Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Martes, diciembre 6 de 2016
 

Paz

Recomendaciones a los Estados Unidos para apoyar la consolidación de la paz en Colombia

WOLA

Viernes 8 de enero de 2016

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Un acuerdo de paz con las FARC podría marcar el fin del conflicto armado más largo y brutal del Hemisferio Occidental armado, una sangrienta guerra que ha asolado el país durante más de medio siglo, y que, desde 1984, ha generado más de seis millones de víctimas.

Enero de 2016
Elaborado por: Lisa Haugaard, Fondo Educativo del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF); Gimena Sanchez, Oficina en Washington para América Latina (WOLA), en consulta con Brigadas internacionales de Paz y organizaciones colombianas de derechos humanos y de víctimas.

Más de 220,000 personas han perdido sus vidas en el conflicto, de las cuales más de 80 por ciento eran civiles; el costo humano de la guerra incluye más de 45,000 desapariciones forzadas, una cantidad enorme pero no conocido de casos de violencia sexual, y más de 6 millones de desplazamientos forzados, entre otros tipos de violencia. (Consultar esta infografía sobre el costo humano de la guerra.)

Tal como lo expresó un líder indígena colombiano, haciendo eco de un sentimiento compartido por muchas personas: “No hemos vivido ni un solo día de paz... Queremos dejarle a nuestros hijos la posibilidad de vivir en un país en paz”.
Sólo un proceso de paz bien construido que sea cabalmente implementado puede detener el trágico impacto sobre la población civil y ayudar a lograr la democracia vibrante e inclusiva que todo colombiano y colombiana merecen.

Los Estados Unidos (EEUU), que por más de quince años ha apoyado la guerra en Colombia con más de 9 billones de dólares en fondos públicos a Colombia desde el año 2000, cuenta con una obligación moral de jugar un papel clave en la construcción de la paz. USAID será la principal agencia donante internacional y sus 15 años de experiencia en Colombia le permiten no sólo diseñar programas efectivos sino también utilizar su influencia para apalancar cambios constructivos en las políticas y programas del gobierno colombiano.

Para apoyar la consolidación de la paz en Colombia, EEUU debe:

Seguir siendo una voz publica a favor del proceso de paz.

Apoyar de manera expresa el proceso de paz hasta que se firme el acuerdo final. El proceso de paz aún enfrenta obstáculos. Aunque se ha incrementado el apoyo público de expresiones políticas para la paz, algunos sectores del público colombiano tienen dificultades para creer en la paz después de tantos años de guerra. Ciertos sectores al interior de las fuerzas armadas y de los partidos políticos se oponen a las negociaciones. Especialmente debido a que no hay un cese bilateral al fuego, los actos de violencia por parte de las FARC, las fuerzas armadas y otros actores armados pueden crear una gran presión en contra del proceso de paz. Los Estados Unidos pueden ayudar a “rodear” de apoyo político al proceso de paz. El nombramiento de un enviado especial a las negociaciones fue un paso esencial. Se debe seguir haciendo evidente el apoyo de los EEUU mediante frecuentes declaraciones por parte de altos funcionarios del gobierno, diplomacia privada por parte de la Embajada de los EEUU con actores claves como los altos mandos militares y gremios empresariales, declaraciones públicas y cartas del Congreso, y pronunciamientos de la sociedad civil. El mensaje de todo sector del gobierno estadounidense debe estar unido, incluyendo, por ejemplo, mensajes parecidos del Comando Sur a sus contrapartes en Colombia.

Expresar su apoyo por los beneficios de la paz una vez que se firmen los acuerdos. El acuerdo puede ser llevado a aprobación por un referéndum o ante el Congreso de Colombia. Éste es otro momento clave en el cual la comunidad internacional necesita animar a las bases de apoyo para construir la paz dentro de la sociedad colombiana y expresar su apoyo por la paz ante los medios nacionales e internacionales.
Animar al avance de negociaciones con el ELN, la otra importante fuerza guerrillera en Colombia. El ELN todavía mantiene operaciones en varias regiones de Colombia. Conversaciones iniciales con el ELN no han avanzado significativamente y fueron puestas en peligro en octubre 2015 con un ataque por parte del ELN. No obstante, la paz sólo se consolidará si se llega a un acuerdo también con ELN. Combatientes de las FARC que no quieren desmovilizarse, por ejemplo, podrían ser reclutados por el ELN si no haya avances hacia un acuerdo. Si se comienza un dialogo formal con el ELN sería beneficioso que los acuerdos ya avanzados con las FARC, a la medida posible, son armonizados con este proceso para asegurar que el ambos acuerdos se complementen.
Promover el desmantelamiento completo de los grupos sucesores a los paramilitares. Para asegurar la estabilidad de la paz, es importante reconocer que estos grupos 1. siguen existiendo y siguen siendo una amenaza a la efectiva desmovilización de los grupos guerrilleros, a la existencia pacifica de comunidades rurales y urbanas, y a las vidas y actividades de líderes de la sociedad civil. Dichos grupos siguen participando en combates con otros grupos armados, ejerciendo control social y económico, y generando violaciones a los derechos humanos – como amenazas, asesinatos, y desplazamientos – contra activistas de la sociedad civil como sindicalistas, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, y líderes y lideresas de comunidades afrocolombianas e indígenas. Un anterior proceso de paz con las FARC no sobrevivió precisamente porque grupos paramilitares asesinaron más de 3,000 miembros del partido político, la Unión Patriótica, que surgió de esta negociación de paz anterior. Para garantizar que no se repita esta historia, los EEUU tienen que insistir que la fuerzas públicas colombianas combaten estos grupos – siempre priorizando la protección de la población civil –, que cualquier tipo de colusión con o inacción frente a estos grupos de parte de fuerzas públicas es inmediatamente sancionado, y que se pongan en marcha un plan fuerte de Colombia con el apoyo de los EEUU para desmantelar las operaciones económicas, políticas y militares de dichos grupos.

