Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Lunes, septiembre 26 de 2016
 

Pablo Catatumbo Uno de los temas principales es el combate contra fenómenos criminales como el paramilitarismo.

Felipe Morales Mogollon

Jueves 4 de febrero de 2016

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Lo dice uno de los negociadores de las Farc en La Habana (Cuba)

El Gobierno y las Farc han manifestado que el acuerdo para la terminación del conflicto está cerca, que los avances no tienen precedentes, y se habla del 23 de marzo como fecha para su firma. Más allá del optimismo, los puntos pendientes de discusión son espinosos. Uno de ellos es el fin del conflicto, que compromete temas como cese bilateral, dejación de armas, reincorporación de las Farc y dos más que resultan prioritarios: el combate contra otros fenómenos criminales y sus redes de apoyo, y las garantías de seguridad.

En esta discusión, uno de los temas transversales es el crecimiento de las bandas criminales o paramilitares en el país. Por eso el presidente Juan Manuel Santos anunció que las bacrim serán objetivo de alto valor para la Fuerza Pública. Pero el asunto va más allá. Las Farc aseguran que los paramilitares no sólo actúan en el escenario de la guerra sino que han capturado las rentas del Estado y manejan toda una paraeconomía.

En diálogo con El Espectador, Pablo Catatumbo, negociador plenipotenciario de las Farc, habló de la necesidad de enfrentar ese fenómeno y de la obligación del Estado de evitar que los miembros de las Farc sean asesinados cuando se firme la paz, como ha ocurrido en otros procesos, y sostuvo que uno de los principales aportes de las actuales negociaciones es la verdad de todos los actores del conflicto.

Ustedes dicen que el juicio histórico por la violencia en Colombia debe llevarse hasta antes de los años 50.
¿Un acuerdo de paz implica abordar asuntos que sucedieron hace tanto tiempo?

No, pero el debate político sí tenemos que llevarlo hasta allá. Al pueblo no le importan esos temas, pero nosotros, los que aspiramos a dirigir la Nación, sí debemos hablar de eso. Hay una historia de Colombia que yo conozco y a mí sí se gustaría hablar con dirigentes de partidos tradicionales, y hasta con el expresidente Álvaro Uribe, para que cuenten la suya. Acá se mataron entre conservadores y liberales y son igualmente responsables, no pueden engañar a la gente. Por eso insistimos en una comisión histórica que explique por qué llevamos toda esta historia de guerra.

¿Eso tiene que ver con la insistencia en el tema del paramilitarismo?

Colombia está ligada al paramilitarismo desde sus orígenes como nación, y eso representa un gran riesgo para la paz. El paramilitarismo está vivo y es la principal amenaza para la paz y la democracia. No desdeñemos el peligro que significa. No son sólo las bacrim sino un fenómeno complejo y multidimensional que tiene varios componentes. Por ejemplo, está el de la doctrina de seguridad nacional, que parte de enfrentar un enemigo interno que, según esa concepción, está amenazando la institucionalidad. Ahí empezó, pero hoy tenemos un paramilitarismo que tiene la parapolítica, la paraeconomía y las empresas de seguridad privada, donde están los peores criminales y violadores de derechos humanos, los que les quitaron la tierra a los campesinos y propiciaron desplazamientos y masacres. Vale la pena abrir debates. Por ejemplo: ¿qué hacía José Félix Lafourie en 2005? Era supertintendente de Notariado y Registro y de ahí pasó Fedegán. Si eso no es una puerta giratoria, ¿entonces qué es?

Pero hay que reconocer que el paramilitarismo surge como una respuesta a la ineficacia del Estado para defender a los ciudadanos de la guerrilla…

Es lo que se dice, pero el paramilitarismo viene desde antes. Como también dicen que Carlos Castaño era un pobre campesino trabajador y que las Farc mataron a su papá, por lo cual él se sintió ofendido, creó los paramilitares y cometió una cantidad de horrores. La verdad es que Castaño ya era paramilitar y narcotraficante del grupo de Pablo Escobar. Las Farc secuestraron a su padre por narcotraficante, el Ejército trató de rescatarlo y en ese combate murió, como también murieron guerrilleros. Esa es la verdad verdadera.

¿Y la muerte del papá del expresidente Álvaro Uribe?

Nosotros no matamos al papá de Uribe. Eso es falso, nosotros no teníamos guerrilla por ahí. La hermana de Uribe contó que él llegó en un helicóptero, se escondió y empezó a dar bala. Si vamos a secuestrar a un tipo que llegó en un helicóptero, no le mandamos dos guerrilleros, ni bobos que fuéramos. El papá de Uribe no fue asesinado por las Farc, allá no teníamos unidades. ¿Dónde hay un juez o una investigación seria que diga que fuimos nosotros?

