Abusos de autoridad sobre población indígena, 2 bebés de esta comunidad, más mueren
“Pero más que los hechos, quiero contarte lo que estos hechos produjeron en mí.(…) Un caudal de talismanes y embrujos, de sabidurías y rituales fue obliterado, y siglos de piadosas reliquias se convirtieron en fardo de saqueadores, en rapiña, en riqueza. Aquel día no solo descubrí que éramos poderosos y audaces, descubrí que éramos crueles y éramos ricos” El País de la Canela, William Ospina
Bogotá, D.C. Febrero 1 de 2009
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidencia de la República
JUAN LOZANO
Ministro Ambiente
FABIO VALENCIA COSSIO
Ministro del Interior
FERNANDO BERMUDEZ
Ministro de Relaciones Exteriores
MARIO IGUARAN ARANA
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDOÑEZ
Procurador General de la Nación
HERNANDO TORO
Defensor Nacional
Ref: Abusos de autoridad sobre población indígena, 2 bebés de esta comunidad, más mueren
“Pero más que los hechos, quiero contarte lo que estos hechos produjeron en mí.(…) Un caudal de talismanes y embrujos, de sabidurías y rituales fue obliterado, y siglos de piadosas reliquias se convirtieron en fardo de saqueadores, en rapiña, en riqueza. Aquel día no solo descubrí que éramos poderosos y audaces, descubrí que éramos crueles y éramos ricos” El País de la Canela, William Ospina
Reciban un respetuoso saludo.
Nuestra Constancia y Censura Ética ante las muertes de nuevos niños de los pueblos originarios debido a ausencia de respuesta eficaz institucional de la empresa Muriel Mining Corporation, MMC, a la demanda justa de un diálogo tendiente a cesar la exploración inconsulta, a evaluar la deuda ambiental y social que ha sido causada desde el 3 de enero, con el desplazamiento forzoso de la población, la suspensión de las labores cotidianas de las comunidades indígenas, mestizas y afrocolombianas,, la deforestación de bosque primario, la profanación del cerro sagrado, la militarización con allanamientos ilegales y el uso de artefactos en tierra que impiden la movilización dentro de su territorio, y que podrían generar nuevos daños irreparables a la vida e integridad personal.
A pesar de la actuación de la Defensoría del Pueblo y del compromiso de cesar los trabajos durante una semana éstos se realizaron, a pesar de la existencia de una directiva sobre comunidades indígenas y afrocolombianas sobre el comportamiento de la fuerza pública con grupos humanos étnico territoriales, la situación de las comunidades es cada vez de mayor vulneración y de negación de sus derechos fundamentales y de sus derechos como pueblos originarios.
La dilatación a respuestas eficaces evidencia la tradicional discriminación y abandono de las comunidades indígenas, hoy abandonadas a su propia suerte o mejor abandonadas de autoridad de las fuerzas militares y a la expoliación y destrucción de su identidad y de su territorio. El desconocimiento de sus derechos, de la participación en una Consulta Previa transparente, con equidad en la participación y en la información, sin arbitrariedades ni ilegalidades, hubiera evitado la gran tragedia humanitaria que hoy experimenta el pueblo Embera. Si hubiera existido consulta real la comisión veedora estaría al frente de la situación por ejemplo. ¿En dónde se encuentra el Ministerio del Interior? ¿En dónde los representantes de la Empresa MMC?
Todo parece ser parte de un concierto de mecanismos tendientes a favorecer los intereses empresariales, a nombre de un “desarrollo”, que ya está produciendo muertes, que está llevando a graves comportamientos de las Fuerzas Militares como profanación de lugar sagrado, allanamientos y señalamientos contra la población.
A ustedes nuestra Constancia y Censura Ética a fin de parar, interviniendo rápida y eficazmente, con el cese de la exploración y la revocatoria de la falsa consulta realizada posibilitando de esta manera el regreso a sus comunidades de las familias indígenas, que hoy se encuentran desplazadas, como ellos, mismos lo indican en Coredocito y en el campamento en donde la MMC está realizando perforaciones.
* Enero 17, 22 y 24 los militares han señalado a los mestizos y afros que participan en la animación diaria de presencia en los rituales indígenas que se adelantan en La Rica de “infiltrados y de ratas”
* Sábado 24 de enero entre las 11:30 a.m. y 12:05 p.m. alrededor de 50 indígenas que se dirigían hacia el punto La Rica sobre el cerro Usa-Kurrindarra donde realiza inconsultamente los trabajos de exploración la empresa Muriel Mining fueron retenidos por dos militares quienes les dijeron que los caminos eran peligrosos, prohibiéndoles pasar.
* Domingo 25 de enero la niña ACHERA CUAÑAPA SINIGUI, de 11 meses de nacida, hija de CELIA SINIGUI CUÑAPA y de LUIS CUÑAPA murió.
Este es el segundo bebé que muere en menos de un mes debido a la presencia inconsulta de la MMC y que ha obligado a las comunidades a su desplazamiento a Coredocito para tratar de proteger el cerro sagrado.
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* Lunes 26 de enero JESICA MAJORE, niña de 3 meses de nacida falleció en Medellín, luego de haber sido trasladada de emergencia de Coredocito a la capital de Antioquia. JESICA era hija de BUDAPUMA CASAMA y JOSE BILITON MAJORE CUÑAPA.
Los pobladores originarios tomaron otro camino y fueron abordados por 5 militares, quienes les dijeron que debían esperaran porque deberían desactivar una mina. Los indígenas observaron que los militares extrajeron de la tierra un artefacto de la tierra. Los 50 pobladores resolvieron entonces desistir de ingresar al lugar sagrado y regresaron al caserío de Coredocito.
* Miércoles 28 de enero aproximadamente a las 11:20a.m, un grupo de militares ingresaron al caserío de Coredocito, sin mediar palabra, sin explicación alguna, sin orden judicial fueron casa por casa mirando quien estaba. 30 minutos después salieron del caserío indígena sin explicar su actuación.
* Jueves 29 de enero en la tarde los habitantes del territorio indígena en cabeza de sus gobernadores preguntaron al teniente HERNANDEZ la razón por las que expresaron las unidades bajo su mando que los caminos eran peligrosos. El militar expresó que tienen dispositivos de seguridad y les solicitó a las comunidades que procuraran no moverse de noche cerca de donde están los militares. Agregó que de día iban a desactivar los dispositivos para que la población se pudiera mover. El efectivo regular no preciso si parte del dispositivo era la instalación de artefactos en tierra.
En el sitio en donde la empresa está trabajando, se encontraron cintas amarillas y negras de señal de Peligro
Los integrantes de la comunidad indígena organizaron sus cambuches alrededor del campamento de los trabajadores de la MMC, el teniente les solicitó que se quitaran de allí porque era el sitio de aterrizaje del helicóptero. La respuesta indígena fue que ese era su territorio y les solicitaron a los militares no estuvieran en los sitios en donde ellos se instalaran.
Nuestra Censura Ética ante la inacción y negligencia de las instancias responsables del ejecutivo para actuar en el deber de protección de las comunidades indígenas, ya son 3 los niños-as, que han muerto debido al desplazamiento a que se han visto forzadas las comunidades hacia Coredocito, en espera de que cesen los trabajos de la empresa MMC y se convoque a una Consulta Previa.
Nuestra Censura Ética ante el poder intimidador de las Fuerzas Militares contra la población con allanamientos sin orden judicial, desconociendo la Constitución y los reglamentos de los Resguardos y a sus autoridades, entre tanto, la MMC continúa sus trabajos de exploración inconsulta e ilegal protegidos por las Fuerzas Militares. A los legales y legítimos dueños del territorio, que nunca fueron consultados, se les impide la libre movilización en su territorio, sus expresiones y prácticas espirituales se ven constreñidas por las fuerzas militares con el riesgo de ser afectados por artefactos enterrados en tierra dentro del territorio. Los pobladores indígenas han indicado que los militares están usando artefactos que instalan en tierra y que ellos han visto desenterrar. Alguno de los regulares afirmó a 20 indígenas que se trata de minas. Sean o no minas, lo que igualmente es necesario precisar, el uso de artefactos en tierra está generando un altos riesgo para la vida e integridad de los pueblos originarios, afros y mestizos
Nuestra Censura Ética porque a pesar de la solicitud expresa de las comunidades para que los empresarios y el gobierno nacional responsables de lo que está pasando, se hagan presentes en el lugar con la finalidad de dialogar, no han encontrado respuesta eficaz. Con la dilatación de la presencia del ejecutivo y de la MMC se ha consumado una ocupación de mala fe, las posibilidades de supervivencia de la población originaria, se ha profanado un espacio sagrado de las comunidades, se ha generado un alto riesgo a la vida y a la protección del territorio, una afrenta a la significación existencial de las comunidades.
Nuestra Constancia de hondo daño que está causando una operación inconsulta, la muerte de 4 bebes no puede pasar desapercibida, no se puede callar, estas muertes significan, como lo expresan las mujeres, un dolor profundo y la señal de la muerte de la comunidad. Pero esta misma situación demuestra a todas luces que no se surtieron los trámites de la Consulta Previa, que la supuesta Comisión Veedora, instalada a espaldas de las comunidades, no ha actuado, como era uno de sus papeles, si se escuchaban quejas.
Nuestra Constancia ante los efectos humanos, ambientales, que se están generando por la presencia ilegal, arbitraria, inconsulta de la MMC apoyada con la militarización, las consecuencias son reales y son concretas sobre la integridad y la identidad cultural de la comunidad. La ocupación, la deforestación, la invasión en el lugar sagrado de la comunidad a donde sólo pueden ingresar normalmente los Jaibanas es hoy la causante de una afectación profunda en la vida íntima de la comunidad indígena, en sus referencias existenciales
Ejerciendo el Derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional requerimos a las instituciones de gobierno, de control y de investigación competente se responda
1. ¿Cuál es el nombre de la operación militar que se despliega desde el 31 de diciembre en el Jiguamiandó, cuáles son sus objetivos, cuántas unidades están desplegadas, quién la coordina y quién la ordena?
2. ¿Cuáles han sido los costos de la operación militar hasta la fecha?
3. ¿De dónde provienen las partidas financieras, discriminando la fuente de cada gasto? ¿Cuál es de impuestos nacionales, cuál de recursos de cooperación internacional?
4. ¿Cuáles son los artefactos que los militares está colocando en tierra? ¿Por qué las señales de peligro? ¿Qué armamento y material de guerra se está usando por parte de las Fuerzas Militares?
5. ¿Cuáles fueran las razones para realizar un allanamiento a un resguardo indígena, como el de Coredocito? ¿Por qué no se presentó documento legal para esa acción? ¿Cuáles son las razones para que los líderes de las comunidades sean tildados de infiltrados, de ratas y de guerrilleros en las operaciones militares?
6. ¿Qué actuaciones concretas ha realizado el Ministerio del Interior respecto a los cuestionamientos que les han sido expuestos sobre las irregularidades de la mal denominada “Consulta Previa”? ¿Cuáles son los resultados de los análisis internos?
7. ¿Se aceptan como correctas la Actas sin todas las firmas? ¿Por qué no aparecen en algunas las de funcionarios del Ministerio del Interior? ¿Se aceptan como válidas actas en las que los funcionarios aparecen como miembros de comunidades indígenas?
8. Además del expediente existente, en el que se refleja, el inadecuado procedimiento de la Consulta. ¿Existe prueba escrita de que toda la información fue suministrada a las comunidades? Por ejemplo, ¿qué empresa es la beneficiaria última, cuáles son los fondos de su financiación? ¿Existen prestamistas? ¿Se conoce con precisión cuáles son los lugares sagrados de las comunidades, por qué se asegura que no será afectados y hoy están siendo objeto de violación? ¿Por qué la Comisión Veedora, instalada a espaldas de las comunidades directamente afectadas, no se ha presentado en la región de Alto Guayabal, Coredocito, La Rica a pesar de la grave situación que se vive hoy por la exploración?
9. ¿Cuál es el sustento técnico, pericial bajo el cual Codechocó considera que no hay afección ambiental sobre ecosistemas, aguas en La Rica con la exploración?
10. ¿La Procuraduría ha iniciado alguna investigación disciplinaria ante las aseveraciones formuladas por las comunidades víctimas y las Constancias? ¿A quién se está investigando?
11. ¿La Fiscalía ha tomado nota o ha iniciado la apertura de investigación por el presumible delito de falsificación en documento público?
12. ¿Qué alertas tempranas se han elaborado por la situación existente? ¿Cuáles han sido los resultados?
13. ¿Qué gestiones ha realizado el poder ejecutivo ante la empresa MMC por la situación que se vive en el Jiguamiandó? ¿Cuáles? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Qué respuesta se ha recibido?
14. ¿A quién atribuye el gobierno nacional la responsabilidad de los 4 niños muertos?
15. ¿Considera o no el gobierno que se ha producido un desplazamiento forzoso, como los comprenden las comunidades? ¿Por qué si o no?
16. ¿El gobierno nacional tiene certeza de que se surtieron los trámites debidos de la Consulta Previa? ¿A qué atribuye entonces la reacción de las mujeres indígenas, entre otras, y las de las comunidades negras del Jiguamiandó, que alegan como en el caso de la palma, que otros no afectados de otra cuenca fueron los que avalaron la consulta?
17. ¿El gobierno nacional ha auscultado con los propietarios de la empresa MMC, si existe la certeza de que se realizó la consulta por parte de sus operarios con las comunidades directamente afectadas? ¿Qué hubo socialización de información? ¿Qué las comunidades aprobaron 10 o 13 puntos como condición? ¿Cuáles son las pruebas?
Ante la eventualidad de que la situación se empeore debido a la ausencia de respuesta a las demandas elevadas por las comunidades indígenas, negras y mestizas, ante la muerte de 4 niños que hoy signa de dolor el territorio y la vida de la comunidad, expresión de la tragedia que las embarga, por la ocupación inconsulta de su territorio, les solicitamos además de las respuestas a las preguntas arriba indicadas, su actuación inmediata para que cese la extinción de la comunidad indígena, se convoque a una transparente consulta previa y se ordene el cese de la actuación empresarial.
Al terminar de escribir esta constancia, hoy domingo persiste la ocupación empresarial y la militarización del territorio.
Con profunda preocupación,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz