Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Martes, septiembre 27 de 2016
 

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Sentencia contra Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche

Miércoles 7 de enero de 2015

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Con ponencia del Magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín leyó, durante los días 9, 10, 11 y 12 dediciembre de 2014, la sentencia contra Jesús Ignacio Roldán,más conocido como Monoleche, desmovilizado del bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia.

La providencia, dividida temáticamente, desarrolló los antecedentes procesales, el contexto de los crímenes: la reconstrucción de la verdad históricaen la conformación del paramilitarismo, el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad por parte del postulado, los hechos cometidos por éste y la parte resolutiva con la condena, las medidas de reparación integral, y las compulsas de copias.

Esta sentencia tuvo salvamento parcial de voto del Magistrado Juan Guillermo Cárdenas Gómez.

Sobre el contexto y el derecho a la verdad

La Sala enfatizó “el deber del Estado de reconstruir el contexto de los crímenes y develar y divulgar la verdad” como un derecho no sólo de las víctimas, también de la sociedad.

En este sentido, el contexto del paramilitarismo es -en los términos de la sentencia-“[…]descubrir, describir y explicar los hilos conductores detrás del fenómeno, que permitan entender i) las políticas y las lógicas reales que había detrás de él y que hicieron posible su creación, expansión y consolidación; ii) las causas o motivos y objetivos de tales fenómenos; iii) las estructuras y redes criminales, no sólo militares, que lo hicieron posible, como se configuraron y sus relaciones, lazos y apoyos con el Estado y la Sociedad; iv) quienes estuvieron detrás de su promoción, organización y financiación y del diseño de las políticas, de tal modo que se puedan descubrir los máximos responsables; v) la naturaleza y carácter sistemático o generalizado de los crímenes y su tipificación legal.

[…]El interés de descubrir y establecer las responsabilidades al más alto nivel, establecer y sustentar el carácter sistemático y generalizado de las conductas y realizar una acertada adecuación típica de éstas son motivos adicionales que justifican la necesidad de construir tales contextos”.

Una vez descrito y desarrollado el contexto, la sentencia concluyó lo siguiente:

487. "El surgimiento y expansión de los grupos paramilitares, a diferencia de lo que se ha sostenido en muchos sectores, no obedece a la ausencia del Estado en amplias zonas de la geografía nacional, ni se explica por esa causa. Por el contrario, nacieron y crecieron allí donde había presencia del Estado y de las Fuerzas Militares y de la mano de éstas. En el Magdalena Medio, en Urabá, en Córdoba, en la Costa Atlántica, en el centro y sur del país, en el oriente y, en fin, donde quiera que surgieron y por donde quiera que pasaron habían Brigadas y Batallones del Ejército y Comandos de Policía para garantizar la seguridad."

488. La autorización, creación y apoyo de las Convivir, como lo concluyó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 26 de febrero de 1.999, violaban las normas del Derecho Internacional Humanitario que obligan a distinguir entre combatientes y civiles, a respetar y proteger a éstos y a no involucrarlos en las hostilidades.

Sin embargo, fueron una estrategia del Estado en la lucha contrainsurgente y una cantera de los grupos paramilitares -y en más de un caso una herramienta para encubrir sus actividades- y fueron promovidas, organizadas, financiadas y apoyadas por las Fuerzas Militares y empresarios privados.

489. Los empresarios privados de distintos sectores (industriales, ganaderos, comerciantes, mineros, bananeros, etc.) y a todos los niveles promovieron y financiaron las Convivir y los grupos paramilitares. Detrás de éstos estuvieron también los narcotráficantes.

490. La promoción, organización y apoyo de los grupos paramilitares no fue la conducta de algunos miembros aislados de las Fuerzas Militares, en especial del Ejército Nacional, o un sector de éste, como quizá pudo ser en sus comienzos. A diferencia de lo que concluyó una de las Salas de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, con el tiempo se convirtió en una política trazada, auspiciada y/o permitida y facilitada desde los altos mandos de las Fuerzas Militares.

491. Todo ello demuestra la estrecha relación entre el Ejército, las Convivir y los grupos paramilitares y la identidad de sus fines y objetivos e indica que hubo una política de guerra sucia para combatir a los grupos insurgentes, a los disidentes políticos y a ciertos movimientos y líderes sociales. En ese proceso participaron amplios sectores de las clases dirigentes, la empresa privada y el narcotráfico, en una asociación o alianza criminal de intereses, objetivos, recursos y medios que los hace responsables.

492. No sólo el Ejército estuvo vinculado a la promoción, organización y apoyo de los paramilitares, cuya operación patrocinó y favoreció de distintas formas, sino que el Gobierno Nacional sabía de su existencia y de la vinculación de los altos mandos militares desde 1.983 y lo supo durante los largos años de su funcionamiento, pues así lo están revelando los informes del Procurador General de la Nación de 1.983, del DAS de 1.989, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 14 de octubre de 1.993, del CTI de 1.996 y 1.997 y muchos hechos más, antes de que se iniciara su proceso de expansión por todo el país.

493. Los grupos paramilitares, así contaran con su apoyo, actuaron paralelamente al Estado o a un lado de éste. Eso explica que el régimen político colombiano haya conservado una apariencia democrática, a pesar de padecer una de las tragedias humanitarias más graves del orbe en los últimos 30 años y sin lugar a dudas la más grave de América Latina en ese período. Y explica que el gobierno haya seguido funcionando con elecciones aparentemente libres, con cambios de Presidente y alternación de los partidos y promulgación y vigencia de las leyes, como cualquier régimen democrático, a pesar de vivir las más graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario a todo lo largo y ancho de la geografía nacional.

494. El Estado colombiano es responsable, por acción y omisión, de los hechos cometidos por los paramilitares. Éste y las Fuerzas Militares promovieron las Convivir, que fueron una fuente o cantera de los grupos paramilitares y un mecanismo para encubrir su actividad. En la promoción, creación y expansión de éstos participaron amplios sectores del Estado y la sociedad civil, con la complacencia o tolerancia de los demás sectores del Gobierno Nacional. Pero, el Estado sabía de esas actividades de sus agentes.

De conformidad con los “Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos”, los cuales fueron adoptados por la Comisión de Derecho Internacional el 9 de agosto de 2.001, y ratificados mediante Resolución A/56/83, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de Enero de 2.002, “todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado genera su responsabilidad internacional” . En materia de derechos humanos, el hecho ilícito internacional surge cuando el Estado viola los deberes de respeto y garantía consagrados en el artículo 1 de la Convención Americana y el hecho le es imputable.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el Estado es responsable internacionalmente por los actos u omisiones de sus agentes que violen los derechos humanos, y aún de los cometidos por los particulares en ciertos casos como cuando ha habido falta de diligencia del Estado o el apoyo o tolerancia con tales hechos o ha permitido que los particulares asuman funciones propias del Estado.

En efecto, como lo dijo en el caso de 19 comerciantes Vs. Colombia,

“La Corte considera necesario hacer referencia primero a dos situaciones que se presentaron en este caso: a) la creación de grupos de ‘autodefensa’ que derivaron en grupos delincuenciales o ‘paramilitares’; y b) la vinculación y apoyo de miembros de la Fuerza Pública al grupo ‘paramilitar’ que ejercía control en la región del Magdalena Medio, así como la participación de éstos en las violaciones cometidas en perjuicio de los 19 comerciantes. . .

“A pesar que Colombia alega que no tenía la política de incentivar la constitución de tales grupos delincuenciales, ello no libera al Estado de la responsabilidad por la interpretación que durante años se le dio al marco legal que amparó a tales grupos ‘paramilitares’, por el uso desproporcionado dado al armamento que les entregó y por no adoptar las medidas necesarias para prohibir, prevenir y castigar adecuadamente las referidas actividades delincuenciales.

“Es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que tal responsabilidad puede generarse por actos u omisiones de cualquier poder, órgano o agente estatal, independientemente de su jerarquía, que violen los derechos internacionalmente consagrados. Además, la Corte ha considerado que ‘un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención’.

“Para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención” .

Como lo reiteró la Corte Interamericana en el caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia,

“Es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención, omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones o que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida por éste” .

En dicho caso, la Corte Interamericana estableció que

“. . .el Estado permitió la colaboración y participación de particulares en la realización de ciertas funciones (tales como patrullaje militar de zonas de orden público, utilizando armas de uso privativo de las fuerzas armadas o en desarrollo de actividades de inteligencia militar), que por lo general son de competencia exclusiva del Estado y donde éste adquiere una especial función de garante. En consecuencia, el Estado es directamente responsable, tanto por acción como por omisión, de todo lo que hagan estos particulares en ejercicio de dichas funciones, más aún si se tiene en cuenta que los particulares no están sometidos al escrutinio estricto que pesa sobre un funcionario público respecto al ejercicio de sus funciones. Fue de tal magnitud esta situación en la que particulares colaboraron en el desarrollo de dichas funciones, que cuando el Estado trató de adoptar las medidas para enfrentar el desborde en la actuación de los grupos paramilitares, estos mismos grupos, con el apoyo de agentes estatales, atentaron contra los funcionarios judiciales” (Subrayas de la Sala).

Ahora, la conducta de los particulares también le puede ser atribuido a un Estado bajo las siguientes circunstancias:

“(i) Cuando el Estado omite la adopción de medidas razonables para prevenir la violación de los Derechos Humanos; (ii) cuando el actor está actuando bajo la dirección, siguiendo instrucciones o con control de un Estado; (iii) cuando el actor ejercita elementos de autoridad gubernamental ante la ausencia de autoridades oficiales;. . . (vi) cuando hay delegación de funciones estatales al actor no estatal, o (vii) cuando el Estado crea una situación objetiva de riesgo y luego no despliega los deberes de salvamento que le son exigibles (pensamiento de la injerencia). . .

“. . .En consecuencia, tratándose de hechos de terceros que no han actuado en connivencia con la fuerza pública, y, en los cuáles no hay un hecho imputable a un agente estatal, la jurisprudencia internacional estructura la responsabilidad sobre la base de que se reúnan dos elementos: i) que el estado incumpla con los deberes de diligencia que le son exigibles en la evitación de graves violaciones a los derechos humanos, y ii) que se trate de riesgos inminentes y cognoscibles. Es decir, que en esta estructura el fundamento de la responsabilidad no es objetivo y está basado en la ausencia de una prevención razonable a las graves violaciones a los derechos humanos. . .

“. . .un acto ilegal que viola los derechos humanos y que inicialmente no es imputable directamente a un Estado (debido, por ejemplo, a que es una conducta de un actor no-estatal), puede conducir a la responsabilidad internacional del Estado, no debido al acto mismo, sino debido a la falta de actividad mostrada por el Estado para prevenir la violación con la ‘diligencia debida’, o, responder tal como es requerido en la Convención” .

La responsabilidad del Estado, por acción u omisión, tiene fundamento a nivel interno en el artículo 90 de la Constitución Nacional, el cual consagra que “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.

Al respecto, el Consejo ha establecido que,

“Respecto de los daños causados a las víctimas por hechos violentos cometidos por terceros, la Sala, en diferentes oportunidades, ha señalado que éstos son imputables al Estado, principalmente cuando en la producción del hecho generador del daño interviene la administración, a través de una acción u omisión constitutiva de falla del servicio, como en los eventos en los cuales aquél se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o cuando la víctima ha solicitado protección a las autoridades y éstas no se la han brindado o porque, en razón de las especiales circunstancias del momento, el hecho es previsible y no se realiza ninguna actuación dirigida a protegerla. . .”.

“Frente a este último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida que, de haberse realizado, habría interrumpido el proceso causal e impedido la producción de la lesión” .

El Estado también puede responder como tercero civilmente responsable. La fuente de responsabilidad del tercero civilmente responsable es el delito del autor, entre otros casos, “cuando se tiene el deber civil de responder patrimonialmente como garante de una fuente de riesgo a bienes jurídicos” .

495. El Estado no solo es responsable por esa razón, sino por violar las normas internacionales que lo obligan a distinguir, respetar y proteger a los civiles en caso de un conflicto armado, a no involucrarlos en él y a desmovilizar, desarmar y desmantelar los grupos y estructuras ilegales en los casos de conflictos armados y/o en situaciones de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

496. Los grupos paramilitares fueron fruto de una política de amplios sectores del Estado. Su creación y expansión fue un propósito común de múltiples sectores de éste, las Fuerzas Militares y la sociedad civil y fue posible gracias a la financiación de la empresa privada y el narcotráfico y la alianza entre todos ellos. Los demás sectores fueron complacientes o condescendientes con ese fenómeno y lo toleraron. Sólo de esa manera se explica que en el corto lapso de unos pocos años coparan todo el país.

497. La Fiscalía General de la Nación, fue omisiva en la investigación y acusación de las graves infracciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario cometidas por los paramilitares. También ha sido omisiva en la investigación y acusación de las estructuras y redes que promovieron, auspiciaron, financiaron y apoyaron los grupos paramilitares. La mayoría de las investigaciones contra los altos oficiales de las Fuerzas Militares y los empresarios privados de los distintos sectores y niveles permanecen en investigación previa o estancadas, cuando no es que se adelantan dejando trascurrir el moho de los años, como lo ha constatado la Sala.

Sobre la condena

1.Condénaseal postulado Jesús Ignacio Roldán Pérez, conocido como Monoleche, integrante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y desmovilizado del bloque Calima, a la pena principal de cuarenta (40) años de prisión y multa de once mil novecientos cincuenta (11.950) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2.005 y a la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 10 años, como coautor de los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, desaparición forzada y hurto calificado agravado.

2.Sustituyésele la anterior pena de prisión por la pena alternativa de 95 mesesde prisión, la cual estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos en la parte motiva de la presente decisión.

3.Concédesele la libertad a prueba al postulado Jesús Ignacio Roldán Pérez por un término de 47 meses, 15 días, quien deberá cumplir las obligaciones y compromisos establecidos en la parte motiva de la presente decisión, sin perjuicio de que se ejecuten las órdenes de captura o las medidas restrictivas de su libertad por hechos posteriores a su desmovilización.

Una vez suscrito el compromiso y el acuerdo fijados en los párrafos 745 y 746 del apartado VIII de esta decisión, librese la orden de libertad por este proceso, pero deberá ser puesto a disposición del Juez 33 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, quien ordenó su detención preventiva por hechos posteriores a su desmovilización.

En caso de que el postulado Jesús Ignacio Roldán incumpla alguno de los compromisos y obligaciones fijados en esta decisión, se le revocará el beneficio de la pena alternativa o el período de libertad a prueba, según sea el caso y, en consecuencia, deberá cumplir la sanción ordinaria.

Sobre las víctimas reconocidas

4. Reconócesecomo víctimas del conflicto armado a a) Teresa Padilla Cordero, Carmen Madrid Padilla, Marelbi del Carmen Madrid Padilla, Ana Aideth Madrid Padilla, Fabio Hernán Madrid Padilla, Juan Alberto Madrid Padilla, Roger Segundo Madrid Padilla y Oscar Santander Madrid Padilla; b) Yudis María Agua, Gilberto Carvajal Luna, Ana Marcela Carvajal Robledo, Gilberto Segundo Carvajal Agua, Julia Eva Fajardo Agua, Dina Marcela Fajardo Agua; c)Magaly Isabel Varilla Hernández, Cesar David Castaño Varilla, Cenelia Rosa Castaño Varilla, Sandra Magali Castaño Varilla, Dilson Alfonso Castaño Varilla, Alexander Castaño Varilla; d)Fidelia Rosa Álvarez Trujillo, Lina Marcela Espitia Álvarez, María Alejandra Espitia Álvarez, Felicita Espitia Álvarez, Irma Inés Espitia Álvarez, Lenis Ester Espitia Álvarez, Luz Elena Espitia Álvarez, Carmen Alicia Espitia Rivera, Juan Antonio Espitia Rivera, Luis Alberto Espitia Mendoza; e)Beatriz de Jesús Montes Tirado, Edinson Manuel Montes Tirado, Maris del Pilar Montes Tirado, Raúl Darío Montes Tirado, Luis Gabriel Montes Tirado; f)Emilia Rosa Vega Polo, Enrique Hernández Correa, Bertilda Rosa Hernández Vega, Oberto Antonio Hernández Vega, Sixta Tulia Hernández Vega, Enrique Segundo Hernández Vega, Miguel Hernández Vega, Olga Hernández Vega, Nohemí Hernández Vega, Moisés Hernández Vega y Lucelly Hernández Vega; g)Aura Victoria Suárez Moreno, Manuela Giraldo Suárez, Valentina Suárez Moreno, Yeny Carolina Giraldo Soto, Sara Leandra Giraldo Piedrahita, Adriana María Giraldo Vásquez y Fabián Eliecer Giraldo Vásquez; h)Beatriz Contreras Atilano, Yulieth Beatriz Taborda Contreras, Johan Taborda Contreras, Jair Taborda Contreras; i)Luz Marina Galindo de Saya, Jorge Eliecer Saya Galindo, Rosmary del Carmen Saya Galindo; j)Lourdes Aidé Ramos Jiménez, Elvis Esther Romero Ramos, Lurdariz Romero Ramos, Walter Romero Ramos, Wilber David Romero Ramos, Arelis del Carmen Romero Arcia, Luisandra Romero Arcia, Jorge Enrique Romero Narváez, Noraida Esther Romero Narváez; k) Gleciana María Humanes Hernández, Aníbal José Humanes Hernández, Luis Alfonso Humanes Hernández, Abel Antonio Humanez Rivero, RembertoHumanez Rivero, Rosa María Humanez Rivero y Víctor Manuel Humanez Rivero; l) Edelmira Acosta Peralta, Alexis Alfonso LambrañoAcosta, Jenis Judith Lambraño Martínez, Miryam de Jesús Lambraño Martínez, Yaris de Carmen Lambraño Martínez, Luis Antonio Lambraño Martínez y Denis Manuel Lambraño Martínez;m) María Magdalena Graciano Góez, Consuelo de Nieve Julio Zabala, Yamile Flórez Julio, Hilario José Flórez Julio, Yanebis Flórez Zabala; n) Miguel Antonio Blanco Sánchez.

Medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y No repetición

Restitución

a) Exhórtasea la Unidad de Gestión y Restitución de Tierras despojadas para que adelante los procesos de formalización de los títulos de propiedad de quienes aún no los tengan. En el cumplimiento de esta medida concurrirán las entidades que deban hacerlo, entre las cuales se encuentran la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Superintendencia de Notariado y Registro y el INCODER.

b) Exhórtasea la Unidad de Gestión y Restitución de Tierras Despojadas, a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de San Pedro de Urabá, para que implementen todas las medidas necesarias para garantizar la condonación de las deudas por concepto de Impuesto Predial y servicios públicos domiciliarios de las familias objeto de este pronunciamiento, residentes en este municipio, de acuerdo a la parte motiva de esta decisión.

c) Exhórtasea la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a la Unidad Administrativa de Gestión y Restitución de Tierras Despojadas, a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de San Pedro de Urabá, para que implementen todas las medidas necesarias para garantizar el alivio de los pasivos o créditos y condonación de las deudas que las familias objeto de este pronunciamiento residentes en este municipio han adquirido hasta la actualidad por concepto de créditos bancarios u otros, los cuales no han podido ser cumplidos por las mismas razones, especialmente en los casos de madres que tienen la calidad de cabezas de hogar.

d) Exhórtasea la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para que brinde el acompañamiento y asesoría a las familias sujeto de este pronunciamiento en materia de créditos de acuerdo con la reglamentación expedida por la Superintendencia Financiera sobre el alivio de pasivos.

e) Exhórtasea la Alcaldía de San Pedro de Urabá, a la Gobernación de Antioquia y al Ministerio de Vivienda y a las demás entidades del orden territorial para que: i) implementen un programa de vivienda para los hogares de las víctimas objeto de reparación en esta sentencia que aún no cuentan con vivienda propia; ii) implementen un programa para el mejoramiento de las viviendas de los grupos familiares objeto de este pronunciamiento que se encuentran en mal estado; iii) Concedan subsidios de vivienda a las familias que no cuentan con una propia. En todos los casos, las enfocará y le dará prioridad a las madres cabeza de hogar, las familias desplazadas y los adultos mayores.

f) Exhórtase a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que acompañe a cada uno de los miembros de las familias, mujeres y hombres, sujetos de reparación en este pronunciamiento que no hayan podido acceder a educación técnica y/o superior, con miras a que puedan acceder a los cupos que brinda el SENA y a éste, para que implemente un programa de acceso a su oferta educativa de las víctimas del conflicto armado, destinado con preferencia a las madres cabezas de hogar e hijos de víctimas de homicidio, desplazamiento y desaparición forzadas y despojo de tierras, al cual puedan acceder las víctimas objeto de esta sentencia.

g) Exhórtase a la Gobernación de Antioquia y a la Universidad de Antioquia para que incluyan en su Plan Estratégico de Regionalización, en especial para la región de Urabá, el diseño e implementación de medidas para facilitar el acceso de las víctimas del conflicto armado a educación superior, destinado con preferencia a las madres cabezas de hogar e hijos de víctimas de homicidio, desplazamiento y desaparición forzadas y despojo de tierras, al cual puedan acceder las víctimas objeto de esta sentencia.

