Seguimientos a integrantes de la Comisión de Justicia y Paz
Durante dos ocasiones en ocho días defensores de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz han sido blanco de seguimientos y hostigamientos por hombres que se movilizan en motos…
Estas operaciones coinciden, como se denunció hace unos días al gobierno y el Estado colombiano con un plan de actuaciones contra integrantes de la Comisión de Justicia y Paz en Bogotá.
El pasado primero de mayo, durante una hora y después de participar en la tradicional marcha que se realiza sobre la carrera séptima de Bogotá, el sacerdote Alberto Franco, fue seguido por dos hombres que se movilizaban en una moto desde el centro internacional hasta el barrio Quirogá en Bogotá,
El sacerdote, actual Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia y Paz, ha sido blanco de operaciones mediáticas de desprestigio por sus denuncias en medios respecto a la situación que atraviesan las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó por operaciones paramilitares y empresariales de palma, banano, y operaciones extractivas mineras.
Ayer, luego del medio día, en el barrio Chapinero, dos hombres que se movilizaban en una moto siguieron durante más de seis cuadras al defensor de derechos humanos Danilo Rueda. Cuando el defensor observó el seguimiento pretendió evadir a los motociclistas tomando una carrera que no podían usar en contravía, minutos después aparecieron nuevamente. En ese momento el defensor constató en que una mujer vestida de civil venía detrás a pie, desde cuadras atrás. La mujer, joven, vestida de jean y saco gris con camisa blanca, de cabello largo, dialogó con los motorizados, expresando: “sí, este es uno de los de justicia y paz”.
Mientras el defensor aceleró el pasó, los motorizados se acercaron a la mujer con quienes departieron, mientras el defensor de derechos humanos seguía siendo observado.
En horas de la tarde, la Comisión de Justicia y Paz fue informada que desde hace tres semanas un hombre vestido de civil transita por el entorno de la sede algunas veces en vehículo, otras en bicicleta y en ocasiones caminando. En la madrugada de ayer, tras llamada de habitantes del sector, fue conducido por la policía, regresando dos horas después, al frente de nuestra sede y hacia las 7:30 a.m, subió a una patrulla de la policía, información que se dio a conocer al gobierno nacional.
Días atrás, el 2 de mayo, integrantes de la Comisión de Justicia y Paz fueron abordados a la salida de la sede por un hombre que decía buscar la Cruz Roja Internacional. Tras responderle que allí no era la sede del organismo humanitario internacional el hombre comenzó a preguntar a qué se dedicaban, quién era el director, pues tenía que hablar con él.
Agregó con actitud hostil, que “él tenía mucho poder” y que cuando quisiera iba a desbaratar la oficina. A uno de los integrantes, le reclamó que se quitara los aretes, que “si es que era gay o qué” (…) “Frescos, frescos, que nos vamos a volver a ver”. Minutos después manifestó conocer al P. Javier Giraldo y a Iván Cepeda y que tenía información de la Macarena.
Hace dos semanas se conoció que existen tres procesos judiciales en curso contra integrantes de la Comisión de Justicia y Paz o personas que apoyan o laboran con nuestra organización.
Estos procesos se confirman que existen, aunque durante más de un año se ha indicado de una ofensiva ilegal para comprar testigos que participaran en un montaje judicial en que defensores de derechos humanos sean acusados de ser integrantes de las FARC, ordenar crímenes y recibir dineros de ese grupo disidente en armas.
Detrás de este montaje judicial y las operaciones mediáticas de desprestigio se encuentran sectores empresariales y pro militares que se experimentan afectados por la información, documentación e identificación de estructuras criminales beneficiarias de operaciones paramilitares en el bajo Atrato.
La Comisión de Justicia y Paz en diversas regiones del país promueve la aplicación del derecho humanitario y la paz con las comunidades en zonas de conflicto armado lo que ha provocado la animadversión empresarial y de militares activos y retirados.
Bogotá, D.C. Mayo 8 de 2012
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz