A indagatoria 23 empresarios de la palma
Mientras el Fiscal General anuncia la indagatoria de 23 empresarios en la comisión de graves delitos, el presidente Uribe semanas antes invita a aprovechar la palma del Sur de Urabá para el biocombustible. ¿Se trata de la palma sembrada en el Bajo Atrato o de cuál? ¿Se trata de la justicia o del negocio de la impunidad?
Los Indagados
El Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARAN, en entrevista publicada por el diario El Tiempo, el pasado 23 de diciembre indicó que dentro del proceso 3856, la Fiscalía 14 especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario abrió la instrucción (investigación formal) contra 23 empresarios antioqueños y comisionistas de tierras que se encuentran asentadas en los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó en el Bajo Atrato Chocoano. Entre los delitos imputados se encuentran los de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, usurpación de tierras, falsedad en documento público y delitos contra el medio ambiente.
De acuerdo con la información suministrada por el periódico, la actuación empresarial se asocia con la presencia de estructuras paramilitares en la región desde 1996. En las declaraciones rendidas por el desmovilizado FREDY RENDON HERRERA alias “El Aleman” manifiesta que el control militar se realizó como parte de una operación de los hermanos CASTAÑO GIL, y que solamente hasta el año 2001, en la que se inició la siembra de la palma, esta fue entregada al control del bloque Elmer Cárdenas. El Fiscal General afirmó en la entrevista que: “los paramilitares no buscaron a nadie, sino que a ellos los buscaron”.
Según lo que se ha conocido, los representantes legales vinculados son GABRIEL JAIME SIERRA MORENO, gerente y representante legal de la empresa Palmas de Curvaradó; RAUL ALBERTO PENAGOS, representante legal de la empresa Selva Húmeda; KATIA PATRICIA SANCHEZ MEJÍA, representante legal de la empresa Urapalma; ANTONIO ZUÑIGA CABALLERO, representante legal de la empresa Palmura; JAVIER DAZA PRETEL, ex representante legal de Urapalma; SOR ENID OSPINA RENDON, representante legal y accionista mayoritaria de la empresa Agropalma; CLAUDIO FREGNY OCHOA, representante legal de la empresa Inversiones Fregny Ochoa; GUILLERMO OCHOA PINO, representante legal de la empresa Agropecuaria Palmas de Bajirá; HECTOR DUQUE, representante legal de la empresa Palmadó; IVAN PATIÑO, representante legal de Palmas S.A; ORLANDO MORENO MORA.
Entre los comisionistas de tierras en la comunidad de El Guamo, territorio colectivo de Curvaradó; DANILO JOSE PACHECO DE LA HOZ, comisionista de tierras de la comunidad de Caño Claro Andalucía, territorio colectivo de Curvaradó; y.ERNÉN JOSE MUÑOZ GONZALEZ (sic), quien seria HERMEN JOSE MUÑOZ GONZALEZ. Este integrante de estructuras paramilitares se encuentra acusado en otro proceso penal, en el grado de coautor del delito de homicidio agravado en la persona de ORLANDO VALENCIA; CARLOS DANIEL MERLANO RODRIGUEZ, asesor jurídico de la empresa Urapalma, quién de acuerdo con la información recaudad diseñó la telaraña jurídica para declarar la accesión de más de 17.000 hectáreas a 4 predios que en su conjunto no se extienden a más de 120 hectáreas, y la cadena de traspasos de propiedad utilizando la figura de asociaciones de colonos, para que finalmente las tierras usurpadas o acrecentadas llegaran a manos de las empresas palmicultoras.
Igualmente fueron vinculados, IVAN JOSE PALACIOS PALACIOS, JORGE LUIS SANTOS ORTEGA, JAVIER MORALES ESTRADA, MARIO LEON VILLA PACHECO, JOHN ALFREDO ZEA RESTREPO, REMBERTO MANUEL ALVAREZ BERTEL. MARIO ALBERTO VELEZ GIRALDO, VICTOR ANDRES ZAPATA CAICEDO.
Si bien el Fiscal General hace mención a la recepción de más de un centenar de testimonios, inspecciones judiciales a las sedes de las empresas cultivadoras de palma, en bancos, a notarias y a oficinas de registro de instrumentos públicos, no expresa el valor testimonial y el riesgo que padecen las víctimas que afirman integralmente sus derechos a la Vida y al Territorio.
Posibilidad de los derechos o espacio a la impunidad
Hasta ahora no existe ninguna decisión de fondo. Se ha pasado casi un año después de iniciado el proceso 3856, sin olvidar más de 10 años desde las primeras denuncias y constancias públicas sistemáticas desoídas permanentemente. La decisión es un avance que hoy se encuentra en posibilidad de llegar a lo estructural o quedarse en formalidades que toquen solo a personas que fueron usadas por los empresarios para la apropiación ilegal de las tierras y los consecuentes procesos fraudulentos de legalización.
Han sido excluidos mandos de estructuras armadas institucionales y parainstitucionales. Los autores materiales e intelectuales que diligenciaron los créditos públicos, y los responsables en instancias gubernamentales del nivel central en el otorgamiento de los créditos o en las licencias ambientales para la destrucción del territorio Colectivo pertenecientes a CODECHOCO y CORPOURABA o las redes de notarios que posibilitaron la falsificación de escrituras. No se ha identificado, ni individualizado a toda la estructura económica y criminal que cometió estas violaciones a derechos fundamentales y la ley penal. Esto a pesar de las pruebas aportadas y de todos los indicios de responsabilidad existentes.
No se ha establecido la responsabilidad de miembros de la fuerza pública y funcionario públicos, que participaron en la comisión de crímenes de Lesa Humanidad y en el despojo de tierras a los ocupantes legítimos y de buena fe de los territorios colectivos.
Por ejemplo, la responsabilidad del General RITO ALEJO DEL RIO en la masacre de Brisas de Curvaradó y de los sucesivos comandantes en las operaciones de tipo paramilitar y en su protección al sector empresarial en la comisión de los crímenes ambientales. O por la actuación realizada por el General PAUSELINO LA TORRE, ex comandante de la Brigada XVII que “intermedió” para que se legalizara el desplazamiento forzado y la venta fraudulenta de la que era victima el señor ENRIQUE PETRO.
La investigación no ha definido todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes ambientales. Parece tender a vincular solo a quienes compraron u ocuparon fraudulentamente predios individuales o colectivos. Se ha excluido a quiénes idearon, planificaron y se convirtieron en los mayores beneficiarios de estos Crímenes.
La Resolución de apertura de instrucción tampoco determina la suspensión del daño hecho a las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó, y que persiste hasta el momento. En virtud de lo expresado en la ley 600 de de 2000 se deberían adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión del delito, las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible. Para el caso tal medida deberá ser, que se ordene y ejecute la suspensión de toda actividad productiva en los sembrados de palma de aceite.
El estado procesal actual solo permite inferir que las personas mencionadas declararan acompañados por un abogado para responder sobre los hechos que originaron su vinculación a la investigación, manifestándoles los delitos que se les imputan. Si se establece que existen razones para imponer medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva en un establecimiento carcelario, se deberá privar de la libertad al indagado y definirle su situación jurídica. A la fecha no se conoce cuando los imputados serán indagados y tampoco se han practicado todas las pruebas conducentes solicitadas por la comunidad y sus abogados.
A la luz de la magnitud del caso, en relación con la sistematicidad en el ejercicio criminal, las pretensiones sobre la vida y el territorio, y la altísima probabilidad que los imputados desarrollen estrategias de retaliación contra las víctimas, entre ellas, nuevas judicializaciones y operaciones armadas, la investigación no ha contado con la eficacia requerida.
Igualmente, de la Fiscalía depende, que el plazo de 24 meses que tiene para adelantar la instrucción, no se convierta en una dilación de diligencias y actuaciones que conduzcan en un futuro a libertades por vencimiento de términos y la consecuente impunidad.
Entre la formalidad y la realidad
Hoy a pesar de esta decisión judicial, en conjunto con las resoluciones de la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, no existe voluntad del gobierno nacional en materializar el retorno de estas comunidades a sus parcelas, en plenas condiciones de dignidad, seguridad y garantía de derechos colectivos como son: vivienda, educación, salud y trabajo, a reparar el daño en su calidad de victimas.