Diseñar planes integrales, sustanciales y de largo plazo para el apoyo político, financiero y técnico de la implementación del acuerdo de paz, y que sean consultados y concertados ampliamente con la sociedad civil colombiana.

Asegurar apoyos sustanciales por al mínimo 5 años. Las crisis actuales de violencia e inseguridad en México y América Central muestran los costos de no invertir suficientes recursos en la implementación de acuerdos de paz en esos países. Los Estados Unidos debe redirigir el apoyo actual a las fuerzas armadas hacia programas ampliamente orientados a la implementación del acuerdo de paz. Tal asistencia a la implementación del acuerdo de paz debe ser planificada ahora, y estar lista para desplegarse tan pronto como se firmen los acuerdos de paz, lo que podría ocurrir en marzo de 2016.

Animar a otros donantes internacionales a contribuir a la implementación del acuerdo de paz y a colaborar para una cooperación coordinada y fuerte. Un problema significativo que enfrenta el proceso de paz en Colombia reside en que los donantes europeos activos en Colombia han reducido sus inversiones. El gobierno de los EEUU debe animar a otros donantes internacionales, incluyendo a gobiernos europeos y latinoamericanos, a apoyar generosamente a la implementación del acuerdo de paz. Asimismo, los EEUU y otros donantes internacionales deben coordinar sus esfuerzos para que éstos sean efectivos al máximo.

Respaldar y monitorear la implementación del acuerdo de paz durante los próximos años y ejercer presión diplomática, política y pública para su implementación plena y completa. La paz no llega con la firma del acuerdo. Un acuerdo de paz bien diseñado brinda un invalorable plan para llevar a cabo las reformas estructurales que se requieren para consolidar una genuina paz y convivencia en los territorios. El Congreso debe formar un Grupo de Trabajo bi-partidista para monitorear la implementación del acuerdo y el papel de apoyos de los Estados Unidos. Además, el Departamento de Estado, la Embajada, y el Congreso de los EEUU deben, en momentos claves, emitir declaraciones públicas y realizar acciones diplomáticas para invocar el cabal cumplimiento de los acuerdos por parte de todos los sectores.

Financiar mecanismos sólidos e independientes de verificación de los acuerdos de paz en un esquema de varios años de duración. El gobierno de los Estados Unidos debe apoyar el mecanismo de verificación oficial determinado por los acuerdos. Adicionalmente, los EEUU debe expandir apoyo a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que ésta realice monitoreo de la situación de derechos humanos, expanda su presencia en el campo para tal fin, desarrolle capacidades locales para monitoreo y programación de derechos humanos, y apoye la implementación del acuerdo de paz en lo que respecta a los derechos humanos. Tras varios años, USAID debe apoyar a diversas iniciativas de la sociedad civil colombiana, incluyendo las de comunidades indígenas y afrodescendientes, organizaciones de mujeres,2. de campesinos, asociaciones de víctimas, y de grupos desplazados, para monitorear la implementación de los acuerdos de paz y para llevar a cabo el monitoreo de la situación de los derechos humanos en las zonas donde antes se desplegaba el conflicto.

Ampliar apoyos para la sociedad civil, no solamente para agencias del gobierno colombiano. Consultar con una amplia gama de la sociedad civil durante el diseño e implementación de programas de apoyo al proceso de paz. El conflicto colombiano se ha llevado a cabo sobre todo en las zonas rurales y aisladas, muchas de ellas sin presencia de instituciones civiles del estado. En muchas zonas, las entidades étnicas responsables de territorios colectivos y organizaciones locales de víctimas, de fé y de derechos humanos tendrán el mejor conocimiento y capacidades para construir la “paz territorial” contemplada en los acuerdos. Por eso es necesario que USAID incremente de forma substancial el porcentaje de la asistencia que brinda a un amplio rango de iniciativas de la sociedad civil, de manera transparente y participativa. Deben ser apoyos independientes, es decir sin el condicionamiento de tener que trabajar con el Estado ni con otros actores específicos. Deben ser acompañados por un respaldo político para blindar a las organizaciones de ataques físicos y políticos de quienes ven sus intereses afectados por el trabajo en favor de la construcción de paz y la defensa de los derechos humanos. Las instituciones colombianas se fortalecen cuando hay una sociedad civil que puede hacerle veeduría a las políticas públicas y programas de Colombia y asegurar que los mismos estén bien implementados.

