Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Lunes, septiembre 26 de 2016
 

Paz

Propuesta de la guerrilla de las FARC para la discusión del punto 5, Víctimas

Miércoles 10 de septiembre de 2014

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La delegación de paz de las FARC en la Habana hicieron público el documento “Hacia una nueva Colombia sin víctimas” que contiene las propuestas orientadoras para la discusión del punto 5 de la agenda sobre las víctimas. El documento plantea las necesidades de reconocer las víctimas, reconocer las responsabilidades sobre las víctimas de todos los actores del conflicto, la satisfacción de sus derechos, la necesidad de la participación de las víctimas como sujetos en la construcción de la paz, la reparación, el esclarecimiento de la verdad, así como garantías de protección y de seguridad al lado de las garantías de no repetición.

También plantean como muy importante mantener la discusión en el marco de la garantía de los derechos y mencionan la reconciliación como otro de los puntos necesarios para avanzar hacia una Colombia sin víctimas.

“HACIA UNA NUEVA COLOMBIA SIN VICTIMAS”
PROPUESTAS ORIENTADORES PARA LA DISCUSIÓN DEL PUNTO 5 DE LA AGENDA, “VÍCTIMAS”

Documento de discusión para la opinión pública y a la Mesa de Dialogo.
La Habana, septiembre 9 de 2014.

Tal como se estableció en el preámbulo del Acuerdo General de La Habana, “El respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional es un fin del Estado que debe promoverse”.

En el punto 5 de su Agenda se expresa que “resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo”.

Nos felicitamos por que el anterior compromiso, asumido como eje central de cualquier acuerdo, haya convertido el actual proceso de conversaciones de La Habana en un caso único en la historia del derecho internacional y de los distintos procesos de conversaciones para la finalización de conflictos armados habidos hasta ahora, tal y como lo vienen manifestando distintas voces autorizadas entre la comunidad internacional de defensores de los derechos humanos. Como ya hemos manifestado anteriormente, las FARC- EP hacemos nuestra la diáfana definición de víctimas establecida por las Naciones Unidas, a la vez que hemos puesto de manifiesto nuestros criterios y puntos de vista sobre el origen del conflicto armado, sus causas y su devenir, sobre la existencia del conflicto armado interno antes de nuestra constitución como organización guerrillera, nuestro carácter de organización surgida de la victimización de la población campesina y otros sectores populares, así como nuestra asunción de la realidad de la victimización habida en Colombia manifestada por los estudios más rigurosos efectuados y las estadísticas más fiables, elaborados unos y otras por organismos académicos independientes e instituciones internacionales , incluso aunque podamos discrepar de los anteriores en aspectos parciales.

Reconocemos en las víctimas del conflicto armado el sujeto político activo sobre el que deberá descansar la construcción de la Nueva Colombia que aspiramos a alumbrar tras la llegada de una paz necesariamente con justicia social, proceso del que deberán ser protagonistas, -por lo que reivindicamos una nueva Asamblea Constituyente-, desechando con ello las visiones que consideran a las víctimas únicamente como sujetos pasivos de la realidad colombiana, meras destinatarias de asistencia social en el mejor de los casos y de las que habría que compadecerse.
Convencidos por tanto de que la satisfacción de los derechos de las víctimas hace parte fundamental de las garantías para la conquista de la paz, y que la terminación del conflicto contribuirá decididamente a la satisfacción de esos derechos, formulamos las siguientes propuestas orientadoras para la discusión del punto 5 de la agenda sobre Víctimas, discusión que necesariamente debe estar presidida por el desarrollo de los diez principios sobre víctimas ya acordados por las partes y que han sustentado los debates en los distintos Foros nacionales sobre víctimas:

PRINCIPIO 1. “El reconocimiento de las víctimas: Es necesario reconocer a todas las víctimas del conflicto, no solo en su condición de víctimas, sino también y principalmente, en su condición de ciudadanos con derechos.”

