Estado arremete contra la pequeña minería artesanal e intenta limitar el alcance de las consultas populares
Desde hace algo más de tres siglos la minería artesanal ha hecho presencia en el nordeste antioqueño y se ha institucionalizado como una forma de trabajo y subsistencia de los pequeños mineros de la región; ahora una serie de decretos y leyes del Gobierno han establecido un modelo económico arbitrario que genera desmedidos privilegios a la multinacional Gran Colombia Gold, que quiere quedarse irregularmente con multimillonarias ganancias y pretende ejercer el monopolio del comercio del oro.
Desde el 21 de julio, doce mil personas entre los que se encuentran campesinos, mineros, indígenas y familias que subsisten de la extracción minera de la región, adelantan un paro indefinido convocado por la Mesa Minera, con el objetivo de exigir garantías de trabajo y condiciones económicas a los pequeños mineros tradicionales y rechazar las prebendas de los títulos mineros a la multinacional Gran Colombia Gold; lo ilegal en este caso, es la presencia de “la confianza inversionista” a favor el capital foráneo.
El tratamiento dado por el Gobernador de Antioquia Luis Pérez y el gobierno Nacional es de violencia desbordada, hay toques de queda, estigmatización a los dirigentes de la protesta, el uso de armas de fuego del Esmad contra los manifestantes: en el municipio de Remedios 17 heridos, y en Segovia 7 heridos por arma de fuego, además hay allanamientos sin orden judicial y el señalamiento de “infiltración” de actores armados ilegales.
La USO exige del Gobierno Departamental y nacional la desmilitarización de la región, el respeto a los derechos humanos y el DIH, el uso del diálogo y la concertación entre las partes para llegar a un arreglo respetando los derechos laborales de los mineros y los derechos de las comunidades; exigimos la salida de la multinacional Gran Colombia Gold del país.
De otro lado, el desarrollo de un extractivismo devastador de los derechos laborales, del bienestar de las comunidades, de los recursos de la naturaleza, ha llevado a poblaciones enteras a hacer uso del recurso constitucional de las consultas populares en pos de una política minero energética de carácter nacional, para el bien del país y no de los mezquinos intereses del capital multinacional. Estas consultas populares demuestran que el discurso de desarrollo de los Gobiernos ha fracasado.
Paradójicamente nuestra riqueza del oro, el petróleo o el carbón, termino convirtiendo a Colombia en sinónimo de pobreza, depredación de nuestra agricultura y afectación generalizada a la salud.
Recientemente el Consejo de Estado recordó a las autoridades que las consultas convocadas por el pueblo son definitivas y de obligatorio cumplimiento; en su fallo dice que: “La consulta popular es una manifestación de contenido político con plenas consecuencias jurídicas.
Ahora el Gobierno, su ministro de Hacienda y los empresarios del sector minero energético anuncian proyectos de ley que buscan torcerle el cuello a la Constitución y la ley para limitar el derecho de las consultas populares y favorecer la voracidad del capital transnacional y su afán depredador, si eso es así se duplicaran las movilizaciones populares en todo el país.
LA USO ve positivamente un aumento de la conciencia social sobre la idea de una política minero, energética y ambiental de sentido nacional, democrático y de la mano con nuestras realidades y necesidades; en tal sentido las Consultas de las comunidades se vienen extendiendo alrededor de inquietudes, objetivos e intereses muy variados. La USO no solo saluda esta nueva dinámica social sino que establecerá un dialogo con cada una de ellas en la idea de encontrar puntos de consenso e ir consolidando desde la Mesa Social minero-energética y ambiental por la paz, un gran dialogo nacional para una política minero, energética y ambiental soberana y democrática.
Bogota, Agosto 4 de 2017
Unión Sindical Obrera –USO
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