Peligra vida de defensoras de derechos humanos
El 7 de mayo, alguien disparó contra las oficinas de una organización de defensa de los derechos de las mujeres en Bogotá, Colombia. Este incidente se ha producido tras una serie de ataques y actos de intimidación contra la defensora de los derechos humanos Mónica Roa y sus colegas. Se cree que estos ataques son una represalia por el trabajo que estas personas realizan en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia. La vida de quienes integran la organización puede correr peligro.
Al atardecer del 7 de mayo, se cortó el suministro eléctrico en las oficinas de Women’s Link Worldwide (WLW), y unos minutos después una persona no identificada realizó un disparo hacia el interior de la oficina. Mónica Roa, defensora de los derechos humanos y directora de programa de WLW, se encontraba, junto con dos colegas, trabajando en las oficinas en ese momento. La bala rompió el cristal de seguridad sobre la cabeza de Mónica Roa. Aunque nadie resultó herido, el disparo podría haber herido de gravedad o incluso matado a Mónica Roa o a sus colegas.
Hace seis años, el liderazgo de Mónica Roa y el trabajo de WLW en favor del respeto y la protección de los derechos humanos de las mujeres, realizado en colaboración con otras organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, condujo a la despenalización del aborto en circunstancias excepcionales en Colombia. Este reciente ataque tuvo lugar la víspera del sexto aniversario de esta decisión histórica, y Mónica Roa y sus colegas trabajaban en la preparación de acciones de campaña sobre la falta de aplicación adecuada de la sentencia de la Corte Constitucional.
Este ataque es el último de una serie de actos de intimidación contra Mónica Roa y WLW. Sus oficinas de Bogotá han sido asaltadas –y los asaltantes han robado ordenadores– en tres ocasiones diferentes, la más reciente el 23 de abril de este año. Además, desde 2005 los miembros de WLW han sufrido varias amenazas de muerte y actos de acoso. Por ejemplo, en varias ocasiones alguien ha dejado excrementos humanos ante la puerta principal de las oficinas. Tras los primeros actos de intimidación contra Mónica Roa en 2005, el gobierno le asignó medidas de protección.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En 2006, la Corte Constitucional de Colombia levantó la prohibición total del aborto y permitió a las mujeres y las niñas el acceso legal a servicios de aborto en tres circunstancias excepcionales, entre ellas cuando la vida de la mujer o la niña corra peligro si el embarazo sigue adelante, o cuando el embarazo sea consecuencia de una violación (sentencia C-355/2006). Sin embargo, la aplicación de la sentencia se ha encontrado con varios obstáculos que han impedido llevarla a cabo.
En varias ocasiones, el procurador general ha defendido públicamente el restablecimiento de la prohibición total del aborto. Ha rebatido públicamente la sentencia de la Corte Constitucional y ha tratado de obstaculizar su aplicación difundiendo información que contradice la decisión de 2006 de despenalizar el aborto en ciertas circunstancias excepcionales. La procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, desde que ocupó su cargo, ha apoyado abiertamente la postura del procurador general sobre este asunto y ha declarado públicamente que está a favor de penalizar el aborto en todas las circunstancias. La procuradora delegada es responsable de las cuestiones relativas a los derechos de las mujeres dentro de la Procuraduría General.
La demora en la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional tiene graves consecuencias en la vida y la salud de las mujeres y las niñas. A consecuencia de ello, 1201 mujeres decidieron presentar una acción de tutela mediante el sistema judicial para pedir al procurador general y a la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia que se retractaran de sus declaraciones y respetaran la sentencia dictada en 2006 por la Corte Constitucional. Las mujeres solicitaron asimismo que, de acuerdo con la sentencia, la Procuraduría General emitiera información nueva y completa sobre los derechos sexuales y reproductivos. Mónica Roa y WLW fueron agentes clave en este proceso.
Recientemente, Mónica Roa supo, por los medios de comunicación, que la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia había presentado una demanda judicial contra ella. Mónica Roa no ha recibido notificación oficial de dicha demanda, pero por la información publicada en los medios de comunicación cree que puede haber sido acusada de calumnias y difamación.