1º.- Contexto: La Ley 1448 de 2011, de Víctimas y restitución de tierras únicamente reconoce la condición de víctimas a aquellas personas victimizadas por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985. Sin embargo, en Colombia existen víctimas causadas por hechos que se inician ya desde los propios albores de la década de los años 30 del siglo pasado y como consecuencia de los tímidos intentos de reforma agraria que supuso la Ley 200 de 1936. La victimización continuó de manera consciente -tanto por la acción del Estado como por posturas y maniobras de sectores vinculados al establecimiento-, al menos desde esa década hasta la actualidad, por lo que la arbitrariedad con la que la Ley 1448 señala una fecha al azar para el reconocimiento de las víctimas excluye a miles de éstas del alcance de la citada norma y por tanto les niega reconocimiento .

Todas las víctimas provocadas por el conflicto armado interno colombiano deben ser reconocidas como tales por el Estado y por la sociedad en general, no siendo admisible el establecimiento de un límite temporal aleatorio para el reconocimiento de éstas. En el marco de la discusión sobre el Principio 6º relativo a las víctimas, Reparación, se deberán establecer los mecanismos de reparación de que deben disfrutar cada persona victimizada, atendiendo a los criterios que se establezcan por las partes recogiendo a su vez los criterios manifestados por las organizaciones de víctimas. Deberán contemplarse reparaciones simbólicas por parte del Estado respecto a aquellas víctimas que hayan fallecido o no puedan ser identificadas.
2º.- Propuestas de trabajo: deberán abordarse los siguientes puntos de discusión:
a) Víctimas causadas por el conflicto social y armado colombiano al menos desde la década del 30 del pasado siglo a la actualidad: reconocimiento pleno de su calidad de víctimas y garantía de acceso a la totalidad de los derechos constitucionales -incluidos derechos económicos y sociales- reconocidos a los colombianos
b) Identificación de los agentes de victimización existentes en cada periodo con el fin de garantizar el reconocimiento de derechos a las víctimas de cada uno de ellos: agentes estatales, partidos políticos, gremios y empresas, compañías transnacionales, gobiernos extranjeros, iglesias, grupos paramilitares, grupos rebeldes, etc.
c) Tratamiento específico para los combatientes enfrentados en cada periodo, diferenciándolos de las víctimas no combatientes: los miembros de las fuerzas militares, policiales y de grupos rebeldes y guerrilleros son combatientes protegidos por la I, II y III Convenciones de Ginebra y por el Protocolo Adicional II, que no pueden recibir el mismo tratamiento que las víctimas no combatientes -población civil-, por expresa disposición del Derecho Internacional y del derechos interno colombiano. Ello es así conforme al principio de distinción aplicable en los conflictos armados no internacionales (CANI). Son víctimas únicamente en la medida que hayan padecido infracciones del D.I.H. aplicable a los combatientes, por lo que su tratamiento como tales víctimas no puede ser equivalente al dispensado a las víctimas provocadas entre la población civil no combatiente.

d) Identificación de la legislación interna e internacional aplicable a las víctimas del conflicto e identificación de lagunas legislativas, todo ello para generar una atención integral a las víctimas que permita garantizar la totalidad de sus derechos incluyendo en su caso la adopción de nuevas normas.

3º.- Objetivos a alcanzar:

a) Definición exacta de las categorías de víctimas atendiendo al hecho victimizante y a los periodos temporales en los que se hayan producido, para identificar el objeto de atención y adoptar las medidas necesarias para garantizar todos los derechos de todas las víctimas. Especial atención deberá darse a las familias y personas a cargo de las víctimas, a las víctimas causadas entre los miembros de las organizaciones políticas y populares de oposición, y a la victimización de familiares y amigos de miembros de las organizaciones guerrilleras, colectivos que hasta ahora no tuvieron ningún apoyo del Estado o lo tuvieron de forma insuficiente.

b) Actualización y desarrollo de la legislación interna sobre víctimas para así garantizar el pleno disfrute de la totalidad de los derechos humanos por todas las víctimas. Especial atención a la incorporación al derecho interno de los Principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de ddhh y de violaciones graves del DIH reconocidos por las NNUU
c) Definición de tratamientos específicos para comunidades victimizadas colectivamente: campesinos, sindicalistas, pueblos indígenas, afrocolombianos, colectivos políticos y sociales, mujeres, jóvenes, tercera edad, etc.

PRINCIPIO 2. “El reconocimiento de responsabilidad: Cualquier discusión de este punto debe partir del reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto. No vamos a intercambiar impunidades.”

1º.- Contexto: Una vez efectuado el pleno reconocimiento de las Víctimas del conflicto, el reconocimiento de responsabilidades implica esclarecer quienes son los verdaderos victimarios en esta guerra que nos han impuesto, determinar quienes realmente tienen responsabilidad en la generación de víctimas, analizar si estos hechos han sido perpetrados intencionalmente y si se encuentran en situación de impunidad, acordando las medidas para que dicha impunidad cese en su caso. Así, deberán determinarse métodos eficaces de acceso a la justicia para las víctimas. Para las FARC EP, el Acuerdo General para la terminación del conflicto de Agosto 2012 es el verdadero Marco Jurídico para la Paz.

Las partes en las conversaciones también deben asumir sus responsabilidades de forma expresa, respecto a los hechos victimizantes de los que sean responsables. Es el actual Gobierno quien representa al Estado en la Mesa de Conversaciones, y no resulta sostenible negarse a reconocer las responsabilidades del Estado colombiano en la victimización ocurrida con ocasión del conflicto armado interno, máxime cuando son numerosas las decisiones judiciales que han establecido dicha responsabilidad del Estado. La responsabilidad de cualquier Estado surge tanto por acción como por omisión, toda vez que es el Estado el responsable de garantizar la protección y disfrute de todos los derechos a todos los ciudadanos, lo que incluye la persecución eficaz tanto de los agentes del estado como de las fuerzas paramilitares que han provocado víctimas de forma consciente con su accionar.

Las sentencias emitidas por tribunales internacionales y nacionales respecto a víctimas producidas en el conflicto armado interno en Colombia, cada vez ordenan más medidas de reparación, como pedir perdón a las víctimas, algo a lo que hasta ahora se han negado los agentes del estado responsables de las violaciones de derechos que causaron victimizaciones, poniendo distintas trabas e impedimentos para el cumplimiento de lo establecido en sentencias judiciales.

Las FARC-EP venimos manifestando que “(...) así como demandamos el reconocimiento de responsabilidades por parte de los múltiples actores responsables, con todas las medidas y acciones que de ellas se deriven, manifestamos la voluntad de asumir las nuestras, siempre atendiendo al carácter político-militar de nuestra organización, nuestros propósitos y definiciones programáticas, nuestros planes militares para la toma del poder, nuestras normas internas y de relacionamiento con la población civil y, desde luego, las leyes de la guerra y las normas del Derecho Internacional Humanitario (...).

Cuando en algunas de nuestras acciones militares realizadas durante el conflicto se han causado víctimas no combatientes, ello nunca se ha debido a la perpetración de ataques intencionados contra la población civil, sino debido a situaciones imprevisibles en unos casos y también a errores injustificables en otros, ocasionados siempre por una accionar armado en situación de tremenda desventaja militar respecto a nuestros adversarios. Por ello, las FARC EP no nos reconocemos como “agente victimizante”, sino como perseguidos, y en tal condición hemos ejercido nuestro derecho a la rebelión, reconocido ya en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. A un ejército campesino y popular no puede exigirsele lo mismo que a un inmenso ejército regular de un Estado, a pesar de lo cual nosotros siempre nos hemos esforzado por incluir en nuestros Reglamentos normas de respeto estricto a los Derechos Humanos el DIH y por cumplirlas.

Mostramos nuestra voluntad de efectuar, durante el actual proceso de conversaciones, un acto colectivo de contrición política en reconociendo de nuestras responsabilidades, como expresión de nuestra voluntad de contribuir a una Nunca Más.

2º.- Propuesta de trabajo: deberán abordarse los siguientes puntos de discusión:
a) Determinación de los agentes victimizantes, atendiendo a las fuentes históricas y a las estadísticas producidas por instituciones y centros de estudios especializados no dependientes del Estado colombiano, todo ello respecto a las víctimas ocasionadas durante el conflicto colombiano

b) Estudio de las formas de efectuar una Declaración solemne del Estado reconociendo su responsabilidad, por acción y por omisión, en la generación de víctimas.

c) Estudio de las posibilidades, formas y plazos para efectuar el reconocimiento de sus responsabilidades por parte de cada interviniente en el conflicto distinto a las partes en las conversaciones.

3º.- Objetivos:

a) Reconocimiento de responsabilidades por el estado y otros sujetos (armados y no armados) en la generación de víctimas del conflicto, en concordancia con la realidad reflejada en las fuentes de estudio y estadísticas antes mencionadas
b) Poner en marcha mecanismo para alcanzar el fin de la impunidad que existe de facto, respecto a los responsables de hechos victimizantes considerados crímenes atroces.

c) Definir mecanismos de exigencia de responsabilidad a los responsables de crímenes atroces cometidos con ocasión del conflicto.

PRINCIPIO 3. “Satisfacción de los derechos de las víctimas: Los derechos de las víctimas del conflicto no son negociables; se trata de ponernos de acuerdo acerca de cómo deberán ser satisfechos de la mejor manera en el marco del fin del conflicto”.

1º.- Contexto: Resulta imperativo e inaplazable adoptar medidas eficaces para evitar que se sigan produciendo víctimas a consecuencia del conflicto social y armado, como así han reclamado insistentemente las víctimas del conflicto social y armado, solicitando un cese bilateral del fuego inmediato. Es necesario remover los obstáculos legales y fácticos que han impedido la plena satisfacción de los derechos de las víctimas causadas por el conflicto. Resulta imprescindible impedir la re victimización provocada por la negación de derechos a las víctimas, así como acabar con la estigmatización de las anteriores. Para ello, procede determinar con precisión los métodos y mecanismos efectivos para la satisfacción de los derechos de las víctimas.

2º.- Propuesta de trabajo: deberán abordarse los siguientes puntos de discusión:
a) Determinación de los mecanismos de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición y la protección y la seguridad. Definición de medidas de prevención de nuevas victimizaciones.

b) Determinación de los recursos que el Estado pone a disposición de las víctimas para la satisfacción de los derechos de estas: recursos económicos, sociales, culturales y educativos, humanos, infraestructuras e instalaciones, legales.
c) Analizar los impactos que la victimización ha tenido en las víctimas: impacto físico -en el momento de cometerse el hecho victimizante y al descubrir que el hecho ha ocurrido-, impacto económico e impacto psicológico.

d) Medidas de formación de profesionales que garanticen la atención integral y de calidad a las víctimas, con especial énfasis en la capacitación de funcionarios y personal encargado de atender a las víctimas.

3º.- Objetivos:

a) Acabar de forma inmediata con cualquier situación o hecho que genere nuevas víctimas a consecuencia del conflicto social y armado, a cuyo efecto deberá adoptarse como medida inmediata un alto el fuego bilateral como paso previo a la firma de un armisticio hasta que se acuerde el fin definitivo del conflicto.

b) Definir concertadamente entre las partes mecanismos e instrumentos jurídicos para garantizar los derechos de las víctimas

c) Puesta en marcha de programas y servicios de atención y asistencia a las víctimas del conflicto con el fin de satisfacer integralmente todos sus derechos, con especial énfasis en la garantía plena y con suficiente calidad de los derechos a la vivienda, a la educación en todos los niveles y a la salud. Eliminación de cualquier barrera económica, étnica y de género que impida el pleno disfrute de los anteriores derechos. Puesta en marcha de mecanismos de acceso a empleo digno y de calidad y a proyectos productivos, contando en este caso con la debida financiación a cargo del Estado.

d) Aprobación de leyes estatutarias y otras normas -previamente acordadas entre las partes- necesarias para el pleno acceso de las víctimas a todos sus derechos, tanto sus derechos constitucionales como los derivados de su condición de víctimas.
e) Aprobación de medidas de discriminación positiva -trato preferencial por tratarse de un grupo discriminado, según definición de la Corte Constitucional- de las víctimas para el acceso al disfrute de todos sus derechos humanos.

PRINCIPIO 4. “La participación de las víctimas: La discusión sobre la satisfacción de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario con ocasión del conflicto, requiere necesariamente de la participación de las víctimas, por diferentes medios y en diferentes momentos.”

1º.- Contexto: definición de los mecanismos efectivos de participación de las víctimas y sus organizaciones representativas en los puntos y temarios de las conversaciones que les atañen. De igual manera, deberán establecerse mecanismos de intervención y participación permanente de las víctimas en los programas de atención que se pongan en marcha, garantizando su participación en la definición de estos programas y de sus contenidos y formas de implementación, superando las actuales deficiencias que las víctimas y sus organizaciones representativas denuncian en esta materia. Resulta necesario establecer un sistema eficaz de consulta permanente y vinculante a las organizaciones de víctimas sobre cualquier norma que deba ser aprobada para la puesta en marcha de los programas de atención o para la garantía de la satisfacción de sus derechos.

2º.- Propuestas de trabajo: deberán abordarse los siguientes puntos de discusión:
a) Formas de participación de las organizaciones de víctimas en los puntos de la agenda de las conversaciones que les atañen.

b) Atención especial a las formas de participación de los siguientes colectivos de víctimas en el proceso de conversaciones: Unión Patriótica, campesinos, mujeres, sindicalistas, jóvenes, desplazados, pueblos originarios, afro descendiente, comunidad LGTBI, colectivos políticos y sociales victimizados y otros colectivos en riesgo de exclusión social.

c) Formas de participación de las exiliadas y los exiliados y de las personas refugiadas, quienes han sido objeto de una doble victimización: la ocasionada por el conflicto social y armado y la provocada por el desarraigo que conlleva tener que abandonar Colombia, la mayoría de las veces con escasos medios y recursos, y tendiendo que enfrentar las restricciones de derechos implícitas en las legislaciones de extranjería de muchos de los países de acogida.

d) Manifestando nuestro compromiso especial con los derechos de las mujeres víctimas, deberán discutirse los mecanismos que se adoptarán para garantizar tanto la plena satisfacción de los derechos de estas así como su papel protagónico tanto en la consecución de la paz y la reconciliación nacional como en la construcción de la nueva Colombia que surja de una acuerdo de paz.

3º.- Objetivos:

a) Garantizar la participación directa de las organizaciones de víctimas en el proceso de conversaciones en el punto 5 de la agenda, así como en aquellos otros puntos de esta que les afecten directamente, para que puedan ser escuchados sus criterios.
b) Regulación de las formas de intervención directa de las víctimas en la elaboración, diseño y ejecución de los actuales y futuros programas y servicios de atención a víctimas puestos en marcha por el estado, así como en la elaboración de la legislación sobre víctimas que deba aprobarse tras el fin de las conversaciones.

c) Acordar la elaboración y aprobación de una legislación específica que garantice la participación plena y eficaz de las mujeres en todos los niveles de adopción de decisiones para la solución del conflicto interno y en el proceso de paz.

 
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