Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Lunes, septiembre 26 de 2016
 

Medios

Resistencia franciscana en Zona Bananera

Verdad Abierta

Lunes 27 de enero de 2014

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A los reclamantes de las fincas Las Franciscas en Magdalena, los han perseguido, desplazado, les han matado a cinco de sus líderes, pero ellos siguen exigiendo que les devuelvan la tierra que están seguros les pertenece. Ex paramilitares han dicho que una empresa bananera les pagó para sacarlos de ahí.

Las 52 familias de la Asociación de Parceleros de La Iberia (Aucibe) del municipio de Zona Bananera, Magdalena, esperan que esta vez la justicia les dé la razón después de casi treinta años de insistentes peticiones. Estos campesinos, cortadores de banano, reclaman desde 1987 la titulación de los predios Las Franciscas 1 y 2, que suman 130 hectáreas, y por los que desde 2004 fueron desplazados tras el asesinato de cinco parceleros, dos de ellos líderes de la comunidad.

El caso de Las Franciscas fue documentado por Unidad de Restitución de Tierras, el organismo creado por la Ley 1448 o Ley de Víctimas para documentar los casos de abandono y despojo y presentarlos ante jueces de restitución. Como en Chibolo, también en este departamento, los paramilitares a cargo de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, amenazaron a los campesinos, los asesinaron y luego los despojaron de sus fincas. La particularidad de este caso es que las autoridades sospechan que el despojo fue orquestado por una empresa multinacional que exporta banano y que, según el relato de las víctimas y la confesión del ex jefe paramilitar Carlos Mangones Lugo alias ‘Carlos Tijeras’, pagó a los paramilitares para arremeter contra los pobladores.

Cansados de vivir desplazados en distintos poblados de la Costa Caribe y de un proceso de titulación que no finalizó el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder), los campesinos solicitaron la restitución de sus parcelas ante la Unidad, apelando a la Ley de Víctimas.

El gobierno documentó el caso y lo confió a la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), quien representa a las víctimas de Aucibe, que en diciembre de 2013 presentó la demanda ante un juez especializado en restitución de tierras. VerdadAbierta omite los nombres de la compañía bananera y de los particulares señalados de participar en el despojo porque el juicio aún no comienza.

La comunidad de Aucibe espera ahora los títulos de las parcelas, que el gobierno les dé garantías para retornar y que la justicia vaya más a fondo e investigue a quienes sembraron el terror durante décadas contra los pobladores de Orihueca, el corregimiento donde están Las Franciscas.

La reforma y el primer desplazamiento
En los años sesenta, en esta zona del Magdalena hubo conflictos intensos por la tierra. Para esa época, la empresa multinacional de banano más grande había abandonado las extensas plantaciones y sus trabajadores de confianza se habían quedado con los mejores predios. Muchos colonos y obreros pobres buscaron dónde cultivar y se asentaron en terrenos baldíos entre Ciénaga y Aracataca, lo que luego se llamó Zona Bananera, reconocida como municipio en 1999.

En los años setenta vino la bonanza marimbera, el contrabando y las extorsiones, y tras ellos los primeros paramilitares. Hernán Giraldo, alias ‘El Viejo’, con su grupo ‘Los Chamizos’, que más tarde se hicieron llamar Autodefensas del Magdalena y La Guajira, y posteriormente se incorporaron a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) con el nombre del Frente Resistencia Tayrona. A este mismo Frente se incorporó Adán Rojas con su grupo de Autodefensas del Palmor. También hicieron presencia las bandas delincuenciales ‘El Polvorín’, ‘Los Cuqueros’ y ‘Los Magníficos, esta última en los noventa, bajo el mando de Fidel Castaño.

Durante la siguiente década llegaron las Farc, secuestrando y extorsionando a terratenientes y comerciantes de la región, sobre todo a directivos de la industria bananera que volvió a tomar auge en los años ochenta. Según documentó la Unidad, en este período las empresas bananeras del Urabá, nacionales y extranjeras, y empresarios antioqueños montaron en la Zona Bananera subsidiarias proveedoras de banano para exportar. Éstas replicaron el mismo esquema obrero-patronal del Urabá que perseguía y reprimía cualquier intento de organización sindical.

Los campesinos, trabajadores pobres dedicados al corte de fruta, esperaban que el gobierno les cumpliera con la promesa de los años sesenta de hacer la reforma agraria y titularles tierras. Fue el caso de un grupo de corteros que supo por medio de Manuel Lineros, entonces director del Incora, que el gobierno iba a comprar Las Franciscas para adjudicarlas. Ante esa noticia, en 1987 se organizaron en la asociación Aucibe y comenzaron con los trámites para que les adjudicaran las parcelas.

Según los relatos de los campesinos, el 6 de marzo de ese año, con el permiso del Incora, entraron a los dos predios –Las Franciscas 1 y 2– que estaban abandonados y llenos de maleza. Ese día celebraron con un sancocho, construyeron un techo y comenzaron a cultivar. La tranquilidad la perdieron cuatro meses después cuando un terrateniente, cuyo nombre se omite por estar vinculado al proceso penal, les dijo que esas tierras le pertenecían. La situación empeoró cuando los citaron en la policía de Ciénaga y terminaron encerrados en un calabozo sin explicación alguna.

Más tarde el mismo terrateniente los amenazó con cerrarles los caminos de acceso al predio, así como el suministro de agua porque supuestamente él también era dueño de los terrenos colindantes. A finales de 1987 los parceleros de Aucibe terminaron desplazándose después de que un grupo de hombres armados llegara a desalojarlos. Cuando se enteraron de que la banda armada que los había amenazado eran integrantes de la temida banda ‘El Polvorín, salieron corriendo de allí.

Con los predios desocupados, el terrateniente cultivó banano en asocio con una empresa proveedora de una multinacional, pero según los campesinos él nunca acreditó ser el propietario. Sin embargo, en 1990 dos proveedoras de esa multinacional crearon una nueva compañía que, en 1991, terminó haciéndose a la propiedad de Las Franciscas y explotando sus tierras, así como otro predio llamado Santa Teresa. Cuando la transacción ocurrió, según lo documentó la Unidad de Restitución al estudiar el certificado de libertad y tradición, los predios afrontaban un proceso de extinción de dominio por deudas adquiridas por los dueños anteriores.

Paramilitares y pacto con bananeras
En octubre de 1992, las Farc secuestraron y asesinaron en cautiverio al directivo bananero Peter Arthur Kessler. Un año después, el negocio del banano entró en crisis cuando la Comunidad Económica Europea puso restricciones a las importaciones de la fruta provenientes de América Latina. La Unidad de Tierras documentó que esto hizo que las grandes multinacionales y sus proveedoras que estaban en la zona bananera del Magdalena se trasladaran temporalmente al Urabá antioqueño en su afán de reducir costos y mantener el negocio.

La multinacional que explotaba Las Franciscas no fue la excepción, abandonó los predios y trasladó su operación a Urabá. Según datos del Ministerio de Agricultura y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), mientras en Antioquia la producción de banano en 1992 fue de 1 millón 98 mil toneladas; en Magdalena fue de 540 mil toneladas.

Durante dos años, los predios quedaron de nuevo abandonados hasta el 4 de enero de 1996, cuando los campesinos de Aucibe decidieron retornar. Este año marcó otro período de conflicto, esta vez porque el Eln hizo presencia con los Frentes Domingo Barrios y Francisco Javier Castaño. Para contrarrestarlos, Vicente Castaño jefe de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), envió un grupo de paramilitares entrenados en fincas del Urabá cordobés y antioqueño a la Zona Bananera.

Ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Hernán Giraldo, alias ‘El Viejo’, y su hijo Daniel, alias ‘El Grillo’, confesaron que en 1997 se reunieron con Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar para formar el Frente Zona Bananera de las Auc. Vinieron allí luego los asesinatos, desplazamientos y desapariciones. La Defensoría registró por lo menos 70 desaparecidos en 1998.

En 1999, la situación empeoró. En versiones libres ante la Fiscalía, Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, un empresario bananero que se unió a los Castaño y que fue jefe del Frente Árlex Hurtado en el Urabá antioqueño, contó que los bananeros comenzaron a financiarlos a cambio de erradicar los sindicatos de las plantaciones. El Frente Bananero al que se refería Giraldo, planeado en una reunión en 1997, estuvo a cargo de Julián, hermano de Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’, quien tuvo bajo su mando a hombres como William Rivas, alias ‘4 4’, y Carlos Mangones Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’.

Cuando Rivas murió en 2001, alias ‘Carlos Tijeras’ ascendió a jefe del grupo al que bautizó como Frente William Rivas, haciendo presencia en Zona Bananera, Ciénaga, Pueblo Viejo, Aracataca, Fundación y El Retén. Según datos de la Fiscalía 3 Delegada ante la Unidad de Justicia y Paz, entre 2000 y 2003 este grupo paramilitar cometió 8 mil 500 crímenes, la mayoría asesinatos y desplazamientos contra cortadores, empacadores de banano y campesinos independientes afiliados al sindicato Sintrainagro. Todos fueron señalados de ser presuntos colaboradores de la guerrilla. Los crímenes también fueran contra personas señaladas de consumir drogas, ser homosexuales o vivir en la indigencia.

En sus declaraciones ante Justicia y Paz y ante la Corte Superior del Estado de California (Estados Unidos) en un proceso que llevan las víctimas del Frente William Rivas por la complicidad de la industria bananera con este grupo paramilitar, alias ‘Tijeras’ confesó que su grupo no se financió con el narcotráfico sino precisamente con los aportes que hacían las empresas y proveedoras bananeras, quienes pretendían desarticular las organizaciones sindicales y campesinas, para de esta forma adquirir fuerza de trabajo y tierra a bajo costo. El ex jefe paramilitar admitió en una versión libre en 2009 que ordenó el asesinato de 16 personas afiliadas a Sintrainagro.

“Ayudamos a dos multinacionales (se omiten los nombres porque aún no se termina la investigación) a pacificar el sindicato que representaba a los trabajadores bananeros de la región. Cuando asumí el comando del Frente William Rivas, el sindicato que representaba a los trabajadores bananeros era Sintrainagro. Se trataba de un sindicato de izquierda muy agresivo… yo ordené la ejecución del presidente izquierdista José Güette Montero…”, confesó el ex jefe paramilitar.

Según alias ‘Carlos Tijeras’, las dos multinacionales bananeras acordaron la financiación con los hermanos Castaño en 2002. Una se comprometió a pagar tres centavos de dólar por cada caja de banano embarcado desde Colombia; mientras que la otra, la interesada en los predios de Las Franciscas, acordó pagar 70 mil pesos por cada hectárea de banano sembrada.

“A mis hombres los buscaban regularmente los administradores de las multinacionales para identificar a personas señaladas de ser “problemas de seguridad”… En la mayoría de los casos cayeron líderes o miembros que buscaban apropiarse o reclamar terrenos que las multinacionales querían para cultivar banano…”, dijo Mangones Lugo a la justicia.

El asesinato de los parceleros
Los campesinos de Aucibe aseguran que soportaron la violencia paramilitar desde 1996, cuando retornaron a las parcelas, hasta 2004, cuando finalmente fueron despojados después del asesinato de varios parceleros. Según documentó la Unidad de Restitución de Tierras, los primeros campesinos de la asociación asesinados fueron tres hermanos de apellidos Terán Pérez en hechos ocurridos el 7 septiembre de 2001.

La comunidad recuerda que ese día cuatro hombres armados llegaron a las parcelas que cultivaban los Terán y les dispararon después de preguntarles si vendían el predio. Pese al triple crimen, los integrantes de la asociación campesina permanecieron en Las Franciscas por el temor de lo que ocurría en los alrededores. En Orihueca, muy cerca de la parcelación, los hombres de alias ‘Tijeras’ cometieron las masacres de las fincas Puerto Rico y El Tiempo.

