Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Jueves, septiembre 29 de 2016
 

Informe

Plantaciones y laboratorios de coca en predios despojado del Curvaradó

Miércoles 5 de marzo de 2014

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Héctor Palacios conocido como “El coyote” o “el calvo”, el apodado "Culebro" quienes han sido vistos con trabajadores de los empresarios Coronel (r) Luis Felipe Molano, Enrique Molano y Juan Guillermo González, parecen ser los responsables de las siembras de coca y un laboratorio de cocaína en predios colectivos de Curvaradó.

Una delegación internacional constató hace unos pocos días la existencia de cultivos de hoja de coca y por lo menos, un laboratorio de procesamiento de de cocaina en la comunidad de Montería

De acuerdo con lo verificado, y diversos testimonios recogidos en en la región de Urabá y Bogotá, las plantaciones llevan más de 2 años en predios colectivos que han sido despojados.

Los insumos y la pasta de coca han pasado por las vías carreteables cercanas a la zona humanitaria de Caño Manso sin que acción alguna de la fuerza pública medie para evitar el tráfico.

En marzo de 2012, hace dos años, el gobierno nacional conoció de este cultivo ilegal. Inclusó, el mismo vehículo en que ingresaron los insumos para la producción de cocaína ingresaba la comida para el ejército que estaba presente en ese momento.

La anomalía en ese momento comunicada directamente al mando de la tropa, adscrita a la brigada 17, quien respondió ante la evidencia que era "nuevo en el lugar".

Hay que recordar que los Molano, uno de ellos integrante de ACORE, y González, son empresarios ganaderos, palmero y bananero, el segundo de ellos, beneficiarios de operaciones paramilitares en predios de comunidades negras de Curvaradó, Pedeguita y Mancilla.

Se espera que las autoridades competentes por fin se dignen tomar cartas en el asunto ante la evidencia recaudada por esta comisión internacional.

Hechos que se realizan libremente en una territorio colectivo altamente militarizado y con una base militar de la brigada 17 alli instalada sin consulta ni consentimiento de las comunidades.

Bogotá D,C 3 de marzo de 2014
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

 
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