Hoy no se habla de paramilitarismo sino de bandas criminales…

El Estado nunca ha aceptado el paramilitarismo, aunque hay evidencias claras, como la existencia de Yahir Klein o el asesinato de Luis Carlos Galán, que dicen que fueron narcotraficantes, y nunca han aceptado que el Estado estuvo detrás. Por eso le damos tanta importancia a la verdad y a que se descubran los nexos entre el establecimiento y los paramilitares. Esa es la importancia de la Jurisdicción para la Paz, pues va a obligar a todos los que han engañado al país a decir la verdad. Nuestras verdades son simples: somos guerrilleros y hemos actuado ante las circunstancias de guerra. Yo no maté a los diputados del Valle, pero las Farc vamos a poner la cara. Veremos al expresidente César Gaviria explicando por qué se alió con los Pepes para matar a Pablo Escobar. Quieren ver a las Farc reparando, y estamos de acuerdo, pero todos los participantes en el conflicto tenemos que comprometernos. Lo claro es que no hemos sido ministros, ni ocupado cargos públicos, pero quienes los han ocupado le deben muchas explicaciones al país.

Para ustedes, ¿la desmovilización paramilitar fue una farsa?

Con el paramilitarismo que no se desmovilizó hubo trampa. Si usted coge los nombres de los Úsuga, corresponden exactamente a los de los que se llamaban Héroes de Arauca. Ernesto Báez lo confesó: dijo que sólo se entregaron 21 jefes paramilitares. El nombre de Jorge 40 no es gratuito, era su número, y Carlos Castaño era el comandante cero. Se desmovilizaron 21. ¿Dónde quedan los otros 19? Lo que pasó con los paramilitares fue una pantomima de desmovilización.

Ya hay fecha tentativa para la firma de la paz, pero ¿qué va a pasar entonces con los paramilitares?

No estamos diciendo que el Gobierno tiene que acabar ya con los paramilitares. Lo que estamos diciendo es que se deben tomar medidas creíbles que manden una señal, que apunten hacia el combate frontal. El problema no es Otoniel, tampoco lo eran Pijarbey o Megateo; el problema es que este es un fenómeno político que no se acabó con el escándalo de la parapolítica y está vivito y coleando.

¿Cuáles medidas cree que son necesarias?

La primera es depurar las Fuerzas Militares, no hay nada más que hacer. Segundo, eliminar una serie de leyes y decretos que soportan al paramilitarismo. Tercero, tomar medidas contra la parapolítica, como reglamentar formas de participación política, acabar con la alcahuetería de los avales o imponer sanciones drásticas. El Estado colombiano está en deuda de explicar la paraeconomía, eso no se ha dicho. Ellos controlan la salud, el mercado del oro, la minería ilegal, sectores enteros de la economía. Las bacrim son el componente armado, pero hay cosas que son invisibles y el paramilitarismo tiene otros componentes. Lo que necesitamos saber es si el Gobierno tiene la disposición real de acabar con el paramilitarismo.

¿No es muy osado hablar de depurar las Fuerzas Militares?

Es un problema que el Estado debe afrontar. Lo que decimos es que es necesario definir para qué quiere las Fuerzas Militares. Usted necesita que defiendan la Constitución y la soberanía, que tengan principios; a usted no le sirve que haya miembros vinculados al narcotráfico. ¿Cómo Óscar Naranjo depuró 11.000 policías para poder enfrentar a los carteles? Esa fue una decisión política. Veo algunos militares que son conscientes de eso. Conozco militares patriotas, guerreros, los he padecido en el combate y los respeto porque se sacrifican, pero hoy se han dado cuenta de que no somos tan distantes, que ambos queremos una Colombia honesta, que no esté en manos de los bandidos. En ellos debe apoyarse el presidente, ellos han soportado la guerra y están siendo traicionados por dirigentes políticos.

Claro que el paramilitarismo, según lo que usted mismo plantea, no se va a acabar de la noche a la mañana…

Lo que acordemos estará acordado. No podemos ser obtusos y decir que mientras no se acabe el último paramilitar no se acaba el conflicto, pero sí pedimos que haya medidas que den confianza de que se está trabajando en esa dirección. Pero tampoco podemos dejar las armas y participar en política con un paramilitarismo creciente, apoyado en las Fuerzas Militares y desbordado en el país. Ese es el mayor reto del gobierno de Santos: demostrarle al país que quiere la paz tomando decisiones para acabar con el fenómeno paramilitar, que incluye la parapolítica y la paraeconomía.

¿No es inocente pensar que el acuerdo de La Habana significará los cambios profundos que ustedes esperan?
No se trata de decretos o leyes. Hay que hacer pedagogía para la paz y que exista un compromiso político con partidos, gremios y otros sectores para un pacto de nunca más. Nosotros no estamos juzgando, estamos proponiendo un pacto político de que no vamos a volver a combinar armas con política, pero el Estado tampoco debe hacerlo. En eso radica el compromiso de no repetición. Por años han dicho que las responsables son las Farc y que éramos secuestradores, pero no se habla de las personas que desaparecían desde el Estado.

Procesos pasados han generado miles de muertes de quienes dejan las armas y ustedes señalan que el paramilitarismo está vivo. ¿Es posible dejar las armas con ese contexto?
Esa pela tiene que dársela el presidente, si no, no hay paz. El mayor fracaso que puede ocurrir en la política colombiana es que no se pueda garantizar que la paz sea posible. Si el establecimiento no es capaz de garantizar la vida de los comandantes guerrilleros una vez se firmen los acuerdos, si vuelve a ocurrir lo que ocurrió con Carlos Pizarro, ese sería el fracaso de la paz. Es el reto que tienen Santos y las Fuerzas Militares.

Por: Felipe Morales Mogollón

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