En sus relatos a la Unidad, los campesinos contaron que en varias oportunidades dos trabajadores de la empresa proveedora de la multinacional de banano -que se había hecho a las tierras en 1991 pero que las había abandonado en 1994- les propusieron que desocuparan Las Franciscas a cambio de dinero. Los campesinos se negaron insistiendo que iban a continuar con la solicitud de titulación que habían comenzado en 1987 ante el antiguo Incora.

En marzo de 2004 ocurrió el cuarto asesinato contra un parcelero de Aucibe. Ese mes, paramilitares del Frente William Rivas asesinaron a José Kelsy, presidente de la asociación y a quien le decían de cariño hermano José, después de que le dijeran que las 52 familias tenían tres días para desocupar. Kelsy se negó, les dijo que no tenían a dónde ir y luego recibió un disparo en la frente. Alias ‘Tijeras’ confesó este asesinato en una versión libre del 11 de octubre de 2007.

El crimen provocó el segundo gran desplazamiento de Las Franciscas. Pero a la falta de tierra dónde vivir y trabajar, los campesinos de Aucibe siguieron organizados, visitaban las fincas de forma frecuente para recoger la cosecha y eligieron un nuevo presidente. Sin embargo, en mayo de ese mismo año el recién nombrado líder de la asociación -cuya identidad fue reservada- salió despavorido cuando supo que alias ‘Tijeras’ lo había incluido en una lista para matarlo.

Resistiéndose a salir de las tierras, en menos de tres meses los campesinos nombraron a Abel Bolaños como nuevo presidente. Pero a las pocas semanas, según relató la comunidad, Bolaños fue citado por los dos mismos trabajadores de la empresa proveedora de la multinacional.

La reunión ocurrió en la finca Santa Teresa, otro de los predios adquiridos por la empresa proveedora de la multinacional de banano en los años 90. Le pidieron que accediera a vender las parcelas y desocupar. Según la comunidad, Bolaños aceptó que le pagaran a cada parcelero entre 1 y 1.5 millones de pesos por hectárea, pero su intención de fondo era que la comunidad tuviera el dinero suficiente para pagar a un abogado que los defendiera.

En una segunda reunión en la Santa Teresa, donde se suponía que les entregarían el dinero a los campesinos ocurrió el despojo en el papel. Cuando llegaron los campesinos a la finca, tres hombres armados los encerraron con candado en la habitación de una de las empacadoras, a cada uno les entregaron solo entre 160 mil y 650 mil pesos, les descontaron de a 50 mil pesos, les pidieron las cédulas y finalmente les hicieron firmar unos papeles en blanco.

Por miedo, todos firmaron y algunos parceleros no volvieron a Las Franciscas. Otros pocos se quedaron y les pidieron permiso a los dos trabajadores de la empresa –los que les habían prometido más dinero –para sacar la cosecha. Luego se enteraron que esos empleados habían recibido la orden de contratar una retroexcavadora para destruir las cabañas y las cosechas.

El 13 de enero de 2005 mientras trabajaba en una de las parcelas, el líder Abel Bolaños fue asesinado por dos paramilitares. Su medio hermano, que lo acompañaba en el jornal, logró escabullirse por entre los matorrales. La Fiscalía 3 Delegada ante la Unidad de Justicia y Paz documentó que la policía fue a buscar el cuerpo de Bolaños y paramilitares del Frente William Rivas los atacaron, pues ellos iban hacia la zona para asesinar a cualquier testigo. En una versión libre ante la Fiscalía, Rolando René Garavito, alias ‘Care Niño’, confesó el asesinato del líder.

Después de los asesinatos de los cinco parceleros y los documentos en blanco a los que se vieron obligados a firmar, los campesinos de Aucibe siguen desplazados en distintos pueblos de la Costa Caribe a la espera de un pronunciamiento de la justicia.

Esto, porque según documentó la Unidad de Restitución de Tierras, pese a las confesiones de los ex jefes paramilitares ‘Pedro Bonito’ y ‘Carlos Tijeras’ ha habido impunidad sobre los crímenes y el despojo cometidos contra esta comunidad porque los máximos responsables no han sido investigados.

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