220 familias desplazadas, dos líderes asesinados, y 45 asesinados
Luego de cinco meses del desplazamiento forzado de 300 personas de la comunidad de San Francisco, Consejo Comunitario Mosquera Norte, ODEMA, municipio de Mosquera, Nariño, el gobierno ha incumplido sus obligaciones en atención integral conforme a ley 387 de atención a desplazados internos, y al derecho internacional humanitario en materia de techo, alimentación, salud y protección.
Desde el lunes 26 de agosto de 2019 a las 6:00 a.m. en los territorios colectivos de la comunidad de San Francisco, un enfrentamiento armado entre el Frente 30 de las FARC y un grupo armado descendiente del, ya asesinado, alias “Guacho” produjo el desplazamiento de esta comunidad afrocolombiana.
220 familias se desplazaron hacia los corregimientos Playa Nueva y El Firme, en la cabecera municipal de Olaya Herrera, y algunas hacia la cabecera municipal de Mosquera. Algunas de las familias se refugiaron en casas de amigos y familiares. De agosto a hoy el conjunto de familias del Consejo Comunitario se encuentran dispersas y fragmentadas, y pocas familias reunificadas.
En el mes de noviembre, tres meses después, las familias recibieron un mercado por un valor de $60.000 por parte de la administración municipal. Al momento es la única ayuda que han obtenido, las autoridades locales y nacionales han desconocido por completo la situación.
De acuerdo con algunos de los pobladores las operaciones militares del Ejército Nacional y de la Infantería Marina en nada han generado garantías de seguridad, pues existe una libre movilidad de grupos criminales que circulan por las áreas de presencia de unidades regulares, mientras que en donde opera el Frente 30 se conoce de contactos armados.
Durante el último año, en el territorio se presentaron constantes amenazas de muerte contra varios de los líderes del Consejo Comunitario. Se han producido asesinatos de por lo menos de dos líderes sociales. Debido a la presencia de irregulares, el 2 de junio pasado fue asesinado el líder Carlos Jimmy Prado y en fecha sin corroborar Jefferson Preciado.
En desarrollo en operaciones armadas los desplazados conocen y contabilizan la muerte de once vendedores de droga, siete trabajadoras sexuales y 27 venezolanos. Varios de los ciudadanos venezolanos son asesinados porque se les señala de ser parte del grupo que comando “Guacho”.
La crisis humanitaria y de derechos humanos es muy grave, sin ser atendida por el gobierno nacional, que con desdén, deja en manos del municipio una respuesta que desborda su capacidad. Las comunidades desplazadas exigen se brinden garantías para retornar a su territorio y que se implemente una política pública de atención a la población desplazada y se convoque al Comité de Justicia Transicional para examinar la situación.
Bogotá D.C., 31 de enero de 2020
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
