Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Sábado, noviembre 26 de 2016
 

Informe

Por el agua y la consulta previa comunidad de Putumayo bloquea proyecto exploratorio de la multinacional Gran Tierra Energy

Lunes 22 de diciembre de 2014

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A raíz de que el Estado colombiano desconoce insistentemente el derecho fundamental a la consulta previa, miembros de las comunidades Nasa y campesinos mestizos que habitan en Orito y Villa Garzón, departamento de Putumayo, aprovecharon la coyuntura del día internacional de los derechos humanos para impedir el paso de personal de la empresa contratista EGS (Energy Geophysical Services) y de paso retirar las líneas de detonación.

Esta empresa pretende realizar de manera ilegal e inconsulta el proyecto sísmico del Bloque Petrolero PUT10 2D asignado a la multinacional Gran Tierra Energy, con base en Calgary, Canadá.

Esta no es la primera vez que ocurre un bloqueo de los trabajos que realiza Energy Geophysical Services. Los comuneros Nasa ya le han expresado su decisión de rechazar el proyecto de sísmica y posteriores trabajos de explotación dentro de sus territorios. Pero la empresa insiste en ignorar el derecho a la autodeterminación como pueblos y continúa con sus labores.

Las comunidades indígenas Nasa Çxha Çxha y Awá, junto con las comunidades campesinas se encuentran concentradas en la vereda Bellavista, jurisdicción del municipio de Orito, Putumayo, desde el pasado 21 de noviembre manifestando de manera pacífica su rechazo a los proyectos de exploración y explotación en sus territorios, los cuales se desarrollan de manera ilegal sin su debida consulta ni consentimiento.

Estos proyectos de exploración están generando graves daños ambientales y socio culturales. Aparentemente la multinacional Gran Tierra Energy desconoce que la región en donde se pretende desarrollar el proyecto sísmico hace parte de una Zona de Reserva Forestal, esto debido a que en esa zona se concentra la riqueza hídrica de la Amazonía.

La decisión conjunta de las comunidades indígenas Nasa Çxha Çxha y Awá y de las comunidades campesinas de bloquear las operaciones empresariales nace ante la ausencia de una respuesta eficaz por parte de las entidades locales y regionales. En este sentido, fortalecer el papel de la autoridad ambiental es clave para prevenir los daños ambientales que se ven venir sobre la vida en los territorios, sobre las cuencas hídricas y el ecosistema en general.

Cabe destacar que el pasado 27 de noviembre la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía - CORPOAMAZONÍA intentó realizar una visita técnica a la zona, la cual no pudo concretarse porque el puente sobre el rio Conejo fue intencionalmente averiado, sin aún saber quién o quiénes son los responsables.

Posteriormente, el pasado 2 de diciembre en una reunión amplia realizada en Puerto Caicedo con participación de comunidades y de autoridades locales como el alcalde de Puerto Caicedo, la Personera de Orito y el Secretario de gobierno, se pudo evidenciar el grado de manipulación que la empresa Gran Tierra Energy ejerce sobre diversas comunidades y sobre funcionarios públicos de Orito. En la reunión éstos últimos hablaron a favor de que se realice el proyecto sísmico, a pesar del rechazo generalizado que han expresado las comunidades del Bajo Putumayo y las alcaldías de Puerto Caicedo y Villagarzón.

Las comunidades han sido objeto de amenazas, señalamientos, intimidaciones.

La autoridad de protección ambiental para la zona de la Amazonía ha expresado que el área de proyección sísmica intervendrá en más del 65% la reserva protectora según datos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT de Orito, razón por la cual cabría la posibilidad de emitir el Principio de Precaución.

Al cierre de este informe y a pesar de estas manifestaciones, la empresa contratista Energy Geophysical Services continúa con su trabajo, situación que obliga a las comunidades a exigirle al Estado su pronta intervención para suspender el proyecto de exploración, para que se aplique el principio de precaución y para que por sobre todo se aplique el derecho fundamental a la consulta previa.

Bogotá, D.C. 18 de diciembre de 2014

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

 
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