Territorios de paz y gobernanza ecológica

La afirmación de una economía verde requiere de la comprensión y gestión adecuada de los flujos de beneficios, que los colombianos recibimos de nuestra biodiversidad.


La historia del control del territorio ha sido definida más por la guerra y los tratados de paz que la siguen, que por la planificación acordada de su uso con algún criterio de beneficio colectivo. Así se consolidaron las naciones y se definieron las fronteras, y así nuestros departamentos y luego nuestras corporaciones ambientales regionales, creadas más para distribuir el poder burocrático que la gestión efectiva de las cuencas hidrográficas o las regiones ecológicas de Colombia. Después de esos acuerdos básicos, sin embargo, para la gestión del territorio se impone el reconocimiento de su realidad material. Ahí es, cuando descubrimos que los ríos, las ciénagas, las playas, las sabanas o los bosques son más que objetivos estratégicos y existen de manera compartida, pues su funcionamiento ambiental no tiene fronteras.

Durante los conflictos sociales agudos, en los cuales la acción de un gobierno es limitada, los ecosistemas evolucionan a la deriva o bajo algún tipo de arreglo local de gobernanza. El Estado, a medida que crece en legitimidad y derecho, progresa en su control, pero a menudo se encuentra que tras décadas de debilidad, este ya no es fácil de ejercer: algunos hoteleros han invadido las playas sobornando autoridades locales, algunos ganaderos e inversionistas han desecado las ciénagas y se han apropiado del patrimonio público con ayuda de notarios mañosos y el uso de la violencia contra los pescadores locales, algunos constructores han ocupado las áreas de riesgo en las ciudades con la complicidad de políticos corruptos. A su vez, algunas comunidades rurales se han dedicado a los cultivos de uso ilícito o a la minería sin licencia, deforestando y contaminando sin ton ni son el territorio de sus propios hijos, bien sea por condiciones de pobreza y necesidad, bien por agendas que retan los proyectos y capacidades de un Estado que consideran ilegítimo, no por ello menos insostenibles.

La construcción o recuperación de la gobernabilidad territorial requiere de un modelo espacial de país, oficial, de calidad y compartido por las instituciones, de un mecanismo permanente de monitoreo de las actividades que transforman el uso del suelo y de una capacidad de intervención proporcional para dirigirlos bajo una perspectiva misional que hoy en día solo puede tener el rostro de la sostenibilidad. Nada de ello, sin embargo, ocurre hoy en Colombia: hay numerosos mapas en la mente de nuestros académicos, instituciones, organizaciones y dirigentes, en parte porque el conflicto armado ha impedido empaparse de la diversidad territorial de nuestro país, en parte porque la educación está alienada en ese sentido, en parte porque la economía no ha requerido hasta ahora entender más que los enclaves extractivistas. Se salva el café, así la planeación de la actividad insista en ignorar la funcionalidad ecológica del territorio como una variable cada vez más importante en su futuro.

La ratificación de los Acuerdos de La Habana por parte de los colombianos acarrea una oportunidad fundamental para la planificación y ordenamiento del territorio, un momento excepcional en la historia que solo se repetirá cuando del caos climático debamos reconstruir el mundo en un par de siglos, pero que por ahora puede representar la mejor receta para comprar algo de tiempo. Y la clave de este ordenamiento vendrá de la construcción de ‘un modelo funcional y acordado‘ de sus ecosistemas, transformados o no, degradados o silvestres, agropecuarios o urbanos. La afirmación de una economía verde requiere de la comprensión y gestión adecuada de los flujos de beneficios, directos o indirectos, que los colombianos recibimos día a día de nuestra biodiversidad. Beneficios que solo existen si reconstruimos la biocapacidad perdida del territorio, prevenimos su degradación posterior y mantenemos la persistente en un esquema de gobierno que lo promueva y fortalezca. Gobernar la biodiversidad, dentro de los márgenes que entendemos del funcionamiento de los ecosistemas, es el mejor acto de paz.

Fuente: http://www.semana.com/opinion/articulo/brigitte-baptisteterritorios-de-paz-y-gobernanza-ecologica/493566