Nuevo plan paramilitar para asesinar al campesino de la Zona Humanitaria de Andalucía, Curvaradó, Enrique Manuel Petro Hernández
ENRIQUE PETRO, líder campesino, integrante del Consejo Comunitario de Curvaradó se encuentra como blanco de una operación de tipo paramilitar para asesinarlo, operación que eventualmente se extendería contra integrantes de la Comisión de Justicia y Paz en la región o en Bogotá.
Bogotá, D.C., 10 de mayo de 2010
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
FABIO VALENCIA COSSIO
Ministro de Interior
JAIME BERMÚDEZ
Ministro de Relaciones Exteriores.
FERNANDO PAREJA REINEMER
Vice Fiscal General de la Nación (e)
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
“Si un ejército acampa contra mi, yo no le temeré, porque Dios conmigo está”
Canto de Enrique Petro basado en el salmo 27, 3
El fundador e inspirador de la constitución de Zonas Humanitarias en este territorio colectivo y quién ha inspirado el regreso de más de un centenar de familias ante el plan de persecución, de despojo y usurpación violenta de que han sido objeto por estrategia paramilitares como parte de una estrategia de control territorial empresarial y militar, por tercera ocasión, es parte de un plan para ser ejecutado.
Mientras se mantiene la campaña de desprestigio a las Zonas humanitarias y Zonas de biodiversidad bajo el falso presupuesto que son parte es una estrategia de la guerrilla de las FARC EP; mientras desde el más alto nivel del gobierno en el Ministerio del Interior, se legitima la ocupación empresarial con la arbitraria e irregular representación legal de GERMÁN MARMOLEJO, quien amenaza y autoriza actuaciones empresariales sin el consentimiento de los pobladores y militares de la brigada 15 del ejército manifiestas a los habitantes de las Zona Humanitaria, luego de aceptar que hoy continúan operando con paramilitares, afirman que las organizaciones acompañantes les engañan y les roban millones de pesos, se conoce este plan para atentar contra ENRIQUE PETRO.
A sangre y fuego se desató la operación de desarraigo en Curvaradó y Jiguamiandó desde 1996. En el 2002 la financiación gubernamental pretendió dar piso de legalidad al agronegocio de la palma, la deforestación intensiva, la desertización y la destrucción ambiental y los trámites fraudulentos. Y desde el 2009 las campañas de desprestigio, los asesinatos, las amenazas de muerte, el secuestro y los planes de atentados contra los habitantes de las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad y las campañas de desprestigio contra las organizaciones acompañantes, han pretendido ocultar la realidad.
Hoy a PETRO, que habita desde hace 50 años en Curvaradó, a quién le han asesinado dos hijos, como a otro centenar de familias; algunos afro colombianos, que comparten por engaño o por ambición, los intereses criminales y legalizaciones de los beneficiarios del paramilitarismo, con el silencio cómplice del gobierno nacional y en contravía de las disposiciones legales, se le quiere negar su derecho a la habitación y la decisión tomada el pasado 25 de abril, por 12 comunidades negras de elegir a un nuevo representante legal. Así el gobierno legitima y legaliza la arbitrariedad paraempresarial.
Ante ustedes nuestra Constancia y Censura Ética por este nuevo fundamento fáctico aportado por integrantes de estructuras criminales que, por un minuto de conciencia ante lo injusto, han decidido hablar.
Domingo 9 de mayo hacia las 3:30 p.m. en Bogotá nuestra Comisión de Justicia y Paz recibió de manera directa una información según la cual, jefes paramilitares de la región, vinculados a los empresarios de la palma, la ganadería extensiva, y el banano aportaron 30 millones de pesos ( 15.000 US) para la ejecución del crimen de ENRIQUE PETRO HERNÁNDEZ.
De acuerdo con la fuente ENRIQUE PETRO es el responsable de haber llevado a la región organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, refiriéndose explícitamente a la Comisión de Justicia y Paz y a los internacionales Peace Brigades International, PBI, y Pasc de Canadá. Para justificar el crimen los paramilitares han sostenido que ENRIQUE PETRO es parte de la guerrilla de las FARC – EP, pero que su crimen no debe levantar sospechas. Para tal fin han pensado en un crimen con arma blanca o un revólver de fácil uso para desviar la responsabilidad.
De acuerdo con la fuente, los paramilitares asignados para la ejecución del crimen son JORGE VEGA, conocido con alias de “El Paisa” quien opera en Cetino, Belén de Bajará y Pavarandó y DUMIS RUÍZ, quien habita en Belén de Bajará y en el caserío de los repobladores, al frente de la Zona Humanitaria de Andalucía donde habita el integrante del Consejo Comunitario PETRO.
Dentro del plan, el reconocido PEDRO TORDECILLA, quien es desmovilizado paramilitar, y opera hoy en el control militar y social empresarial, ha ofrecido en préstamo un revólver por 5 millones de pesos (US. 2500) a los eventuales autores materiales. Estos, sin embargo, han decidido actuar con arma blanca para desorientar la eventual investigación.
A PETRO, de acuerdo con la información suministrada, los paramilitares le han hecho seguimiento en su hora de levantada, y el lugar y la hora en la que suele tomar el baño en las tardes en una orilla del río Caño Claro.
A las 4:45 p.m del día de ayer se conoció que en los cálculos militares que benefician a los empresarios, se contempla alguna actuación contra la organización de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz, en el entorno de la región del bajo Atrato o en Bogotá.
Se ha informado por esta fuente, que se conoce de los movimientos de algunos de los líderes de nuestra organización de derechos humanos en la región, que realizan actividades de lo que ellos llaman formación ideológica, y otros que mantienen relaciones de intervención con sectores del gobierno, con organizaciones de paz y realizan conferencias en el nivel internacional en Estados Unidos, Canadá y Europa, desprestigiando la palma y a los empresarios, así como contra las fuerzas militares y favoreciendo al “narcoterrorismo”. Agrega la fuente que se sostiene que la Comisión de Justicia y Paz es parte de la estrategia terrorista y que “los guerrilleros de civil han dañado muchos negocios”, dice el informante. Agregan, en sus informes, que la Comisión de Justicia y Paz “cuenta con el respaldo del Movice y de Colombianas por la Paz, y de organizaciones internacionales como Amnistía Ineternacional, Front Line, Fidh y OMCT que apoyan a los narcoterroristas, y tienen una emisora contra el gobierno, donde hablan contra el desarrollo, y hablan el CAJAR, los Colombianos Juristas, y organizaciones contra el gobierno”
Agrega la fuente, que en Bogotá hay que mantener la presión psicológica y de desprestigio mientras se hace algo contundente.
Nuestra Censura Ética ante un plan criminal contra ENRIQUE PETRO que coincide con el retiro del control perimetral que venían adelantando efectivos de la brigada 15 del ejército en las inmediaciones en el sector de la Zona Humanitaria de Andalucía desde la última semana del mes de febrero y de su ubicación en el puente de Caño Claro. Recientemente 6 militares ingresaron a la Zona Humanitaria de Andalucía donde habita el campesino ENRIQUE PETRO, quienes al ser descubiertos por este, le manifestaron que se encontraban adelantado un operativo de reconocimiento.
PETRO HERNÁNDEZ desde el 2003 denunció lo que ocurría en Curvarado al diario Washington Post, las operaciones paramilitares en Llano Rico, Brisas, Belén de Bajará, Cetilo, Caño Claro Andalucía, Belén de Bajará para los agro negocios de la palma de aceite y la extensión ganadera.
En ocasiones anteriores, ha recibido amenazas de muerte, por vía telefónica en su casa de Belén de Bajirá y ha se han revelado 2 planes de asesinato en su contra.
El campesino recibió la presión del comandante de la Brigada 17 de entonces General ® PAUSELINO LATORRE, quien actuó como intermediario de los empresarios de la palma, para que vendiera sus tierras al gerente de Urapalma del momento, JAVIER DAZA. PETRO fue citado para recibir dinero a cambio de su silencio y de cesar en la exigencia a la restitución de la propiedad en reuniones en la sede de la empresa Palmas de Curvaradó, en Belén de Bajirá. Estas ofertas las realizó el ocupante de mala fe, empresario GABRIEL JAIME SIERRA y la integrante de la Casa CASTAÑO GIL SOR TERESA CASTAÑO o GÓMEZ, responsable del crimen de YOLANDA IZQUIERDO.
A pesar de las presiones, el mestizo del Consejo Comunitario se ha mantenido leal a la propiedad que ha habitado desde hace 50 años dentro del territorio de Curvaradó y que en conformidad con la coexistencia con los hábitos y costumbres de los afrocolombianos, por lo que se les reconoció ser parte del título colectivo.
Nuestra Constancia Histórica ante el plan contra PETRO, parte de la operación de silenciamiento que se adelantaría en Curvaradó y Bogotá. Las expresiones civiles que se oponen a la apropiación violenta de predios colectivos y a la legalización para agronegocios de la palma, del banano y de la ganadería extensiva, que se adelanta con GERMÁN MARMOLEJO y su legitimación por parte del Ministerio del Interior y la alcaldía de Carmen del Darién, hoy son el blanco militar.
En sus despachos esta grave información, una más, que anuncia la posibilidad de un daño irreparable a la vida e integridad de una persona cobijada con medidas provisionales y contra algún integrante de la Comisión de Justicia y Paz, que presta sus servicios a las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó en la región o en Bogotá.
La negligencia, la inacción, la ausencia de voluntad, el no querer, el no hacer es parte de los calificativos que han protegido las operaciones paramilitares y sus beneficiarios los empresarios de la palma, de la ganadería extensiva y del banano de exportación para los mercado de Estados Unidos y Europa. No importan los crímenes, la ilegalidad y el despojo. Todo es burla y cinismo y allí van cayendo como sus nuevas víctimas quiénes creen que la democracia y el desarrollo se logran con dinero, con inversiones sin ética, con proyectos productivos, sin medición de los costos humanos, ambientales y sociales, sin la restitución real de la propiedad. “Negocios son negocios”, no hay ética empresarial y no hay Estado de Derecho.
Todos los ven, todos lo saben y nadie actúa pues en lo local la cadena criminal implica a casi toda la institucionalidad. No hay Derecho.
Ustedes, saben, ustedes pueden evitar nuevos daños irreparables a la vida y a la integridad personal y colectiva de las y los integrantes del Consejo Comunitario que son parte de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad o de algún integrante de nuestra Comisión de Justicia y Paz.
Señor Vicepresidente FRANCISCO SANTOS, actúe, es su deber y su responsabilidad. El problema no es la división entre las comunidades, es la intervención criminal, la intervención de los ocupantes de mala fe, aquellos que se beneficiaron del paramilitarismo o que son ellas y ellos mismos paramilitares. Señor VicePresidente, actúe eficazmente, evite nuevos crímenes, actúe en conciencia.
Señor Ministro del Interior FABIO VALENCIA COSSIO actúe en conciencia y en derecho, no deshaga lo que realizó la exviceministra MARÍA ISABEL NIETO, sea vigilante de los silencios de sus delegadas y de las palabras de las mismas, diferencien sus actuaciones, de las operaciones criminales que controlan el bajo Atrato y actúen en derecho, en conformidad con lo que manifiestan las resoluciones del Incora, del Incoder y de la Superintendencia de Notariado y Registro, la ley 70, su decreto reglamentario 1745, el auto 222 de la Corte Constitucional.
Señor Ministro de Relaciones Exteriores, JAIME BERMÚDEZ, la Corte Interamericana ha resuelto medidas a favor de ENRIQUE PETRO, ¿qué medidas especificas va a adoptar para evitar que lo asesinen? La Organización Internacional del Trabajo, OIT, también se ha manifestado respecto al caso, ¿qué medidas va adoptar, de acuerdo con sus responsabilidades institucionales?. La situación de la vida e integridad de las y los defensores de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz, cobijados con medidas provisionales está en alto riesgo, qué medidas se van adoptar de modo definitivo?
Ustedes señor VicePresidente y Ministro tienen el poder para actuar con transparencia, con eficacia, y en derecho, ¿es eso mucho exigir, cuando para todo el mundo es evidente que el problema es de voluntad política y la que criminalidad está viva en el bajo Atrato, donde persiste el conflicto armado interno?
Con profunda preocupación,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz