Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Viernes, septiembre 30 de 2016
 

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Paramilitares saldrán de las cárceles sin ser reconocidos derechos de las víctimas

Organizaciones Sociales

Lunes 28 de julio de 2014

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Entre noviembre de 2003 y agosto de 2006, se desmovilizaron formalmente más de 30.000 miembros de fuerzas paramilitares en Colombia. De las 40 estructuras paramilitares que existían en 2003, se desmovilizaron 34, a cuyos integrantes comprometidos en violaciones a derechos humanos se les aplicó el marco jurídico de la Ley 975 de 2005, llamada Ley de Justicia y Paz. Esa normativa creó una serie de beneficios legales para los desmovilizados, entre ellos penas alternativas de 5 a 8 años sobre la base de aportar a la verdad plena sobre los crímenes cometidos, las estructuras operativas, los beneficiarios, y los responsables intelectuales y materiales de estos crímenes.

Cárceles abren sus puertas para dar salida a paramilitares, sin que los derechos de las víctimas hayan sido reconocidos

Han transcurrido 8 años de aplicación de la Ley y en agosto del presente año, se prevé que un grupo de postulados empiece a salir de las cárceles por cumplimiento del máximo de la pena alternativa prevista en la normativa; hombres de los bloques Catatumbo, Central Bolívar y Héroes de Granada, entre otros. En su informe referido a 2013, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advierte que: “lo más probable es que casi todos los acusados sean puestos en libertad al cabo de ocho años sin haber sido enjuiciados (párr.19)”.

Según lo disponen los artículos 31 y 34 del Decreto 3011 de 2013, estos hombres quedarían bajo una denominada “libertad a prueba”, lo que quiere decir que la libertad podría restringirse de nuevo por tres motivos: 1. Si se reincide en los crímenes; 2. Si se incumple injustificadamente alguna de las obligaciones impuestas en la sentencia o previstas en la Ley para el goce del beneficio, y 3. Si se establece que el postulado no entregó, no ofreció o no denunció todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley al que perteneció.

A la fecha, no sólo no han culminado los procesos judiciales, sino que de los 4.237 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) postulados a la ley 975 de 2005, solo 19 han sido condenados.

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