Incapacidad de Estado para proteger a líderesa en Curvaradó
Tras brindar sus testimonios a una delegación británica, Yomaira Mendoza, recibió en tres ocasiones amenazas de muerte con mensajes de texto.
Hoy en la mañana uno de los mensajes fue enviado desde el número de celular 3205920226 en el que le manifestaron que estuvo en la reunión “con esos gringos” y por estar “peleando la tierra te ba (sic) a sobrar ensima (sic)”
Posteriormente, luego que la delegación abandonara la Zona Humanitaria de Caño Manso recibió otro mensaje desde el número 3205920226 en intimidan diciendo que había quedado sola y “no había quien la protegiera”
Horas antes de que la misión británica ingresara al territorio colectivo, Yomaira Mendoza había sido amenazada con el siguiente mensaje: “mi patrón tiene plata y dinero, podemos hacer lo que sea”
Frente a las reiteradas amenazas contra esta lideresa reclamante de tierras, la policía manifestó que no tenían capacidad de rastrear los mensajes “por que la ley de inteligencia es muy nueva“.
Frente a la exigencia de medidas de seguridad con presencia perimetral de las fuerzas militares frente a las amenazas de muerte el ejército manifestó que había salido de predios colectivos de Caño Manso, Curvaradó, para cubrir las elecciones.
Por su parte, la Unidad de Protección, se negó a realizar el estudio de riesgo de la líderesa, argumentando que ir a Caño Manso es riesgoso y ella debe dirigirse a otro lugar.
Las amenazas sobre Yomaira se han agudizado desde enero pasado luego de aportar con su testimonio elementos sustanciales en la investigación que la Fiscalía adelanta por el despojo de tierras que implica a empresarios en predios comunitarios de los consejos comunitarios de Llano Rico, Apartadocito y Caño Manso en Curvaradó.
Yomaira y Enrique Cabezas, han sido blanco de amenazas de muerte con la misma técnica y por las mismas estructuras criminales de tipo paramilitar que protegen intereses de los empresarios ocupantes de mala fe.
La serie de amenazas de muerte, la continuidad de las operaciones empresariales beneficiarias de operaciones paramilitares como las palmeras, bananeras, yuqueros y de ganadería extensiva bovina y bufalina, indican la incapacidad para generar garantías para la restitución de los predios colectivos.
Al lado de estas situaciones de hecho, el gobierno promueve la posibilidad de alianzas productivas con sectores empresariales legitimando, implícitamente, agro negocios sustentados en violaciones de derechos humanos, daños ambientales y despojo.
Bogotá, D.C febrero 26 de 2014
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz