Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Viernes, mayo 27 de 2016
 

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Una viuda lucha por la justicia mientras que el gobierno colombiano habla de reparaciones

Colombia Land Rights Monitor

Viernes 25 de enero de 2013

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La policía intentó obstruir la búsqueda que Trinidad Ruiz llevaba a cabo para encontrar los restos de su esposo e hijo. Ellos fueron desaparecidos por fuerzas paramilitares el 23 de marzo de 2012. Manuel Ruiz, de 56 años, y Samir Ruiz, de 15 años, fueron ejecutados. Sus restos arrojados al río, fueron descubiertos más de cuatro días después por los miembros sobrevivientes de la familia Ruiz quienes fueron acompañados por organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales. Más de ocho meses después, la Sra. Ruiz y su familia siguen exigiendo la justicia por el asesinato de más alto perfil de 2012 en Colombia.

La policía intentó obstruir la búsqueda que Trinidad Ruiz llevaba a cabo para encontrar los restos de su esposo e hijo. Ellos fueron desaparecidos por fuerzas paramilitares el 23 de marzo de 2012. Manuel Ruiz, de 56 años, y Samir Ruiz, de 15 años, fueron ejecutados. Sus restos arrojados al río, fueron descubiertos más de cuatro días después por los miembros sobrevivientes de la familia Ruiz quienes fueron acompañados por organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales. Más de ocho meses después, la Sra. Ruiz y su familia siguen exigiendo la justicia por el asesinato de más alto perfil de 2012 en Colombia.

La familia Ruiz llegó a Curvaradó en los años 80 buscando tierra fértil. Cultivaban yuca, plátanos, arroz, tomates y cebollas en su finca. Manuel y Trinidad tuvieron diez hijos y lograron vivir cómodamente en la tierra que trabajaron.

En 1997 la ola de violencia en la región desplazó a la familia Ruiz por primera vez. Inicialmente huyeron a la localidad cercana de Pavarandó y después a Jiguamiandó, un territorio afrocolombiano que colinda con Curvaradó. En 2001 fueron desplazados de nuevo después de que un grupo armado les quemara la casa en Jiguamiandó. Tardaron cinco años en regresar a la zona. A pesar de sus intenciones de construir una nueva vida, la familia nunca se adaptó a la cultura urbana en Murindó y Turbo (dos ciudades en el noroccidente colombiano) y decidieron a retornar a Curvaradó en 2006.

La familia reconstruyó su hogar en Apartadocito, una de las 23 comunidades en el título colectivo afrocolombiano de Curvaradó. Trinidad refleja que, en el momento de ser asesinado, su esposo no llevaba más de un año trabajando en temas relacionados con la restitución de tierras. Manuel decidió involucrarse porque quería proteger a su familia y formalizar su tenencia de tierra. Manuel le contó a Trinidad que no le daba miedo implicarse porque nadie le atacaría por su edad.

A pesar de sus buenas intenciones, Manuel empezó a recibir amenazas de muerte casi instantáneamente. Los empresarios responsables por la toma de tierras violenta en Curvaradó presionaron a Manuel que dejara su trabajo. Manuel trabajaba en temas relacionados con la tierra del Sr. Carlos José Ríos Grajales, quien es reconocido como un ocupante de mala fe por el gobierno colombiano además de estar sujeto a una investigación criminal[1]. Los administradores de La Bonita y Piscingos, dos de las fincas de la familia Ríos Grajales, amenazaron a Manuel antes de su asesinato.

Las amenazas contra Manuel eventualmente le llevaron a pedir protección del Ministerio del Interior, y el Ministerio le dio un celular. Alguien le llamó en este celular el 23 de marzo de 2012 para sacarlo de Apartadocito y asesinarlo—su hijo, Samir, también fue asesinado.

Los asesinatos de Manuel y Samir conmocionaron a Colombia y a la comunidad internacional. La violencia en Curvaradó presentó una realidad que contrasta con la campaña internacional de relaciones públicas del gobierno colombiano opacando los tenues logros del proceso de restitución de tierras. El proceso de restitución de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó es considerado como el caso piloto del proceso de restitución de tierras en Colombia. Si el gobierno no logra restituir la tierra en Curvaradó y Jiguamiandó ni garantizar la seguridad de los reclamantes, habrá pocas razones para pensar que el proceso será exitoso en otras partes del país donde el gobierno ni siquiera ha invertido tanto capital político y financiero.

Después de los asesinatos, la familia Ruiz se reunió con el Ministerio de Interior, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, y la Unidad Nacional de Protección (UNP), en presencia de funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en abril de 2012. Un memorando privado de la reunión revela que alcanzaron varios acuerdos que incluyeron asistencia humanitaria y protección para la familia. En enero de 2013 es claro que el gobierno no ha cumplido con sus compromisos con la familia Ruiz.

Trinidad fue forzada a desplazarse con su familia por tercera vez después de que los paramilitares asesinaran a su esposo e hijo. Debido a la ausencia de garantías para su seguridad en Curvaradó, la familia Ruiz fue reubicada a otro parte del país con la asistencia de la UNP. En El Olvido[2], la familia no tiene acceso a servicios de salud ni educación para los hijos, temas abordados en la reunión citada con presencia de funcionarios de la Embajada EEUU. La familia sobrevive de un auxilio escaso proveído por la UNP y es imposible adaptarse a la vida fuera de su comunidad.

Yo acompañé a Trinidad y a uno de sus hijos a reuniones con funcionarios del gobierno colombiano en diciembre de 2012. La familia quería hablar con el gobierno de un plan de contingencia para su protección porque la reubicación a El Olvido auspiciado por la UNP termina en marzo de 2013. Su viaje costoso y largo a Bogotá fue en vano.

Durante las reuniones se evidenció que el gobierno no tiene un plan de contingencia para la familia Ruiz. La reubicación inicial de seis meses se renovó por tres meses más debido a las constantes amenazas en contra de los miembros de la familia que siguen vivos. Estas amenazas se comunicaron en persona a la parte de la familia que no se reubicó en El Olvido. Sin embargo, durante nuestra primera reunión con la UNP nos contaron que la situación de la familia Ruiz después de marzo de 2013 probablemente se considere como un tema “humanitario”, asunto que corresponde a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Cualquier esfuerzo de formular un plan de contingencia integral sería inútil sin convocar a ambas instituciones a una sola reunión. Los funcionarios de la UNP se pusieron de acuerdo y confirmaron una reunión con la Unidad de Victimas para la siguiente mañana.

Los funcionarios de la Unidad de Victimas llegaron con más de una hora de retraso respecto a la hora acordada. Cuando por fin llegaron, la Unidad de Victimas declaró que no sabían si la familia Ruiz estaba registrada en el muy celebrado y costoso Registro Único de Víctimas. Después de muchas disculpas, la Unidad de Víctimas confesó que no estaban preparados para la reunión y pidió que Trinidad retornara a Bogotá dentro de una semana. Más tarde llamaron a la familia para avisarles que los fondos que pidieron serían disponibles en una cuenta bancaria creada para ella. Después de otro viaje a una ciudad cercana la familia se sorprendió al averiguar que no había dinero en la cuenta. Tuvo que intervenir la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz mediante una llamada a la UNP exigiendo el cumplimiento de lo acordado para que el dinero se desembolsara finalmente; la familia Ruiz después recibió un mensaje claro de la UNP que no era necesario comunicarse con nadie más para solventar la situación.

Ahora una viuda del campo colombiano se encuentra obligada a coordinar gigantescas burocracias del estado para asegurar algo tan básico y primario como la seguridad y bienestar de su familia. Los asesinatos de su esposo e hijo fueron lamentados por oficiales del gobierno y denunciados en medios internacionales. Sin embargo, parece que los mismos gobiernos que más están interesados en promover la “justicia transicional” y los derechos de las víctimas en Colombia se contentan con gastar plata en los temas sin hacer el trabajo necesario para su implementación efectiva. Mientras que millones de dólares entran a los ministerios colombianos e informes se escriben sobre cómo se gasta la plata, Trinidad y su familia están en El Olvido luchando por la justicia—y sus vidas—con o sin el apoyo del gobierno.


[1] Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). “Caracterización Jurídica y Saneamiento de los Territorios Colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó.” Julio 12 de 2012. Bogota, D.C. p. 16.

[2] La ubicación de la familia es confidencial. El Olvido es un nombre falso utilizado para asegurar su protección.

Tomado de: http://colombialand.org/ruiz_esp/

 
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