Una lectura psicosocial a la audiencia pública del caso Marino López y otros

Como se ha planteado anteriormente, las consecuencias de la relación entre el Estado y las víctimas, tiene unas implicaciones a nivel individual y colectivo, donde el proceso de los acompañantes de éstas también se ve afectado por las declaraciones y acusaciones del Estado, las cuales constantemente niegan la gravedad de los hechos o los responsables y sugieren la manipulación de los mismos con fines diferentes a la justicia y la reparación.


Una lectura psicosocial a la audiencia pública del caso Marino López y otros (Operación Génesis) en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El pasado 11 y 12 de febrero en San José Costa Rica, se llevó a cabo la audiencia pública en torno al proceso judicial del caso Marino López y otros (Operación Génesis) respecto al Estado colombiano, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El contexto de dicho proceso se encuadra en las acciones militares y paramilitares desarrolladas de manera conjunta, entre el 24 y 27 de febrero de 1997, en las comunidades del territorio colectivo del Cacarica en el departamento del Chocó. Dichas incursiones militares, se dieron a partir de bombardeos, amenazas de muerte, la ejecución extrajudicial de Marino López (habitante de la comunidad), la limitación de la movilidad de la población a través de retenes, saqueos, entre otros; atentando de manera directa contra el territorio, el cuerpo social y las formas de organización de la comunidad, generando un desplazamiento forzado a gran escala.

La audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contó con la presencia de las siguientes partes: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Representación del Estado, y la Representación de las víctimas. En ese marco, se plantea la presente lectura psicosocial de la audiencia a partir de las interacciones observadas entre cada una de las partes y centrando el análisis en la relación Victimas- Estado, a la luz de elementos teleológicos, emocionales, identitarios, mnémicos, culturales, etc., que se configuran en la confluencia entre dinámicas individuales y colectivas. El componente transversal desde el cual se realiza este ejercicio, es la comunicación humana, comprendida como el proceso mediante el cual los sujetos en interacción realizan un intercambio constante de información.

Para construir comprensiones en torno a la comunicación, es importante hacer un análisis a partir del material digital y analógico que contiene todo el ejercicio de participación entre los actores, reconociendo lo digital como el lenguaje verbal, y lo analógico como el lenguaje no verbal (gestos, énfasis, tono, etc.) mediante el cual se expresan conocimientos, percepciones, sensaciones, opiniones y posiciones de cada uno de los actores, donde cada mensaje es valorado e interpretado por estos.

En las acciones comunicativas expresadas por los testigos-víctimas de la comunidad del territorio colectivo del Cacarica, Ana Sofía Roa y Bernardo Vivas, es posible observar elementos incidentes en su forma de responder ante las preguntas y afirmaciones de los demás actores. Esos elementos son: enfrentarse a un contexto novedoso y altamente relevante para el futuro de su comunidad, el impacto emocional, personal y comunitario, que genera el recordar sucesos relacionados con experiencias traumáticas, la ansiedad por afirmar en un escenario jurisdiccional internacional la verdad, y la responsabilidad que ellos sienten al ser voceros y representantes de su comunidad dentro de su historia de lucha por la dignificación.

En la intervención de Bernardo Vivas, se describieron detalladamente los hechos que presenció en relación con el asesinato de Marino López, el antes y el después del desplazamiento, y su experiencia en cada uno de estos momentos. Durante la exposición del testimonio se observó llanto constante, dificultad en la fluidez del discurso, y algunas dificultades en la evocación del recuerdo; elementos que están relacionados con la reexperimentación del impacto, las emociones de tristeza, miedo, terror, desconcierto, e impotencia, que generó toda la operación militar y paramilitar en su territorio, el asesinato que presenció, y a su vez, la actitud prepotente y desafiante de la representación del Estado en su interrogatorio; actitud evidenciada analógicamente por su postura corporal, sus gestos de cinismo, ironía y sarcasmo, expresando irrespeto y desinterés por las víctimas, lo cual generó malestar emocional en el testigo y por tanto, en la forma en que éste planteaba su relato.

De la misma forma, la representación del Estado fue demandante en solicitar respuestas excesivamente detalladas de tiempo, espacio, y características de los agresores, en relación con el momento del asesinato de Marino López y de toda la operación militar en general, desconociendo que este hecho tiene un alto contenido traumático, el cual dificulta la recuperación del recuerdo en aspectos tan específicos como el color de los uniformes de los actores armados, y que los manejos de tiempo y espacio para estas comunidades son diferentes, en tanto que el transcurrir del tiempo no se comprende por fechas, de manera lineal, sino a partir de la relación que plantean entre diferentes eventos que transcurren en un mismo día, ejemplo, los tiempos de siembra y cosecha, fases lunares, etc., impidiendo brindar la información de lo que sucedió minuto a minuto en cada fecha.

Igualmente, se desconoció el hecho de que el contenido de los testimonios en la audiencia está determinado, como toda expresión verbal, por “aspectos cognitivos como memoria, codificación, almacenamiento, recuperación, sugestionabilidad, interferencias, habilidades lingüísticas y resistencia a la distracción, así como también aspectos motivacionales, entre otros.” , y que estos, están sujetos en este caso al tiempo transcurrido entre el momento en que ocurrieron los hechos y el momento del testimonio ante la Corte, 16 años concretamente. Ese paso temporal, se convirtió en factor determinante en el ejercicio de evocación de los hechos, y mostró grandes diferencias entre la lógica planteada por el Estado y la lógica cultural afrodescendiente en cuanto a la localización del recuerdo en una fecha y hora específica, hecho que usó la representación del Estado para sugerir falsedad del testimonio.

En la intervención de Ana Sofía Roa, se expuso lo relacionado con el antes y el después del desplazamiento en su comunidad y cómo éste suceso tuvo repercusiones especialmente en el rol femenino que históricamente venían desempeñando las mujeres afrodescendientes en su territorio. Durante su intervención se observó ansiedad frente al escenario, e incomodidad ante la insistencia del representante del Estado al preguntar reiterativamente sobre la fecha del desplazamiento y sobre su hijo Samir, sin embargo es importante resaltar que ella mantuvo una actitud empoderada durante la presentación del testimonio, en favor de la defensa de sus derechos como declarante y los derechos de su comunidad. Teniendo en cuenta que su declaración estuvo centrada en las consecuencias indirectas del desplazamiento y las acciones violentas de la Operación Génesis en mujeres y niños, es pertinente mencionar que la manera como se expresó, da cuenta de su proceso de participación en la comunidad y de toda una apuesta por el reconocimiento del valor sociopolítico de la mujer dentro de la misma.

La postura que asumió el Estado en la audiencia, frente a los testigos-víctimas y sus representantes, es una clara manifestación de la dinámica de desconocimiento, y victimización secundaria que éste ha impuesto históricamente en esta comunidad, teniendo en cuenta que durante los 16 años que han transcurrido desde la Operación Génesis hasta hoy, el Estado se ha mantenido en la posición de desconocer su responsabilidad sobre los hechos, y además ha generado todo un proceso de deslegitimación de los miembros de la comunidad acusándolos de guerrilleros o ayudantes de la guerrilla, con la intención de no realizar el proceso de justicia, verdad y reparación integral correspondiente; lo cual pone en evidencia que la actitud del Estado ante el estrado judicial de la Corte, no es algo novedoso, sino que por el contrario es la ejemplificación de su dinámica relacional cotidiana, dando cuenta de un isomorfismo , concepto que hace alusión a la manifestación de una dinámica relacional que se mantiene entre dos o más sistemas/sujetos, en sus diferentes escenarios de encuentro; en este caso, el isomorfismo se visibiliza en la relación Estado-víctimas.

Como se ha planteado anteriormente, las consecuencias de la relación entre el Estado y las víctimas, tiene unas implicaciones a nivel individual y colectivo, donde el proceso de los acompañantes de éstas también se ve afectado por las declaraciones y acusaciones del Estado, las cuales constantemente niegan la gravedad de los hechos o los responsables y sugieren la manipulación de los mismos con fines diferentes a la justicia y la reparación.

En ese sentido, el fenómeno de victimización secundaria, se genera a partir de la relación entre víctimas e instituciones sociales (en este caso personas de la comunidad del Cacarica y el Estado), enmarcada en una insuficiente o nula atención a las víctimas por parte de este organismo ante la falta de reconocimiento de su participación frente a los hechos delictivos, y la negación de los derechos de la comunidad; relación que no permite el resarcimiento de los daños, sino que por el contrario amplía la multiplicidad de efectos lesivos. De esta manera, es posible decir que tanto las acciones violentas cometidas en el marco de la Operación Génesis, como la falta de garantías de reparación por parte del Estado, han desencadenado una serie de fenómenos revictimizantes que atentan contra la identidad personal y colectiva de la comunidad.

Finalmente, el fallo de la Corte podrá resarcir y reparar en alguna medida los daños producidos a la comunidad por parte del Estado si éste es a favor, de lo contrario se dará un nuevo momento de victimización que con seguridad tendrá efectos negativos a nivel psicosocial para la comunidad y se constituirá como un precedente para otros procesos jurídicos que se adelanten, sobre casos de violaciones a los derechos humanos en el país.