La decisión de la Fiscalía General de la Nación es un primer paso, sin embargo, la misma no puede llevar a engaños y creer que se está accediendo a la Justicia. Se requiere no solo decisiones en la vía judicial, sino hechos en el mundo real, desmantelamiento de toda la empresa del delito que participó en la comisión de los hechos, sus beneficiarios políticos y económicos, la imposición de sanciones a quienes sean hallados responsables de estos crímenes, la devolución material de los territorios sembrados con palma de aceite, reparación integral de todos los daños sufridos por estas comunidades y garantía de que estos crímenes no se volverán a repetir.
Hoy los militares de la Brigada 15 continúan cohonestando y amparando las estructuras criminales empresariales, paraestatales sin que se adopten medidas de fondo desde el gobierno central. Las estructuras paramilitares continúan ordenando operaciones clandestinas, movilizándose y haciendo presentes con amenazas de muerte, retenes a la vista de todo el mundo, sin que la institucionalidad actúe.
Hoy continúa, insistimos, la extracción de fruto de la palma, su transporte en camiones hasta Mutatá en donde se encuentra la planta “Extractora Bajirá S.A”, hoy persiste la limpieza de los cultivos en más de 8000 hectáreas en plena producción, sin que haya autoridad judicial o administrativa; las amenazas contra los campesinos ENRIQUE PETRO y EUSTAQUIO POLO; las secuelas psicosociales por los atentados contra la vida a los hermanos HOYOS en septiembre pasado; hoy la actuación de ex militares y narcotraficantes en Caño Manso amenazando a los legítimos dueños del territorio en medio de la Brigada 15 persiste; la presencia de “Aguilas Negras” en Llano Rico y Pavarandocito; las operaciones militares orientadas a perseguir a lideres del Jiguamiandó; los hostigamientos a los testigos que han declarado en diversos procesos judiciales; además la continuación de la tala de bosques en el Jiguamiandó para la expansión del agronegocio y la extensión ganadera.
Esa actuación empresarial bárbara y contra derecho parece estar alentada en las palabras pronunciadas por Álvaro Uribe Vélez el pasado 12 de diciembre de 2007 en Medellín. En su alocución hala las orejas a los empresarios del banano, y seguramente, también de la palma aceitera, por no haber aprovechado los decretos gubernamentales relativos a las zonas francas. Y según el reporte oficial, expresó Uribe que sobre el tema de los biocombustibles, la idea es expandir la zona productora de palma africana en el sur de Urabá, ante la gran posibilidad que tiene la región para el desarrollo de proyectos de biodiesel. Es decir, se trataría de Bajo Atrato
Chocoano, que en la avaricia y lógica empresarial es visto como una extensión del Urabá Antioqueño.
Si este mensaje fue escuchado por los empresarios de la palma que apropiaron las tierras a los mestizos y afrodescendientes, ¿tendrán acaso disposición, voluntad para acatar los contenidos de las resoluciones de Incoder y la Superintendencia de Notariado y Registro, o en el llamado a indagatoria, la disposición a decir la Verdad, a asumir la sanción penal y disponerse a una reparación integral por los más de 113 crímenes, 15 desplazamientos forzados y destrucción de su territorio?¿Tendrán posibilidad real de restitución de los derechos territoriales de las comunidades con estos anuncios del más alto nivel?
Adjuntamos:
Jefe de Estado se dirige a los empresarios del Banano en Medellín. http://web.presidencia.gov.co/sp/2007/diciembre/12/09122007.html
http://web.presidencia.gov.co/sp/2007/diciembre/12/09122007.html
Es una investigación amparada en falsedades, dicen palmicultores. El
Tiempo.23 de diciembre de 2007
A indagatoria 23 empresarios por el delito de desplazamiento forzoso en el Chocó. El Tiempo 23 de diciembre de 2007
Diciembre 22 de 2007
‘Es una investigación amparada en falsedades’, dicen palmicultores
“Somos palmeros y ante la falta de oportunidades para la población campesina, la palma es fuente de progreso para la región. Eso estamos haciendo. Ahora, que la justicia demuestre que somos bandidos”.
Así se expresó el empresario Gabriel Jaime Sierra Moreno, gerente de la firma Palmas de Curvaradó, al saber que, junto a otros cultivadores de palma africana en el Urabá antioqueño y chocoano, están en la mira de la Fiscalía.
En total son 23 empresarios a los que se les imputan los delitos de usurpación de tierras, falsedad en documento público y privado, atentar contra los recursos naturales, invasión de áreas de importancia ecológica y desplazamiento forzado.
Además de Sierra Moreno, la Fiscalía también vinculó a Raúl Alberto Penagos, de Selva Húmeda; Katia Patricia Sánchez Mejía, de Urapalma; Antonio Zúñiga Caballero, de Palmura; Javier Daza Pretel, ex representante de Urapalma; Sor Enid Ospina Rendón; de Inversiones Agropalma.
También a Claudio Fregny Ochoa, de Inversiones Fregny Ochoa; Guillermo Ochoa Pino, representante de Agropecuaria Palmas de Bajirá; Héctor Duque, representante de Palmadó, e Iván Patiño, representante de Palmas S.A.
Ernén José Muñoz González, Iván José Palacios Palacios, Jorge Luis Santos Ortega, Orlando Moreno Mora, Danilo José Pacheco de la Hoz, Javier Morales Estrada, Mario León Villa Pacheco, John Alfredo Zea Restrepo, Carlos Daniel Merlano Rodríguez, Miguel Pérez Cabadia, Remberto Manuel Álvarez Bertel, Mario Alberto Vélez Giraldo y Víctor Andrés Zapata Caicedo igualmente fueron vinculados al proceso.
Sierra Moreno agregó que está tranquilo frente a esta investigación en su contra porque “el que nada debe, nada teme”, y dijo que no puede detenerse el desarrollo de una región con base en la falsedad.
Se refiere a las acusaciones que han hecho ante organismos internacionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA algunas ONG que señalan que para ‘limpiar’ de guerrilla esta zona limítrofe entre Antioquia y Chocó y vencer la resistencia de las comunidades autóctonas de negros e indígenas, los palmicultores se valieron de un maridaje con los grupos paramilitares.
Por la zona, desde la década de los 80, se empezó a notar la presencia de los frentes 5 y 58 de las Farc y a partir de 1997 el bloque ‘Élmer Cárdenas’ comenzó a disputarles el territorio con una campaña de matanzas y crímenes selectivos caracterizados por el alto grado de sevicia.
Existen informes que indican que en las cuencas de los ríos Curvaradó, Jiguamiandó y Domingodó los ‘paras’ mataron a por lo menos 120 personas y expulsaron a por lo menos 1.500.
Arranca planta de aceites
En estas mismas tierras 14 empresas han sembrado 5.500 hectáreas de palma africana o palma de aceite y tienen cerca de 2.500 a punto de plantar. Las inversiones, según han reconocido, superan los 65 mil millones de pesos.
Sierra adelantó además que para enero próximo arranca la planta Aceites de Urabá, aprovechando 2.500 hectáreas de tierras aportadas por ganaderos.
La planta, que en su primera etapa producirá 10 toneladas, estará ubicada en el corregimiento Nuevo Oriente, de Turbo. El capital, 30 mil millones de pesos, es aportado por Aceites S.A. en un 50 por ciento y el resto es de empresarios del banano y el ganado de Urabá.
Irvin Bernal, otro empresario y vocero de la Asociación de Palmicultores del Darién, dice que hay un oportunismo político de organizaciones como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, “que se ha dedicado a desprestigiar el trabajo de los empresarios”.
Asegura que ellos a nadie engañaron y que muchos campesinos fueron a buscarlos a sus oficinas para hacerles propuestas de venta de tierras.
“Uno a uno les fuimos comprando con título en mano, algunos dijeron que no. Nadie fue obligado. Nos presentaban al vecino y se fue armando como una telaraña” dice.
“Nosotros estamos tranquilos y atentos a las investigaciones de la Fiscalía para atender a sus requerimientos”, concluyó Bernal.
No obstante la defensa de los empresarios de la palma, los mismos informes oficiales dan cuenta de que muchas de sus plantaciones están en territorios legalmente otorgados por el Estado a comunidades negras y que fueron despojados a sangre y fuego por los grupos armados ilegales que también invirtieron en ese negocio. Eso, por lo menos, es lo que ha dicho el jefe ‘para’ de la zona, Freddy Rendón Herrera, ‘El Alemán’, comandante del ‘Élmer Cárdenas’.
Siguen las denuncias
En el 2004 el Incoder recorrió la zona para estudiar el problema de
tierras. Determinó que el 93 % de cultivos de cuatro de las más grandes empresas se levantan en tierras de comunidades negras.
A un ‘para’ conocido como alias ‘Gago’, en el región de los ríos
Curvaradó y Jiguamiandó, lo vinculan con una de las empresas investigadas y lo acusan de presionar a las comunidades.
Recursos del Banco Agrario y de la Agencia para el Desarrollo
Internacional han ido a parar a por lo menos una de las empresas cuestionadas por la Fiscalía.
¿Hubo mala fe de empresas?
La zona de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, al igual que toda la región del Bajo Atrato chocoano, fue afectada durante la década de los noventa por la confrontación armada. Las comunidades negras, propietarias históricas y jurídicas de estos territorios, fueron víctimas del desplazamiento.
El 21 de mayo del 2001 la Nación adjudicó títulos, a través de la Ley 70, sobre esas tierras comunales de grupos étnicos con la condición de que fueran inembargables, imprescriptibles e inajenables.
Pero hacia el segundo semestre y hasta finales del 2004, inversionistas vinculados al sector privado, asociados en Urapalma, Palmas de Curvaradó, Palmadó, Palmas S.A., Palmura, según denuncias, desarrollaron una masiva compraventa de predios y mejoras a diferentes personas individualmente consideradas, sin el consentimiento de las autoridades tradicionales representadas en los consejos comunitarios.
Para los primeros meses del 2005, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), antiguo Incora, señaló que parte de los territorios colectivos que la Nación les dio a las comunidades de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó habían sido ocupados indebidamente por empresarios.
Esto llevó al Incoder a expedir una resolución recomendando la suspensión de cultivos y la devolución de 14.881 hectáreas, la mayoría cultivadas con plama africana, por ser ‘ocupantes de mala fe’.
Los empresarios arguyen que el lío es que dentro de los territorios colectivos hay tierras con titulación anterior a la Ley 70. Pero en junio pasado el Ministerio de Agricultura ordenó la devolución de la mayoría de esas propiedades.
eltiempo.com / justicia
Diciembre 22 de 2007
A indagatoria 23 empresarios de palma por el delito de desplazamiento forzado en Chocó El fiscal general, Mario Iguarán, revela que se investiga si esas empresas contrataron a paramilitares con el fin de quedarse con tierras de las comunidades negras.
Yamid Amat: ¿Qué fue lo que descubrió e investiga la Fiscalía en el Chocó?
Mario Iguarán: La tragedia de la comunidad de las cuencas de los ríos Jiguamiandó, Curvaradó y Domingodó. En los 80 padecieron la presencia de las Farc y en los 90 la de las autodefensas de los Castaño. Hay unos señalamientos sobre un desalojo de las autodefensas con el argumento de que era para erradicar a grupos guerrilleros. Hay indicios de que esos desalojos se dieron no tanto para expulsar a la guerrilla, sino para apropiarse de tierras que le pertenecen a la comunidad. Después de recibir más de un centenar de testimonios, de practicar inspecciones judiciales en las empresas cultivadoras de palma, en aceiteras, en bancos, en notarías y en oficinas de Registro y de Instrumentos Públicos, la Fiscalía acaba de abrir investigación formal y ordenar vincular mediante indagatoria a los representantes de varias empresas.
¿Cuáles empresarios?
Representantes, entre otras, de Selva Húmeda, Urapalma, Palmura, Inversiones Agropalma, Palmas de Bajirá, Palmadó, Palmas de Curvaradó e Inversiones Fregny Ochoa, por la supuesta comisión, entre otros delitos, de concierto para delinquir, usurpación de tierras y, uno muy grave, desplazamiento forzado.
¿Cuántos son en total?
Más de 20.
¿Es la confirmación de la utilización de autodefensas por parte de empresarios?
Los paramilitares no buscaron a nadie, sino que a ellos los buscaron.
¿Hasta dónde llevará la investigación?
Hasta donde los hechos a probar y el derecho a aplicar lo ordenen.
La situación jurídica de 19.000 paramilitares ¿Qué pasará con 19 mil ‘paras’ rasos cuya situación jurídica no se ha definido?
Ese es un problema grave. A partir del fallo de la Corte Suprema, que tenemos que acatar, bajo el entendido de que no podían incurrir en sedición, tendríamos que entrar a judicializarlos y esa es una tarea imposible.
¿Resulta indispensable la ley que califica el delito de esos 19 mil paramilitares?
Es absolutamente urgente.
Y si continúa la resistencia del Congreso a aprobarla…
Estará en peligro el proceso de desmovilización de militantes rasos y no nos digamos mentiras: correríamos el riesgo de que vuelvan a la guerra.
¿Los parlamentarios no incurren en el delito de legislar en beneficio propio o de sus colegas si la aprueban?
Son entendibles las dudas de los congresistas, pero se trata de un instrumento para resolver la situación jurídica de los desmovilizados rasos, que de ninguna manera beneficiará a nadie más.
Como el Congreso está muy renuente a aprobar la ley, ¿cuál sería la salida?
Darle facultades a la Fiscalía para aplicar el principio de oportunidad. Eso podría viabilizar una salida, asumiendo la Fiscalía y los jueces la responsabilidad de que solo se aplicaría para desmovilizados rasos.
El presidente de la Sala Penal de la Corte le pidió a usted información sobre la investigación que solicitaron de los ganaderos de Sucre…
En primer lugar no conozco documento remitido por la Corte Suprema donde se me haga alguna reconvención o llamado de atención. En segundo lugar, lo que tengo es un documento de la Corte con un listado de distintas investigaciones que deben tenerse en cuenta para el intercambio de pruebas. Por ejemplo, dentro de ese listado se hace referencia al caso del ex gobernador de Sucre Salvador Arana, a Enilce López que se conoce como ‘La Gata’; procesos, entre muchos otros, donde la Fiscalía tiene mucho para mostrar antes que para contestar.
Sobre el caso concreto de algunos ganaderos, la Fiscalía dispuso la apertura de la investigación y ordenó vincularlos mediante indagatoria.
Las denuncias de delincuentes
¿Hasta dónde es válido que la denuncia de un delincuente sea suficiente para llamar a juicio a parlamentarios o a funcionarios?
Las versiones nos están permitiendo conocer la verdad; para darle un ejemplo, hemos conocido y esclarecido más de 700 homicidios de los cuales no teníamos información ni investigaciones. No obstante las referencias que hagan los versionados se someten a procesos de verificación.
Es decir, ¿son válidas las denuncias de los delincuentes?
Es válido que lo hagan, pero no es suficiente para que la Fiscalía abra investigación. Esas referencias hay que mirarlas en su contexto y confrontarlas.
¿Cómo va Justicia y Paz?
Por buen camino. Las grandes condenas al Estado colombiano que profieren las cortes internacionales no son tanto porque en Colombia haya masacres, sino porque ante ellas no hay justicia; hay impunidad.
Gran número de casos que hoy se surten ante dichas cortes se están resolviendo por Justicia y Paz. Hemos iniciado 1.057 diligencias de versión libre y terminadas 942. Exhumamos 1.196 cuerpos encontrados en
997 fosas, donde estaba enterrada la verdad.
El caso José Obdulio Gaviria
En los últimos días se han hecho denuncias sobre familiares del asesor presidencial José Obdulio Gaviria, vinculados con el asesinato del ministro Rodrigo Lara. ¿Piensa reabrir la investigación por ese caso?
El ánimo es desempolvar los expedientes que se erigen como monumentos a la impunidad, pero no podemos llegar a extremos como los del presidente Chávez que va a reabrir la investigación sobre la muerte del libertador Bolívar. En el caso del ex ministro Lara, mi profesor, dispusimos una indagación preliminar para despejar cualquier duda sobre una eventual prescripción. Aunque a las prescripciones pueden renunciar quienes se consideren como potenciales investigables.
¿Hasta dónde un familiar de Pablo Escobar, como José Obdulio Gaviria, puede motivar renuncias de funcionarios públicos debido a ese vínculo?
Desde el punto de vista jurídico, la consanguinidad del doctor Gaviria con el criminal Pablo Escobar no tendría porque irradiar. Por lo demás, son campos personales sobre los que no debo opinar.
¿Entonces sobre las denuncias que han hecho ‘El Espectador’ y otros medios nada se puede hacer?
Los fiscales e investigadores no deberíamos ser inferiores al trabajo investigativo que hacen los medios. Pero primero tendremos que preguntarnos si somos competentes por el fenómeno de la prescripción.
Después, preguntarnos si somos capaces; pensaría que sí.
¿Qué pasó con ‘Tasmania’?
¿Qué ocurrió con la investigación que el presidente Uribe le pidió a la Fiscalía sobre el caso del magistrado que aparentemente buscó una declaración de alias ‘Tasmania’ contra él?
Se creó un Grupo de Tareas Especiales para el caso, tanto del presunto soborno al testigo e instigación para delinquir y supuestos ofrecimientos ilegales de beneficios por colaboración a Orlando Moncada, ‘Tasmania’, como por el presunto atentado a la integridad del doctor Iván Velásquez y obstrucción a la Justicia.
¿Qué ha hecho ese grupo y cuándo habrá decisiones?
Se han hecho casi 50 diligencias además de inspecciones. También entrevistas a ‘Tasmania’, su apoderado, funcionarios del Inpec, a un empresario antioqueño, al hermano del señor Presidente, a los magistrados auxiliares incluido el doctor Velásquez, al Alto Comisionado y a quienes tuvieron que ver con la declaración de Edwin Guzmán, la persona que declaró en el consulado de Colombia en Nueva York. Aspiramos a resolverlo en enero.
A usted hay sectores que le piden que se separe del Gobierno y sectores que le piden que se separe de la Corte. ¿Qué hará?
No me voy a distanciar ni del Gobierno ni de la Corte Suprema, porque necesito estar cerca de los dos para cumplir con el desarrollo de una política criminal.
Investigación sobre ‘chuzadas’
¿En qué estado se encuentra la investigación sobre las supuestas ‘chuzadas’ a los teléfonos del Presidente?
Raúl Grajales denunció ante la Fiscalía una supuesta extorsión, señalando a Fernando Herrera Zuluaga, ‘La Mechuda’, como el autor. La Fiscalía dispuso agentes encubiertos, ordenó interceptaciones, todas ellas avaladas por juez de control de garantías, y se interceptó el teléfono del señor Herrera Zuluaga. Con ocasión de esa interceptación se reportó la conversación entre el Presidente y Herrera Zuluaga. Sin embargo, lo que divulgaron los medios no corresponde al contenido de la conversación escuchada por los investigadores de la Fiscalía. Se intervino el teléfono de Herrera; jamás el del Presidente.
¿Es decir, que no fue una filtración de la Fiscalía?
No podía ser…
¿Entonces, quién chuzó?
No sabemos. Es lo que estamos investigando.
Casos de almirante Arango Bacci y gobernador de Cundinamarca En el caso del almirante Arango Bacci, si la gran prueba era la huella que probaba que había recibido dinero y resulta que era falsa, ¿no se derrumba todo?
Eso sólo se podrá afirmar cuando se haya agotado todo este proceso de recaudo de evidencias, de práctica de pruebas y se haga la valoración.
¿La huella era falsa?
El fiscal del caso soy yo y no me puedo pronunciar.
¿Y el caso del gobernador Ardila?
Somos cuidadosos y no podemos actuar por razones de tipo mediático; lo único que puedo afirmarle es que no hemos descansado ni ahorrado esfuerzos para hacer la investigación y tomar una decisión en justicia. En este caso, en un buen número de oportunidades he estado en jornadas de horas y horas en el Tribunal Superior de Bogotá para que me habiliten a hacer inspecciones, diligencias, etc.
El sistema penal acusatorio
En una semana estará vigente en todo el país el sistema penal acusatorio, ¿usted qué va a hacer con miles de expedientes que quedan en el sistema viejo?
Así como trabajamos en la implementación del sistema acusatorio, en infraestructura y capacitación, también sabemos que no podemos destinar todos los fiscales al nuevo sistema. Es más, la mayoría de los fiscales se quedan tratando de despachar y de resolver lo que se inició sobre el anterior sistema, porque el sistema acusatorio en sí, lo que exige es una descongestión.
Pero el primero de enero entra en vigencia en todo el país…
Por supuesto. No habrá hecho delictivo que no se conozca por el nuevo sistema, pero tenemos que seguir trabajando con lo antiguo para liquidarlo.
Tema final: qué le parecieron las acusaciones de Salvatore Mancuso contra la Fiscal de Cúcuta en el sentido de que él había ordenado el asesinato de dos fiscales, gracias a la información suministrada por ella…
Lo mas decepcionante. Que tu propio compañero sea tu verdugo. La deslealtad va de la mano de la criminalidad.
YAMID AMAT
ESPECIAL PARA EL TIEMPO