h) Exhórtase a la Gobernación de Antioquia, en armonía con las respectivas alcaldías de los municipios de la región de Urabá, para que implementen todas las medidas necesarias para garantizar la permanencia de los estudiantes aportando subsidios para el transporte y la alimentación en el centro educativo de las y los beneficiarios de esta medida, una vez sean asignados los cupos a los miembros de las familias que aspiren a estudios superiores o técnicos, independiente de la institución que los cobije.

i) Exhórtase a las Universidades Públicas y solicítesele a las Privadas del Departamento de Antioquia, para que den cumplimiento al artículo 51 de la Ley 1448 de 2.011, para que en el marco de su autonomía, definan procesos de selección, admisión y matricula de las víctimas del conflicto armado, destinado con preferencia a las madres cabezas de hogar e hijos de víctimas de homicidio, desplazamiento y desaparición forzadas y despojo de tierras, al cual puedan acceder las víctimas objeto de esta sentencia.

j) Exhórtase a las Universidades Públicas y solicítesele a las Privadas del Departamento de Antioquia para que consoliden a nivel institucional una política de acciones afirmativas para la asignación de cupos especiales para víctimas del conflicto armado que hayan sido reconocidas como tales en el marco del proceso de reparación que atraviesa el país.

k) Exhórtase a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para que fortalezca la implementación de proyectos de generación de ingresos a favor de las mujeres y hombres sujetos de la reparación en la presente decisión.

l) Exhórtasea la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que establezca medidas para fortalecer los proyectos productivos de las familias sujetos de esta sentencia que ya fueron beneficiarias, pero que por falta de conocimientos en administración o recursos para su sostenimiento, se encuentran en dificultades que, al contrario de lo que se espera, son una causa de preocupaciones y mayores deudas de las familias, lo que les impide la generación de ingresos en el corto y mediano plazo, así como una mayor autonomía en el largo plazo para los miembros del núcleo familiar.

m) Exhórtasea la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que implemente procesos de acompañamiento a las madres cabeza de hogar, de acuerdo a lo establecido en la parte motiva de esta decisión.

n) La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Fondo de Reparación para las Victimas de la Violencia podrán deducir o imputar a la indemnización decretada los bienes y servicios que las familias obtengan como resultado de esos planes y programas y que sean consecuencia de esta sentencia y su cumplimiento, no de las políticas públicas del Tesoro Nacional en los términos de la parte motiva.

Las instituciones atrás referidas informaran a la Sala, en un plazo máximo de 6 meses a partir de la ejecutoria de esta sentencia, los planes, programas y medidas implementadas, la programación o cronograma de sus actividades y las medidas concretas en favor de la población objeto de esta sentencia, conforme a su parte motiva.

o) Ordénaseal Ministerio de Defensa para que adopte todas las medidas de seguridad necesarias para que las víctimas indirectas del señor Narciso Manuel Montes Pineda puedan retornar a su predio, como se indica en la presente decisión y solicíteseleque, dentro de los 3 meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, presente un informe a la Sala y en lo sucesivo cada 3 meses. En caso de que no hayan suficientes garantías de seguridad del grupo familiar, la Unidad de Restitución de Tierras realizará todo el acompañamiento necesario para realizar la restitución por equivalencia o el reconocimiento de una compensación, según lo establece el artículo 72 de la Ley 1448 de 2.011.

Medidas de Rehabilitación

a) Exhórtaseala Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en armonía con el Ministerio de la Protección Social y la Gobernación de Antioquia y/o la Gobernación de Córdoba, según el caso, con apoyo de los municipios afectados a diseñar y programar un Plan de Atención y Acompañamiento Psicosocial Individual, Familiar y Comunitario, teniendo en cuenta los impactos del daño en los términos de la parte motiva de esta desición

El diseño de estas medidas y el cronograma para su implementación, así como las modalidades de la atención que se ofrecerán a los beneficiarios de esta medida, deberán ser informados a la Sala por la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dentro del mes siguiente al vencimiento.

La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas deberá presentar informes sobre los avances de los procesos, las acciones implementadas y sus resultados cada 3 meses a partir de la puesta en marcha de las medidas.

 
Dirección: Carrera 37A No 25B-42, Bogotá D.C. Colombia Telefax: (57-1) 2687179 / 2687161
 
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