Abusos de autoridad y violaciones de DDHH, policiales y de tipo paramilitar, contra desplazados y reclamantes de tierra

Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante los abusos de autoridad por decisiones administrativas contra derecho, uso desproporcionado de la fuerza, operaciones de tipo paramilitar, amenazas, señalamientos, tratos crueles contra niños y familias desplazadas, destrucción de viviendas y bienes de supervivencia, que reclaman la propiedad de la Finca El Tamarindo, municipio de Galapa y la Finca La Cuba, municipio de Puerto Colombia.


Bogotá, D.C., 23 de julio de 2013

JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia

ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República de Colombia

FERNANDO CARRILLO
Ministro del Interior

MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores

RUTH STELLA CORREA
Ministra de Justicia

JUAN GABRIEL URIBE
Ministro de Ambiente y Desarrollo sostenible

EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación

ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación

JORGE ARMANDO OTÁLORA
Defensor Nacional del Pueblo

Ref: Abusos de autoridad y múltiples violaciones de derechos humanos, policiales y de tipo paramilitar, contra integrantes de ASOTRACAMPO y FUNDEREPJS, desplazados y reclamantes de tierras.

Por los muchos crímenes, dictaré sentencia condenatoria y definitiva. Porque han perseguido con espada a su hermano y ahogado todo sentimiento de piedad. Han pisoteado al pobre y tirado parte de su cosecha, esas casas de piedra que pretenden edificar no las van a ocupar.

Nuestra Constancia Histórica ante las irregularidades de los depositarios legales de los predios extinguidos por la DNE por presuntos detrimentos patrimoniales, ya que el lote Cuba, a cargo del Fondo para la Rehabilitación Social y Lucha contra el Crimen Organizado FRISCO y la Dirección Nacional de Estupefacientes DNE, incautado por extinción de dominio a JULIO NASSER ARANA avaluado alrededor de 572.000 millones a 1 billón de pesos , se encuentra asignado a la depositaria LILIANA INÉS BARRIOS GARCÍA, quien tiene una denuncia abierta por malos manejos en el caso de la Ladrillera Tocagua, Juan Mina, Atlántico .

Nuestra Constancia Histórica ante las estrategias administrativas que reclamantes de mala fe han interpuesto para legalizar el despojo de estos predios. A saber, las querellas accionadas desde 2008 sobre “El Tamarindo” por parte de NANCY TARUD DE ABDALA en representación de Negocios Abdala S.A, las acciones de GUILLERMO CÁRDENAS PELÁEZ, quien funge como reclamante del predio “Lote 4”, en representación de la empresa Warehouse Overdeas Enterprises Corp. Y las acciones de facto de ISABEL CRISTINA VEGA GIOVANNETI, quien afirma ser la propietaria del predio Cuba, y ejerce ocupación de mala fe por medio de sus trabajadores.

Nuestra Constancia Histórica ante los abusos de la fuerza del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD y militares adscritos a la brigada 2, ante la comisión del delito de omisión, frente a las actuaciones de estructuras armadas al mando de LESMAN PARRA, grupos que protegen los intereses de los empresarios y quiénes han cometido abusos, agresiones, daños en bien ajeno y amenazas de muerte a las familias reclamantes de tierra que ocupan de manera pacífica “El Tamarindo”, “Cuba” y “Lote 4”.

Nuestra Constancia Histórica ante la infortunada coincidencia de intereses privados sobre los predios en que habitan las comunidades con el proyecto carreteable denominado Ruta de El Sol, que comprende la concesión vial Ruta Caribe ubicada entre la intersección Cordialidad-Caracolí-Barranquilla. Y por otra, la Resolución 13914 dictaminada por la DIAN en noviembre de 2007, que declaró un área de 1.200.000 metros cuadrados como Zona Franca Internacional del Atlántico, ZOFIA, destinando los predios “Cuba”, “Tamarindo” y “Lote 4” a ser parte de la Zona de Infraestructura de Soporte para el Desarrollo (ZISD) y la Zona de Producción, establecidas según el Plan parcial ZOFIA como zonas de expansión urbana y de construcción de obras de infraestructura . Pese al reconocimiento de la vocación Agrícola y Ganadera del predio Cuba, según la declaración de la Unidad de Nacional de Tierras UNAT ante la Dirección Nacional de Estupefacientes, mediante oficio E-2008-49608 de 2009.

Ante ustedes la fundamentación fáctica de nuestra Constancia Histórica

* Miércoles 5 de junio hacia las 9:00 a.m. en el Lote 4, parcela Gosén, finca El Tamarindo Dos, municipio de Galapa, ingresaron los inspectores de reacción inmediata de Barranquilla BERLYS ROA ESCOBAR y GENARO CESAR WELL FLÓREZ para ejecutar diligencia de desalojo a 27 familias que desde hace mas de 12 años han hecho posesión pacífica de 49 hectáreas.

Los funcionarios públicos llegaron acompañados por 20 miembros del Escuadrón Antidisturbios ESMAD, efectivos de la policía, la abogada MERY BENÍTEZ, agentes de la SIJIN, y un grupo de civiles que portaban armas y chalecos de color naranja.

Antes de dar inicio a la diligencia de desalojo, MERY BENÍTEZ y uno de los civiles, que vestía prendas de uso privativo de la fuerza pública sin insignias, ofrecieron a los campesinos $200.000 (U.S. 100) y $600.000.00 (U.S. 300).

Ante la negativa de los campesinos, los civiles armados siguiendo las órdenes de los funcionarios públicos, quemaron 27 viviendas y con una retroexcavadora arrasaron con los cultivos de yuca, plátano, los árboles frutales y demás cultivos de supervivencia, destruyeron las unidades productivas de avicultura apoyadas por el ente oficial SENA y ocasionaron la pérdida de especies menores usadas para la subsistencia.

A las 5:00 p.m. ingresaron al predio unidades militares, adscritas a la brigada 2 del ejército. Estos efectivos regulares impidieron a los campesinos recuperar sus pertenencias.

Los funcionarios públicos BERLY ROA y GENARO WELL dejaron en custodia del predio al grupo de civiles armados, liderados por OSVALDO y HENRY JULIÁN BLANCO. Como consta en denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación el día 15 de marzo de 2013 y ante la Defensoría del Pueblo bajo radicado 85511 de octubre de 2012.

* Viernes 12 de julio hacia las 11:30 a.m. en la franja Betjala, finca El Tamarindo, Galapa, ingresaron los Inspectores de Reacción Inmediata BERLYS ROA y GENARO WUELL, para adelantar diligencia de desalojo en contra de las 27 familias desplazadas que desde hace mas de 12 años habitan de manera pacífica el predio.

La diligencia precedida por una Inspectora de Barranquilla, estuvo acompañada por miembros de la policía y 50 civiles portando machetes y armas de fuego de calibre corto, al mando del reconocido narco paramilitar LESMAN PARRA. PARRA ha sido parte de estructuras paramilitares de ALBERTO ORLÁNDEZ GAMBOA, alias “Caracol”.

PARRA, afirmó que HENRY CHAR, miembro Negocios Abdala Tarud S. A estaba dispuesto a entregarle a cada familia $5.000.000 (U.S. 2600) pero que aceptaran el desalojo, de lo contrario lo perderían todo.

Los armados destruyeron las viviendas y los cultivos de supervivencia de 13 familias desplazadas, en su mayoría de mujeres cabeza de hogar, entre ellas: MARISOL PEREA, MARÍA CALLE, ERIKA FLÓREZ, VICTORIA RÍOS, EUNISE ROBLES, LUZ DARY RIZO e INGRID CAMARGO, así como de ÁLVARO SÁNCHEZ, MILTON ARIZA, OMAR DÍAZ, JOSÉ CAMARGO, MIGUEL CAMARGO y CARLOS ACEVEDO.

Los armados saquearon y lanzaron los enseres de las lideresas, GENETSI GÓMEZ, ERIKA GÓMEZ, sobre la vía pública.

Hacia las 4:00 p.m. PARRA en presencia de los funcionarios públicos y de la policía disparó a las familias.

Ante los abusos cometidos por los inspectores BERLY ROA y GENARO WELL al adoptar decisiones administrativas que desconocen derechos y su jurisdicción, la víctimas acudieron al Personero delegado GIOVANNI ESQUIVEL, quién respondió que solo cumplía órdenes y advirtió que si lo querían demandarlo que lo hicieran. El personero durante la diligencia ofreció a las familias desplazadas $200.000 (U.S. 100) y lotes en el municipio de Soledad, si desalojaban el predio.

Los miembros de la fuerza pública aseveraron en reiteradas ocasiones que todas las familias eran reinsertadas de la guerrilla y que seguían apoyando a la guerrilla.

* Sábado 13 de julio hacia las 6:30 a.m. ingresó a la finca El Tamarindo, LESMA PARRA, en compañía de HENRY JULIÁN BLANCO y LUIS SALAZAR, conocido como “El Paramédico” movilizándose en una camioneta color blanco y recorrieron los predios destruidos el día anterior.

Los armados se movilizaron en compañía de 30 efectivos de la policía, 15 soldados y 10 civiles armados. PARRA, amenazó de muerte a las lideresas de Asotracampo, MARISOL PEREA y LUZ DARY RIZO, por estar reconstruyendo sus viviendas destruidas, el día anterior.

PARRA luego de amenazarles, les ordenó detener la construcción y amenazó al resto de familias con la destrucción total de sus viviendas. PARRA anunció que el lunes 15 de julio, desalojarían el resto de familias de la finca El Tamarindo.

Aproximadamente, a las 6:05 p.m. LESMAN PARRA y sus hombres ingresaron al predio El Tamarindo, amenazó a las familias con arrojar sus pertenencias en el basurero de Barranquilla, si no salían del predio antes del lunes.

Ante la oposición de la comunidad, PARRA amenazó al líder, ÁLVARO SÁNCHEZ, afirmando “está noche nos tenemos que ver solos”

* Domingo 14 de julio a las 7:00 a.m. LESMAN PARRA arribó al líder ÁLVARO SÁNCHEZ en su parcela, exigiendo desaparecerse de la propiedad antes del lunes porque ingresaría con hombres del ESMAD

Hacia las 11:00 a.m. las familias desplazadas que se encontraban reunidas, fueron abordadas nuevamente por LESMAN PARRA, quién interrumpió en la reunión y les aseguró a los participantes que “más se demoran ustedes en levantar los ranchos que yo en tumbarlos”

A eso de las 3:00 p.m. PARRA ubicó varias retroexcavadoras en la franja Catalina, de la finca El Tamarindo y agregó que el día lunes seguirían con el desalojo.

Siendo las 4:00 p.m. un grupo de familias se tomaron la iglesia de Chiquinquirá ubicada en el municipio de Barranquilla, exigiendo la presencia de las autoridades civiles del municipio y el departamento, la presencia de la defensoría y de más organismos de control.

* Lunes 15 de julio a eso de las 7:00 a.m. LESMAN PARRA ingresó al predio El Tamarindo, en compañía de agentes de la policía, afirmaron que las familias debían salir por las buenas.

PARRA agredió verbalmente a los campesinos, señalándolos de guerrilleros, aseguró estar esperando la orden de la Inspección Policial para sacarlos de la propiedad.

Hacia las 2:00 p.m. las familias movilizadas en la iglesia de Chiquinquirá levantaron un Acta de con los funcionarios: JAIRO BALNCO, BENJAMÍN PADILLA como delegados de la Defensoría Regional del Pueblo; FÉLIX BARCELÓ CASTRO, YURI MEZA ORTIZ en representación de la Personería Distrital de Barranquilla; el asesor de derechos humanos de la Personería HUGO DEL CRISTO APRESA.

En el acta se acordó: Proferir Acto Administrativo donde se suspendan de manera inmediata las diligencias de desalojo en el predio El Tamarindo; convocar La Mesa de Tierras con presencia de autoridades del orden local, departamental y nacional; solicitar al comando departamental de policía abstenerse de actuar en contra de las y los campesinos en condición de desplazamiento, poseedores del predio El Tamarindo; realizar un censo de las víctimas ubicadas en el predio El Tamarindo.

