Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Jueves, diciembre 1ro de 2016
 

Denuncias

Panfletos amenazantes a campesinos del Putumayo

Red de DDHH del Putumayo, Baja Bota Caucana y Cofanía Jardines De Sucumbíos De Ipiales- Nariño

Miércoles 16 de noviembre de 2016

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Con gran preocupación denunciamos la aparición de un panfleto amenazante dirigido en contra de la vida, la convivencia, las libertades democráticas, y la seguridad de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, apareció desde el sábado 15 de noviembre de 2016 en las áreas rurales del Municipio de Valle del Guámuez y del Municipio de San Miguel, las Veredas Jordán Güisia, Los Llanos, Betania y las veredas de la rivera del rio del Valle del Guámuez

Panfletos amenazantes a campesinos del Putumayo en áreas de influencia de la construcción del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

Con gran preocupación denunciamos la aparición de un panfleto amenazante dirigido en contra de la vida, la convivencia, las libertades democráticas, y la seguridad de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, apareció desde el sábado 15 de noviembre de 2016 en las áreas rurales del Municipio de Valle del Guámuez y del Municipio de San Miguel, las Veredas Jordán Güisia, Los Llanos, Betania y las veredas de la rivera del rio del Valle del Guámuez, DENUNCIAN, que “después de un operativo militar aparece misteriosamente un panfleto en el cual se imponen multas y normas de convivencia, este es firmado por un grupo autodenominado COMANDO SUR DE COLOMBIA DE LAS FUERZA ÁREA unidos con COMANDO DE LAS FUERZAS DE DIOS ISRRAELITAS”.

Alertamos a la comunidad nacional e internacional integrada por defensores de derechos humanos, para que se preste especial atención y debida diligencia frente a las amenazas y el contenido de este panfleto. No es natural que nuestras comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas tengan que seguir viviendo en medio de las amenazas, que la situación de derechos humanos en el departamento este en juego o a voluntad de las administraciones municipales y sea la omisión institucional sea la constante, frente a las situaciones que se denuncian estamos una vez más en constante riesgo, en especial las personas que habitan las áreas rurales, campesinos en su gran mayoría que construyen y confían en los retos políticos, económicos y sociales de construir un territorio digno frente a las transformaciones que buscan una paz, estable y duradera.

Para nosotros, no es coincidencia que aún se estén utilizando cualquier clase de amenazas para reprimir a la población en general, que se usen artimañas para intimidar en contra de quienes persisten en los territorios, en contra de quienes no van abandonar su derecho a la tierra, territorios que el Estado ha olvidado y que sólo son visibles por las riquezas invaluables, territorios donde la presencia estatal sólo es reflejada en el Ejército Nacional pero con especialidad en Operaciones Minero energéticas, sólo están como se expresa coloquialmente: para cuidar a unos y no al pueblo. Territorios en los que hay presencia de exploración o explotación de hidrocarburos y minería por empresas privadas multinacionales, y territorios en donde aparece este tipo de panfletos y el fenómeno de violencia pareciera no acabar. En estos territorios en los que se han encontrado con los que aman y abrazan la vida y anhelan seguir aquí en el territorio, junto con sus hijos.

En recientes hechos para el Municipio de Valle del Guámuez y San Miguel, para la Baja Bota Caucana y para el Corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbíos de Ipiales -Nariño, se registra constantes infracciones al DIH en operaciones conjuntas de la lucha contra las drogas por parte de la Policía Nacional y el Ejército Nacional; y es justo en estos municipios y zonas rurales donde las amenazas por parte de grupos ilegales al parecer sucesores del paramilitarismo, contra campesinos son más frecuentes.

Por otro lado, se denuncia que por parte del ente acusador, Fiscalía General de la Nación, las judicializaciones aumentaron, para la historia de la región, estas acciones en su mayoría obedecen a cumplir con estándares y cifras del cumplimiento nacional e internacional en la llamada “lucha contra los drogas”, es el desarrollo de una política criminal que busca mostrar resultados mediante funcionarios judiciales que en repetidos procedimientos de detención y captura violan la presunción de inocencia, las normas y estándares internacionales de protección y consideración frente al estado de cosas inconstitucionales derivado del desplazamiento forzado, el contexto del conflicto armado y el abandono estatal; estamos observando como víctimas del conflicto armado se ven sistemáticamente revictimizadas y perseguidas por programas metodológicos temerarios que buscan judicializar, en operaciones conjuntas con la fuerza pública al cultivador de coca; acciones en su conjunto que desconocen para la mayoría de los casos, la participación voluntaria de comunidades enteras y campesinos cultivadores de coca en los Programas Integrales de Sustitución de Cultivos, acciones temerarias que sin contexto, se desarrollan paralelamente al desarrollo de los diálogos regionales del Gobierno Nacional con la Mesa de Organizaciones Sociales- MEROS-.

La respuesta y presencia estatal para estas comunidades rurales sólo se ve en un tratamiento penal dirigido al eslabón más débil y el que ante el actual ordenamiento jurídico no cuenta con igualdad procesal en su derecho al debido proceso y de defensa, son constantes las acusaciones temerarias, estigmatizadoras, peyorativas a quien diga que proviene de una u otra vereda en áreas de cultivos de coca. Acabar con el problema de las drogas ilícitas, recientemente ha sido el logro del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en el punto 4; y por lo anterior, no es lógico que en estas operaciones de la fuerza pública, se incrementen y desconozcan el contexto nacional e internacional que busca priorizar siempre la solución dialogada de los conflictos y eliminar la fuerza violenta y la imposición.

Enfatizamos que no es lógico que incrementen las operaciones militares o judiciales en medio de situaciones de restablecimiento de derechos, abandono estatal, miseria y pobreza, situaciones de necesidades básicas insatisfechas, riesgo o incremento del desplazamiento forzado, generación de miedo y zozobra como afectaciones psicológicas que incrementan con la aparición de los panfletos amenazantes contra comunidades rurales y que se extienden a los cascos urbanos. Una vez más se reitera en el derecho a la denuncia como defensores de derechos humanos, que estas operaciones conjuntas de la fuerza pública son desmedidas y desproporcionadas con el DIH, situaciones que han sido verificadas y comprobadas por instituciones y entidades defensoras de DDHH como Personerías Municipales y Defensoría del Pueblo. Pareciera por algunos funcionarios y miembros de la fuerza pública, omitir el principio de precaución y prevención para salvaguardar la vida e integridad de quienes habitan el territorio, y priorizar en sus comportamientos un afán por hacer sentir en los habitantes quien es la fuerza, como si estuviera en sus funciones un juego de poderes.

Exigimos por parte del Ministerio de Defensa y sus dependencias y departamentos internos de Derechos Humanos que se denuncie la aparición de los manuales de convivencia contenidos en los panfletos que denunciamos, más cuando usan sellos y lemas privativos de la misma fuerza pública. En nuestros hallazgos como defensores de derechos humanos encontramos y denunciamos el despliegue de altos presupuestos contra las comunidades campesinas, en un aparente afán por mostrar resultados a los planes de consolidación, aparente afán que no se refleja dirigido a verdaderos grupos criminales sucesores del fenómeno paramilitar que en otras ocasiones se han autodenominado mano negra, bandas criminales que hoy amenazan constantemente a los campesinos, imponiendo reglas a su cotidianidad, sus costumbres, creencias, derecho a la libertad de expresión, educación, cultura, trabajo, entre otras imposiciones que incluso extorsivamente solicitan pago de multas; recordamos a toda la institucionales y al Gobierno Nacional que en estas áreas rurales para marzo y septiembre de 2016, se ha reportado la muerte violenta de jóvenes en manos de criminales que firman estos panfletos o pasquines.

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