Avanza proyecto minero en territorio colectivo de manera inconsulta
Hoy viernes 26 de mayo en horas de media mañana en territorio colectivo de Curvaradó, pobladores afrocolombianos y afromestizos observaron la movilidad de una máquina retro excavadora que viene subiendo por el río Curvaradó a la altura de la comunidad de Llano Rico.
La maquinaria al parecer es propiedad de la Gold Ilimitada y su representante legal es Horacio Hugo Barrios. Se conoció que esta maquinaria es parte de la que ingresará la Comercializadora La Nueva Era Nro 1, operadora en la que Olga Patricia Córdoba Gene es su representante legal.
La operación empresarial en Curvaradó se realiza sin consulta ni permiso de las comunidades locales, es un nuevo abuso de autoridad y extralimitación de funciones de la Junta del Consejo Comunitario, elegido en condiciones de exclusión de afromestizos y afrocolombianos
Se conoció que la minera suscribió un contrato N° 7251 de 18 de julio de 2006, en el que expresa que, se realizará en el área de 4.945 hectáreas en jurisdicción del municipio de Mutatá
Es de anotar que este mismo viernes a las 3:00 p.m., el presidente del Consejo Mayor de Curvaradó, Ever Rentería, realizó una reunión en Llano Rico territorio colectivo de Curvaradó, manifestando que es mejor que los pobladores cambien la junta del Consejo local de Apartadocito.
Rentería, argumentó “que es mejor que cambien de junta, debido a que para ese sector se vienen proyectos de minería y agricultura” y se iba dragar el río Curvaradó.
Se conoció de un proyecto inconsulto de agricultura con el que se proyecta la siembra de 1.000 ha de Sacha Inchi, del cual se extrae aceite para la cocina y uso cosmético.
En medio del control social de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” (AGC), de la ausencia de saneamiento de la propiedad colectiva, de la ocupación de la tierra por beneficiarios del paramilitarismo y de agronegocios ilegales e irregulares de exportación de banano, de la ganadería, avanzan sin protección del Estado nuevos negocios contra los derechos de las comunidades y el ambiente.
El Estado operan sin ninguna acción real de protección de la vida y de la propiedad, la justicia es la ilegalidad y la irregularidad.
Bogotá, D.C., mayo 26 de 2017
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz