Desprotección estatal a consejos menores de Curvaradó y Jiguamiandó
Nuevamente nuestra segunda Constancia Histórica y Censura Ética en menos de 8 días, y la 8a desde el mes de agosto de 2010 en el inicio del gobierno del presidente JUAN MANUEL SANTOS, ante la ausencia de voluntad política real de las fuerzas militares y de la policía de Urabá para proteger la vida e integridad de los integrantes de los consejos menores que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad en Jiguamiandó y Curvaradó.
Bogotá, D.C. abril 10 de 2011
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministerio del Interior
MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
JUAN CAMILO RESTREPO
Ministro de Agricultura
VIVIANE MORALES
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDOÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
JUAN MANUEL OSPINA
Gerente del Incoder
“Yo, como cordero manso, llevado al matadero, ahora sé los planes homicidas que contra mí se planean”
Relectura de Jeremías 11,19
La abdicación de sus responsabilidades en materia de protección de la población sucede justo cuando los paramilitares de las “águilas negras” que conviven junto con autoridades, de todo nivel en Belén de Bajirá, han diseñado un plan de ejecuciones selectivas y en condiciones extrañas de las y los defensores de la restitución y de los predios colectivos y del medio ambiente en derecho, como lo expresan las diversas decisiones y fallos judiciales, administrativos y constitucionales.
Por eso no es extraño que los paramilitares estén celebrando la decisión de cesar las actividades abiertas de control militar de la brigada 17, y que los ocupantes de mala fe, sostengan a viva voz, que lograron su propósito de que los efectivos regulares se muevan. Muy mal visto sería ante la comunidad internacional que se continúen constatando las interacciones militares y paramilitares y que ocurran crímenes al lado, en frente o en presencia de la fuerza pública.
Muy mal precedente que ante el eventual trecho que acerca a Colombia de una firma de acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea se produzcan atentados y violaciones de derechos humanos frente a afromestizos e indígenas, de ahí, que las muertes anunciadas deben ser “selectivas” y hacerlas aparecer como en extrañas circunstancias. Y evidentemente vendrán exhaustivas investigaciones, que no son otra cosa, que la formalización de la injusticia, en realidad ritual de la impunidad.
Justo ahí, en la impunidad en que cabalgan militares como RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS, y empresarios y para empresarios, en procesos lentos, poco diligentes, sin tipos penales coherentes con la criminalidad que se forjó desde 1996, con conocimiento en ese momento del gobernador de Antioquia, ÁLVARO URIBE VÉLEZ y en sus dos períodos de gobierno, en los que pretendió legalizar la ilegalidad con una restitución a la medida de los victimarios.
Ante ustedes nuestra Constancia Histórica respecto al ardid empresarial y paramilitar para evitar una restitución en derecho.
*Viernes 8 de abril hacia las 2:08 p.m., en Jiguamiandó, Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo, a la margen derecha aguas abajo del río Jiguamiandó a una distancia aproximada de doscientos metros del lugar humanitario, se escucharon descargas de ráfagas de fusil en el lugar en que se encuentran campamentos militares de la brigada 17.
Según información suministrada por el gobierno civil, se trató de hostigamientos por parte de la guerrilla de las FARC-EP. Algunas fuentes castrenses falazmente sostuvieron que el ataque armado se produjo desde el lugar humanitario.
*Sábado 9 de abril hacia las 6:00 a.m. miembros de los consejos menores de la Zona Humanitaria de Caño Manso constataron el retiro de los efectivos regulares de la brigada 17 de su labor de control perimetral del espacio humanitario.
*Sábado 9 de abril hacia las 8:00 a.m., en el caserío de Caracolí JOSÉ BUITRAGO, administrador de los empresarios y ocupantes de mala fe, de la empresa “La Tukeka”, propiedad de la familia ARGOTE, gritó a la lideresa del consejo menor de Caracolí: “Ya logramos lo que queríamos, se va el ejército, aquí mandamos, y a ustedes los van a sacar del territorio, las ONG los han estado engañando diciendo que van a recuperar el territorio” y se retiró enseguida.
BUITRAGO se acercó en un caballo para dar esta información hasta el lugar donde todas las noches los integrantes del consejo menor duermen para evitar que el ganado destruya sus cosechas.
Hacia las 9:00 a.m. aproximadamente los integrantes del consejo menor de la Zona Humanitaria de Caracolí fueron informados por algunos soldados de la brigada 17 que habían recibido de la comandancia la orden de retirarse en horas de la madrugada. La orden la recibieron luego de la media noche, y al proponer moverse a otras horas les manifestaron que la orden se cumplía.
Algunos de los soldados manifestaron su preocupación por esa orden debido al riesgo en que quedan expuestos por los armados y los empresarios. “Ustedes tienen la razón pero las órdenes son de arriba, ustedes saben a quién quieren y debemos proteger”
A eso de las 10:54 a.m. se conoció por parte de sectores del gobierno que los militares argumentan que no podrán estar en lugares fijos, como en los alrededores de los lugares humanitarios de Curvaradó brindando protección perimetral para evitar ataques de los “terroristas”.
Los militares han argumentado que se retiran del entorno de las Zonas Humanitarias por el ataque del día anterior donde se sostiene, falazmente, que fueron atacados por la guerrilla desde una Zona Humanitaria.
Hacia las 9:20 p.m., en la Zona Humanitaria de Camelias, miembros del consejo menor sorprendieron a un hombre husmeando en el interior del lugar humanitario, al ser ubicado este emprendió la huida.
*Domingo 10 de abril hacia las 6:00 a.m., se constató la ausencia de presencia militar perimetral del lugar humanitario en el que habita el miembro del consejo menor de Andalucía, ENRIQUE PETRO.
Según se conoció, desde el viernes en la noche los militares se desplazaron del puente de Caño Claro, cerca de la Zona Humanitaria de Andalucía, dejando de lado sus actividades de control perimetral.
A las 11:30 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que delegados de empresarios ocupantes de mala fe se reunieron a las afueras de Belén de Bajirá y han sostenido conversaciones con “autoridades” policiales y militares. De acuerdo con otra fuente, los paramilitares han reforzado sus operaciones abiertas en diversas partes de Curvaradó, sosteniendo que: “aquí mandamos nosotros, qué se creen los gringos y algunos del gobierno”.
* Domingo 10 de abril hacia las 7:30 p.m., se constató la ausencia de control militar perimetral en la Zona Humanitaria de “Argenito Diaz” de Llano Rico donde habita el miembro del Consejo Comunitario GUILLERMO DIAZ.
Nuestra Censura Ética ante las oscuros e inconfesables intereses que se muestran a través de estas decisiones tácticas o estratégicas en términos de protección de los intereses empresariales y de favorecimiento de la ilegalidad. Este escrito vuelve a recordar la responsabilidad constitucional y en derecho internacional de la protección debida, eficaz y oportuna de los civiles, en este caso, integrantes de los consejos menores de Curvaradó y Jiguamiandó.
Las fuerzas militares saben que las familias están protegidas con órdenes emanadas de la Corte Interamericana de derechos humanos, que ante la Comisión Interamericana cursa una petición donde la totalidad de las familias de los consejos menores que habitan en Curvaradó y Jiguamiandó son víctimas y que son vigentes los Autos de la Corte Constitucional.
Nuestra Censura ante el uso de pretextos militares, no probados, para justificar excusas en materia de protección. Pero, no hay excusa alguna para que sucedan nuevos daños irreparables a la vida e integridad de los miembros de los consejos menores, de sus lideresas y líderes, cuando estos están siendo amenazados por una estrategia empresarial y paramilitar criminal. La connivencia con los efectivos irregulares de los paramilitares han sido constatadas por los pobladores de la región y observadores nacionales e internacionales, periodistas y delegaciones de diverso tipo que han ido a la región.
Es evidente que el guerrero, el que aplica la fuerza lo hace con absoluta alevosía contra las víctimas a las que ofende nuevamente acusándolas de ser responsable de operaciones guerrilleras contra la fuerza pública. La pretensión deslegitimar las iniciativas humanitarias de los integrantes de los consejos menores, las acusaciones, son las mismas mentiras repetidas y una y otra vez, en medios regionales nacionales e internacionales pretendiendo hacer ver a las comunidades como guerrilleras o “terroristas”. Y evidentemente con la fuerza que da la legitimidad de la palabra de una autoridad, así sea mentira, se generan dudas o se cree en esa verdad mentirosa. Es la nueva revictimización, de la que el general GIRALDO se ufanó de negar, cuando afirmó que en la región no había paramilitares, cuando él, justo él lo sabe, y sabe que es una realidad de apuño.
La decisión militar está abriendo paso a la protección de los intereses de los ocupantes de mala fe, a su ocupación ilegal de los predios colectivos con el apoyo de grupos armados privados o de paramilitares en sus pretensiones de evitar una restitución en derecho y lograr una restitución simulada de predios o a la medida de los victimarios, donde continúe el desarrollo de agronegocios de palma, de ganadería extensiva, de extracción forestal y minera.
Ante ustedes nuestra Censura Ética y nuestra apelación para que adopten sin dilación medidas administrativas sobre la fuerza pública y en materia de investigación para que se precisen las responsabilidades de los hechos ocurrido e Jiguamiandó el pasado viernes y se de cumplimiento irrestricto a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional se nos informe:
1. ¿Qué medidas en conformidad con el deber internacional de protección sobre los integrantes de los consejos menores de Curvaradó y Jiguamiandó se han adoptado desde el 7 de abril de 2011?
2. Se precise ¿qué medidas se van adoptar de carácter preventivo sobre las estructuras irregulares de paramilitares que han diseñado un plan de asesinatos selectivos?
3. Se informe qué actuaciones diligentes emanarán de la Fiscal General de la Nación, VIVIANE MORALES, ante la impunidad reinante frente a los graves y sistemáticos hechos que vienen siendo de conocimiento del ente investigador desde octubre de 1996?
4. Finalmente, Señor Presidente, como Comandante máximo de las Fuerzas Militares y como gestor de iniciativas de restitución de tierras, ¿qué medidas va adoptar de manera inmediata ante la burla de que vienen siendo objeto sus palabras por parte de empresarios beneficiarios y paramilitares que actúan a la sombra de la brigada 17 y la Policía de Urabá?.
De toda consideración, con profunda preocupación e indignación,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz