A pocos kilómetro de base militar binacional militares trafican cocaína

Documentos de la Operación Bastón realizados por la contrainteligencia militar constata la operación de sectores militares con el narcotráfico usando los Territorios Colectivos de Salaquí y Cacarica, Chocó.

Según el Informe televisivo de Noticias Caracol,  “Los Hallazgos de la Operación Bastón” emitido ayer lunes 25 de mayo a las 7:37 p.m. (https://twitter.com/jdlaverde9/status/1265086606001745921?s=19), el periodista afirmó que se “revela que existe una pista clandestina entre Salaquí y Cacarica. Desde estos territorios colectivos despegarían aeronaves con cocaína, presuntamente con destino a los Estado Unidos.”

Los límites territoriales controlados por las operaciones de las fuerzas regulares que estarían siendo parte del punto de tránsito coincidiría con los mismos que desde 1997 han sido epicentro de bombardeos y de tomas de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, hasta la desmovilización del Bloque Élmer Cárdenas en 2006.

Con posterioridad con el surgimiento de las AGC, el sector de la sub cuenca de Cacarica y Salaquí más cercana al municipio de Ríosucio se encuentran controlado por esta estructura armada que se califica así misma como acto político.

Desde el 2014 se denunció la instalación de una base militar inconsulta de las Fuerzas Militares de Panamá y Colombia, (Le puede interesar: https://www.justiciaypazcolombia.com/militares-desconocen-derechos-territoriales-en-cacarica/) mientras como lo refleja hoy, se iban consolidando operaciones aéreas para el tráfico de droga.

Las operaciones de las AGC en Cacarica desde noviembre de 2016 se ha desplegado logrando un control social territorial casi total que se extiende hacia el norte, hacia Unguía y Acandí, y hacia el occidente frontera con Panamá, donde ejercen control desde hace más de 10 años.

La vinculación de sectores militares con la cadena del tráfico de drogas en el Urabá antiqoueño y el bajo Atrato ha sido denunciado desde hace más de siete años debido al tránsito de precursores químicos en medio de retenes militares o policiales, incluso el paso de camiones de cocaína sobre esos mismos retenes, luego de su procesamiento y su paso hasta las riveras del Atrato, donde cruzan, todo ello en medio de la coincidente omisión de unidades del batallón fluvial.

Algunos de los cargamentos de cocaína son acopiados en predios despojados a comunidades negras e indígenas que habitan en los territorios de Pedeguita Mancilla, Curbaradó y Jiguamiandó, mientras pasan a la otra orilla del Atrato hacia el occidente.

Como lo conoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diversas ocasiones, dado que, las comunidades son beneficiarias de Medidas Cautelares, las operaciones ilegales, incluyendo las de las estructuras de las AGC, el tráfico de drogas, la deforestación intensiva, se desarrolla con la tolerancia, complicidad y omisión de sectores de las Fuerzas Militares.

Desde 1997 a la fecha las operaciones ilegales que han perdurado en el tiempo gracias a la impunidad y a la ausencia de una voluntad política del gobierno por generar garantías para las comunidades negras e indígenas de estos territorios colectivos del Bajo Atrato.

Hoy el silencio de los líderes (as) y las comunidades es casi total debido al control armado y la fragmentación que ha ido logrando la criminalidad para sus propósitos estratégicos económicos legales e ilegales.

El gobierno colombiano continúa sin dar respuesta a las propuesta humanitarias por COVID19 (Le puede interesar: https://www.justiciaypazcolombia.com/2da-carta-abierta-salud-alimentacion-agua-urgente-y-respuesta-a-acuerdo-humanitario-globalcovid19/), mucho más cuando los pobladores de Cacarica han observado la recurrencia de operaciones militares aéreas al parecer porque efectivos regulares están contaminados por la pandemia. 

Bogotá D.C., 26 de mayo de 2020
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.