Temor de graves infracciones al DIH
Un nuevo ametrallamiento en el sector de Jarapetó en Chocó se produjo el 16 de agosto en horas de la noche, sin que se conozca hasta el momento la eventual afección de indígenas y mestizos.
De acuerdo con autoridades indígenas del resguardo de Alto Guayabal se produjeron sobrevuelos luego de las siete de la noche generando zozobra entre los habitantes de los territorios comunales de indígenas y de afrodescendientes.
Las operaciones militares dentro del Resguardo Indígena no fueron informadas por los militares a los indígenas como lo ordenan decisiones de la Corte Constitucional.
Bajo el pretexto de persecución a la guerrilla de las FARC desde 1996 se han producido graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad e infracciones al derecho humanitario. Todas en absoluta impunidad.
Las operaciones militares desde 2008 han estado asociadas a asegurar las operaciones extractivas multinacionales, tampoco ninguna investigación penal eficaz se está desarrollando.
Las actuaciones por aire generaron nuevamente zozobra sobre los pobladores que recordaron los bombardeos indiscriminados de 2010 en los que fueron mortalmente heridos, entre otros José Nerito. El indígena fue diagnosticado de invalidez en un 75% de su cuerpo. Hoy se encuentra dos años y medios después en cuidados intensivos por una infección en su hueso en un centro hospitalario de la ciudad de Medellín.
Entre 2008 y 2009 para la exploración minera ilegal y arbitraria dentro del proyecto Mandé Norte desarrollada la empresa Muriel Mining Corp se militarizó el territorio con operaciones por aire y por tierra. Estas operaciones causaron graves afecciones sobre la vida y existencia de la comunidad indígena, su salud e integral.
La Corte Constitucional en la sentencia T 769/09 sobre el consentimiento previo, libre y informado para el proyecto Minero Mande Norte, decisión ratificada en el Auto 053 de 2012, precisó que la empresa Muriel ni el Ministerio del Interior adelantaron un proceso consulta eficaz y transparente. En el mismo fallo en coherencia con otras decisiones ordenó que cualquier operativo militar al interior del Resguardo tiene que ser consultado y informado con las comunidades indígenas.
Las afecciones, sumadas, a los daños ambientales vuelen a revivirse cada que vez que se desatan operaciones militares dentro del territorio. Como mecanismo de prevención de daños irreparables la comunidad Emberá del resguardo Urada Jiguamiandó – So Bia Drua – constituyó lugares de protección en su territorio para no ser víctimas de actuaciones armadas.
Hace más de un mes, las comunidades indígenas denunciaron la siembra ilegal de coca por ocupantes de mala fe, dentro de su territorio colectivo. Ante la solicitud de intervención del gobierno la respuesta escrita, absolutamente cínica, deja en manos de la población actuaciones que son propias del Estado. El Ministerio expresó: “si la comunidad está interesada en la erradicación de cultivos ilícitos lo podrá realizar de manera voluntaria y para eso podrá acudir al Departamento de Prosperidad Social”.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz