Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Viernes, septiembre 30 de 2016
 

Medios

Violencia y pobreza, plagas que continúan azotando a Buenaventura

Elpaís.com.co

Lunes 3 de febrero de 2014

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Buenaventura es una paradoja. Tiene nueve ríos y sus habitantes no tienen agua potable todos los días. Es una de las ciudades con más presencia militar y policial de Colombia y las balaceras y asesinatos son pan de cada día. Es el principal puerto del país, por el que se mueve el 50 % del comercio exterior, pero es una de las ciudades más pobres de Colombia.

El puerto de Buenaventura le reporta al país $4 billones y allí solo se quedan $300.000 millones -por el Sistema Nacional de Participación-. El 80 % de sus habitantes vive en condiciones de pobreza y la tasa de desempleo es del 63 %.

Una enumeración de cifras que muestra una compleja realidad de una ciudad contradictoria: titulares de prensa en las secciones económicas anuncian la importancia del Puerto y sus inversiones por la Alianza del Pacífico y otros, de crónica roja, hablan de descuartizados, desaparecidos, de balaceras, de extorsiones... De violencia y miedo.

El lunes 20 de enero los medios de Buenaventura hablaron de una singular marcha. En hombros, aproximadamente 40 personas de Muro Yusti llevaron el ataúd de Luis Carlos Rentería, asesinado en ese barrio, hasta la Alcaldía. Los manifestantes le exigían al alcalde Bartolo Valencia que hiciera algo para frenar la violencia.

Hoy, junto a una de las calles donde asesinaron a Luis Carlos, un vendedor de rifas de 18 años, hay dos pasacalles que dicen “Hagamos de Buenaventura un territorio de paz y reconciliación. Secretaría de Convivencia. Progreso en Marcha”. Los instalaron dos días después de la marcha.

El joven que habla, sentado justo al lado de los pasacalles, dice que por su cabeza han ofrecido $30 millones. Es un líder, uno de los tantos amenazados en el Puerto. Explica que la situación actual es tan compleja como la del 2004 -época en la que los paramilitares se disputaban el control de las zonas de baja mar con las Farc-.

Pero el problema es más que la violencia del grupo de turno: AUC, Farc, ‘Rastrojos’, ‘Empresa’, ‘Urabeños’, ‘Chocoanos’... “Los jóvenes son utilizados, no hay trabajo y los reclutan, les dan una pistola, les pagan inicialmente un sueldo y luego cuando la plata deja de llegar cada mes, salen a robar o a extorsionar a la gente”, dice. En el Puerto nadie se libra de la extorsión, desde los tenderos hasta las vendedoras de la galería la padecen.

A Luis Carlos, asegura la gente, lo mataron por cruzar una frontera invisible. “No podemos salir a Viento Libre o a la calle Valencia o al sector pesquero”, dice el líder.

Desde hace meses en la Comuna 4 se vive una confrontación entre barrios. Allí está San José, conocido como San Yu. Este año en ese sector de casas de palafito, ubicado en la zona de baja mar, cercana al parque Néstor Burbano, se han presentado, según informes de la Acnur y la Personería, dos desplazamientos masivos que suman 261 personas.

Los habitantes de San Yu parecen recluidos en una cárcel sin rejas. “No podemos salir ni a comprar la comida a la galería de Pueblo Nuevo (ubicada a pocas cuadras) porque si salimos, pues muerte ñoño, una cuadra y morimos de plomonía, o a machete o nos pican. A la ‘Chiliprina’, una joven de acá, le dieron machete, sino es porque vienen pasando unos policías, pues la matan”, dice uno de los moradores.

Y agrega que las balaceras no las controlan ni los infantes de marina que tienen una base en la entrada de San Yu, en la frontera con Muro Yusti. El jueves pasado, antes del mediodía, se presentó otra balacera. Niños corriendo, mujeres intentando resguardarse en las casas de madera. “Nos disparaban de todas partes, no sé por qué los militares que están allí los dejaron pasar. Si no entra la Policía, no sé qué hubiera pasado”, grita un hombre de la zona cuando ve las cámaras de los periodistas.

Buenaventura es una de las ciudades con más presencia policial y militar del país. Hay 1300 policías -un uniformado por cada 258 personas, mientras que en Cali hay uno por cada 433-. Sumado a los patrullajes de la Infantería de Marina, que tiene tres batallones, y un grupo de Guardacostas, que vigilan los esteros.

Incluso, frente a los barrios de baja mar existe una especie de CAI acuático. Una lancha de la Armada permanece las 24 horas para evitar que sus hombres sean atacados desde el mar, como ocurría hace algunos años.

En barrios como Lleras y Muro Yusti los infantes tienen una base instalada. Y en otras zonas como Nayita o Viento Libre hay un grupo de militares que patrullan las 24 horas.

“¿Cómo en una ciudad tan militarizada pasa de todo? Al lado de Muro Yusti hay una base militar y sigue pasando de todo. Los de San Yu no pueden salir, las niñas no pueden ir a estudiar al colegio que queda al lado”, denuncia un miembro del Proyecto de Comunidades Negras, PCN.

Y recuerda lo ocurrido en Nayita, otra zona del Puerto donde un joven, a pocas cuadras de un grupo de infantes de marina, fue golpeado, apuñalado y luego metido en neumáticos, donde le prendieron fuego.

“Era un joven que consumía vicio y llegó a comprar droga. Como no lo reconocieron, pues lo mataron”, relata un investigador de la Fiscalía.
Este caso, sumado a los tres desplazamientos masivos de este año y a las 22 muertes violentas, una de ellas la de un joven descuartizado, llevaron al personero Álvaro Martán a pedir a la Secretaría de Gobierno que se convocara una reunión urgente.

