Nuevo desplazamiento forzado contra reclamante de tierra Sigifredo Bravo Pertuz
Desde el 21 de noviembre de 2013, Sigifredo Bravo Pertuz, su compañera María de la Paz Velásquez y sus menores hijos, reclamantes de tierras en el Urabá antioqueño, han tenido que desplazarse forzadamente de su domicilio cerca de Valencia (Córdoba), por hostigamientos de paramilitares, luego del asesinato de su vecino y también reclamante de tierras, Gildardo Antonio Padilla Ortega, el 17 de noviembre de 2013.
Sigifredo Bravo Pertuz, campesino y líder de varios procesos de restitución de tierras, que desde 1996 ha enfrentado cuatro desplazamientos motivados por el despojo de tierras. Fue socio de la Cooperativa de Trabajadores de Agro de Blanquicet municipio del que fue desplazado, junto con los demás miembros de la Cooperativa, por grupos paramilitares.; Posteriormente fue desplazado forzadamente del predio La Esperanza por la vía panamericana del Urabá antioqueño en 1996, junto a doce familias declaradas como objetivo militar por los paramilitares comandados por Raúl Hazbún , alias Lázaro, alias Palillo y alias 55.
Con el propósito de empezar una nueva vida, Sigifredo y su grupo familiar, desde el año 2000, inicio posesión pacifica de la parcela Darien Tmaradó por la vía Panamericana en el km 27, que a pesar de que le fuera adjudicado por el Incora en el 2003 fue obligado en 2004 a venderlo a bajo precio por los mismos paramilitares Raúl Hazbún, alias Lázaro, alias Palillo y alias 55 siendo despojado y desplazado forzadamente por segunda vez.
Sigifredo Bravo Pertuz y su grupo familiar se trasladaron a Valencia (Córdoba) desde el año 2004. A pesar de la distancia siguió reclamando sus tierras despojadas en el Urabá. Los paramilitares, inducidos por alias Napo, continuaron amenazando a los campesinos de Cootragroblan. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, por solicitud de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, dictó medidas cautelares el 1º de septiembre de 2006 a favor de las familias Maussa, Rodríguez, Bravo Pertuz y Tordecilla Cordero, miembros de Cootragroblan, quienes manifestaron temor ante posibles represalias por no ceder ante las presiones de los paramilitares que tomaron posesión de sus tierras y por haber activado el proceso judicial para lograr la restitución de la propiedad . Después de más de 10 años de despojo, les fue devuelta la tierra de Cootragroblan en junio de 2007. Pese a que el despojo de tierras fue comprobado judicialmente y la fiscalía de Chigorodó ordenó su entrega material, varias familias de la Cooperativa no pudieron regresar a Blanquiset, por amenazas e intimidaciones de los grupos paramilitares, que continuaban controlando la región. Por la ausencia de garantías varios líderes del proceso de restitución tuvieron que salir de Blanquicet. Este el caso del líder Oscar Maussa, quien posteriormente, fue asesinado el 24 de noviembre de 2010, en San Juan de Nepomuceno, luego de regresar de una diligencia judicial en Cartagena, donde reconoció a “alias 55”, uno de los mandos paramilitares responsable del desplazamiento. En julio de 2008 Sigifredo Bravo compró un predio en la vereda Rusia-La Mina, en la vía de Valencia a San Pedro de Urabá, pero no le fue permitido ocuparlo, por una disputa que existía previamente sobre unas mejoras que había entre el anterior dueño con una familia de apellido Negrete. Cuando Sigifredo intentó ocupar su legítima propiedad en marzo de 2013, paramilitares que dominan la zona le advirtieron que debía desocupar la parcela de la vereda Rusia-La Mina haciéndole saber que conocían de sus antecedentes como reclamante de tierras en Urabá. Sin embargo, Sigifredo continuó trabajando intermitentemente en su tierra.
El 29 de octubre de 2013 asistió junto a su vecino de Valencia, Gildardo Antonio Padilla Ortega, al municipio de Apartadó a unas entrevistas a las que fueron citados por la Unidad Nacional de Análisis y Contexto de la Fiscalía para ampliar sobre sus despojos en el Urabá. La entrevista la rindieron junto a 25 campesinos desplazados de Chigorodó en un proceso donde se investiga el despojo de las tierras de la vía panamericana. En su condición de reclamante de tierras, Gildardo Padilla se había unido con Sigifredo Bravo Pertuz, dada su vecindad en Valencia, para insistir conjuntamente en sus reivindicaciones y acompañarse en sus gestiones, siendo cotidiana su cercanía.
Nuevamente, el 16 de noviembre de 2013, dos hombres en moto vinieron hasta el predio en Rusia-La Mina y le dejaron a Sigifredo la advertencia de que “no tenía permiso de entrar en la parcela”, por lo cual Sigifredo no volvió a su predio reconociendo la advertencia de aquellos hombres pertenecientes al grupo paramilitar que domina la zona y de presencia inocultable en Valencia.
Sus tensiones aumentaron cuando al siguiente día, el domingo 17 de noviembre de 2013, aproximadamente a las 6 de la tarde, su compañero de reclamos, Gildardo Antonio Padilla Ortega, fue acribillado a bala por dos sicarios cuando regresaba de la misma vereda La Rusia hacia el municipio de Valencia (Córdoba) .
A partir de ahí, Sigifredo tuvo que ocultarse en su rancho en el barrio La Cruz, en Valencia, observando la presencia inusitada de hombres a pie y en motos rondando por su vecindario, por lo que tuvo que salir desplazado nuevamente el 21 de noviembre de 2013, denunciando su situación ante la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, la compañera de Sigifredo, María de la Paz Velásquez fue seguida por hombres y por ello pidió el auxilio de la Policía, saliendo también desplazada de Valencia el 27 de noviembre de 2013 junto con sus menores hijos.
En la actualidad el municipio de Valencia- Córdoba está controlado por grupos paramilitares que actúan en plena convivencia con las autoridades de policía del municipio. Tanto en el casco urbano como en la cabecera municipal hacen presencia sus integrantes, que se ubican a distancias cortas unos de los otros y ejercen actividades de control social y territorial
El 21 de octubre de de 2013 la Unidad Nacional de protección informó al señor Sigifredo Bravo la decisión del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM- según la cual “en resultado del estudio de nivel de riesgo (…) fue ponderado como ORDINARIO, por lo que “no puede ser beneficiario del Programa de Protección, liderado por al Unidad Nacional de Protección”. El pasado 23 de mayo, en el marco de la última reunión de seguimiento y concertación de medidas cautelares, el señor Bravo había informado a las autoridades el grave contexto del municipio de Valencia.
La Comisión Colombiana de Juristas y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz urgen a las autoridades y particularmente a la Fiscalía General de la Nación, a la Unidad de Restitución de Tierras y a la Unidad Nacional de Protección, a actuar con celeridad para que se investiguen a fondo estos hechos, se brinde la protección adecuada y se reactiven las medidas cautelares de protección frente al riesgo extraordinario que pende sobre la vida e integridad personal de Sigifredo Bravo Pertuz y su familia.
Bogotá, 28 de noviembre de 2013
Comisión Colombiana de Juristas
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz