A sangre y fuego, falsedad de falsedades
Más de 17 artículos de análisis y de opinión, caricaturas, reflejan ese otro país, el de la solidaridad, el de la sensatez, el de la humanidad. Millares de millares de voces no salen de su asombro al contemplar la irascibilidad del presidente URIBE, particularmente las familias de los retenidos o secuestrados o prisioneros políticos o retenidos, los sectores de la solidaridad, la sensatez de la sensibilidad y de la razón desde Oviedo en España, pasando por París por las calles de Cali y de Bogotá, la interactuación de ASFAMIPAZ, las familias de los secuestrados, las organizaciones sociales y de la paz y el Movimiento de Crímenes de Estado reflejan que no hay unanimismo ante la afirmación presidencial según la cual, “El único camino que queda es del rescate militar y policivo”.
Las palabras de URIBE, la semana pasada en el escenario militar, en el que mejor se mueve, en reacción al carro bomba del Cantón Norte, han sido un baldado de agua fría para las víctimas.
El alejamiento de las posibilidades del Acuerdo Humanitario motivado por el carrobomba, fue el pretexto ideal para las tesis univoca que los secuestrados, los retenidos o los prisioneros serán rescatados por la vía militar. Por lo cual todos los colombianos a la calle, URIBE a presidir desde las guarniciones militares la ofensiva, y a motivar a las tropas en la cruzada por la libertad, pues al parecer muchos sectores, no todos no veían con buenos ojos el intercambio humanitario. Por eso es necesario interpretar la decisión con lupa.
La acción violenta, de la que aún se desconoce sus responsables, parece ser una cortina de humo. En el mismo centro de formación militar se habla no del carro bomba si no de la AUTO BOMBA. Algunos profesores y estudiantes de la Universidad Militar tienen serias dudas de la autoría atribuida a las FARC. Los retratos hablados de los que ingresaron el carro bomba son distintos, la fiscalía expresa que no cuenta hasta hoy con elementos probatorios para atribuirlo a la FARC. En fin las dudas están ahí.
Si bien el uso de la violencia es repudiable, ella existe, expresa problemas, independientemente de su legalidad y legitimidad. Los atentados a la vida son censurables o por sus medios o por los fines que se pretende alcanzar en muchas circunstancias. Por eso, no se puede ocultar que la explosión se realiza en un contexto de conflicto armado interno o de guerra, que afecta pero que no es la condición límite o el pretexto para imposibilitar el Acuerdo. Existe la guerra y ninguno de los bandos ha cesado en sus actuaciones militares en medio de los planteamientos de las posibilidades abiertas del Acuerdo Humanitario.
La serie de escándalos que han salpicado al gobierno en particular por los cuestionamientos al proceso de desmovilización o institucionalización paramilitar, el debate en el congreso de los vínculos de sectores políticos vinculados con los partidos Uribistas y la estrategia paramilitar, que se anunciaba más grave que el proceso 8000, fue opacado con el auto o carro bomba.
Gobernando Para lo sentimientos. Hablando para las encuestas en medio de crisis escándalos de corrupción, de clientelismo, de interacciones no sanctas con la estrategia paramilitar y el tráfico de drogas, y los falsos positivos de las fuerzas militares, la decisión de URIBE exalto los sentimientos antiterroristas, frenéticos. De esta manera como lo aprecia el semanario El Espectador, el mayor beneficiado fue URIBE, recobrando su popularidad con el discurso fuerte, presidiendo para la tribuna no para la sensatez y la humanidad, el bien común y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Las experiencias de los últimos 12 años muestran como en pasados gobiernos SAMPER y PASTRANA que acuerdos de este tipo son posibles, con mínimos acuerdos de procedimiento y de desmilitarización temporal.
Más allá de los tecnicismos los Acuerdos Humanitarios, son una posibilidad de humanización en medio de la guerra, se realizan sobre la base de una voluntad política de las partes, para minimizar los efectos de la guerra. Los Acuerdos Humanitarios justo están ahí como posibilidad de aliviar, de menguar, de mininizar los efectos de la guerra en los civiles. Los Acuerdos Humanitarios son un medio de humanización. Un mínimo ético de construcción de lo humano en medio de lo inhumano de la guerra.
Insistimos entonces que el único camino no es el rescate a sangre y fuego. Eso es falsedad de falsedades.
Adjunto
Editorial del Semanario El Espectador 21 de octubre de 2006
Artículo de Opinión de Ramiro Bejarano, Iván Cepeda en el diario El Espectador.
Declaración de Oviedo por la Justicia y la Paz en Colombia, 21 de octubre de 2006
Comunicado de Prensa de organizaciones frente a la decisión de URIBE
COMUNICADO DE PRENSA A LA OPINIÓN PÚBLICA
Bogotá, 20 de octubre de 2006
La postura del Presidente frente al Acuerdo Humanitario, no interpreta los anhelos del país
Convocamos a la jornada de resistencia civil este martes 24 de Octubre a las 10:30 a.m., en la Plaza de Bolívar, invitamos a apoyar los actos programados en el Valle del Cauca.
Bogotá, 20 de octubre de 2006. La ruptura de los acercamientos entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC frente al tema del Acuerdo Humanitario es una posición que rechazamos. No queremos que un rescate, anunciado por el Gobierno, termine con nefastas consecuencias, como ocurrió en el pasado con el rescate del gobernador de Antioquia y de la ministra Consuelo Araujo.
El Gobierno no puede tomar decisiones políticas sobre la posibilidad de un acuerdo humanitario con base en informaciones que se están procesando. Hoy, se desconoce a ciencia cierta quienes son los culpables de la bomba que explotó el pasado jueves 19 de octubre en la Escuela Superior de Guerra, hecho que rechazamos categóricamente y sobre el cual exigimos una investigación para dar con sus reales perpetradores. Además, es importante recalcar que el Gobierno no puede tomar atribuciones propias de la rama judicial.
Reiteramos la necesidad de implementar una política de paz desde el Estado para que temas tan importantes como el intercambio humanitario no se decidan al vaivén de incidentes o atentados determinados; Igualmente, y como lo hemos consignado en la Campaña Nacional por Acuerdos y Compromisos Humanitarios, es un imperativo acudir a las normas humanitarias para aliviar la situación de las personas privadas de la libertad por razón del conflicto. Lo demás son nuevas declaratorias de guerra que sólo prolongan indefinidamente el conflicto y el sufrimiento de las víctimas.
Asimismo, nos solidarizamos con los familiares de todos los secuestrados, de los policías y militares retenidos por las FARC y de los presos políticos que en este tiempo han estado esperando en vilo los primeros pasos que finalmente culminen en el acuerdo humanitario y que hoy parecen no avanzar. El citado atentado pone en entredicho la llamada seguridad democrática que ahora se endurece y lejos de alcanzar la paz en el país ahondara la crisis humanitaria y las afectaciones a la población civil. Por eso exigimos mecanismos efectivos de protección para todas las personas comprometidas con la lucha por la paz y que son víctimas de hostigamientos y estigmatizaciones, como es el caso de los habitantes de Pradera y Florida. Demandamos el cese de las amenazas y reiteramos que el lugar de encuentro inicial no debe militarizarse y debe conservarse.
Igualmente, pedimos que se mantengan los buenos oficios de los países amigos y de las personalidades en el proceso de acercamiento entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, y pedimos a la comunidad internacional su cooperación para la paz y no para la guerra. Hacemos un llamado a las partes (guerrilla de las FARC y Gobierno Nacional) para que se reúnan, sin condiciones previas, y den inicio al diálogo que termine en el acto humanitario. Además, planteamos la necesidad de contar con una Comisión Civil que acompañe este proceso y contribuya a crear las condiciones de confianza y facilitación entre las partes, y sobre todo, ofrezca a las familias de secuestrados y retenidos, transparencia y seguridad en el proceso del acuerdo de intercambio humanitario.