Asegurar que el propio gobierno de los EEUU respete plenamente los acuerdos de paz. El gobierno de los EEUU no puede invocar a todas las partes a implementar cabalmente los acuerdos sin estar dispuesto a acatar él mismo los acuerdos. Ello puede requerir algunas modificaciones, si bien modestas, a las actuales políticas estadounidenses hacia Colombia. Por ejemplo:

Enfocarse en desarrollo rural participativo, con enfoque en la reducción del daño, como la principal estrategia antidroga. En el capítulo sobre políticas de drogas, las dos partes acordaron políticas que se enfocan en trabajar con comunidades rurales para diseñar e implementar planes de erradicación voluntaria y desarrollo sostenible y eliminar la fumigación aérea como práctica rutinaria. En octubre 2015 el gobierno colombiano inició la eliminación gradual de la fumigación aérea también por la determinación, del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, que el glifosato, el ingrediente principal, es un probable agente cancerígeno para los seres humanos. De todas maneras, una política fundada en trabajar con comunidades rurales en la erradicación voluntaria es más sostenible y, con la disminución del conflicto, será mucho más sencillo de implementar.

Respetar las decisiones de Colombia en cuanto a las solicitudes de extradición por parte de los EEUU de líderes de las FARC acusados de tráfico de drogas. Aunque la rama ejecutiva estadounidense no tiene facultades para retirar solicitudes de extradición que pesan sobre líderes de las FARC que no están aún en prisiones en los EEUU, y los procesos seguirán figurando en los registros oficiales, los Estados Unidos pueden y deben responder con flexibilidad según el resultado de los acuerdos. Ello puede suponer aceptar una decisión del gobierno colombiano de no extraditar a líderes desmovilizados de las FARC, dado la posibilidad de que de otro modo éstos no depondrán las armas, y el hecho de que no existe un tratado de extradición vigente entre los dos países. El embajador a Colombia, Kevin Whitaker, ya ha declarado que los EEUU respetará cualquier decisión del gobierno de Bogotá si éste opta por desestimar las extradiciones de miembros de las FARC; se debería continuar con esta política.

Apoyar esfuerzos por asegurar la verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición para las víctimas del conflicto.

Desclasificar documentos de los EEUU relacionados al conflicto armado. Una vez que se conforme el Sistema de verdad y justicia transicional, la Casa Blanca debe emitir un Decreto Ejecutivo para desclasificar, hasta el máximo grado posible y de la manera más célere, documentos relacionados al conflicto armado en Colombia, procedentes de todas las agencias pertinentes de los EEUU, incluyendo pero no limitado al Departamento del Estado (incluyendo la embajada en Bogotá), el Departamento de Defensa (y componentes suyos, incluyendo especialmente DIA y Southcom), la CIA, el Departamento de Justicia, la DEA, y de la Casa Blanca y la Agencia Nacional de Seguridad, todo a fin de apoyar las investigaciones de la Comisión de la Verdad y el Sistema de Justicia Transicional. El gobierno de los EEUU cuenta con una enorme cantidad de información sobre el conflicto en Colombia, y sobre violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario perpetradas por todos los sectores, la cual sería invalorable para el trabajo de tal sistema. Existen muchos precedentes para tal acción: los Presidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama desclasificaron documentos para apoyar el trabajo de comisiones de la verdad y otros esfuerzos para dar a conocer antecedentes históricos en Guatemala, El Salvador, Chile, Perú, Panamá y Brasil. Para ser de máxima utilidad para el Sistema de Verdad y Justicia Transicional, se debe expedir dicha orden con toda celeridad.

Alentar al gobierno colombiano a desclasificar documentos, incluyendo todos los archivos militares y de inteligencia relevantes y archivos del Sistema de Justicia y Paz, para la Comisión de Verdad y Sistema de Justicia Transicional. Además, instar al gobierno colombiano para asegurar que información falsa con respecto a los defensores de los derechos humanos sea depurado de archivos de inteligencia militar. Ya se ha iniciado dicho proceso bajo el auspicio de la Comisión Asesora de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, creada con la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia de 2013. Esta Comisión debe emitir recomendaciones para la protección y desclasificación de archivos de inteligencia relacionados con los casos más graves y emblemáticos de violaciones a los derechos humanos. El gobierno de los EEUU debería aportar apoyos técnicos a esta Comisión, la que es compuesta por representantes de la sociedad civil y el gobierno colombiano.

Brindar apoyo financiero, técnico y político al Sistema de verdad y justicia trasnacional. Los EEUU debe apoyar financieramente al Sistema, incluyendo sus responsabilidades investigativas y educativas, tanto en el capital de Bogotá como en las regiones. Con ese apoyo se debe asegurar la participación de todos los sectores de víctimas3. y organizaciones locales en el diseño de la metodología de la Comisión de la Verdad. Los EEUU debe ayudar a promover una amplia divulgación educativa en los medios y la sociedad, empezando con la transmisión pública de las audiencias de la Comisión. EEUU debería aportar apoyo técnico y psicosocial a las víctimas y facilitar acceso con garantías de seguridad a las víctimas a dichas audiencias. Adicionalmente, USAID debería apoyar los esfuerzos de reconciliación diseñados por parte de las víctimas en zonas donde operara la Comisión de la Verdad para garantizar que el proceso de verdad y justicia sea efectivo y acorde con las necesidades de cada región.

Aportar apoyos diferenciales a las comunidades étnicas para su participación en la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz. Dado el impacto desproporcional del conflicto armado en las comunidades étnicas, es necesario que la verdad se revele de una manera diferencial y preferencial en cuanto a las violaciones ejercidas contra las comunidades e individuos indígenas y afrodescendientes. Este apoyo diferencial podría incluir capacitaciones para que magistrados y comisionados entiendan la naturaleza diferencial de los crimenes perpetrados contra las comunidades e individuos étnicos.

El Departamento de Justicia de los EEUU debe otorgar acceso a los miembros del Sistema de verdad y justicia transicional, así como a la víctimas de la violencia y sus representantes, a los miembros de las FARC que se encuentran actualmente en prisiones en los EEUU, además que a narcotraficantes, paramilitares y militares extraditados, a fin de contribuir a establecer la verdad y dar a conocer los delitos que cometieron. Ello tiene como precedente el acceso que el Departamento de Justicia de los EEUU otorgó a los fiscales colombianos para interrogar a líderes paramilitares y de las FARC en prisiones en los EEUU Sin embargo, el acceso a estos presos extraditados debe ser más amplio de lo que fue en este caso estrictamente limitado.

Mantener programas de apoyo a víctimas. La firma de un acuerdo de paz no significa que las necesidades de las víctimas del conflicto se resuelvan de inmediato. Además de las demás recomendaciones elaboradas en este documento, USAID debe mantener programas de apoyo al fortalecimiento de organizaciones de víctimas.

Continuar fortaleciendo el sistema judicial ordinario y expandir su alcance hacia las regiones. A pesar de algunos avances, los niveles de impunidad en Colombia sigue siendo muy altos, y el sistema judicial ordinario requiere apoyo para poder enfrentar los nuevos retos del pos-conflicto. Ello debe incluir agilización de procedimientos dentro del sistema judicial, unificación de casos relacionados en casos macro bajo dirección de un sólo fiscal (por ejemplo, todos los ataques contra una organización especifica de derechos humanos debería estar unificados en una investigación macro, investigado por un solo fiscal o unidad), sistemas de monitoreo de avances en casos emblemáticos, etc.
Alentar al gobierno colombiano y apoyar con financiación a implementar plenamente el acuerdo entre las partes de crear un mecanismo para identificar, ubicar, identificación y entrega de restos a sus familiares de personas dadas por desaparecidas. La nueva Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas, propuesta en el acuerdo, debe ser un mecanismo nuevo que no repita los errores realizados por la Comisión Nacional de Búsqueda. Su diseño e implementación debe llevarse a cabo una participación activa y efectiva de las organizaciones de familiares y víctimas, tanto en el diseño del mecanismo como en el desarrollo de sus actividades, e incluir programas de apoyo psicosocial a víctimas y sus familiares. 4. La Unidad debe tener una amplia capacidad de convocar, articular y poner en funcionamiento de manera oportuna y eficaz a todas las instituciones involucradas, así como de realizar una adecuada coordinación interinstitucional. Entre las acciones que la Unidad debe realizar son: diseño de una política pública respecto a la búsqueda de desaparecidos, la producción de resultados en las gestiones para encontrar con vida a los desaparecidos, un registro único de las víctimas de este delito, y el desarrollo e implementación de las investigaciones por casos de desapariciones forzadas. Finalmente, la Unidad debe tener un enfoque territorial que le permita construirse desde las regiones, pues es allí donde se han dados más casos de desapariciones forzadas.

Contribuir al fondo de tierras para el postconflicto. USAID debe apoyar los esfuerzos en la conformación del Fondo que hace parte del primer punto de la agenda de paz, a través del fortalecimiento de las entidades encargadas de las recuperaciones de tierras usurpadas y de los baldíos u ocupadas ilegalmente. Los EEUU, en el marco de corresponsabilidad en la lucha antinarcótica, debe apoyar a las autoridades colombianas en la aplicación de la ley de extinción de dominio, para que las riquezas adquiridas ilegalmente que se encuentren fuera o dentro de Colombia, sean invertidas en programas de reparación individual y colectiva a las víctimas y de reconstrucción de territorios afectados por la violencia y el conflicto armado, y con estrategias que protegen al medio ambiente y la inmensa biodiversidad en Colombia.

Seguir realizando la restitución de los derechos territoriales y titulación individual y colectiva, y respetando y fortaleciendo los diversos acuerdos que el gobierno colombiano ha hecho con las organizaciones indígenas y afrodescendientes en este sentido. Es esencial un énfasis particular en titulación para mujeres que son cabeza de familia. En áreas de post-conflicto, la restitución de tierras y los programas de titulación deben ir acompañados por planes de protección y prevención desarrollados por comunidades retornadas para asegurar que la restitución de tierras sea segura y sostenible. Planes de reintegración deben enfocarse en asegurar que jóvenes tengan acceso a programas de educación, entrenamiento técnico y otros para quedarse en las zonas rurales.
Apoyar a iniciativas de reparaciones colectivas. Las reparaciones individuales y colectivas – es decir medidas importantes para proteger a grupos y comunidades especialmente afectadas por la guerra, tal como las comunidades afrocolombianas e indígenas, sindicatos, y sobrevivientes de la Unión Patriótica – ya han sido acordadas o surgirán de los acuerdos de paz. Como ejemplo de apoyo a estas reparaciones colectivas, USIGH debe monitorear los esfuerzos de reparación a la comunidad de Bojayá y aportar apoyos a las víctimas. USAID puede ser especialmente útil al apalancar su financiamiento para alentar la implementación adecuada y considerada de las reparaciones colectivas.

Financiar programas de la sociedad civil para construir una cultura de paz. La mayoría de colombianos no han vivido un solo día de paz. Cambiar de una cultura de guerra hacia una de paz requería muchos esfuerzos, liderado sobre todo por comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil. El Instituto de los EEUU por la Paz (USIP) puede jugar un papel importante en promover las iniciativas de memoria histórica y reconciliación, y el Congreso EEUU debería aumentar su presupuesto para esfuerzos de USIP direccionados a estos esfuerzos.

Instar para un papel nuevo y más restringido para las fuerzas armadas colombianas.
Animar al gobierno colombiano a realizar una transición a un papel nuevo y más restringido para las fuerzas armadas, en tanto las fuerzas del orden civiles se expanden en zonas post-conflicto. Debido a su estrecha alianza con las fuerzas armadas colombianas, el gobierno de los EEUU tiene un papel especial que jugar, y debe adoptar políticas inequívocas a través de las distintas agencias para estimular este nuevo papel. La expansión de las fuerzas policiales, con capacitaciones en técnicas de patrullaje comunitario y respeto a los derechos humanos, y contando con sólidos mecanismos de control y supervisión internos y externos, deben reemplazar a las fuerzas armadas en Colombia en la conducción de acciones para el mantenimiento del orden interno en áreas rurales y urbanas. Tales fuerzas policiales deben operar bajo el Ministerio del Interior civil, en lugar del Ministerio de Defensa.

El Comando Sur debería, en conformidad con el apoyo del gobierno de Estados Unidos a los acuerdos de paz, utilizar su influencia con los comandantes de las fuerzas armadas para animarles a aceptar la transición hacia la paz. Aunque el entrenamiento de las fuerzas armadas por parte de los EEUU debe disminuir sustancialmente, cualquier continuación de acciones de entrenamiento debe enfocarse en funciones de defensa externa, que sean las adecuadas para las fuerzas armadas.

Estimular un mayor respeto por los derechos humanos por parte de miembros de la policía y las fuerzas armadas. Si Colombia ha de consolidar la paz, tanto las fuerzas policiales expandidas como las fuerzas armadas deben incrementar su respeto por los derechos humanos. Condiciones de derechos humanos (la Ley Leahy y los condicionamientos de derechos humanos para Colombia) estrictamente implementadas en toda la asistencia de seguridad de los EEUU siguen siendo importantes. El gobierno de los EEUU debe urgir al gobierno colombiano a garantizar que los crímenes de derechos humanos presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas armadas sigan siendo juzgados en la justicia ordinaria y debería oponerse a cualquier cambio que traslade tales crimenes a la jurisdicción penal militar. El gobierno de los EEUU debe asimismo instar al Ministerio de Defensa a suspender y despedir a oficiales involucrados en delitos contra los derechos humanos. Asimismo, es necesario la eliminación en norma y prácticas militares y de seguridad de la llamada doctrina del “enemigo interno”, que ha contribuido a la percepción que organizaciones de víctimas y de derechos humanos son también adversarios y blancos legítimos.

Canalizar esfuerzos del plan racial entre EEUU y Colombia para ayudar a sensibilizar las fuerzas armadas y policías colombianas frente la discriminación racial. Para reconstruir la confianza entre las comunidades Afro-Colombianas e indígenas en zonas de conflicto post-acuerdo, será importante que las fuerzas de seguridad sean capacitadas en la diversidad cultural colombiana y la prevalencia de la discriminación racial en el país.
No promover ni financiar el uso de las fuerzas armadas colombianas para entrenar a las fuerzas militares o policiales de otras naciones. Aunque los Departamentos de Estado y Defensa han alabado este mecanismo como efectivo en función de costos para apalancar las inversiones de los EEUU en Colombia, la trayectoria de las fuerzas armadas colombianas en cuanto a derechos humanos, particularmente con el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”, convierte ésta en una decisión imprudente. Asimismo, cualquier iniciativa de incluir a las fuerzas armadas colombianas en misiones internacionales de paz debería ser sujeto a un escrutinio fuerte, y todos los miembros de dichas misiones deberían ser revisados (sujeto a “vetting”).
Estimular y financiar el fortalecimiento del respecto a los derechos humanos y laborales, y la protección específica a los derechos de las mujeres y las personas LGBTI
Urgir al gobierno colombiano a priorizar el desmantelamiento de los grupos sucesores de los paramilitares, así como la investigación y procesamiento no sólo de estos grupos sino de los miembros de las fuerzas armadas y la policía que apoyan, incitan y toleran estos grupos, y las empresas y terratenientes que los contratan, promuevan y financian. Los grupos sucesores de los paramilitares continúan amenazando a las comunidades y organizaciones de víctimas y de derechos humanos, y bloqueando la restitución de tierras para personas desplazadas en muchas zonas del interior del país. Para alcanzar la paz, no sólo debe la guerrilla de las FARC deponer las armas por completo y desistir de cualquier actividad criminal, sino que el gobierno colombiano también debe abordar los problemas reales de la desmovilización de los paramilitares que empezó en 2005, y asegurar una desmovilización más completa de estos grupos, de los grupos rearmados y los nuevos grupos paramilitares, y sancionar a quienes los apoyan, incitan y contratan.
Instar al Estado de Colombia a juzgar y sancionar a los responsables por utilizar prácticas de enriquecimiento ilícito violaciones de derechos humanos, lavado de activos, corrupción y testaferato, sin diferenciar si tal actividad fue realizada por actores legales o ilegales, armados o no armados. La impunidad y las prácticas mencionadas se oponen a reparación de las víctimas, y a la paz y la convivencia. El gobierno de los EEUU puede apoyar a las instancias judiciales en procesos ordinarios y transicionales, a esclarecer la responsabilidad, judicializar y sancionar a agentes que promovieron, facilitaron o financiaron el desplazamiento de más de 6 millones de personas.

Proteger a los defensores de los derechos humanos, líderes sindicales, étnicos, LGBTI y comunitarios, además de reclamantes de tierras y periodistas. Colombia sigue siendo un país altamente peligroso para los líderes de la sociedad civil. En los primeros nueve meses de 2015, al menos 86 defensores de los derechos humanos, sindicalistas, líderes comunitarios y periodistas fueron asesinados.5. Tras la firma del acuerdo de paz, estos grupos seguirán bajo grave riesgo. Para asegurar una sociedad civil activa, independiente y participativa, es esencial la atención y recursos para la protección de los defensores de los derechos humanos. De hecho, en es pos-conflicto debe expandirse, no desviarse. EEUU debe invocar la investigación y judicialización de amenazas y ataques contra los defensores de los derechos humanos, líderes comunitarios y sindicalistas y periodistas como un mecanismo crucial para reducir la violencia contra éstos. El gobierno estadounidense también debe instar a demuestras públicas de apoyo al trabajo de líderes de la sociedad civil y rechazar y condenar cualquier declaración estigmatizante y difamatoria.

Monitorear el respecto a los derechos a la libertad de expresión y de protesta. Organizaciones de derechos humanos han alertado que nuevas iniciativas de ley, como cambios al código policial, podrían vulnerar los derechos a la libertad de expresión y protesta; es imprescindible para un proceso de consolidación de paz que se respete plenamente estos derechos. Además, documentaron 33 casos de agresiones de la fuerza pública contra civiles en medio de protestas entre enero y mayo de 2015. Para consolidar la paz, es esencial que se respeten estos derechos.

Promover la participación de mujeres y proteger sus derechos. Los índices de violencia contra la mujer ya están altos en Colombia: como ejemplo, en el año 2014, por lo menos una mujer fue víctima de violencia sexual cada 29 minutos.6. En situaciones de post-conflicto, las mujeres se encuentran particularmente bajo riesgo de abusos de derechos humanos, incluyendo la violencia sexual. Los EEUU debe instarse al gobierno colombiano para desarrollar e implementar un plan nacional para prevenir la violencia sexual y la violencia basada en género, especialmente en las comunidades donde las desmovilizaciones tendrán lugar, y brindar atención para las víctimas. Además, el gobierno de los Estados Unidos debería alentar al gobierno colombiano a promover la participación activa de mujeres víctimas de la violencia en la implementación del sistema de justicia transicional y deben ser garantizadas sus derechos a la verdad, justicia y reparación.

Promover la protección de los derechos de la población LGBTI. Los EEUU debe ofrecer apoyo al gobierno colombiano para enfrentar la persecución, discriminación, y asesinatos de líderes, activistas y miembros de la población LGBTI, en particular frente a la tasa alta de asesinatos de mujeres trans.

Fortalecer esfuerzos de los EEUU de realizar la implementación del Plan de Acción Laboral entre EEUU y Colombia. El Plan de Acción Laboral, lo cual facilitó la aprobación del Tratado de Libero Comercio, ha logrado algunos avances, aunque limitados, en ayudando a fortalecer los derechos laborales en Colombia. En particular, ha llevado a la formación de instituciones que fortalecen los derechos laborales, contratar a inspectores laborales, y la ilegalización de cooperativas asociativas. Sin embargo, se requiere mucho más para poder garantizar que haya un respeto de hecho de los derechos laborales. Dado que la sindicalización ayuda a reducir inequidades, que sean uno de los origines del conflicto político, alcanzando las metas del Plan ayudará también a consolidar paz. USTR, el Departamento de Asuntos Laborales, y el Departamento del Estado debe diseñar una estrategia en conjunto con federaciones sindicales y organizaciones de derechos humanos en EEUU y en Colombia para el desarrollo de un mecanismo que garantiza que las promesas hechas en el Plan siguen en la fase pos-acuerdo. Mientras tanto, estas agencias deben trabajar con el Ministerio de Trabajo para lograr su plena implementación.

Apoyar la participación política de grupos étnicos y marginalizados.

Instar al gobierno colombiano a acatar las solicitudes de las comunidades étnicas respecto al tipo de seguridad pública y acciones de desarrollo que requieren. Por ejemplo, las comunidades indígenas tratarán de fortalecer su propia seguridad civil, la Guardia Indígena, y las comunidades tanto afrocolombianas como indígenas pueden desarrollar planes de protección que deben ser respetados y apoyados. También, las propuestas de seguridad colectiva que han sido elaboradas por parte de AFRODES. Además, el gobierno de los Estados Unidos debe fomentar al gobierno colombiano a implementar plenamente las sentencias emitidas por la Corte Constitucional que protegen a las comunidades indígenas y afrocolombianas y los territorios colectivos. USAID debe continuar apoyando los planes de vida elaborados por las propias comunidades afrocolombianas e indígenas para su desarrollo y seguridad comunal. Se debe prestar atención especial a la seguridad de grupos étnicos asentados en zonas donde las FARC y/u otros grupos ilegales mantienen control territorial. Además, es esencial apoyar al diseño de una política de inclusión y atención, orientada a los asentimientos informales y áreas con una falta de desarrollo, para enfrentar la vulnerabilidad especial de la población afrodescendiente.

Promover medidas concretas que permitan la gobernanza, la autonomía y el goce efectivo de los derechos de las comunidades afrocolombianas, palenqueras, raizales, indígenas y miembros del pueblo rom. Son estas comunidades que han sufrido los mayores impactos del conflicto armado en Colombia, y enfrentarán riesgos especiales en una transición hacia la paz. La ayuda de USAID debe ser dirigido al fortalecimiento de la autonomía de los grupos étnicos y sus derechos basados en la constitución, en particular dado que siguen en una situación de vulnerabilidad por los intereses económicos nacionales e internacionales que siguen presentes. Los proyectos de USAID o de cualquier agencia dirigidos a grupos étnicos, deben ser sometidos a procesos propios de evaluación y aprobación por parte de las comunidades étnicas, sus consejos comunitarios y cabildos indígenas, bajo procesos propios y apropiados de toma de decisiones colectiva, y deben servir para fortalecer las economías locales.
Sólo apoyar proyectos y planes de desarrollo que son plenamente respaldadas por las comunidades afectadas mediante auténticos mecanismos de “consulta previa” que garanticen la participación y el consentimiento previo, libre e informado, y que estos proyectos y planes cuenten con la mayor transparencia y participación activa de las autoridades territoriales y organizaciones sociales en su diseño e implementación. En el post-conflicto, la minería y otras industrias extractivas, y proyectos agroindustriales y de infraestructura, sin duda se expandirán. Estas compañías tienden a tratar de expandirse en los territorios colectivos ricos en recursos de las comunidades indígenas y afro descendientes, y en ocasiones contratan a actores violentos para dividir y vencer la resistencia de la comunidad ante proyectos que afectan el medio ambiente. El gobierno de los EEUU debe animar al gobierno colombiano y a las compañías estadounidenses que invierten en industrias extractivas a respetar los derechos de estas comunidades a la consulta previa y a decidir, de manera libre, previa e informada, las estrategias de desarrollo que se implementen en sus territorios. Asimismo, los EEUU debe trabajar para rectificar la brecha causada por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 donde se ha olvidado los sectores étnicos (en particular el pueblo Afro descendiente) y donde ha habido compromiso con el sector indígena, no ha sido financiado, y hay poca atención a la implementación de los acuerdos de paz y construcción desde los sectores más afectados por la guerra. USAID debe instar a mayor transparencia por parte del gobierno colombiano con respecto a estos proyectos, ayudar a asegurar procesos adecuados de consulta previa, y asegurar que los proyectos económicos destinadas para comunidades afrodescendientes e indígenas son diseñados e implementados con los autoridades y organizaciones sociales locales.

Fortalecer esfuerzos para eliminar el racismo y la discriminación racial a través del Plan de Acción Racial y Equidad Étnica. Entre las iniciativas que se debe apoyar son la formalización de empleo para la población afrodescendiente e indígena, y la capacitación y sensibilización de oficiales de las fuerzas armadas, policía y la rama judicial contra el racismo y la discriminación racial.

Apoyar la Desmovilización y reintegración de Excombatientes.

Desmovilizar, reintegrar y proteger a excombatientes. El gobierno de los EEUU puede prestar asistencia para programas de desmovilización y reintegración para ex-combatientes. Ello debe incluir programas psicosociales diferenciales para combatientes menores y mujeres. Actualmente no hay atención adecuada a las necesidades de quienes han sufrido abuso sexual como menores y mujeres combatientes. Además, un obstáculo casi irremontable para la paz en Colombia ha consistido en la amarga historia del asesinato de guerrillas desmovilizados y el asesinato de más de 3,000 miembros del partido izquierdista, la Unión Patriótica. Ello no debe repetirse. EEUU deben trabajar con el gobierno colombiano, representantes de los combatientes desmovilizados, y miembros de la comunidad internacional para crear y ayudar a financiar el marco de protección necesaria para evitar que esta historia se repita.

Programas para excombatientes deben incluir programas psicosociales específicamente para niños y niñas soldados y mujeres. Actualmente, es inadecuada la atención a las necesidades de quienes han sufrido violencia sexual como combatientes jóvenes y/o mujeres.

Apoyar el Fortalecimiento del Agencias Estatales Civiles en Zonas Rurales y Urbanas
Aportar asistencia financiera y técnica al programa de desminado. Las partes ya iniciaron un programa de desminado, aun antes de que se firmaran el acuerdo. La necesidad y oportunidad para el desminado se intensificará una vez se firme el acuerdo de paz, puesto que esto debe ocurrir antes de que los desplazados internos y refugiados puedan retornar a sus lugares de origen. El gobierno de los EE.UU. puede brindar asistencia técnica para trazar mapas y eliminar las minas personales. Las zonas donde se requiere el desminado deben priorizarse de acuerdo a las necesidades humanitarias y las necesidades de las comunidades. Los programas deben ser implementados bajo el consentimiento de las comunidades. En comunidades indígenas, ello debe hacerse bajo el liderazgo de los cabildos con el apoyo de la Guardia Indígena. En comunidades Afro-Colombianas, ello debe hacerse bajo el liderazgo de los consejos comunitarios.
Apoyar al gobierno colombiano a establecer presencia civil del estado en regiones rurales, con enfoque en la realización de derechos. A las zonas donde las FARC han regulado una buena parte de la vida cotidiana, el estado colombiano tiene que establecer la presencia de instituciones civiles, con una agenda de derechos, justicia, seguridad, salud, educación, vivienda, infraestructura, y otros servicios públicos.
Continuar con programas de desarrollo alternativo y rural. USAID debe continuar con programas de desarrollo alternativo y rural, ciñéndose a la erradicación voluntaria y a normas de participación comunitaria contenidas en los acuerdos de paz.
Financiar la consolidación de la paz en centros urbanos. No serán solo las zonas rurales que necesitaran atención en una era de post-conflicto. Las ciudades y centros urbanos se verán afectados por la presencia de excombatientes desmovilizados y la presencia continua de los grupos sucesores de los paramilitares, y por la necesidad de seguir reconstruyendo las vidas de los millones de desplazados internos, muchos de los cuales nunca retornaran al campo. USAID debe apoyar a comunidades y programas para los desplazados en las zonas urbanas afectadas, trabajando con alcaldes dedicados, los municipios y organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, el modelo de proyectos para oportunidades económicas para jóvenes afrodescendientes e indígenas de ACDIVOCA donde se unen esfuerzos de organizaciones étnicas con los sectores públicos y privados deberían ser ampliados a otras partes del país.
Se refieren a estos grupos ilegales como “paramilitares,” “neo-paramilitares,” “sucesores a los paramilitares,” o, como los denomina el gobierno colombiano, BACRIM (por “bandas criminales”.
Consultar las propuestas de las organizaciones de mujeres sobre la verificación e implementación de los acuerdos de paz, http://www.humanas.org.co/archivos/documentocumbre.pdf, Bogotá, 23-25 de octubre de 2013.

Incluyendo a: a) víctimas de todos los actores armados, incluyendo a las guerrillas de las FARC y el ELN, las fuerzas paramilitares y sus grupos sucesores, y las fuerzas armadas y servicios de inteligencia colombianos; b) mujeres, pueblos afrocolombianos e indígenas, y miembros de la comunidad LGBT; c) familiares de los desaparecidos, sobrevivientes de secuestros, víctimas de las minas personas, familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, y sobrevivientes de violencia sexual.
Consultar propuesta elaborada por la Mesa de Trabajo sobre desapariciones forzadas el 21 de octubre de 2015, http://coeuropa.org.co/?q=node/258.

Ver informes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia y Programa Somos Defensores.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –INML- realizó 21.115 exámenes médico legales por violencia sexual. Del total, el 85,09% correspondieron a mujeres.

 
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