la misma Comunidad. Así mismo en el informe final, realizado por la Rete en ocasión de la 10° Delegación en Colombia se subrayó que en jurisdicción de Tierra Alta se ubica una base paramilitar, precisamente, en el sitio denominado Batata.
De nuevo, en razón de los hechos descritos anteriormente, acudimos a la colaboración de los organismos internacionales de protección y defensa de los derechos humanos para que se realicen las acciones permitidas por el Derecho Internacional a favor de la no sistematicidad y no repetición de violaciones a la dignidad humana en Colombia.
Agradecemos su amable atención,
Andrea Proietti
Presidente Rete Colombia Vive!
Con copia a:
- Presidencia de la República de Colombia
- Vicepresidencia de la República de Colombia
- Ministro de la Defensa
- Ministro del Interior y de Justicia
- Fiscal General de la Nación
- Defensoría del Pueblo
- Departamento de Policia Urabá
- Comando de la Brigada XVII
- Delegación de la Unión Europea para Colombia y Ecuador
- Embajada de Italia en Colombia
- Embajada de Colombia en Italia
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Rete Italiana di Solidarietà, Colombia Vive! Onlus
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