Persistencia de daños socio-ambientales por parte de la empresa Amerisur en la ZRCPA, Presuntas desapariciones forzadas

Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante el avance de los daños socio-ambientales generados por la explotación de la empresa Amerisur Exploración Colombia Ltda. en el territorio de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica (ZRCPA); ante la afectación de cuerpos de agua que son utilizados para actividades de supervivencia humana sin que se desprendan acciones de mitigación y reparación por parte de la empresa


Bogotá, D.C., noviembre 23 de 2016

JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia

JUAN FERNANDO CRISTO
Ministro del Interior

MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores

JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA
Ministro de Justicia

LUÍS GILBERTO MURILLO
Ministro de Ambiente

AURELIO IRAGORRI
Ministro de Agricultura

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ
Fiscal General de la Nación

FERNANDO CARRILLO
Procurador General de la Nación

CARLOS NEGRET
Defensor Nacional del Pueblo en funciones

PAULA GAVIRIA
Alta Consejera Presidencial para los Derechos Humanos

RAFAEL PARDO
Ministro de post-conflicto

Ref: Persistencia de daños socio-ambientales por parte de la empresa Amerisur en la ZRCPA; persecución judicial a lideres campesinos; aumento de unidades de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” (AGC); Presuntas desapariciones forzadas en Puerto Asís.

Porque yo conozco sus muchos crímenes e innumerables pecados: Oprimen al inocente, aceptan sobornos, atropellan al pobre en el tribunal.
Por eso se calla entonces el prudente, porque es un tiempo peligroso.

Amos 5.12-13

Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante el avance de los daños socio-ambientales generados por la explotación de la empresa Amerisur Exploración Colombia Ltda. en el territorio de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica (ZRCPA); ante la afectación de cuerpos de agua que son utilizados para actividades de supervivencia humana sin que se desprendan acciones de mitigación y reparación por parte de la empresa; ante el desconocimiento por parte de las autoridades administrativas y ambientales a nivel local y nacional de las reiteradas situaciones que han presentado las comunidades desde el inició de la explotación petrolera hace ya cuatro años.

Nuestra Constancia Histórica ante el desconocimiento de los acuerdos para suspender las erradicaciones mientras se adelantan diálogos con la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo con el fin de construir una propuesta de sustitución de los cultivos de coca para las comunidades de la región; ante el desconocimiento de sendos autos y sentencias de la Corte Constitucional que establecen la obligación previa a cualquier proceso de erradicación, aplicar planes de contingencia que permitan a las familias no quedar en un estado de insubsistencia evitando así la generación de nuevos desplazamientos; ante el desconocimiento de las administraciones locales y nacionales del plan de sustitución contemplado en el Plan de Desarrollo Sostenible (PDS), que se diseñó colectivamente, desde hace más de 7 años.

Nuestra Constancia Histórica ante la extraña coincidencia de ubicación de las zonas de erradicación manual forzosa con la fuerza pública y las áreas donde la empresa Amerisur viene desarrollando acciones de prospección petrolera, actividades que incluyen exploración sísmica y la instalación de una nueva plataforma petrolera.

Ante la respuesta militar del Estado colombiano a las exigencias de soluciones reales y concretas de las problemáticas históricas de empobrecimiento de las comunidades campesinas del Putumayo y la presencia de un Estado protector de los intereses de las empresas petroleras, garantizando la movilidad de sus vehículos con el acompañamiento de la fuerza pública; ante la privatización de la fuerza y de la renuncia del deber protector del Estado de la vida y los ecosistemas; ante la respuesta militar como retaliación empresarial a las acciones de defensa territorial y ambiental comunitaria; Nuestra Constancia ante el uso desproporcionado de la fuerza sobre quienes ejercen su derecho legitimo a la movilización y la protesta como es el caso de los comuneros EDIER CUICUÉ, OLMES ACHIPIS, LEO VIGILDO HOYOS, JHON FREDI PERDOMO, HERNEY MESTIZO y WILMER JHOAN LAGO MELO.

