Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Domingo, diciembre 4 de 2016
 

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Organizaciones exigen revocatoria del Plan Ambiental que permite uso de herbicidas en las fumigaciones contra cultivos de uso ilícito

Lunes 1ro de junio de 2015

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Las organizaciones sociales INDEPAZ, CCJ, CINEP, GRUPO SEMILLAS, PLANETA PAZ, LAWG, MAMACOCA, RED DE JUSTICIA AMBIENTAL, PCN y WOLA, y solicitan la revocatoria inmediata del Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con el herbicida Glifosato (PECIG) y desaconsejar el uso de otros herbicidas.

La solicitud se realiza después de recibir la respuesta del Ministro de Justicia a la petición formulada al Consejo Nacional de Estupefacientes de suspender las fumigaciones aéreas con glifosato y otros químicos. La petición está respaldada con más de 25 mil firmas.

Las organizaciones sociales le pidieron a los Ministros de Salud, Ambiente y Agricultura convocar de manera urgente al Consejo Nacional de Plaguicidas (CNP). Esa instancia, que fue creada en 1991, tiene como objetivo coordinar la aplicación de las normas sobre uso, manejo y disposición de plaguicidas, incluidos herbicidas como el glifosato, con el fin de “garantizar la salud de la comunidad y la preservación de los recursos agrícolas, pecuarios y naturales renovables”.

Además de los citados Ministros, hacen parte del CNP, los directores del Instituto Nacional de Salud (INS), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil y representantes de la ANDI, la SAC, las empresas aplicadoras de plaguicidas, la Confederación Comunal Nacional y la Federación Colombiana de Ingenieros Agrónomos.

Las organizaciones que firman la solicitud han denunciado la poca efectividad de la
erradicación aérea en la guerra contra las drogas y los altos costos en la salud humana, el medio ambiente, la seguridad alimentaria, el desplazamiento y la pérdida de confianza en el Estado. Estos argumentos soportan las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Política de Drogas, presentadas al Ministro de Justicia un día antes de que el CNE, decidiera “suspender el uso del glifosato en el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea”.

La determinación de siete de los ocho miembros del Consejo se fundamentó en el estudio de la IARC de la OMC que calificó el glifosato como “probablemente carcinogénico”, la solicitud de Alejandro Gaviria Ministro de Salud, de acoger “los preceptos constitucionales, legales yjurisprudenciales que regulan el principio de precaución”.

Revocatoria del PMA La decisión del CNE quedó en manos de la Agencia Nacional de Licencia Ambientales (ANLA) que desde marzo de 2015 inició el trámite de modificar el PECIG por solicitud del Ministerio de Justicia, entidad que asumió las funciones de la Dirección Nacional de Estupefacientes,liquidada por su ineficacia en la coordinación de la Política Antidrogas. Con la modificación se busca adecuar el PECIG al Acuerdo entre Ecuador y Colombia que terminó el proceso ante la Corte Internacional de Justicia. El vecino país desistió de la demandaa cambio de una “contribución económica” de quince millones de dólares (USD 15.000.000.000), con destino a la reparación de las víctimas del PECIG en la frontera.

Según la comunicación del Ministerio de Justicia a las organizaciones que adelantan la campaña #No Fumigaciones, la suspensión definitiva del PECIG está supeditada al “estudio de estrategias alternativas que permitan al Estado colombiano”, atender la recomendación del Ministro de Salud, y continuar con el programa de lucha contra las drogas para mantener la “seguridad y el orden público”.

Ante esa respuesta, las organizaciones solicitan al CNS instar a las entidades encargadas de la Política de Drogas atender las recomendaciones de las Comisiones de Política Criminal y de Drogas. Esto es aplicar un enfoque de salud pública y priorizar los derechos humanos de las poblaciones en las que se aplica la erradicación. Por eso requieren a la ANLA revocar el PMA del PECIG.

Temor de sustitutos del glifosato
En la carta las organizaciones le piden al CNP emitir concepto previo al uso de nuevos
herbicidas para asperjar cultivos de coca. Se refieren a los ensayos de moléculas de herbicidas que adelanta la Policía en San Luis, Tolima, aparentemente con apoyo de autoridades de los Estados Unidos.

En ese departamento, con recursos de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos se ejecutó en 2009, un proyecto piloto para analizar sustancias que podían sustituir al glifosato y al Cosmoflux 411 F, coadyuvante de la mezcla que se emplean en las aspersiones aéreas. En esa investigación participó Keith R. Solomon, uno de los autores del informe de la CICAD/OEA en 2005 que concluyó la inocuidad del glifosato producido por la Monsanto.

No sucedió lo mismo con el glifosato marca Cúspide que fabrica Anhui Huaxing Chemical Industry Co. Ltd y comercializa en Colombia Talanu Chemical Ltda, el proveedor de la Policía Antinarcóticos, desde 2011. Según Solomon se trata de un producto con mayor toxicidad que el de Monsanto que puede afectar especies acuáticas. Esto ya había sido advertido en 2012 por la NAS (Oficina de Asuntos Narcóticos de la Embajada de los Estados Unidos). Los resultados del estudio de Solomon llamado “Toxicity of Cúspide 480SL® spray mixture formulation of glyphosate to aquatic or organisms” , no se conocen como tampoco los avances y propósitos de la investigación sobre el ADN de la coca que adelanta el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos desde 2009 para identificar las variedades de esa planta.

Ante la poca publicidad de esas investigaciones y las evidencias de los daños en la salud y el medio ambiente, las organizaciones piden al CNE velar porque en la decisión del CNE sobre las alternativas de químicos para continuar asperjando, se acate la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos.

Además citando al Consejo de Estado le recuerdan al CNE su carácter de organismo asesor por lo que no puede adoptar nuevas sustancias sin “previo concepto favorable de los organismos encargados de velar por la salud de la población y por la preservación y equilibrio del ecosistema del país”.

Afirman que el empleo de un nuevo herbicida requiere licencia ambiental distinta a la del PECIG y la puesta en marcha de un Programa especial de Vigilancia Epidemiológica para evitar las omisiones de las autoridades a las que se refirió el INS en el informe divulgado por el Procurador, días antes de la reunión del Consejo. Ordoñez fue el único que votó negativamente a la suspensión del glifosato.
Demandas en curso Las organizaciones piden al CNE asesorar a las instancias judiciales en la resolución de las demandas por los impactos de las fumigaciones con químicos. Dos de ellas en revisión de la Corte Constitucional, están en el despacho del magistrado Jorge Ignacio Pretelt quien según medios de comunicación proyectó un fallo en contra de los reclamantes.

Alternativas más eficaces

En la petición se insta a despolitizar el debate sobre los daños de los químicos usados en las fumigaciones y a incrementar otras herramientas más eficaces y respetuosas de los derechos humanos, entre ellas intensificar el control en el manejo de sustancias químicas y gasolina que se usan para producir estupefacientes; perseguir los bienes y cuentas bancarias de los narcotraficantes y de sus socios legales, dentro y fuera del país, y aumentar las incautaciones de drogas ilícitas.

Conozca el derecho de petición.

 
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