* Martes 16 de julio hacia las 7:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que las familias de Asotracampo permanecerían en las instalaciones de la Iglesia de Chiquinquira hasta que diese cumplimiento a lo acordado.

* Viernes 19 de julio, nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que el jueves 23 de mayo desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. del predio La Cuba, corregimiento La Playa, municipio de Puerto Colombia, Atlántico 26 familias desplazadas fueron desalojadas irregularmente por una actuación de la Inspección de Policía en cabeza de BERLYS ROA y GENARO WELL.

Los dos funcionarios manifestaron que su actuación era ordenada por el Fiscala General de la Nación, EDUARDO MONTEALEGRE.

Los desplazados desde 2007 tomaron posesión de 256 hectáreas habitándola de manera pacífica e ininterrumpida y conformaron la Fundación de Familias Desplazadas Víctimas de la Violencia Regiones Unidas por la Paz y la Justicia Social, FUNDEREPJS.

LILIANA BARRIOS GARCÍA quien funge como depositaria de un bien ante el Departamento Nacional de Estupefacientes (DNE); LUCIANO VILLADIEGO, ex inspector General de Policía del Distrito de Barranquilla e ISABEL CRISTINA VEGA GIOVANNETTI, presunta propietaria del predio Cuba y representante legal de la empresa Flumar Ltda, acompañaron la diligencia administrativa.

De acuerdo con las víctimas, algunos de las cerca de 300 unidades policiales del ESMAD y de la Policía Nacional, acusaron a la Fundación de estar conformada por guerrilleros y exigieron entregar a su comandante, el líder. En la misma diligencia participaron civiles armados, movilizados en motocicletas y con los rostros cubiertos.

Estos últimos quemaron 20 viviendas, destruyeron los cultivos de pan coger, los cercos de los animales y la red de abastecimiento artesanal de agua. Por la operación de fuerza, las unidades productivas implementadas con asesoría del SENA fueron arrasadas.

La diligencia se inició con la actuación de un trabajador de la presunta propietaria del predio ISABEL CRISTINA GIOVANNETI VEGA conocido con el alias de “El Toto”.

GENARO WELL y LUCIANO VILLADIEGO dieron a las familias un plazo de cinco días para desalojar completamente el predio, argumentando que la actuación era una orden directa del Fiscal General de la Nación.

Hacia las 5:30 p.m. en el levantamiento del Acta las familias anotaron los graves señalamientos y amenazas de la policía, la presencia de civiles armados y encapuchados. Por estas anotaciones, la Inspectora BERLYS ROA se negó a firmar el Acta.

* Sábado 1 de junio hacia las 9:30 a.m. en el sector 43, parcela Mi Deseo, predio Cuba, cuatro sujetos armados preguntaron por uno de los habitantes de buena fe y reclamantes de tierra JULIO ENRIQUE VILLAZÓN.

Los armados al no encontrarlo obligaron salir de sus viviendas a EMILIO ENRIQUE MORALES VILLAZÓN y los niños ANDRÉS FELIPE MORALES MONCADA, BRIAN ENRIQUE MORALES LORA, WILMAN VILLAZÓN y MARÍA VILLAZÓN

Los sujetos amarraron a los niños en el patio, les intimidaron y les amenazaron. En medio de estas abusivas actuaciones e intimidando con sus armas, los hombres ordenaron a EMILIO ENRIQUE MORALES VILLAZÓN abandonar junto con los niños y toda la familia el predio en 30 minutos.

Algunos vecinos informaron a la policía, quien se presentó minutos después. Los uniformados capturaron a VICTOR JULIO SILVA RODELA y JUAN CARLOS RODELO GARCÍA, a quienes les encontraron dos revólveres calibre 38 especial, Modelo Martial.

Las dos personas fueron puestos a disposición de la Fiscalía, quién no encontró méritos para la detención y fueron dejados en libertad.

* Domingo 2 de junio desde las 8:00 a.m. ingresaron a la parcela Los Ciruelos, finca Cuba, varios sujetos armados. Ordenaron salir a las familias de sus viviendas y preguntaron por los “sapos” que dieron aviso a la policía y por el “sapo” que desamarró a los niños.

En Los Ciruelos, quemaron la vivienda del campesino FERNANDO LEMUS, los armados los acusaron de desamarrar a los niños. En medio de todos y para aleccionarles les dieron muerte a varios de los perros de las familias.

Los armados se retiraron luego del lugar.

* Martes 4 de junio en horas de la mañana los mismos hombres armados ingresaron a la parcela del campesino JHONY OVIEDO, quemaron la vivienda y robaron los animales.

De acuerdo con versiones existentes, VÍCTOR JULIO SILVA RODELA y JUAN CARLOS RODELO GARCÍA, se les ha reconocido como integrantes la SIJIN. En otras diligencias administrativas fueron presentados por el sargento, JASIR DE LA HOZ, como integrantes de esa institución de inteligencia.

Nuestra Censura Ética ante los sistemáticos abusos, omisiones institucionales para el reconocimiento de la propiedad de las 188 familias desplazadas a mediados de los 90, de diversos departamentos de la costa Caribe, quiénes desde 2001 se ocupan pacíficamente los predios; “El Tamarindo” y “Lote 4”, municipio de Galapa, y “Cuba”, en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico; la ausencia de garantías a la vida e integridad de los desplazados que desde hace cinco años son blanco de ataques de estructuras armadas para beneficiar a familias CHAR, ABDALA SAIEH, y MUVDI, de los sectores empresariales Inversiones del Prado S.C.A, Finanzas del Norte, Sociedad de Negocios Abdala, Warehouse Overdeas Enterprises Corp; ante el desarrollo de actuaciones administrativas irregulares de Inspectores de Reacción Inmediata BERLY ROA, GENARO WELL y de otros funcionarios públicos adscritos a la Inspección Quinta de Policía; ante la ausencia de medidas de atención humanitaria e integral a las familias desplazadas desde hace más de 15 años.

Nuestra Censura Ética ante las actuaciones contra derecho de los funcionarios públicos de la administración del municipio de Barranquilla en municipios que no son de su jurisdicción, quienes actúan a favor y en desmedro de los derechos de las 188 familias víctimas del desplazamiento forzado, poseedores de buena fe de los predios El Tamarindo, Lote 4 y Cuba; acciones que buscan beneficiar los intereses de los grupos políticos y económicos que históricamente han detentado el poder político en el departamento del Atlántico; ante los niveles de corrupción que existen y se materializan dentro de las oficinas del DNE y los indicios de acciones fraudulentas de los delegados depositarios de los bienes incautados como, Cuba, Casa Blanca, Hacienda La Sonora, entre otros.

Nuestra Censura Ética ante la comisión de violaciones de derechos humanos, y la complicidad con operaciones de tipo paramilitar para garantizar intereses de particulares sobre los predios El Tamarindo, Lote 4 y Cuba; ante los abusos de los agentes de la fuerza pública con la comisión por omisión, los atentados contra los derechos de los niños y mujeres, sin ningún tipo de actuación a favor de las víctimas del conflicto; ante las falsas acusaciones que pretenden deslegitimar la acción organizada y pacífica de las familias victimas de desplazamiento forzado que ocupan pacíficamente los predios y reclaman su propiedad.

En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional y sus responsabilidades institucionales pedimos respetuosamente sus respuestas fácticas y por escrito acerca de:

1. ¿Qué acciones inmediatas y eficaces se implementaran para salvaguardar la vida e integridad de las y los 188 campesinos desplazados que de manera pacífica han ocupado los predios El Tamarindo, Lote 4, Cuba y vienen siendo re victimizados por las acciones de desalojo contra derecho impetradas por los funcionarios públicos BERLY ROA Y GENRAO WELL, quedando a mercede operaciones armadas de tipo paramilitar?

2. ¿Qué medidas de protección expeditas se otorgaran a las y los campesinos ocupantes del predio El Tamarindo, hostigados y amenazados por la estructura paramilitar dirigida por LESMAN PARRA?

3. ¿Qué acciones de orden penal, disciplinario se impondrán a los agentes públicos que en flagrante desacato han abusado de las competencias que le imprime la función pública y han actuado a favor de los intereses particulares de las familias CHAR, ABDALA SAIEH, y MUVDI, de los sectores empresariales Inversiones del Prado S.C.A, Finanzas del Norte, Sociedad de Negocios Abdala, Warehouse Overdeas Enterprises Corp, cuyo apoderado especial es el señor JUAN MANUEL CÁRDENAS SCOVINO?

4. Desde nuestra última Constancia Histórica E-COO 110-2013 que resultados concretos se han adelantado en torno a las medidas de protección implementadas para proteger la vida, integridad y bienes de supervivencia de los reclamantes de tierras organizados en ASOTRACAMPO, ¿Qué medidas se adoptaron?, ¿Cuáles medidas?, ¿Quiénes han sido protegidos?

5. ¿Desde sus competencias que resultados concretos se han derivado de las reiteradas denuncias interpuestas por los miembros de las organizaciones ASOTRACAMPO, FUNDEREP JS, y ASODESPLACAM?

6. ¿Qué investigación y sanción ejemplar se impartirán a los miembros de la fuerza pública que han facilitado la acción paramilitar de LESMAN PARRA y su estructura, en contra de los campesinos de ASOTRACAMPO?

7. ¿Cuál fue el procedimiento que se surtió para la autorización y posterior venta del inmueble denominado Cuba, extinguido a la familia NASSER a cargo del Fondo para la Rehabilitación Social y Lucha contra el Crimen Organizado FRISCO y la Dirección Nacional de Estupefacientes DNE, a favor de la señora ISABEL CRISTINA VEGA GIOVANNETTI, representante legal (E) de la empresa Flumar Ltda?

8. ¿Qué relación existe entre los señores, GUILLERMO CÁRDENAS PELÁEZ, identificado con cédula 3.697.415 reclamante del predio Lote 4 o Tamarindo 2 y el señor JUAN MANUEL CÁRDENAS SCOVINO identificado con cédula de ciudadanía 17.140.660 apoderado especial de la empresa Warehouse Overseas Enterprises, quiénes, según tutela interpuesta por la asociación ASODESPLACAM, aparecen como titular del predio Lote 4 o Tamarindo 2?

9. ¿Qué procedimiento surtieron la administración municipal de Barranquilla y Puerto Colombia para realizar el cambio de vocación de los suelos donde se encuentra ubicado el bien inmueble denominado Cuba, desconociendo el concepto de la Unidad de Nacional de Tierras UNAT presentado ante la Dirección Nacional de Estupefacientes, mediante oficio E-2008-49608 de 2009 donde define que las aéreas del predio son de vocación Agrícola y Ganadera?

10. ¿Bajo qué argumentos de ley, la Fiscalía procedió dejar en libertad a VÍCTOR JULIO SILVA RODELA y JUAN CARLOS RODELO GARCÍA, toda vez que fueron puesto a su disposición por agentes de la policía antes los hechos acaecidos el sábado 1 de junio?

11. ¿Qué relación o vinculo existe entre los señores VÍCTOR JULIO SILVA RODELA y JUAN CARLOS RODELO GARCÍA con la SIJIN, toda vez que estos fueron presentados a la comunidad como miembros de esta seccional por el Sargento JASIR DE LA HOZ?

12. ¿Ante la continuidad de actuaciones contra la constitución y la ley, de las que se ha dejado Constancia durante este año, qué investigaciones, bajo qué tipo penal y cuál es el resultado de las mismas por la vulneración de derechos a las comunidades desplazadas y reclamantes de tierras? ¿En qué estado se encuentra la investigación por el desplazamiento forzado de estas comunidades que se encuentran en Galapa y Puerto Colombia?, ¿Sobre los predios abandonados por las operaciones paramilitares de mediados del 90, quiénes se quedaron con los predios abandonados?, ¿Qué investigaciones se han adelantado respecto a los intereses privadas de familias y empresas especificas, que se beneficiarían de operaciones contra derecho de Inspectores de Policía, operaciones paramilitares, policiales y de militares en Galapa y Puerto Colombia?

Con profunda preocupación

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz