Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Viernes, septiembre 30 de 2016
 

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Propuesta Comisión de la Verdad por CONPAZ

Viernes 4 de abril de 2014

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La paz no es un juego, la paz es un derecho, es un bien. No hay derecho a jugar con la esperanza con el presente y el futuro, tampoco es posible pensar en presente futuro con una sociedad cimentada en castillos de arena. La verdad es una base de una sociedad hacia la paz, puede ser un soporte de un proceso de reconciliación, pero ese derecho que sustentará políticas públicas del deber a la memoria no se encuentra aislado del derecho a la justicia, a la reparación integral para asegurar la no repetición.

Hoy existes condiciones para abrir espacio a la solución al conflicto armado, pero el cese del fuego o la dejación de armas en ningún caso significa la paz, pues está debe estar sustentada en la verdad y en la justicia.

Todos los derechos están íntimamente relacionados, los contenidos de dichos derechos están y han sido alimentados desde la realidad de víctimas que como sujetos de derechos afirman y de hecho van consolidando las más de 22 comunidades que son parte de la Red Comunidades Construyendo Paz en los Territorios, CONPAZ.

Si La magnitud que ha adquirido la violencia en Colombia no ha sido indiferente a las víctimas, aunque muchas de ellas, hayan desistido de esperar que sus derechos sean posibles en éste Estado de Derecho; incluso, con la gravedad que a la impunidad jurídica que demuestra la distancia entre la verdad procesal y la verdad real, se sume la impunidad social, que ha ido asegurando la indiferencia social y la amnesia colectiva. Una razón de más para afirmar que la paz no es un juego. Y éste deja de ser un juego artificioso para quienes detentan el poder, si asumen el reto de la verdad, el reto del esclarecimiento y del eventual procesamiento así al final la sociedad resuelva buscar fórmulas alternativas de derecho penal. Derecho penal que hace oídos sordos a las expresiones de justicia comunitaria o al derecho alternativo que concibe la pena más allá de un centro carcelario.

El derecho a la verdad, a la justicia y la reparación es real si cuenta con la participación y la actividad de víctimas siendo reconocidos de éste modo como sujetos de derecho por parte del Estado y de las guerrillas. CONPAZ es una construcción de 14 años que ha partido del deber de la memoria. Sin víctimas sujetos, sin sociedad activa no es posible afirmar un derecho, en éste caso, el de la verdad.

CONPAZ en desarrollo del proceso de conversaciones ha enviado sendas comunicaciones al gobierno del Presidente Santos, a las guerrillas de las FARC y del ELN para que discutan y asuman elementos sustanciales de sus apuestas y propuestas como salidas a las razones del conflicto armado. Poco se sabe de lo que ha sucedido con sus iniciativas frente al tema de los territorios, la minería extractiva, los derechos fundamentales, el derecho a alimentación, a la verdad, a la justicia y reparación. Se desconoce si las partes dialogantes han recibido, han discutido, y valorado sus propuestas.

Organizaciones sociales y de víctimas y de derechos humanos, algunas de paz, en contravía de esa anomia social, independientemente de la perspectiva por donde éstas abordan las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, todas, sin excepción alguna, han venido con mayor o menor intensidad documentando prolijamente cada uno de los hechos de violencia del país.

Algunas organizaciones de derechos humanos que se enfocan en el trabajo jurídico han logrado, por ejemplo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilice en reiteradas ocasiones al Estado colombiano por graves violaciones de derechos fundamentales, como lo es el derecho a la vida. Otras, enfocadas en el fenómeno del desplazamiento, han hecho posible que se sepa que más de 5 Millones de personas han sido desplazadas de manera interna y forzosa de sus territorios. Así se ha podido documentar también de paso, cómo es que los grandes latifundistas acaparan ilegalmente millones y millones de hectáreas de tierras. Organizaciones de derechos humanos que acompañan las demandas de las víctimas de crímenes de Estado han podido develar el complejo entretejido que existe entre la Fuerza Pública y los grupos paramilitares. No por último, grupos de mujeres han logrado abrir las perspectivas de análisis en Colombia y mostrar que la violencia hacia las mujeres en el conflicto debe ser tratada bajo un enfoque de género diferenciado e igualmente sucede con las comunidades negras e indígenas. Otras organizaciones han identificado los abusos y violaciones cometidas por los grupos disidentes en armas, demandando verdad.

Sentencias internacionales, algunas pocas nacionales, reflejan que Colombia es un país de violencia. Sin embargo, tales decisiones ni agotan la verdad en su totalidad, dependen del litigio, de la argumentación jurídica y de la valoración de pruebas, y dejan por un lado, un mundo de dimensiones que no se encuentran tipificadas en el derecho interno ni en el internacional. Estragos en el alma,en los territorios que además de ser incuantificables no son valorados cualitativamente en sus dimensiones destructivas de los proyectos de vida, personales y colectivas, de proyectos de Estado y de sociedad.

La apuesta por una Comisión de la Verdad ha nacido en esta caso desde hace 14 años, luego de un encuentro en Cacarica en diálogos, análisis, compartir de experiencias de más de 30 organizaciones nacionales que hoy forman parte de las Comunidades Construyendo Paz en los Territorios, CONPAZ, y de organizaciones de víctimas y de derechos humanos de El Salvador, Guatemala, Chile, Argentina, Sudáfrica.

De ese encuentro en el que se analizaron los mecanismos de impunidad y las denegaciones de la verdad real, se propuso la creación de la Comisión Ética de la Verdad. Ese año 2000 marco el inicio de un arduo trabajo de presentar una iniciativa que ayudará a romper el miedo, protegiera la verdad de las víctimas, apoyara sus iniciativas de dignificación y de apuestas por el deber de la memoria.

Así la Comisión Ética nació por solicitud de organizaciones de víctimas como un mecanismo de salvaguarda de la memoria como iniciativa de proyección de una Comisión de la Verdad ante una Fiscalía incapaz de investigar con eficacia, ante unos mecanismos de justicia distantes de la ética, que re victimizan, o cuyos operadores temen correr la misma suerte de otros investigadores judiciales que han sido amenazados, asesinados, estigmatizados por obrar en conformidad con el derecho y su conciencia.

Ante una justicia ilegitima para las víctimas no es posible creer en la verdad y el esclarecimiento judicial, por eso, las dimensiones de la verdad no pueden circunscribirse a las responsabilidades y reconocimientos de responsabilidad de las guerrillas o de las fuerzas militares y sus organismos de seguridad. Se trata de algo más complejo y profundo. Aquí si se quiere la paz, si la paz no es un juego y se quieren romper ciclos de violencia se requiere la verdad en su totalidad.

La propuesta de la Comisión de la Verdad debe posibilitar que nos veamos en un espejo, aquí responsables hay muchos, responsabilidades diferenciadas también, pero responsables son muchos. Sectores de poder ocultos, qué no aparecen como responsables, pero usufructuando la riqueza, acumulándola o protegiéndola. Otros que no aparecen pero bajo ropajes eclesiásticos azuzando la violencia. Así pues, que la Comisión de la Verdad deberá auscultar por los actores armados que han participado en el conflicto, sus estrategias, sus doctrinas y métodos que han negado la dignidad humana, para que se produzcan transformaciones institucionales en las concepciones de qué es la guerra, contra quién la desarrollan, y de por qué es necesario cambiar esa mentalidad que nos hace ser vistos como enemigos y blancos legítimos del Estado.

Pero de qué verdad y de qué memoria se ha estado hablando del conflicto armado, solamente las de los que hacen la guerra. Y ¿Qué hacemos con la verdad de aquellos que han legitimado la guerra injusta, la guerra sin ética contra los que no son de la guerra e incluso contra los guerreros desconociendo el honor militar, el honor guerrillero de su contradictor armado? ¿Qué hacemos con las verdades ocultas en Manuales Contrainsurgentes o de los Estatutos de las guerrillas? ¿Qué hacemos con la verdad de aquellos que ordenaron, qué pagaron e invitaron al exterminio de las ideas de una democracia social?, ¿Qué hacemos con el sector empresarial oculto detrás de la violencia y beneficiada de ésta?. ¿Qué hacer con políticos y sectores de los partidos que se han beneficiado de la violencia?, ¿Qué hacemos con esos sectores de iglesias comprometidos con la violencia? ¿Qué hacemos con sectores de empresas periodísticas que contra la ética profesional de medios han generado una cultura periodística desde la que se alimentan los enemigos internos, qué estigmatizan y destruyen? ¿Qué hacemos con esas realidades que no siempre penalizables, pero que deben ser reconocidas y censuradas? Y ante eso que está más allá del derecho, qué es propio de la ética que la verdad, que el derecho a la Verdad es sustancial

La verdad no es solo una exigencia para que los victimarios y responsables de la violencia armada la expresen como aporte a la paz, a los procesos de elaboración de duelos y daños irreparables a otros seres humanos. La verdad es una exigencia para todos los que han participado en ella, qué están detrás de ella, o quiénes la han legitimado.

La experiencia de la Comisión Ética durante este período demuestra que la verdad oficial por parte el Estado dista de tener una similitud con la verdad no-oficial proveniente de las mismas víctimas y de las respectivas organizaciones de derechos humanos que las asisten técnica, judicial y moralmente. La verdad judicial en Colombia, la que debiera hacer de árbitro, tambalea y a menudo se pierde en las redes de la impunidad. Más que dar la lucha por una verdad consensuada, las víctimas que han sobrevivido a la violencia están inmersas en una guerra campal contra las no-verdades. Mientras, la memoria crítica, hábil ella, sigue paralelamente con su trabajo de hormiga.

Y esto, ante una serie de dispositivos que constituyen una memoria selectiva, omitiva y negadora de la realidad. En ella sectores de las iglesias, sectores de las empresas mediáticas, sectores de la educación contribuyen a un consentimiento social en que se desvirtúa la razón de nuestra violencia, en que la desnaturaliza y en un momento dado en la que legitima las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

La apuesta de CONPAZ, apoyada por la Comisión de Justicia y Paz, apunta a la creación de una propuesta de Comisión de la Verdad a partir de la experiencia de la Comisión Ética. Esta Comisión de la Verdad pretende identificar responsabilidades de los que participan directamente en las hostilidades y el conflicto armado, pero ampliando sus radio de interpretación, análisis y construcción de relatos históricos con un conjunto de responsables y de beneficiarios más allá de los armados. Su trabajo es de este modo es más complejo pero facilitará en una política de la memoria a reconstruir un sentido nuevo de la democracia, donde se abdique de valores y de métodos que han construido la imagen de enemigos a los que hay que destruir y de combatir hasta exterminarlos.

La propuesta de Comisión de la Verdad que plantea CONPAZ invita asumir las responsabilidades de actores privados y políticos, de las iglesias, de los medios de información, justo porque ellos son víctimas de esas interactuaciones de sectores privados que se han beneficiado de la guerra.

La Comisión de la Verdad debe esclarecer no solo el origen del conflicto armado, las graves violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, sino de los modos de participación de otros actores que no se armaron pero que se beneficiaron o que estimularon la violencia, la persecución.

La Comisión de la Verdad deberá dar cuenta de las doctrinas y métodos de operación del Estad y de las guerrillas sin los cuales es difícil comprender para qué o a nombre de qué se hace la guerra.

Pero también, se requiere que se conozca esa verdad de los partidos políticos y su involucramiento en la guerra, de los medios de información, de las iglesias, y el papel del aparato judicial en el desarrollo del conflicto; auscultara la verdad sobre las fuentes de financiación, sobre la diferencia o no entre la extorsión y el saboteo y la protección de intereses estratégicos económicos,

La Comisión de la Verdad abordará el drama de los desaparecidos forzados en búsqueda de su paradero y de los privados de la libertad que fallecieron en poder de los disidentes en armas. Sin esa verdad esclarecedora no es posible que se funde la paz

La Comisión de la Verdad deberá acceder a información reservada de las fuerzas militares y también de las guerrillas de las FARC y del ELN para realizar su labor de esclarecimiento. El Estado colombiano deberá solicitar para la Comisión de la Verdad toda la información que reposa en los Estados Unidos, como los documentos el Departamento de Estado, igualmente compartirá toda la información de acuerdos militares y de inteligencia con Gran Bretaña, España e Israel entre otro. En ese mismo sentido, las guerrillas aportarán información sobre actores internacionales.

Los períodos de trabajo de la Comisión de la Verdad serán tres, dos como antecedentes prospectivos ¿Qué consensos existen sobre el origen de la violencia después de la independencia hasta 1930? Y ¿Desde 1930 antecedida de la masacre de las bananeras y las proyección de una reforma agraria hasta los 60? Y que ha sucedido desde los años 60 hasta 2014?

La Comisión de la Verdad deberá tener en cuenta la voz de todas las víctimas, motivar su participación activa en sus iniciativas como las Audiencias de Reconocimiento, pero también en su informe con capítulos que den cuenta de las afirmaciones de su memoria colectiva, de sus monumentos, de sus rituales,
Dada que la participación de la sociedad es sustancial la propuesta de CONPAZ apoyada por la Comisión de Justicia y Paz se propone que por lo menos la mitad de los integrantes de la Comisión de la Verdad sea nombrada y elegida por organizaciones de víctimas.

Si es el tiempo de la paz es el tiempo de la verdad. Y es la verdad la que abrirá el camino para una sociedad que adopte transformaciones donde la verdad real sea coherente con la de los expedientes judiciales, para que se aporte a la definición de una apuesta de democracia incluyente que posibilite enfrentar los factores estructurales que sustentados en la mentira han generado un orden con altos déficit de democracia humana, social, ambiental, territorial.
La Comisión de la Verdad simultáneamente deberá abrir una discusión sobre el sentido de la justicia e incluso habilitar desde ya, si el sistema judicial existente, es el adecuado para juzgar a los disidentes en armas, cuando ese aparato judicial se ha prestado para persecuciones perversas o cuando los operadores de justicia han sido perseguidos e incluso asesinados por actuar en coherencia, sin distancia entre el derecho y la ética.

El riesgo de una solución al conflicto armado es iniciar el camino a una sociedad profundamente democrática e incluyente, y este camino, conocida nuestra historia de violencia, conocidos los horrores de la misma, reconocidas las responsabilidades, identificados los beneficiarios y los dispositivos como se legitima la barbarie, nos habilite a reformular estructuralmente la democracia, y entre ellos el aparato judicial y la necesidad de democratización de los medios y de la información y abrir a una pedagogía de la reconciliación.

Para CONPAZ la Comisión de la Verdad no sustituye a la justicia, y si se habla de justicia transicional está debe estar ligada a una democracia transicional, y tal democracia supone, un aparato de justicia dispuesto para la verdad y para la justicia sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, con total independencia y eficacia.

Una palabra final. La verdad no es venganza. Las víctimas son tan dignas que están por encima de sus victimarios. Es más, muchas, de ellas no conciben que la cárcel sea la sanción debida para altos miembros de las fuerzas militares incursos en delitos de crímenes de lesa humanidad. De nada sirven dichas sanciones, si no existe arrepentimiento, si no informan del paradero de los seres queridos, si se experimentan es como héroes. La verdad debe llevar a otras apuestas de justicia que comprendan la experiencia originaria.

El orden armónico ha sido destruido, la madre tierra ha sido ofendida, la restauración de la armonía es la verdad y es la justicia. Esta apuesta de Comisión de la Verdad busca ese orden originario y un aparato de justicia que esclarezca con eficacia, con imparcialidad para que sean posibles los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación en una nueva democracia, la democracia donde será posible la paz.

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