Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Martes, septiembre 27 de 2016
 

Paz

Respuesta de las FARC-EP a comunicado CONPAZ sobre Comisión de la Verdad

Jueves 20 de agosto de 2015

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Queremos agradecerles su carta de fecha 15 de junio, expresándoles nuestra satisfacción por sus contribuciones al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que venimos construyendo en la Mesa de Conversaciones de Paz de La Habana.

Carta CONPAZ

Compatriotas:

Comunidades Construyendo Paz, CONPAZ

A nombre de la Delegación de Paz de las FARC-EP, nuestro saludo cordial.

Sin duda, un paso importante para ello ha sido el acuerdo del pasado 4 de junio que creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la cual aunque todavía requiere de definiciones que la engranen con todos los componentes del Sistema Integral, constituye un importante logro, tanto en su alcance y contenidos, que la colocan como una de las más avanzadas respecto a otras Comisiones de la Verdad creadas en el mundo y en Colombia.

Las propuestas llevadas a la Mesa de Conversaciones por nuestra Delegación de Paz, han recogido las iniciativas efectuadas y defendidas desde hace años por organizaciones de víctimas y de derechos humanos en Colombia alrededor de los fundamentos que deben regir una Comisión de la Verdad. Reconocemos que sin tales aportes no dispondríamos ya de este primer Acuerdo, que entendemos satisface y supera los estándares habituales que reúnen este tipo de mecanismos extrajudiciales. Por todo ello, nos complace que ustedes afirmen en su carta, que sienten que sus propuestas han sido tenidas en cuenta.

No obstante, queremos manifestarles lo que a nuestro juicio aún son deficiencias o aspectos mejorables de esta Comisión, las cuales estamos empeñados en superar desde la Delegación de Paz de las FARC-EP:

Debe constar expresamente la posibilidad de que, para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión reciba, entre otros, información, materiales, sugerencias y propuestas que quieran aportar las víctimas y sus organizaciones, y en general diferentes sectores de la sociedad.
Debe hacerse mayor énfasis en garantizar expresamente que cualquier documento o material probatorio que sea examinado por la Comisión o aportado a ésta, no perderá por ese hecho su valor probatorio ante cualquier otra instancia del Sistema Integral, o en general ante cualquier institución judicial o extrajudicial.
El informe final de la Comisión debería poder atribuir responsabilidades individuales expresas por graves infracciones de los derechos humanos y del DIH ocurridas en el marco del conflicto, si los/as comisionados/as así lo entienden necesario para garantizar los derechos de las víctimas.
Debe existir un compromiso expreso del Estado sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe final de la Comisión, cuando ellas consistan en promover reformas institucionales que garanticen la no repetición del conflicto y de las graves violaciones de derechos humanos que se hubiese producido.
Al igual que las organizaciones de víctimas, creemos que la verdad y reparación son un imperativo ético para poder acabar el conflicto, y que las garantías de no repetición son fundamentales para poder crear un sólido Sistema de justicia para el post acuerdo.

Dado que el derecho a la verdad no es un asunto que incumbe solo a las víctimas, a los sobrevivientes y a los perpetradores, sino a toda la sociedad, venimos trabajado para garantizar que no exista ningún obstáculo para que se conozca la verdad íntegra, exhaustiva y detallada de las causas del conflicto y de todos los hechos ocurridos a lo largo de su existencia.
El ofrecimiento de esa verdad íntegra, exhaustiva y detallada es obligación en primer lugar de aquellos colectivos e instituciones que han participado, directa o indirectamente, en el largo conflicto, y también es obligación de todas aquellas personas que perteneciendo a los anteriores colectivos o instituciones, han sido parte del conflicto, máxime cuando los colectivos o instituciones a los que pertenecen o han pertenecido, se niegan a ofrecer a nuestra patria y a nuestro pueblo la extensa Verdad que requerimos para nunca más repetir lo ocurrido. Solo así será posible alcanzar la convivencia sin exclusión social y sin violencia, sin daños ambientales y con medidas eficaces para que las empresas respeten los derechos humanos y los derechos de los pueblos.