Nuestra Constancia Histórica ante el irregular y cuestionable rol que están realizando las fuerzas regulares del Estado, la intimidación psicológica, la violencia física, la persecución judicial como herramienta de justificación a las acciones de exigibilidad, las movilizaciones de las comunidades y las protestas legitimas que buscan dar cumplimiento a los acuerdos elevados con el gobierno nacional; ante las injusta imputaciones en contra de las y los dirigentes de las comunidades que estuvieron movilizándose como alternativa de exigibilidad de derechos, especialmente por la graves imputaciones con las que se pretenden judicializar a la lideresa campesina JANI SILVA y de manera contradictoria, las acciones jurídicas interpuestas para la protección ambiental se mantienen estáticas.

Nuestra Constancia Histórica ante las reiteradas amenazas y hostigamientos de las que fue objeto el Concejal de Puerto Asís HERNÁN TABARES; ante la ausencia de medidas de protección tendientes a salvaguardar la vida e integridad de quien en el sano ejercicio de la función pública viene denunciando las intríngulis de corrupción que se presentan en los procesos de contratación y distribución de los recursos públicos, afectando los intereses de empresas petroleras, transportadoras de hidrocarburos y los dueños de las estaciones de servicio, entre otras figuras de “poder” local.

Nuestra Constancia Histórica ante el aumento de las unidades de la estructura irregular denominada “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” (AGC) y su plan de copamiento de los espacios abandonados por la guerrilla de las FARC; ante las operaciones de reclutamiento forzado de jóvenes y las acciones deplorables de “Limpieza Social” y el execrable crimen de desaparición forzada; ante la presunta desaparición de SEBASTIÁN ALEXIS CARMONA DÍAZ y la desaparición y posterior asesinato de JULIÁN ANDRÉS VIDAL CAICEDO; ante la extraña relación existente entre los dos hechos y la ausencia de acciones contundentes que permitan develar el paradero de SEBASTIÁN y la omisión en el deber del Estado de proteger la vida e integridad de sus ciudadanos.

Ante ustedes la fundamentación fáctica de nuestra Constancia Histórica.

* Sábado 2 de abril en horas de la tarde, en el caserío de La Rosa, Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica (ZRCPA), jurisdicción del municipio de Puerto Asís, se produjo un derrame de crudo proveniente de los tubos de conexión de la plataforma Platanillo Sur 9 de la empresa Amerisur Exploración Colombia Ltda. que contaminó un pequeño cuerpo de agua ubicado a la entrada de esa comunidad.

El cuerpo de agua contaminado era utilizado para actividades domésticas de consumo humano.

* Domingo 3 de abril durante el día se desarrolló la actividad de verificación por el derrame ocurrido el 11 de junio de 2015 en la comunidad de Sinaí, Inspección Puerto Asís, que afectó varias comunidades de la ZRCPA.

En la verificación participaron la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA); funcionarios del Ministerio del Interior y CORPOAMAZONÍA, trabajadoras sociales de la Empresa Amerisur, así como organizaciones sociales.

Los habitantes de La Rosa, relataron a los delegados la afectación derivada del derrame ocurrido el pasado mes de abril, aportaron pruebas de agua con la magnitud de la contaminación.

Los delegados del gobierno nacional manifestaron que su presencia en el lugar obedecía a compromisos puntuales incluidos en el acta del 22 de marzo, y por lo tanto, tendrían en cuenta lo denunciado para la realización de su informe, pero no podían desplazarse hasta el lugar para verificar lo denunciado.

* Miércoles 1 de junio en horas de la mañana HERNÁN TABARES, concejal del municipio de Puerto Asís, fue amenazado a través de una llamada telefónica advirtiéndole: “deje de ser sapo y deje de meterse en lo que no le conviene”.

Esta no es la primera amenaza que el concejal HERNÁN TABARES recibe debido a su labor, sin embargo, no cuenta con las medidas de protección necesarias por parte de las instituciones del Estado competentes en la materia.

En lo corrido de este año, Hernán Tabares junto con otro grupo de cuatro concejales entre los que se encuentran Segundo Rubiel Solarte, Fausto García Monarca, John Jairo Cataño y Phanor Guazaquillo (Nasa e integrante de la Red de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios CONPAZ), han desarrollado un ejercicio de veeduría y protección de los derechos de los ciudadanos ante las irregularidades en la elección del Personero Municipal y los daños sociales y ambientales generados por la explotación del Bloque Platanillo de la empresa Británica Amerisur en las comunidades de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica y las comunidades del corregimiento de Piñuña Blanco, jurisdicción de Puerto Asís.

Este grupo de concejales han denunciado las actuaciones inconsultas en las comunidades ancestrales de Piñuña Blanco para la exploración sísmica del Bloque Putumayo 12 (Put 12).

Su labor los ha llevado a proponer de manera conjunta el cambio en el subsidio de los combustibles que por Ley de Fronteras le corresponde al municipio de Puerto Asís, la cual estaba fijada en un 40% para gasolina y un 60% para ACPM.

De tal manera se estableció que debe ser un 75% para gasolina y tan solo un 25% para ACPM, afectando con esta propuesta los grandes intereses de empresas petroleras, transportadoras de hidrocarburos y los dueños de las estaciones de servicio.

Igualmente, propusieron la creación y conformación de una Comisión de Ética, para el seguimiento a funcionarios que tengan allegados o parientes trabajando y realizando contratos con la administración municipal, y una intervención ante las presuntas irregularidades en contratación y manejo de recursos en el Hospital Local José María Hernández.

* Sábado 18 de junio hacia las 10:00 a.m. en la entrada de la Plataforma 1 de la empresa Británica Amerisur, ubicada en el caserío de La Alea, ZRCPA, militares de la brigada 27 de Selva detuvieron por varios minutos a Edwis Ramírez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del caserío El Baldío, ZRCPA.

Al directivo, le pidieron sus documentos de identificación para ser comparados con un listado que los militares tenían en sus manos de supuestos sospechosos. Minutos después de identificarlo, le ordenaron continuar su camino.

Esta situación ha sido recurrente por parte de los militares en las comunidades de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica la cual ha generado temor y no entienden el por qué de la existencia de ese tipo de listados.

* Martes 28 de junio en el caserío de Las Camelias, ZRCPA, militares presuntamente de refuerzo en la brigada 27 de Selva al mando del Sargento Segundo Mahecha, realizaron acciones de erradicación afectando los cultivos de pancoger de tres familias y amenazando con la continuidad de las erradicaciones al resto de la comunidad.

* Miércoles 29 de junio en horas de la mañana, las comunidades en diálogo con el Sargento Segundo Mahecha, explicaron el proceso de concertación que adelantan con gobierno nacional respecto a las erradicaciones. El mando militar solo manifestó que la erradicación continuaría porque es una orden del gobierno Nacional.

* Sábado 30 de julio pobladores iniciaron una protesta pacífica en La Alea por los reiterados incumplimientos a los acuerdos pasados que versan sobre la sustitución gradual y concertada de los cultivos de uso ilícito, la contaminación ambiental derivada de la acción de las empresas petroleras Amerisur y Vetra; así como de las operaciones inconsultas en materia de exploración y explotación de crudo; la ausencia de respuesta en materia de acceso, uso y goce efectivos de derechos económicos, sociales, culturales y fundamentales suscritos hace más de una año.

* Domingo 7 de agosto En horas de la mañana en el caserío Ancurá, lugar de concentración de las comunidades de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica (ZRCPA), JANI SILVA, fue retenida por militares de la Brigada 27 de Selva cuando transitaba en el vehículo de protección asignado por la UNP, requiriéndole a ella sus documentos de identificación y no a los demás pasajeros

* Sábado 13 de agosto habitantes de los caseríos de La Alea y La Rosa, pertenecientes a la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica (ZRCPA), fueron notificados de una citación judicial ordenada por la Fiscalía 12 Especializada de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo, por el delito de obstrucción de vías que afecta el orden público. Un investigador criminal preguntó insistentemente a los habitantes de la comunidad de La Rosa por JANI SILVA.

JANI es lideresa social, representante legal de la organización representativa de la ZRCPA, Adispa y de la dirección de CONPAZ.

Los Pobladores de la ZRCPA temen que se judicialicen de manera injusta a los líderes por haber defendido y promovido los derechos de fundamentales, económicos, sociales y ambientales por parte de la empresa petrolera Amerisur en predios de la ZRCPA.

* Domingo 14 de agosto en horas de la mañana, unidades militares se dirigieron hacia las comunidades del corregimiento Piñuña Blanco, municipio de Puerto Asís, que aún se encontraban movilizadas en La Alea, manifestándoles que el lunes o martes: “los carros de las empresas petroleras pasarán por encima de quien sea”.

Agregaron los efectivos regulares que las personas citadas por la Fiscalía tendrán que responder ante el llamado judicial, mientras hicieron registro fotográfico de las y los lideres y de la comunidad presente en el punto de concentración.

Estas actuaciones cuestionables de los militares contradijeron el compromiso de la ViceMinistra SANDRA DEVIA RUÍZ de “garantizar el respeto de los derechos y la integridad física de las comunidades de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica y el corregimiento de Piñuña Blanco participantes en la protesta pacífica”.

* Martes 16 de agosto en horas de la tarde, nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada del desembarque de más de 500 integrantes del ESMAD en el municipio de Puerto Asís.

* Jueves 18 de agosto a eso de las 2:00 p.m. en el punto de concentración del caserío de La Alea, motorizados del ESMAD atacaron a los campesinos que se encontraban allí, luego de levantar a la fuerza y destruir los espacios adecuados para resguardarse en la noche. Las reservas de alimentos y enseres fueron dañados por el ESMAD

Además del caserío de La Alea, los efectivos del ESMAD irrumpieron de manera violenta en los puntos de encuentro en los diferentes municipios del departamento de Putumayo, como fueron San Pedro, en Puerto Caicedo y San Miguel.

La arremetida violenta de los regulares del ESMAD ya había sido anunciada por parte de efectivos adscritos a la brigada 27 de selva.

* Viernes 19 de agosto aproximadamente a las 11:00 a.m. ingresaron a los caseríos afectados por la exploración petrolera dentro de la ZRCPA, una caravana de 12 carro tanques pertenecientes a la empresa británica Amerisur, fuertemente escoltados por efectivos del ESMAD y la policía nacional.

Hacia la 1:00 p.m. a la altura del cruce de Santa Rosa, sobre el corredor Puerto Vega – Teteyé, Puerto Asís, miembros del ESMAD en coordinación y acción de agentes de la policía nacional y efectivos de la brigada 27 de selva atacaron a las y los campesinos que se encontraban ubicados en el punto de concentración. Por la acción desproporcionada y contra derecho, varios pobladores resultaron heridos por impactos de bolas y balas de goma, así como de proyectiles de gas.

Entre los afectados se reportaron los comuneros Nasa: EDIER CUICUÉ, OLMES ACHIPIS, LEO VIGILDO HOYOS y JHON FREDI PERDOMO. De acuerdo con una de las víctimas, el estado de los comuneros HERNEY MESTIZO y WILMER JHOAN LAGO MELO era grave, éste último herido presuntamente con arma de fuego.

* Miércoles 24 de agosto a eso de las 2:30 p.m. sobre la vía que conduce del caserío de La Alea hasta el caserío de La Rosa, ZRCPA, fueron embestidos por una motocicleta de la policía nacional, los campesinos MILTÓN JAIME ÁLVAREZ y LUZ STELLA MOLINA.

Según informaron los testigos, los policiales estaban escoltando una caravana de carro tanques de la empresa británica Amerisur, cuando invadieron el carril contrario, llevándose por delante a MILTÓN y LUZ STELLA.

La embestida provocó severas contusiones en MILTÓN, fractura en una de las extremidades inferiores de LUZ STELLA, razón por la cual fue trasladada de urgencias a la E.S.E Hospital local de Puerto Asís.

* Miércoles 21 de septiembre, en el municipio de Puerto Asís, fuentes indicaron que se registró la desaparición forzada del joven de 18 años SEBASTIÁN ALEXIS CARMONA DÍAZ y la desaparición y posterior asesinato de JULIÁN ANDRÉS VIDAL CAICEDO, de 22 años y oriundo de Popayán.

SEBASTIÁN, salió a las 8:30 p.m. de su lugar de residencia, hacia las 10:30 p.m. fue visto por última vez en un sector del centro del casco urbano del municipio conocido como “La Calle Angosta”,

* Jueves 22 de septiembre, nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá, tuvo conocimiento que en horas de la madrugada SEBASTIÁN se comunicó telefónicamente con su madre ASELA DÍAZ y le manifestó: “Mami no se olvide que yo la amo”. Y agregó que estaba con una mujer.

Hacia las 4:00 p.m. habitantes de la comunidad El Triunfo indicaron que habían escuchado tres disparos en zona aledaña a sus viviendas en dónde hay operaciones y control paramilitar.

En horas de la tarde en un lugar cercano a El Triunfo fue hallado el cuerpo sin vida del joven JULIÁN ANDRÉS VIDAL CAICEDO. JULIÁN portaba el pantalón jean y los zapatos de SEBASTIÁN.

ASELA DÍAZ, es una reconocida lideresa en el municipio de Puerto Asís, su acción ha estado orientada en la exigencia y justiciabilidad de los derechos de la población en condición de discapacidad física.

* Lunes 24 de octubre hacia las 8:45 a.m. en el caserío La Rosa, Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, militares adscritos a la brigada 27 de Selva, que custodian la Plataforma Petrolera Nº 9, ingresaron a una de las fincas de la comunidad y erradicaron a la fuerza media hectárea de cultivos de coca.

Los regulares expresaron a varias personas de la comunidad que los abordaron por su acción que ellos estaban erradicando por orden de la multinacional petrolera Amerisur.

* Lunes 31 de octubre entre las 6:00 a.m. y las 8:30 a.m. en los límites de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, a la altura del caserío de La Rosa y el Resguardo del Pueblo Siona, jurisdicción de Puertos Asís, 20 regulares adscritos a la brigada 27 de selva comandados por dos cabos erradicaron media hectárea de cultivo de coca.

Algunos de los regulares expresó que para Amerisur las siembras de coca son un problema para su negocio, un factor adicional de conflicto y por eso estarían motivándoles a la erradicación forzosa. En palabras de los testigos uno de los regulares afirmó: “Amerisur da incentivos más grandes para erradicar, la coca genera conflicto donde ellos está

Los regulares nunca se identificaron debidamente ante los miembros de la comunidad.

* Viernes 11 de noviembre nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá, fue informada por una fuente oficial sobre el incremento de la presencia de integrantes de estructuras neoparamilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en otrora denominada “La Constru” que ejerce operaciones en el municipio de Puerto Asís.

Según la fuente, los neoparamilitares pretende copar los espacios abandonados por la guerrilla de las FARC – EP. La estructura está adelantando operaciones de reclutamiento forzado, han ofrecido pagos a jóvenes para su vinculación, a algunos los han intimidado, y expresa la fuente que han asesinado a aquellos que se niegan a ser parte de la estructura armada o que los van a denunciar.

La fuente también indicó, que existe una división interna en los sectores de la fuerza pública. Una facción que se muestra de acuerdo con las acciones de los neoparamilitares, otro grupo por temor a denunciar las acciones de complicidad de los agentes estatales de distinto nivel prefieren: “Ahorrarse problemas, hacerse los de la vista gorda”.

Las operaciones de tipo neoparamilitar de Puerto Asís están relacionadas directamente con los hechos criminales y de “limpieza” que se han ejecutado en los cascos urbanos de los municipios de Puerto Caicedo, Valle del Guámuez y San Miguel, y en algunas zonas rurales.

De acuerdo con la fuente, los neoparamilitares con el reclutamiento vienen conformando bandas y grupos de control social de las AGC y con distintas denominaciones para asegurar espacios rurales urbanos, vinculación de jóvenes hombres y mujeres, controles económicos de base.

Igualmente, varias fuentes identifican que los neoparamilitares continúan ejerciendo control y copamiento con diversas modalidades en medio de las mal llamadas acciones de “limpieza social” contra jóvenes hombre y mujeres, han abierto diversas fosas que utilizan para arrojar los cuerpos de las y los desaparecidos que son ejecutados; la mayoría de ellos, jóvenes provenientes de diversos lugares de la región del Valle del Guámuez.

La fuerte presión que estas estructuras están ejerciendo en la población, y la evidente omisión institucional, ha llevado a que muchas personas prefieran guardar silencio por temor a las represalias al denunciar los reclutamientos y las desapariciones.

* Sábado 12 de noviembre, nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que unidades militares adscritas a la brigada 27 de selva continuaron labores de erradicación de cultivos de coca dentro de los predios del caserío La Rosa, de media hectárea, al que se suma la hectárea y media que erradicaron el domingo 6 de noviembre.

Ante la exigencia de respeto por los acuerdos adelantados en el marco de los procesos de concertación de un Plan de Erradicación con el Gobierno Nacional, lo regulares enfáticamente afirmaron que ellos desconocían los acuerdos, a los que se había llegado con el Ministro de Medio Ambiente, LUIS MURILLO, el pasado 4 de setiembre.

Nuestra Censura Ética ante la continuidad de las afecciones ambientales producidas por el derrame de crudo; ante la negativa a reconocer que la actividad petrolera sigue afectando la riqueza biológica y ecosistemas de la región, afectando las lógicas propias de relacionamiento y desarrollo sostenible de las comunidades de la Zona de Reserva Campesina.

Nuestra Censura Ética ante la insuficiente y precaria intervención del Estado colombiano y sus instituciones para frenar de manera inmediata las afectaciones ambientales que se generan en la vida de los pobladores de la ZRCPA y el ecosistema amazónico.

Nuestra Censura Ética ante las amenazas que ponen en riesgo la vida e integridad de quienes vienen desarrollando la función pública desde las lógicas de la ética del buen vivir, ante ausencia estatal de intervenir y brindar los mecanismos de protección necesarios para evitar daños irreparables.

Nuestra Censura Ética ante el desconocimiento de los mínimos humanitarios y las practicas de empadronamiento y señalamiento de la fuerza pública en contra de los líderes de los procesos comunitarios de la Zona de Reserva Campesina, acciones mediadas por la doctrina del enemigo interno y que indican la necesidad inminente de transformar desde la estructura las fuerzas armadas para generar procesos de confianza.

Nuestra Censura Ética ante la presencia de un Estado bipolar, que por un lado garantiza abiertamente con el uso de la fuerza publica los interés de las empresas petroleras como Amerisur y Vetra, y por el otro lado se muestra recio e implacable ante las demandas naturales de la población campesina que históricamente han presentado por las graves e irreparables afectaciones que han derivado de la intervención de estas empresas

Nuestra Censura Ética ante el avance de la presencia neoparamilitar en la región del bajo Putumayo y la ausencia del Estado como garante de la protección de sus ciudadanos; ante las acciones de reclutamiento de jóvenes y la aplicación de dobles raceros de moral bajo el seudónimo de “Limpieza”, ante la aplicación de lógicas de control y sometimiento, ante la utilización de medios proscritos como la desaparición forzada, usados para aleccionar y someter a los habitantes de estas regiones.

En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional elevamos Derecho de Petición para que se brinde una respuesta formal y dentro del término legal correspondiente:

1. Sírvase compulsarnos copia a nuestras costas del informe que debió presentar la empresa de explotación petrolera Amerisur por la contingencia presentada el 2 de abril en el caserío La Rosa, ubicado en la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica.

2. Sírvase informarnos que acciones se realizaron para el restablecimiento de la zonas afectadas por el derrame de hidrocarburos y de las actividades de mitigación, reconstrucción y todas aquellas acciones desarrolladas por parte de la empresa para afrontar el derrame por hidrocarburos el día 11 junio de 2015 en el caserío Sinaí y que afectaron parte del territorio de la ZRCPA.?

3. Sírvase explicarnos el estado de la investigación se lleva a cabo en relación con la amenaza directa al concejal HERNÁN TABARES ¿Qué medidas de protección se han implementado?

