Una arquitectura inicial para enfrentar la impunidad y buscar la justicia integral
Esperamos, como lo han expresado las organizaciones de víctimas, que los compromisos firmados sean cumplidos, y que habiliten mecanismos de discusión para transformaciones profundas en las doctrinas y procedimientos militares y policiales, que siguen concibiendo a las expresiones sociales como enemigos internos, por defender el ambiente y la riqueza de su país.
Hemos escuchado las reacciones de sectores de las víctimas de crímenes de Estado y de la violencia socio política, entre otros de CONPAZ y algunas organizaciones del MOVICE, de familiares de desaparecidos forzados y desarraigados, así como de algunas organizaciones de derechos humanos, a los que hemos conocido en nuestras diversas visitas a Colombia desde hace 8 años, teniendo en cuenta su valoración, nos alegra saber que valoran muy positivamente el feliz cierre con un Acuerdo sobre los seis puntos de la Agenda entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC EP.
Nuestras consideraciones sobre las Jurisdicción Especial de Paz las hemos expresado indicando que ésta enfrenta la impunidad, en medio de un mar de ausencia de justicia, y de un aparato judicial corroído por la corrupción y pocas veces eficaz para esclarecer, sancionar y reparar.
El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, es una oportunidad, más allá de los cuestionamientos respetuosos que puedan hacerse, para en coherencia con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, desmoronar las mentiras mediáticas y los montajes procesales convertidos en verdades judiciales y reales, que solo han contribuido a la ceguera ciudadana y a fortalecer a los actores beneficiarios y planificadores de la violencia contra los excluidos.
Hoy se está ante una oportunidad para que el mecanismo para la elección de magistrados para este Tribunal Especial, asegure la independencia y eficacia judicial, de manera que los que allí comparezcan o sean llamados a rendir cuentas, y casi sin excepción alguna, salvo los presidentes, y conforme a los principio de derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario y el derecho público penal internacional con la verdad, con el modelo de sanción y reparación restaurador permitan reconstruir, sanar y generar una condición básica para la reconciliación.
El deber de la memoria y el derecho a la verdad en la Comisión de Esclarecimiento, la búsqueda de los desaparecidos forzados, si logran asegurar su cometido, cimentaran las bases con otras políticas públicas de educación y cultura de tolerancia y de transformación de los conflictos sin el uso de la fuerza.
Consideramos que las garantías de no repetición estarán dadas cuando exista una democracia distinta en Colombia, aquella que posibilite la justicia socio económica, la justicia ambiental, la participación decisoria en un buen existir, como lo ha llamado CONPAZ, .
Felicitamos el Acuerdo logrado entre el gobierno y las FARC EP para Colombia, el continente y la humanidad, que hoy se debate en el desarrollo de nuevas dinámicas de guerra que afectan ya a toda la humanidad respondiendo al terror con más terror, sin valorar otras respuestas, más que la militarización y la ocupación con alta tecnología militar.
Esperamos, como lo han expresado las organizaciones de víctimas, que los compromisos firmados sean cumplidos, y que habiliten mecanismos de discusión para transformaciones profundas en las doctrinas y procedimientos militares y policiales, que siguen concibiendo a las expresiones sociales como enemigos internos, por defender el ambiente y la riqueza de su país.
Invitamos al gobierno colombiano y a la guerrilla del ELN a iniciar las conversaciones hacia la solución del conflicto armado, desarrollando la agenda ya pactada, y que aspectos que sean viables de concretar a favor de las mayorías se logren. Urge la fase pública para cimentar las bases hacia lo que algunos en Colombia han llamado Paz Completa.
En tal sentido, respaldamos a Monseñor Darío Monsalve y sus gestiones e iniciativas en este proceso.
Hemos leído con atención las propuestas de MOVICE y de CONPAZ de garantías de no repetición y estamos seguros que su discusión en los escenarios pactados será fundamental para la adopción de nuevas políticas públicas.
Respaldamos la propuesta de CONPAZ que plantea un cese de fuegos entre el gobierno y el ELN, por un determinado tiempo de dos meses, para discutir los asuntos humanitarios.
Si las víctimas han sido el centro de los acuerdos, urge evitar nuevas víctimas en la larga historia oscura de Colombia, de violencia, de impunidad y exclusión.
Continuaremos desarrollando nuestra misión, como desde hace 10 años, en pro de los derechos de los sobrevivientes y de la memoria de los violentados para que Nunca Más sea el dolor y la mentira la que vistan a Colombia, en medio de un Acuerdo hacia la Paz, que ofrece retos y posibilidades para otro país.
Varios países del mundo, 27 de agosto de 2016
Firmamos como miembros de la Comisión Etica de Colombia,
- Carlos Fazio, UNAM, Mèxico
- Catherine Gegout, France Amerique Latine, Francia
- Charity Ryerson, Observatorio Escuela de las Americas, USA
- Pilar Sanchez y Andres Redondo, Comunidad STA Madrid, España
- Eduardo Nachman, Asociacion HIJOS, Argentina
- Enrique Santiago, abogado Madrid, España
- Francisco Etxeberria Gabilondo, Universidad Pais Vasco Donostia, España
- Gilberto Lopez y Rivas, antropólogo, México
- Lorenzo Lencon, Confederacion Mapuche de Neuquen, Argentina
- Mary Bricker-Jenkins, Assemblyte End Poverty, USA
- Miguel Alvarez, SERAPAZ, México
- Stephen Haymes, Profesor California, USA
- Mirta Baravalle, Madres de la Plaza de Mato, Lìnea Fundadora
- Enrique Nuñez, Junana Aguilera Comisión Ètica contra la Tortura, Chile