Además, el Personero, en un comunicado, aseguró que va a solicitar una investigación exhaustiva para que se corrobore si son ciertas las denuncias informales sobre una supuesta alianza entre sectores de la Fuerza Pública y los grupos al margen de la ley.

Dijo que la situación es tan grave que, por la falta de acciones contundentes para acabar con las denominadas fronteras invisibles, el panorama de violencia va de mal en peor.

Crisis humanitaria

La petición del Personero se suma a una serie de llamados de atención sobre la situación del Puerto. En noviembre del año pasado se dio una visita del defensor nacional del Pueblo, Jorge Armando Otálora; del representante en Colombia de la ONU y del vocero del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), quienes manifestaron su preocupación por la crisis humanitaria y por la falta de acciones de la Administración Municipal en este tema.

En el 2013, 189 personas fueron asesinadas, un 42 % de casos más que en el 2012, se presentaron nueve casos de desmembrados, se reportaron 39 desaparecidos y 4900 personas se desplazaron. La violencia del año pasado y de este es atribuida por las autoridades a un nuevo reacomodamiento entre las bandas criminales y delincuenciales.

Esta visita se suma a otra realizada por delegados de la Contraloría en agosto pasado en el programa de monitoreo de la Ley de Víctimas.

En esa ocasión, la Contraloría denunció que la Alcaldía de Buenaventura no tenía diseñado un PAC, Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado. Por esa razón, dentro del Plan de desarrollo no hay, según el ente de control, destinación de recursos para la atención a las víctimas.

En el presupuesto del año pasado, aprobado por el Concejo, para los programas de Justicia y Seguridad se destinaron, según el documento, $1692 millones (el 0,45 % de los $413 mil millones del presupuesto). Pero no hay ningún dinero para víctimas.

Luis Higuera, el delegado de la Contraloría, explica que la situación es tan grave que “no es siquiera que no haya voluntad política del Gobierno local, es que para la Contraloría lo que se está dando por parte de la Alcaldía es una revictimización a las víctimas, quienes en esa ocasión fueron llamadas pelagatos por el Alcalde. Debido a esa actitud amenazante y discriminatoria, lo denunciamos ante la Procuraduría”.

Agrega que “lo que sucede es de tal dimensión que las víctimas le tienen miedo a la Administración”.

El País trató de hablar en repetidas ocasiones con el alcalde Bartolo Valencia pero no fue posible. Al final de la semana, la respuesta de uno de sus asesores fue que ha estado fuera de la ciudad.

Buenaventura, un agujero negro

¿Por qué pese a los llamados de atención de diferentes organismos y los constantes anuncios de las autoridades del Gobierno Nacional de planes de inversión, el Puerto sigue teniendo problemas de pobreza y violencia?

Son muchas las respuestas a esta pregunta. Para Jacinto, un pescador artesanal, su quiebra y la de otros siete mil compañeros, empezó con el narcotráfico, que ha sido una maldición: subió el precio de la gasolina para las lanchas, llegaron las amenazas para que les transportaran droga, llegaron los robos de motores en alta mar. Esto, sumado a la quiebra de las empresas atuneras y a los problemas de los madereros. “Y nuestras problemas no les interesan a los políticos, tenemos más de cuatro congresistas, a quienes solo vemos en campaña”, agrega.

Alexánder Micolta, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, asegura que “Buenaventura no puede seguir recibiendo inversiones del Estado o de ONG de forma atomizada. No tenemos una hoja de ruta para definir el camino de la ciudad”. Solamente en el 2012, según la Sociedad Portuaria, la ciudad recibió por proyectos de cooperación internacional US$30 millones “y no se ve el impacto de esas iniciativas”.

Por esa razón, uno de los planes es coordinar los trabajos que de forma separada han estado realizando fundaciones, la Alcaldía y el Gobierno Nacional. “No se puede continuar sin una brújula, solamente haciendo estudios en papel”, dice.

Para Paula Gómez, coordinadora regional de la Unidad de Víctimas, pese a la gran cantidad de trabajo humanitario que se realiza, la situación es tan compleja que en muchas ocasiones se siente como correr en una caminadora estática, que aunque hacen, hacen y hacen, no se avanza. En los últimos dos años han atendido 25.436 solicitudes de atención humanitaria.

Y habla sobre los contrastes del Puerto. Por un lado, dice “hemos sacado adelante con la Alcaldía la construcción del centro regional a víctimas, que demuestra que sí se pueden hacer cosas importantes. O la gran labor que hacen desde la mesa de víctimas. Por otro lado, parece una cultura política del desdén con la población y una negativa a aceptar el conflicto”.

La disputa

Mientras a finales del 2011 y el 2012, los ‘Urabeños’ le disputaron el control a la ‘Empresa’ una filial de los ‘Rastrojos’, este año, este último grupo, que se creía desaparecido, se reorganizó, y relegó a los ‘Urabeños’.

La geografía de violencia para el 2012 se centró especialmente en los barrios de la Comuna 12 (en la entrada de Buenaventura en la salida hacia Cali) mientras el año pasado la violencia se intensificó en las comunas 3 y 4, que son los sectores de bajamar.

Algunas organizaciones de Derechos Humanos, incluso la misma Arquidiócesis y el PCN, se preguntan si este fenómeno de desplazamiento está relacionado de alguna forma con el proyecto de reubicación de las familias del malecón, que ha iniciado con los habitantes del San Yu, actualmente afectado por la confrontación.

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