4. Sírvase informarnos de las actuaciones que se piensan llevar a cabo en cuanto al riesgo al que están sometidos los concejales arriba reseñados y los líderes sociales y sus familiares en su labor de defensa de los derechos que asisten a las comunidades.

5. ¿A partir de las denuncias elevadas por el Concejal TABARES, sírvase informarnos si ya existe una investigación y que entidad es la responsable, a la fecha que conclusiones preliminares tiene?

6. Sírvase informarnos según competencias ¿Existen en sus despachos noticia criminal que involucre a lideres y lideresas de la ZRCPA, especialmente la lideresa campesina JANI SILVA? ¿En caso afirmativo, indique números de SPOA asignados, unidad que conoce la causa? ¿En caso afirmativo, indique en que etapa procesal se encuentra la investigación? ¿Indique claramente sobre que hechos específicos hacen referencia la o las investigaciones? ¿En caso afirmativo, en calidad de que se encuentran vinculados a los SPOA de las referencias?

7. Ante los abusos y acciones contra derecho de los agentes de la fuerza publica adscritos a la brigada 27 de Selva y los agentes policiales del ESMAD ¿Qué acciones de tipo disciplinarias y penales se van a adelantar? ¿Qué acciones de reparación se adelantaran para resarcir los daños causados en los cuerpos de quienes fueron víctimas de las acciones desproporcionadas de los agentes del ESMAD que se encontraban dentro de las áreas de concentración durante los días de las movilizaciones campesinas?

8. Ante las afirmaciones realizadas por los campesinos, por los regulares de la brigada 27 de Selva y su accionar en erradicación forzosa para evitar conflictos a la empresa petrolera Amerisur, ¿Qué legislación prima el público o el privado? ¿Qué acciones correctivas se van a adelantar?¿Sírvase a nuestras costas facilitar copias de todas las ordenes de misión de 2015 y 2016 donde se comisionaron a los regulares a erradicar los cultivos de coca dentro de la Zona de Reserva Campesina? ¿Sírvase ubicarnos claramente las zonas específicas (polígonos) de ubicación de los puntos ya erradicados y las proyecciones de erradicación por parte de la brigada 27 de selva?¿Sírvase facilitar a nuestras costa copia precisa del plan de contingencia y de mitigación que se está implementando en las zonas objetos de erradicación dentro de la Zona de Reserva Campesina? ¿En caso negativo, favor indicar bajo que argumentos técnicos, jurídicos y políticos no existe aun un plan de contingencia y mitigación?

9. Ante la presunta desaparición forzada de SEBASTIÁN ALEXIS CARMONA DÍAZ sírvase indicar ¿Desde cuando se activo el Mecanismos de Búsqueda Urgente? ¿Qué acciones de búsqueda han adelantado? ¿Qué resultados ha arrojado la búsqueda realizada por el Mecanismo? ¿Qué numero de SPOA y ante que Fiscalía fue asignada la presunta desaparición forzada de SEBASTIÁN CARMONA?

10. Ante la desaparición forzada y posterior asesinato de JULIÁN ANDRÉS VIDAL CAICEDO sírvase indicar ¿Qué avances han arrojado las primeras pesquisas adelantadas por la Fiscalía? ¿La unidad de contexto que hipótesis tiene a partir de la presencia de las estructuras neoparamilitares en el Bajo Putumayo y la desaparición de jóvenes en la región? ¿Qué conexión han arrojado las pesquisas con la desaparición de SEBASTIÁN CARMONA? ¿Qué explicación tiene que el cuerpo JULIAN haya sido encontrado en el municipio de Valle del Guámuez y que éste estuviera portando prendas de vestir de SEBASTIÁN CARMONA? ¿Qué numero de SPOA y ante que Fiscalía fue asignada la desaparición forzada y posterior asesinato de JULIÁN VIDAL?

11. ¿Qué análisis y tipo de estructuras herederas del paramilitarismo y otro tipo de organizaciones existen en Putumayo en 2015 y 2016? ¿Qué operaciones se han adelantado y con qué resultados específicos? Sírvase expedir copias a nuestras costas.

De toda consideración

Comisión Intereclesial Justicia y Paz