A pobladores de la Zona Humanitaria y Acompañantes Intimidación y advertencia
“Un hombre inicuo anda con la boca torcida, guiña el ojo, arrastra los pies, hace señas con los dedos, torcido está su corazón, medita el mal y siembra pleitos en todo tiempo” Proverbios 6, 12
RESUMEN
8 días después de que el Ministro ANDRES FELIPE ARIAS a través del telenoticiero CMI y la Revista Semana indicara que serían devueltas 25 mil hectáreas de tierra a los afrodescendientes y mestizos del Curvaradó, se fomentaron una serie de especulaciones en la región en las que se señala a los internacionales y a la Comisión de Justicia y Paz de propiciar el desempleo, la miseria y el regreso de la violencia.
En este ambiente JAIME SIERRA, el reconocido empresario de Palmas de Curvaradó responsabilizó a los habitantes de la Zona Humanitaria, a observadores internacionales de España y de los Estados Unidos, así como acompañantes de derechos humanos, de lo que pudiera suceder a la vida e integridad personal de sus trabajadores y campesinos, algunos de ellos desplazados, otros repobladores.
De acuerdo con la versión del empresario, un grupo de la guerrilla de las FARC EP, ingresó al caserío de Andalucía en donde amenazó a los trabajadores de Urapalma y repobladores exigiéndoles abandonar el lugar. El supuesto hecho ocurrió a pocos minutos de Caño Claro en donde se encuentran permanentemente unidades militares.
Las falsas acusaciones para responsabilizar a los acompañantes nacionales e internacionales, se suman a la serie de advertencias y amenazas que han recibido en las últimas semanas por proteger las actuaciones en Derecho que realizan las comunidades afrocolombianas y mestizas, luego del desalojo violento de sus propiedades por las operaciones de tipo paramilitar.
Las falsas acusaciones son al mismo tiempo una amenaza y una limitación en el Derecho a ejercer la defensa legal y legítima de los derechos humanos, de los derechos al Territorio y a la protección del medio ambiente como patrimonio de la humanidad.
Adjunto Hechos en Detalle y Líneas de Interpretación
Bogotá, D.C 21 de julio de 2006
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
HECHOS EN DETALLE
* Domingo 16 de julio 12 15 p.m. cinco hombres vestidos de civil se acercaron a los límites de la Zona Humanitaria del Curvaradó preguntando por los nombres de los acompañantes nacionales e internacionales de Derechos Humanos. Al no encontrar respuesta en los habitantes de la Zona Humanitaria se retiraron del lugar.
A las 5:25 p.m. dos hombres se acercaron nuevamente a los límites de la Zona Humanitaria del Curvaradó preguntando por el sitio de dormida de los acompañantes nacionales e internacionales, al no recibir respuesta precisa de los pobladores se retiraron del lugar.
* Martes 18 de julio, en desarrollo de la reunión de seguimiento a las medidas provisionales que cobijan a los habitantes de las Zonas Humanitarias del Curvaradó y Jiguamiandó no explicaron las razones de fondo por las cuales en menos de 8 meses el Ministro de Agricultura, ANDRES FELIPE ARIAS, en dos ocasiones se ha manifestado con versiones distintas frente a la titularidad en el Curvaradó y por qué se ha desconocido los mecanismos de participación para que las víctimas de la violencia y del despojo puedan participar activamente en la defensa de sus derechos.
En octubre del año pasado, el Ministro ARIAS manifestó que 15 mil hectáreas de tierra eran propiedad de los palmeros, ahora indica, que son 8 mil y que 25 mil hectáreas deben ser devueltas a sus legítimos propietarios. El primer anunció fue calificado con la prensa como un reversazo en relación con el informe de Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, anunciado el 14 de marzo de 2005, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que se reconoció la ilegalidad de la siembra de palma, tanto en el Territorio Colectivo como dentro de la propiedad individual.
* Miércoles 19 de julio, a la 1.00 p.m. aproximadamente el empresario de Urapalma, JAIME SIERRA abordó a habitantes de la Zona Humanitaria del Curvaradó, entre ellos varios niños, observadores internacionales del Estado Español y de los Estados Unidos, y una religiosa de la iglesia católica defensora de Derechos Humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz. JAIME SIERRA, luego de identificarse, habló enfática y agresivamente: “Ustedes no saben que ayer la guerrilla estuvo por acá en Andalucía?. Yo ya informé a las autoridades internacionales y al Ministro sobre estos hechos, tengo que velar por la seguridad de mis campesinos, porque estoy construyendo un caserío para las 52 familias desplazadas de Andalucía y si algo les pasa yo soy el responsable de su seguridad”. Agregó el empresario: “ no soy un hombre de armas sino de leyes, y si le ocurre algo a alguno de ellos haré responsable a todo el mundo, sin importarme quién sea – señalando a los allí presentes -.”
Ante esto, los observadores internacionales expresaron que desconocían la versión y la realización de alguna acción armada de la guerrilla en Andalucía, agregando que, el ejército que está al lado del puente en Caño Claro no expresó nada al respecto.
El reconocido empresario, hace menos de 15 días convocó a una reunión a desplazados y repobladores del Curvaradó a quiénes invitó a participar en la instalación del nuevo caserío de Andalucía, a ser socios en la siembra de palma de aceitera. En dicha reunión estuvieron presentes reconocidos paramilitares, quiénes luego se trasladaron al campamento de trabajadores en donde se encontraban efectivos de la Brigada 17.
LINEAS DE INTERPRETACION
En medio de signos de la persistencia del conflicto armado en la región del Bajo Atrato, de las actuaciones militares de la guerrilla de las FARC EP que cuestionan la efectividad de la política de seguridad institucional y el proceso de institucionalización paramilitar en su fase de control social, político, económica y de configuración de las “nuevas” viejas estructuras de tipo paramilitar, los anuncios mediáticos del Ministro ANDRES FELIPE ARIAS confunden, ambientan la animadversión y la tergiversación de las razones de fondo del porque el Territorio y las tierras deben volver a sus propietarios y habitantes originarios.
La ausencia de procedimientos adecuados para oficializar las decisiones institucionales, en las que dicho sea de paso, no se ha permitido la participación efectiva de las víctimas del despojo y de la violencia de tipo paramilitar se han convertido en un factor de vulnerabilidad, en particular, para quiénes en Derecho han regresado al Curvaradó ante la ausencia de respuestas integrales a las medidas provisionales resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de protección, de asistencia humanitaria, de retorno.
Adicionalmente, las advertencias en las que se responsabiliza a los acompañantes nacionales e internacionales de atentados a la vida proferidas por el sector empresarial de Urapalma expresan más allá de la intolerancia, la característica de una actuación carente de toda ética, de irrespeto absoluto a los derechos de las víctimas de graves crímenes de Lesa Humanidad y de quienes han sido despojados de sus tierras por actuaciones de tipo paramilitar, por actuaciones ilegales de notarios y de autoridades locales y regionales, que han propiciado la destrucción humana y ambiental para la siembra de palma.
Responsabilizar a las organizaciones acompañantes de la violencia es transferir no solo las causas de la violencia a quiénes obran en Derecho, es distorsionar la realidad para justificar la violencia paramilitar, y es al mismo tiempo, la negación del derecho al apoyo humanitario, a la solidaridad con pobladores que se han visto sometidos a prácticas sistemáticas de terror, de destrucción, de aniquilación y destrucción ambiental, solo para que el agro negocio de la palma sea posible, a costa de la vida, de la biodiversidad y de los principios que hacen de los seres humanos parte de la humanidad y del planeta.
Bogotá, D.C julio 21 de 2006
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