Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Viernes, diciembre 2 de 2016
 

DeVer

Propuesta CONPAZ a la Mesa de Diálogo entre Gobierno y FARC

Miércoles 10 de febrero de 2016

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La red Comunidades Construyendo Paz en los Territorios, CONPAZ, como organización de víctimas que nos afirmamos como sujetos integrales de derechos en lo rural y lo urbano, que representa 136 comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y poblaciones urbanas, de 14 departamentos de Colombia, compartimos nuestras propuesta a la Mesa de Diálogo.

Bogotá, 8 de febrero de 2015

Mesa de Diálogo

Gobierno de Colombia y delegación de FARC – EP

La Habana

(Atn) ONU y Universidad Nacional

Reciban un respetuoso saludo,

Agradecemos a la Organización de Naciones Unidas en Colombia y a la Universidad Nacional de Colombia la invitación a participar en este último foro, sobre los puntos 3 “Fin del Conflicto” y 6 “Implementación, Verificación y Refrendación” del Acuerdo General Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Cese del Fuego y de Hostilidades

La consolidación de una sociedad en paz pasa por un cese del fuego bilateral y de hostilidades que poco a poco, con el cese unilateral de las FARC – EP mantenido desde diciembre de 2014, se ha ido ambientando.

Nuestra experiencia con iniciativas humanitarias en medio del conflicto armado, del despojo de tierras para agronegocios y extracción minera, entre otros, debería tenerse en cuenta pues los territorios en donde se ubiquen los y las excombatientes de las FARC – EP, es posible que coincidan con los de nuestra habitación territorial.

Por lo que proponemos asegurar el desarrollo de Veedurías Ciudadanas para verificar el cumplimeinto de todo lol acorado en el proceso de paz, complementarias a la labor que vaya a realizar la ONU y CELAC.

Así proponemos que la Mesa habilite un espacio para compartir nuestras propuestas de Veeduría del Cese Bilateral junto con los mecanismos de autoprotección.

Las veeduría deben contar con la participación de delegados de organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales y sus valoraciones deben ser tenidas en cuenta por las partes.

Como lo hemos expresado en el pasado, les reiteramos que ofrecemos a las partes de la Mesa, nuestra experiencia de Espacios de Refugio, Espacios Humanitarios, Zonas Humanitarias, Zonas de Biodiversidad para que si estos espacios territoriales coinciden con las regiones en donde se ubicaran los y las combatientes de las FARC – EP, sean espacios para centralización de información y divulgación, protección civil de civiles y excombatientes.

Para tal efecto y compartir nuestras experiencias, nuestros aprendizajes y la sistematización de las mismas, solicitamos a la Mesa un espacio de tres horas para que identifiquen nuestras propuestas de autoprotección y verificación de protección, respeto de Derechos Humanos y cumplimiento de acuerdos con el Gobierno, comisiones de verificación y mecanismos nacionales e internacionales.

De firmarse los Acuerdos entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC EP nuestras iniciativas a lo largo y ancho del país cambiarán los nombres y dejarán de ser espacio para la protección de los civiles conforme al derecho internacional humanitario para convertirse en Zonas Ambientales de Paz.

Esa conversión de nuestras figuras de autoprotección reconocidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos podrán ser lugares de acogida a los y las excombatientes, en tanto, se asuman códigos éticos de coexistencia y de respeto mutuo a la no violencia.

En zonas donde se encuentra también la presencia de la guerrilla del ELN, y están nuestras comunidades, proponemos que de llegarse al Acuerdo con las FARC EP, el cese bilateral debe hacerse extensivo a esa parte alzada en armas, de manera que se haga factible la verificación.

El cese de hostilidades supone que las acciones, muchas de ellas, para garantizar el sostenimiento económico del movimiento guerrillero, se articulen a compromisos verificables de asumir los gastos de los excombatientes en materia de techo, salud, educación, alimentación, por lo menos por tres años, asi como la futura cobertura de las pensiones.

Ofrecemos nuestra propuesta educativa desde la lactancia hasta la secundaria para la formación de los y las excombatientes y pedimos al gobierno considerar seriamente la posibilidad de apoyar nuestra iniciativa de Universidades campesinas y urbanas de Paz, con currículos transversalizados por el deber de la memoria, el derecho a la verdad y a la justicia en las diversas disciplinas.

Propuestas frente al “Combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad” y “el fenómeno del paramilitarismo:

Para la definición de políticas y medición de las medidas frente a la continuidad de estos múltiples fenómenos planteamos la necesidad de crear una Comision de desmantelamiento y Seguimiento con la participación de los ministerios de Defensa, del Interior, de Justicia, de Hacienda, de Planeación Nacional, del Pos Conflicto, Defensoría del Pueblo, Oficina de Naciones Unidas Derechos Humanos, y Fiscalía General de la Nación y organismos defensores de derechos humanos, organizaciones de víctimas y de paz.

PARAMILITARISMO
La continuidad de operaciones de tipo paramilitar la constatamos en nuestros territorios, las nuevas formas de paramilitarismo combinan diversas pretensiones con operaciones de control sobre civiles líderes y organizaciones a las que conciben como guerrilleros; igualmente como supuestos guardianes de la buena moral, pretenden aleccionar a la ciudadanía para el consumo de drogas con amenazas y asesinatos y simultáneamente copar socialmente para proyectos políticos y económicos, no solo los relacionados con el tráfico de drogas.

Las operaciones armadas en lo rural son de camuflado y armas largas, con listas de la llamada Inteligencia Militar, y operan luego de pasar por retenes militares y/o policiales. En las ciudades la permeabilidad es evidente con la complicidad policial como ocurre en la mayor parte de los municipios en que integrantes de nuestra Red se encuentra.

Esta forma de paramilitarismo debe enfrentarse como se ha dicho desde hace más de 15 años con:

Medidas administrativas de cambio o destitución por orden expresa del presidente o Ministro de Defensa de Comandantes y mandos medios al evaluar cada situación en que no hay reacciones ni inmediatas, ni mediatas (1 mes) de la Fuerza Pública.
Depuración de la fuerza pública frente a la complicidad, comisión por omisión, corrupción frente a operaciones con estructuras neoparamilitares.

Discusión Nacional sobre los fundamentos, marcos doctrinales de las operaciones militares contra insurgentes y generación de la doctrina de defensa de la paz con justicia socio ambiental.

Combate a las estructuras armadas que se han identificado con precisión con base en la información suministrada por las víctimas y organizaciones de Derechos Humanos.
Precisión de la política de sometimiento a la justicia enfrentando sus operaciones y tentáculos en el poder político, económico. La política de sometimiento a la justicia basada en la verdad, los capturados que aporten esclarecimiento, sanción e identificación de los mandos, sus beneficiarios, fuentes de financiación y lavado de activos, podrían obtener una rebaja de penas.

CRIMINALIDAD

Es imposible pensar en una erradicación de una criminalidad basada en la ilegalidad financiada por el tráfico de drogas si no hay una nueva política mundial más que represiva, que afecte a la banca y en particular que proyecte una legalización de la producción que haría menos rentable esta actividad.

Políticas urbanas para enfrentar el microtráfico de drogas con medidas de investigación de los beneficiarios medios y altos, para proceder a su judicialización.

Políticas preventivas en el consumo de drogas psicotrópicas y dosis para consumidores de marihuana con procesos de apoyo psicológico.La criminalidad se desestructura con generación de empleo, de estudio a niños y jóvenes, con condiciones dignas de vida.
En ese sentido, reiteramos la importancia de nuestra propuesta educativa, ya implementada en alguna de nuestras comunidades de la educación desde la gestación, la primaria, la secundaria, y el proyecto de Universidad hacia La Paz.
Reformas y ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de construcción de paz:

Los Acuerdos con las FARC EP son muy importantes, pero se requieren nuevos marcos normativos y disposiciones presupuestales, además de la voluntad política para implementar los acuerdos y más allá de los acuerdos para que se respeten los derechos de nosotros las víctimas, por lo que planteamos la necesidad de un nuevo Pacto Socio Ambiental.

Este Pacto Socio Ambiental debe incluir a todas y todos los colombianos que se expresan en los partidos políticos, movimientos sociales representativos, las guerrillas de las FARC EP, y el ELN, ex militares, las iglesias entre otros, para lograr consensos sobre asuntos fundamentales como la definición de un principio de construcción de una democracia con bienes mínimos de satisfacción de toda la población en materia de techo, de educación, de salud, de alimentación

Principios de protección y supervivencia y reproducción de fuentes de aguas, bosques, páramos.

Acceso a crear medios de información y a recibir financiación del Estado democrática con acceso y financiación para fundar y sostener medios de radio en FM y televisión comunitaria; la radio de la policía y las FFMM deben fusionarse, las frecuencias y equipos de las FM disponibles deben asignarse a las organizaciones comunitarias que muestren idoneidad y capacidad en la producción comunicativa.

Límites en la financiación de las fuerzas militares por parte de empresas privadas y aplicación de los principios de Naciones Unidas, a límites en el acceso al ejercicio de gobierno por parte de personas que provengan del sector privado, políticas públicas sobre el deber de la memoria.

Políticas de comunicación la política de una cultura de paz debe contemplar el acceso a los medios masivos pero también a la financiación de la Universidad de la Paz rural y urbana como lo hemos planteado en foros anteriores.

El mandato de todos los pactantes es lograr los consensos básicos sobre el proyecto de país para una nueva democracia, con bases técnicas y las motivaciones profundas de evitar nuevas generaciones que ejerzan el derecho a la rebelión o el derecho a armarse para proteger o acumular riqueza, para enfrentar la criminalidad urbana y rural y evitar su crecimiento exponencial; para asegurar con criterios políticos y técnicos, la protección y supervivencia de las fuentes de vida y de la riqueza biológica, biótica y abiótica para nuestro presente y las generaciones del porvenir.

Reforma democrática Tributaria

Este Pacto Socio Ambiental implica su deliberación por mínimo un año en algunos mecanismos Asambleario

Refrendación
El mecanismo no puede ser el plebiscito, puesto que este esta constitucionalmente contemplado para la ratificación de decisiones presidenciales, no para el desarrollo normativo de los acuerdos de Paz alcanzados entre las partes en la Mesa de Conversaciones. Abogamos porque el método que salga de refrendación debe salir del consenso de las partes, el cual las comunidades estamos dispuestos a apoyar en su promoción y divulgación.

Implementación y Verificación
Solicitamos formalmente hacer parte del mecanismo arriba propuesto de Veeduría Social, tanto del cese al fuego bilateral y la dejación de armas, como de verificación dl cumplimiento de todos los acuerdos alcanzados en la Mesa de la Habana, y especialmente lo relativo a la verificación de la situación de Derechos Humanos.

Claridad sobre la situación financiera
Las víctimas y la sociedad no tenemos claro, cuál es el presupuesto para la implementación de los acuerdos, de qué manera las comunidades afectadas por la violencia socio política, vamos a ser o no beneficiarias de medidas específicas

¿Cuánto es el presupuesto existente? ¿Cuáles son las fuentes de financiación? ¿Cuáles son las zonas priorizadas? ¿Cuáles son los Mecanismos específicos para evitar la corrupción y el desvío de recursos y mecanismos expeditos de sanción y devolución?

Incoherencias e inconsistencias
Mientras se acuerdan aspectos sustanciales en La Habana sobre muchos temas, aquí se aprueban políticas en detrimento como las Zidres, licencias exprés, violaciones de Derechos Humanos, paramilitarización de los territorios con complicidad del Estado, entre otras, estás incoherencias deben discutirse en el mecanismos para el nuevo Pacto Socio Ambiental

¿Cómo se van a resolver?
Para que los Acuerdos no queden en el papel, se requiere que los mismos sean financiables, con identificación para todos de las focalizaciones presupuestales, las vigencias fiscales, y mecanismos expeditos para desembolsos.

Comunidades Construyendo Paz en los territorios

 
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