Arrasan bosque primario y bienes para agronegocios ilegales
Se contabilizan 15 trabajadores encargados de hacer la limpieza a 100 hectáreas de predios colectivos con la destrucción de las siembras de autoconsumo, en su mayoría de plátano, yuca y árboles frutales, 16 hombres tumbaron con motosierras el bosque primario.
Diego Cárdenas de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, sin autorización alguna de las familias propietarias Bedoya, López Londoño, Londoño, Polo, y Correa, midió las fincas en las que se implementarían los proyectos de plátano y palma aceitera.
El sábado 25 de marzo en horas de la tarde Jairo Arboleda de ANT midió sin consentimiento alguno en el interior de la Zona de Biodiversidad “Mi Tierra” de propiedad de la familia Bedoya. El funcionario por segunda vez ingresó a la Zona de Biodiversidad, el lunes 27 de marzo y ante el requerimiento de la familia, alegó que estaba midiendo para un proyecto vial que conectará las fincas.
El martes 28 de marzo desde las 8 a.m. ingresaron de manera inconsulta a la Zona de Biodiversidad “La Esperanza”, en límites entre el territorio colectivo de Curvaradó y Pedeguita Mansilla.
En la propiedad del líder comunitario Eleodoro Polo Meza, 11 hombres realizaron adecuaciones en un área de 2 hectáreas para la siembra de plátano de exportación.
Los trabajadores afirmaron contar con la autorización de representante legal del Consejo Comunitario Baldoino Mosquera quien en contravía de la ley 70 y abusando de su cargo desconociendo a los propietarios del consejo comunitario para favorecer a la empresa Agropecuaria Campesina AGROMAR S.A.
La junta del Consejo Comunitario de Pedeguita y Mansilla firmó sin consulta ni consentimiento de la comunidad la entrega de 20.000 hectáreas de tierra por un periodo de 100 años, prorrogables en el tiempo.
Las ausencia de intervención de autoridades que protejan los derechos de propiedad y los integrantes del consejo comunitario ante las arbitrariedades y abusos de poder contra la ley 70 y la Constitución Nacional están legitimando una nueva forma de despojo.
Bogotá, D.C., marzo 29 de 2017
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz