A la cárcel hacendados y palmicultores por crímenes y financiamiento a paramilitares
La mañana del 6 de julio de 1997 varios habitantes de Dabeiba (Antioquia) vieron estupefactos cómo “los hombres de la camioneta Blazer azul” golpeaban en el cráneo, con un bate de beisbol, al dirigente de la Unión Patriótica John Freddy López Sierra y se lo llevaban inconsciente.
Días después, el cadáver fue hallado en el Cañón de la Llorona, con varios impactos de arma de fuego.
Esa fue la primera vez que se escuchó en el pueblo que el terrateniente y hacendado Carlos Andrés Vargas Montoya estaba aliado con los ‘paras’ que habían entrado al Urabá antioqueño y asesinado a López Sierra.
Trece años después del crimen -denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, y tras cuatro de investigación por parte de la Policía, el hacendado fue capturado este martes en su finca de Dabeiba.
Lo señalan de ser el determinador del homicidio del dirigente político y de al menos 200 asesinatos más.
El mismo día fue capturado en su casa de Apartadó el palmicultor y comerciante Juan Guillermo González Moreno. Este es señalado de ser el responsable del secuestro de cuatro líderes campesinos de Riosucio (Chocó), en el 2003, el desplazamiento de 350 personas de la comunidad de paz Nueva Esperanza, y de la desaparición de por lo menos un centenar de campesinos y pobladores afrodescendientes del Urabá chocoano.
La Fiscalía ordenó sus capturas basada en el seguimiento que por años les hizo un grupo especial de la Dijín, el primero contra dirigentes de la palma y hacendados de Antioquia y Chocó, que entre 1994 y 2006, promovieron y financiaron a los grupos paramilitares de la región, según denuncias de víctimas y de organismos internacionales.
Los seguimientos
La investigación arrojó un listado de 19 implicados, entre autores materiales e intelectuales de crímenes cometidos por el bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas. Ayer habían sido capturados 10.
Además de González Moreno y Vanegas Montoya, figura el hacendado de Urabá Jesús Emilio Rueda, de 76 años, quien según las indagaciones, le entregó al ‘frente Pavarandó’ de las autodefensas un listado con los nombres de 200 campesinos para que fueran ajusticiados por ser supuestos colaboradores de las Farc.
También fueron capturados seis paramilitares que trabajaron para Freddy Rendón, alias ‘el Alemán’ y que se desmovilizaron en el 2006.
Sin embargo, retomaron sus actividades ilícitas con la banda emergente de Daniel Rendón, ‘don Mario’, hermano del ‘Alemán’.
El miedo entre las víctimas
En diálogo con EL TIEMPO, el dueño de una tienda de Apartadó señaló que “al señor Juan Guillermo siempre lo han conocido como un hombre prestante de la región, incluso, cuando llegaba a las fincas uniformado”.
Uno de los investigadores del caso recogió las versiones de los campesinos que cuentan cómo González Moreno hacía reuniones en la finca del ‘Alemán’, a las que asistía de camuflado.
“Las comunidades de la cuenca de Jiguamiandó y Domingodó en el Chocó y el Urabá antioqueño lo identifican como socio de una firma palmicultora y dueño de miles de hectáreas de tierra”, señala el investigador.
Y agrega que también vivían con el temor de verlo por las veredas y calles de Apartadó, sabiendo quién era y qué había hecho.
El auspicio de personas prestantes a los ‘paras’ siempre fue secreto a voces, según los pobladores. En abril del 2008, el CTI capturó al empresario bananero Raúl Hasbún, señalado de ser el enlace entre la multinacional Chiquita Brands y las Auc.
Estos son los hacendados capturados
Juan Guillermo González Moreno. Conocido como un importante hacendado y empresario de una firma palmicultora. Es sindicado de concierto para delinquir, secuestro simple y agravado, porte ilegal de armas y tortura.
Carlos Andrés Vanegas Montoya. Su padre fue asesinado por las Farc y heredó grandes extensiones de tierras. Es investigado por concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas, homicidio agravado y tortura.
Jesús Emilio Rueda. Hasta el pasado martes se paseaba por las calles de Dabeiba todas las tardes. Es reconocido como un hacendado de Urabá. Tiene cargos por homicidio agravado, tortura, concierto para delinquir y otros.
Meses de horror en Dabeiba
Entre el 12 de mayo y el 17 de julio de 1997, los paramilitares del bloque Élmer Cárdenas de las Auc incursionaron en Dabeiba (Antioquia), y su zona rural, dejando varios muertos a su paso.
El 6 de julio fueron asesinados, además del dirigente de la UP John Fredy López Sierra, los campesinos Carlos Pinzón Úsuga, Rodrigo Londoño David y otras dos personas más, cuyas identidades aún se desconocen. Una de las víctimas era locutor de la emisora Radio Ciudad Dabeiba.
Ese día, según los reportes oficiales, también dieron muerte a un hombre, a quien sacaron violentamente de la plaza de mercado.
En la misma fecha ocurrió el asesinato de un conductor llamado Rodrigo. Esta arremetida provocó un desplazamiento masivo. Según la Policía y la Fiscalía, los nombres de estas personas, y por los menos 300 más, fueron suministrados a los ‘paras’ por hacendados de la región.
Un caso en la Corte Interamericana
El 7 de julio del 2003, paramilitares del ‘frente Pavarandó’ incursionaron en la Comunidad de Paz de Nueva Esperanza, ubicada en el corregimiento Sapayá de Riosucio (Chocó).
A su paso secuestraron a cuatro personas: Devis Jiménez Díaz, Lizandro Martínez, Cristóbal Blandón Borja y José Pacheco Paternina, integrantes de esa comunidad afrodescendiente, y generaron el desplazamiento de al menos 350 personas. Por este hecho -según las nuevas pesquizas- es señalado el hacendado Juan Guillermo González, como autor intelectual.
La Fiscalía General de la Nación capturó en el 2008 a Freddy Manco Torres, alias ‘el Indio’, como supuesto coautor. Pero luego ‘El Indio’ fue dejado en libertad por el juez quinto penal municipal, Luis Eduardo Beltrán Farías, al resolver un habeas corpus, que también favoreció a Camilo Torres, alias ‘Fritanga’, y a Felipe Sierra.
Los crímenes contra esta población y otras comunidades afrodescendientes del Urabá chocoano han sido asociados a casos de expropiación de tierras y a la disputa de la zona entre los grupos armados ilegales que las utilizan para moverse y traficar con drogas y armas.
‘Hay varias investigaciones en curso’
El director de la Dijín, general Luis Gilberto Ramírez Calle, le dijo a EL TIEMPO que en la investigación fueron clave la persistencia para poder compilar los datos y las pruebas que llevaron a la Fiscalía emitir las órdenes de captura.
“El proceso está motivado en derrotar la impunidad”, dijo.
El grupo de la Dijín inició su trabajo a finales del 2005 y tuvo que recolectar los testimonios y las denuncias de campesinos que interpusieron desde 1996 ante organismos de derechos humanos y la Fiscalía.
Ahora empieza una segunda etapa del proceso, según el general Ramírez. “Hay varias investigaciones en curso con la Fiscalía General. Estamos esperando que, como en este caso, encontremos a los responsables”, concluyó el oficial.
REDACCIÓN JUSTICIA
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