Este es un esfuerzo y un llamado por sustraer a la población civil de los lesivos efectos del conflicto armado, es un reclamo de la comunidad internacional y una imperiosa necesidad para la sociedad colombiana, mientras que avanzamos en la solución política negociada al conflicto colombiano.
Por ello convocamos a la jornada de resistencia civil este martes a las 10:30 a.m., en la Plaza de Bolívar –organizada por los familiares de los secuestrados y retenidos- e invitamos a apoyar los actos programados en el Valle del Cauca para el día 27 de Octubre en la ciudad de Cali.
Suscriben
Alianza de Organizaciones Sociales
ANTHOC
Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz
ASONAL Judicial
ASUMUSUD
Confederación de Pensionados de Colombia
Comité Cívico Centro Oriente
Comité Coordinador del Comité Nacional de Impulso. Reelegido Uribe… la lucha continúa
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
Comisión de Paz y derechos humanos de la Uso
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos para los Derechos Humanos
Corporación Reiniciar
Federación Comunal de Bogotá
FECODE
Andas
Fensuagro
Fundación Cristian Acosta
Fundación Cultura Democrática
ISMAC, Instituto María Cano
Kusutu, San Onofre
Minga
Movimiento de Víctimas de Sucre
Movimiento por la Constituyente Popular
Organización Indígena Kankuama
Otra Colombia es Posible
Planeta Paz
Programa por la Paz de la Compañía de Jesús
Red de Justicia Comunitaria
Red de Veedurías
Redepaz
Senador de Alexander López
Senadora Gloria Inés Ramírez
Sindistritales
UNEB
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
DECLARACIÓN DE OVIEDO
(Encuentro por el diálogo la justicia y la paz en Colombia, Oviedo 20-21 de octubre 2006, Asturias, Estado Español)
1-En Colombia existe un conflicto político, social y armado, que enfrenta en el plano militar al Estado y las organizaciones insurgentes, teniendo estas últimas un carácter político,abiertamente reconocido hasta fechas recientes tanto por el Estado colombiano como por la comunidad internacional.
2-El conflicto no ha cambiado sustancialmente. Las causas de este conflicto iniciado hace décadas son diversas, fundamentalmente la desigualdad y la injusticia social, que ha supuesto el despojo de tierras de los campesinos, sumado al papel de las multinacionales, la eliminación física de los adversarios políticos sociales. Su prolongación en el tiempo ha permitído la presencia de otros factores como el narcotráfico y se ha visto agravado por el paramilitarismo auspiciado por el propio Estado. También en este agravamiento hay que reconocer el papel y la responsabilidad de los Estados Unidos en el pasado y en sus actuales estrategias, una de ellas la extradición y juzgamiento en ese país de dirigentes rebeldes.
3-El conflicto ha sufrido una progresiva degradación: desplazamientos de población, secuestros, torturas, ejecuciones extrajudiciales, uso de minas anti-persona bombardeos indiscriminados sobre población civil, masacres, desapariciones, criminalización de movimientos y activistas sociales…
4-Urge humanizar el conflicto y para ello el primer paso es que de forma inmediata se produzca el intercambio humanitario. Ningún acto violento por parte de los dos actores enfrentados debe ser un obstáculo ni justificación para dilatar e impedir su realización.
Rechazamos cualquier tipo de acción militar que ponga en peligro la vida de las personas privadas de libertad.
Hacemos un llamamiento a las partes a que den los pasos necesarios para posibilitar el intercambio humanitario que también puede abrir la puerta para acuerdos humanitarios más amplios que tengan como base el respeto integral al DIH.
5-La comunidad internacional, los gobiernos europeos, deben implicarse en el acompañamiento coherente en la búsqueda de la humanización del conflicto y de la solución política al mismo, y no intervenir bajo ningún concepto en alimentar la espiral de la violencia que supondría un mayor sufrimiento de la población.
6-No hay una solución militar para este conflicto. Es necesaria una salida política dialogada y negociada, que propicie la superación de las causas estructurales del conflicto y el establecimiento de un nuevo orden social.
Asturias, a 21 de octubre 2006
El Espectador Octubre 21 de 2006
Editorial La explosión del Presidente
La justificada y por todos compartida indignación por el ataque terrorista en la Escuela Superior de Guerra del pasado jueves apagó, con el emocional y contundente discurso del presidente Álvaro Uribe ayer, la luz de esperanza que se había encendido frente a la posibilidad de un acuerdo humanitario serio con las Farc, que permitiera el regreso a sus hogares de secuestrados que llevan años en la selva.
Tras una apertura y flexibilidad de parte del Presidente en los últimos meses, con ofrecimientos incluso de reuniones con el Secretariado de las Farc y hasta de la convocatoria de una Asamblea Constituyente si se entraba en negociaciones, en unos cuantos minutos el Presidente dio un viraje total para desautorizar a los facilitadores, revocar el permiso al Comisionado para reunirse con las Farc con ese propósito y ordenar “el rescate militar y policivo de los secuestrados”.
Es apenas entendible el enfado del Presidente por el ataque en las entrañas de las Fuerzas Armadas en Bogotá, presumiblemente por parte de las Farc, pero el manejo de asuntos tan delicados con arrebatos emocionales deja mucho que desear del liderazgo que necesita un país de su primer mandatario. Las políticas de un gobierno no pueden ir al vaivén de los hechos coyunturales, por muy graves que ellos sean. La serenidad y la visión de largo plazo son las que diferencian a un gobernante del ciudadano común que se mueve por emociones. Con su discurso de ayer, el Presidente ha dejado sin piso muchos meses de trabajo sereno y con un propósito loable, y ha dejado en evidencia que los avances, que ayer no más se nos publicitaban como sólidos, en realidad tenían más de retórica que de convicción.
Por supuesto que si el Gobierno, como parece, tenía información creíble de la autoría de las Farc en el atentado del jueves y de que éstas —como lo dijo el Presidente ayer— tenían intenciones claras de utilizar el despeje de Pradera y Florida, en el Valle, para recuperar el poder perdido, se requería de una acción firme de parte del Presidente de la República. Pero de ahí a dar este portazo que cierra las posibilidades de aliviar el drama de las familias destrozadas por el secuestro, hay un gran trecho. Bien pudieron haberse utilizado los canales existentes —en vez de revocarlos de un tajo— para enderezar lo que hubiere que enderezar sin olvidarse por un instante del objetivo final y de largo plazo.
Ya decíamos hace un par de semanas en estas páginas que era necesario separar el acuerdo humanitario de las falsas expectativas de un acuerdo de paz, para hacerlo viable. No haberlo hecho a tiempo es precisamente lo que ha permitido este nuevo fracaso. Como todo acto terrorista, el del jueves merece una condena sin espacio para la duda, pero atarlo a la negociación del acuerdo humanitario constituye una trágica equivocación, pues nada, absolutamente nada, podía hacer pensar que dicha negociación involucrara un cese al fuego.
¿Acaso la Fuerza Pública habría abortado un operativo contra las Farc en aras de ese acuerdo? ¿Si en vez de la bomba se hubiera presentado un positivo —pero de verdad— contra las Farc, alguien hubiera entendido que éstas cerraran la puerta al acuerdo humanitario? El acertijo es cruel, pero es la realidad de la guerra. Y estamos en guerra.
Vale preguntarse, entonces, ¿quién gana con este viraje emocional del Presidente? El único, posiblemente, sea él mismo en su rating de popularidad. Los familiares de los secuestrados regresan a la zozobra y la desesperanza con la orden de un rescate a fuego que, aparte de poner en peligro la vida de sus seres queridos, parece bastante improbable. A las Farc poco les afecta seguir en su guerra y con el chantaje de los secuestrados, tras haber golpeado en el patio mismo de su enemigo. El entredicho en que ha quedado la seguridad de las Fuerzas Armadas con el ataque, sigue intacto.
Pero la imagen del presidente Uribe comenzando sin energía su segundo período, enredado en la mecánica politiquera en el Congreso, con un proceso de paz con los paramilitares seriamente criticado y en medio de revelaciones de las relaciones non sanctas de varios de sus aliados políticos, recibe con su discurso de ayer un respiro para volver —como muchos ya lo han señalado— al “Presidente por el que votamos”.
El ‘show’
Ramiro Bejarano Guzmán
Censuro y reprocho con vehemencia el atentado criminal de esta semana, pero no me trago entero el agresivo discurso presidencial pronunciado en el mismo lugar donde explotó una extraña bomba que no causó muertos ni daños materiales mayores, pero sí dejó en ridículo a las Fuerzas Militares. Menos, después de advertir que con ello se enterró el Acuerdo Humanitario y el país quedó a merced de la misma política militarista, que pasados cuatro años, registra más desastres que aciertos.
Fatal coincidencia que las Farc hayan burlado la seguridad en un complejo militar, pero no hayan hecho explotar una bomba de mayor poder, como sí lo hicieron en el del Club El Nogal, oportunidad en la cual el Presidente no estuvo tan bravo como ahora.
A pesar de que Juan Manuel Santos había dicho que hacer sindicaciones sobre posibles autores del atentado era una irresponsabilidad, el presidente Uribe, con una evidencia tan frágil como la de una supuesta conversación de un miliciano con otro guerrillero, en la que aquel anunciaba haber logrado la graduación, ya definió las investigaciones que deben emprender las autoridades. ¿Para qué ofrecer recompensas a quien dé información de lo que pasó, si ya el primer mandatario nos dijo quién fue?
Pero no contento con inculpar a las Farc sin mediar investigación de autoridad competente, el primer mandatario dictó sentencia absolutoria en favor de los militares implicados en los falsos operativos, y hasta en beneficio de sus amigos de la Drummond, descalificando pruebas como el computador de Jorge 40 y testimonios. Curioso que tanto el atentado como el discurso presidencial se produzcan apenas la Corte Suprema llama a indagatoria a varios uribistas por vínculos con el paramilitarismo, o cuando el computador de Jorge 40, acredita una memoria inagotable, o cuando era inminente el Acuerdo Humanitario.
Es peligroso un Estado de derecho, en el que un Presidente acosado por los escándalos que lo estaban dejando sin aire, haya hecho de este episodio violento ocasión propicia para reanudar una guerra que no vamos ganando y para desautorizar el Acuerdo Humanitario, ordenando además un improvisado y sangriento rescate de los secuestrados, pero sobre todo para sustituir a las autoridades. El Presidente olvidó que la Procuraduría ya dijo que sí hay evidencias que comprometen a oficiales en los falsos operativos, y que la Fiscalía tiene que seguir utilizando los datos del computador de Jorge 40 y evaluando los testimonios de muchos presos que están hablando, por orden de la Ley de Justicia y Paz que se inventó el uribismo.
Sorprende el peculiar entendimiento presidencial de lo que es el derecho probatorio, pues mientras decide no creerle a los datos de un computador ni a los testigos de carne y hueso que están sindicando a sus amigos y aliados políticos de estar comprometidos con el paramilitarismo, no tuvo inconveniente en atribuirle el carácter de prueba reina a una conversación interceptada, entre un miliciano que nadie conoce y un supuesto jefe insurgente que tampoco ha sido identificado.
Mientras el país obnubilado aplaude el tono furioso del presidente Uribe y el regreso a una guerra que lleva cuatro años sin resultados, otros miramos con asombro que estalle una bomba a plena luz del día en unas instalaciones militares, pero sobre todo vemos con desconfianza que ese confuso suceso, le haya servido al Gobierno para superar sus problemas y subir en las encuestas.
Ahora estamos todos en guerra, asumiendo responsabilidades ajenas, bajo la subliminal amenaza de invitarnos a estar vigilantes contra el terrorismo y de respaldar a las instituciones. Mientras tanto, en el Gobierno dejaron abandonado el Acuerdo Humanitario que jamás vieron con buenos ojos los militares, y empezaron a respirar tranquilos con unas absoluciones obtenidas a la brava, sin que nadie en la cúpula castrense haya caído por este desastre, del que al parecer sólo resultarán sancionados los porteros de la Escuela Superior de Guerra.
A propósito, ojalá Pacho Santos caiga en la cuenta de que no hay que militarizar las universidades públicas, sino los edificios al servicio de oficiales y soldados.
Adenda.- Que la señal de televisión no funcione en Sucre, precisamente el día de un debate en el Congreso contra la dirigencia política de esa región por vínculos con el paramilitarismo, confirma de qué lado están los canales públicos de televisión.
Denle un respiro a la vida
Iván Cepeda Castro
“El infierno que vive alguien cuando tiene a un ser amado privado de su libertad, es indescriptible. No puedo ocultar que ese dolor de los familiares de los policías, soldados, políticos y civiles secuestrados, cada día se pega más y más a mi ser. Tampoco podré olvidar aquello que viví cuando convencí a los comandantes de la guerrilla para que nos permitieran visitar a nuestros seres queridos y saber el estado de salud en que se encontraban. Cada día que avanzábamos en la selva, aumentaban las fuerzas para llegar a abrazarlos. Quedaron atónitos cuando nos vieron allí. Nos miramos todos en silencio, pero por los rostros de ellos y de nosotras corrían lágrimas. Qué difícil momento. Lo que más nos impactó a primera vista fue el color de su piel, pero poco a poco entendimos que eso se debía al poco sol que entra en esos lugares. Hice mítines con ellos dentro de esas cárceles, pidiendo libertad. Nada más difícil que tener que dar la espalda abrazando tan solo un paquete de cartas, fotos y videos que ellos enviaban a sus familias. Sólo eso traíamos de las profundidades de las selvas.
Hemos venido cumpliendo la tarea, caminando senderos arduos que parecen no tener fin. A todas las familias las animo día a día y las invito a no desfallecer, a seguir luchando contra toda desesperanza porque nuestra causa libertaria no será estéril. Muchos colombianos creen que para que dos enemigos se encuentren tienen que pensar igual, sabiendo que es precisamente la diferencia la que invita a dialogar. Cuando escucho canciones a la guerra y aplausos a las balas, me pregunto qué tendrán por dentro los compatriotas que siguen creyendo que la guerra es la solución. Llevamos más de cuarenta años de conflicto armado en Colombia y lo que encuentra cada generación es lo mismo: miseria, desolación, desplazamiento, desaparición, muerte y secuestro. Por eso nuestras voces y nuestros aplausos se los damos al acuerdo humanitario y a la Paz. El secuestro no debe seguir siendo una bandera de la revolución y tampoco la guerra debe seguir siendo un proyecto de Estado, porque ni el secuestro ni la guerra nos permitirán encontrarnos nunca para vivir en hermandad. La guerra termina pisoteando la dignidad humana y la soberanía nacional, y nos aleja de todo heroísmo político, social y crítico. En la guerra de nuestro país no ha habido ni habrá ganadores, porque los únicos que se benefician con ella son los grandes fabricantes de armas en el mundo, que disfrutan las ganancias de sus ventas sobre la sepultura de los miles de muertos. A ellos les corresponden las ganancias, y a nuestras familias, el sufrimiento.
Señores del Gobierno, entiendan y compartan el dolor de las madres, los padres y familias que desde hace casi nueve años vienen padeciendo la separación forzada de sus hijos. No permitan que más madres mueran en la espera del regreso de sus hijos. No permitan que los hijos de los secuestrados sigan creciendo sin conocer a sus padres o a sus madres. No intenten rescates a sangre y fuego. Señores del Gobierno y la guerrilla, demuestren su voluntad política en hechos reales, no virtuales. Denle un respiro a la vida, firmen el acuerdo humanitario, y permítannos volver a abrazar a nuestros familiares vivos y libres. A la vida todo, a la guerra ni un peso ni más vidas. Marleny Orjuela”.
El Espectador 30 de octubre de 2006. Versión electrónica