Es nuestra intención avanzar mediante esta Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, hacia un nuevo modelo de convivencia, cuya más eficaz forma de ser garantizado, es un nuevo proceso constituyente en el que deberían participar activamente, no solamente las fuerzas políticas que surjan de este proceso de conversaciones de paz, sino también los movimientos sociales, campesinos y sindicales colombianos y en especial los movimientos representativos de las víctimas del conflicto.
Las FARC EP entendemos que en este proceso de Paz es imprescindible partir de la necesaria dignificación de las víctimas previniendo la re victimización y la ocultación de la verdad sobre lo ocurrido. La dignificación significa garantía de todos los derechos humanos para todas las personas, y en especial la plena garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y medio ambientales, mediante la puesta en marcha de políticas públicas que posibiliten el uso y disfrute de los territorios y la protección de todas las fuentes de vida, ríos, mares, páramos, bosques y animales. Por ello, también trabajamos por la democratización de todos los derechos fundamentales e instituciones, y por garantizar el libre acceso de toda la sociedad a los medios de comunicación e información. Recordamos que respeto a esta temática, en la discusión del punto segundo de la Agenda de Conversaciones, participación política, las FARC-EP propusimos el reparto del espectro radioeléctrico, a partes iguales, entre el sector público, el sector privado y el sector comunitario, para garantizar así el libre derecho a la información a todos los colombianos y colombianas. Por ello compartimos su propuesta de que las frecuencias de FM actualmente utilizadas por las radios públicas de la policía y las Fuerzas Militares se fundan en una sola, y las frecuencias sobrantes y equipos se asignen a comunidades de paz y a organizaciones sociales y de víctimas. Esta sería una medida reparadora que ayudaría a garantizar eficazmente la no repetición del conflicto.

Queremos manifestarles nuestro acuerdo con su visión de una justicia especial para la paz no vengativa ni retaliadora, justicia plena a cambio de verdad y reparación a las víctimas y restauración de sus derechos vulnerados. Solo la enunciación sincera de la verdad por parte de los responsables directos de la violencia, de sus planificadores y beneficiarios, podrá sentar las bases para un sistema de justicia alternativo al punitivo carcelario, un sistema que resulte realmente restaurativo y reparador para las víctimas.

Agradecemos su ofrecimiento de poner a disposición del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición sus territorios y comunidades, para echar a andar en ellos programas donde todos los responsables de graves violaciones de los derechos de las víctimas ocurridos durante el conflicto, previo ofrecimiento de Verdad, cumplan las sanciones restaurativas y reparadoras que sean impuestas por el Sistema Integral acordado.

También coincidimos con su idea de la necesaria territorialización del trabajo de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y nos comprometemos a estudiar detalladamente su propuesta de creación de 12 universidades de la paz en conformidad con las 12 regiones donde podría desarrollar sus actividades la Comisión, así como de implementar en los currículos académicos de colegios y centros de secundaria contenidos de educación para la paz obtenidos de las conclusiones de la Comisión. Todo ello sin duda es un poderoso medio para

alcanzarse la convivencia normalizada, digna y respetuosa.

Estamos de acuerdo con ustedes en que necesitamos para nuestra patria una nueva cultura política de Paz, un nuevo proyecto de país que enfrente las causas y las raíces de la violencia y la desigualdad descritas, entre otros, en los informes de la Comisión Histórica del Conflicto, en el informe Nunca Más y en los distintos informes de la Comisión Ética de la Verdad.

Hacemos nuestra su preocupación por conocer el destino de los más de 50.000 detenidos-desaparecidos durante el conflicto (el doble de los desaparecidos durante la cruel dictadura argentina), y así lo hemos puesto de presente en la Mesa de Conversaciones, proponiendo medidas concretas para dar con el paradero de las víctimas de este brutal crimen de Estado. Nos comprometemos a trasladarle a la Mesa de Conversaciones la propuesta que nos hacen llegar a través de la carta que ahora contestamos: “Si los responsables de las desapariciones forzadas expresan los lugares dónde se encuentran los restos de nuestros desaparecidos e indican, qué hicieron con ellos o quiénes ordenaron y se beneficiaron de este crimen, harán factible la discusión de la justicia restaurativa y restitutiva”.

Una de nuestras mayores preocupaciones en este proceso ha sido poner fin al despojo violento de la tierra de las comunidades rurales, que ha sido práctica sistemática y continuada a lo largo de la historia de la República por parte de grandes terratenientes, que configuraron el modelo de acumulación valiéndose de inmensos ejércitos paramilitares. Tanto en el primer punto de la Agenda de conversaciones, Reforma Rural Integral, como en el actual punto quinto, Victimas, hemos propuesto innumerables iniciativas para acabar definitivamente con el criminal desplazamiento y despojo, para garantizar la devolución de las tierras arrebatadas a los campesinos, pueblos indígenas y comunidades afro, y para poner en su manos los muchos terrenos que deben ser objeto de restitución y redistribución, como también baldíos de que dispone el Estado, en lugar de que estos sean entregados a latifundistas o grandes compañías multinacionales extranjeras que solo buscan beneficio propio, a costa del empobrecimiento de nuestro pueblo y la degradación irreparable de nuestro medio ambiente.

No podemos más que coincidir con su propuesta de que los despojadores entreguen la tierra y los territorios a los despojados, siendo imprescindible trabajar en los espacios donde han ocurrido los hechos, para así hacer más efectiva la restauración, siempre sobre la base del reconocimiento de la verdad y de la identificación de los motivos y de los responsables.

También nuestro compromiso con la madre tierra es pleno y sabemos el daño que la guerra, las políticas económicas neoliberales y los mega-proyectos extractivos han causado a nuestros ecosistemas. Así como las zonas de nuestro país que han permanecido bajo la influencia y control de nuestras fuerzas guerrilleras han podido conservar sus riquezas medio ambientales en perfecto equilibrio ecológico, manifestamos nuestro compromiso con alcanzar un acuerdo de Paz que contemple la protección y recuperación del equilibrio de los ecosistemas que garantizan nuestra inmensa biodiversidad, también en aquellos territorios que habiendo estado fuera de nuestro control han sufrido la degradación medio ambiental provocada por las llamadas “locomotoras del desarrollo”, que no han sido más que locomotoras de despojo de nuestras riquezas naturales, de subdesarrollo para nuestro pueblo y de ruptura de los equilibrios medioambientales de nuestros preciados ecosistemas naturales. Efectivamente un nuevo Pacto Socio Ambiental es imprescindible para fundamentar la paz.

Con toda razón ustedes expresan que mención especial merece la realidad de los exiliados, aquellos que por serles negada la protección que todo Estado debe a sus nacionales, tuvieron que abandonar su patria a causa de sufrir persecución. Expresamos nuestra conformidad con su propuesta de que el drama del exilio sea también contemplado por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, pudiendo esta sesionar en distintas regiones incluyendo a los exiliados, así como teniendo muy en cuenta los distintos hechos diferenciales que existen en Colombia, desde el punto de vista étnico y territorial, de género y medioambiental. Se debe considerar, también de manera especial a todos aquellos que durante el conflicto han sido privados de su libertad y recluidos en unas cárceles que se encuentran en abierta situación de inconstitucionalidad. Y ello afecta por igual tanto a los prisioneros políticos como a los presos sociales, puesto que todos han sufrido abandono y trato indigno por el Estado.

Nos comprometemos ante ustedes a trabajar -ahora en este proceso de Paz y también cuando este haya concluido mediante un Acuerdo Final que nos permita la libre actividad política-, para que la propiedad del suelo y el subsuelo sea reconocida como bien de la humanidad, reconocido como bien habitado y protegido por comunidades negras, indígenas, mestizos, y afro-mestizos, para que sean reconocidos como bienes colectivos productores de bien ambiental, de bien alimentario, como el medio imprescindible para reproducir todas las fuentes de vida.

Son bienvenidas todas sus iniciativas encaminadas a abrir nuevos espacios de conversación con la insurgencia colombiana, incluido el ELN.

Para nosotros será un privilegio poder recibirlos en La Habana, sede de los diálogos de Paz, para abordar los muy importantes asuntos que proponen en su carta.

Finalmente, les agradecemos la valentía que han mostrado al manifestarse abierta y claramente sobre el proceso de Paz, sobre sus avances y sus deficiencias. Ustedes han marcado un camino que esperamos sigan otros colectivos y comunidades de nuestra Colombia, porque si algo da garantía de éxito a estas conversaciones es la participación activa del pueblo.

Solamente dándole la palabra a nuestro pueblo el proceso será exitoso y se alcanzará una Paz duradera y transformadora para una sociedad que sigue hoy estando herida por numerosas injusticias.

Cordialmente,

Delegación de Paz de las FARC-EP

 
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