Operaciones de inteligencia contra principios de comunidad indígena
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante las operaciones de inteligencia con presión, acoso, hostigamiento y ofrecimientos contra los principios organizativos de las comunidades por parte de agentes estatales encubiertos contra líderes de las comunidades indígenas del Resguardo Humanitario Ambiental de Alto Guayabal y ante el incumplimiento del Estado Colombiano en la destinación de recursos económicos al Cabildo Indígena Embera Urada- Jiguamiandó a través del Sistema Nacional de Participación y de los programas para afectados por las olas invernales y el cambio climático.
Bogotá, D.C., 31 de diciembre de 2013
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República de Colombia
AURELIO IRRAGORRI VALENCIA
\Ministro del Interior y de Gobierno
ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ
Ministra de Justicia
MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
LUZ HELENA SARMIENTO
Ministro de Ambiente y Desarrollo sostenible
EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
JORGE ARMANDO OTÁLORA
Defensor Nacional del Pueblo
SANDRA MORELLI
Contralora General de la Nación
Ref: Solicitud de Intervención ante las operaciones de inteligencia contra derecho de agentes estatales para involucrar a los civiles en operaciones contra la guerrilla de las FARC y las operaciones contra derecho y acuerdos con las comunidades por mineros, ante la exclusión por parte de la Alcaldía de Carmen del Darién del Presupuesto del Sistema Nacional de Participación .
“En la guerra no valen todos los medios, si el Estado quiere combatir, lo debe hacer de la mano del derecho y no del abuso de la fuerza, ni de un mercenarismo que involucra a los civiles por temor y con la compra falseada de su información. Esto es una degeneración de la ética en la guerra”. Camilo De las Casas
Reciban un respetuoso saludo.
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante las operaciones de inteligencia con presión, acoso, hostigamiento y ofrecimientos contra los principios organizativos de las comunidades por parte de agentes estatales encubiertos contra líderes de las comunidades indígenas del Resguardo Humanitario Ambiental de Alto Guayabal y ante el incumplimiento del Estado Colombiano en la destinación de recursos económicos al Cabildo Indígena Embera Urada- Jiguamiandó a través del Sistema Nacional de Participación y de los programas para afectados por las olas invernales y el cambio climático.
Nuestra Constancia Histórica ante el desarrollo de mecanismos y técnicas contra los principios de un Estado de Derecho para perseguir a la guerrilla de las FARC/EP involucrando a los civiles en operaciones de inteligencia contra su voluntad y contra los principios organizativos desarrollados para preservar su vida, su integridad y libertades conforme a los derechos humanos y el derecho humanitario.
Ante ustedes la fundamentación fáctica de nuestra Constancia Histórica que confirma el abandono histórico y estructural en que se encuentran las comunidades indígenas, situación de marginalidad que pretende ser usada por los organismos de inteligencia y la fuerza pública para forzarlos a ser parte del conflicto armado y por parte de empresarios de mala fe como las propias multinacionales que ha afectado el territorio social y ambientalmente.
*Miércoles 5 de noviembre a eso de las 6:30 p.m. en el terminal del norte de la ciudad de Medellín abordados por policiales regulares, un exguerrillero y agentes encubiertos ARGEMIRO BAILARÍN BAILARÍN, presidente de cabildo mayor de Urada Jiguamiando; ELADÍN CARUPIA DOMICÓ, AURENCIO RUBIANO BARINQUÍN, OMAR BAILARÍN DUMAZA y ARMANDO SIMIGUÍ, gobernadores del Resguardo Alto Guayabal mientras esperaban el bus con destino a la ciudad de Bogotá.
Cuando se desplazaban por el terminal un desmovilizado de la guerrilla de las FARC, conocido con el alias “Memo” y o “Giancarlo” abordó a ARMANDO diciéndole que se separara de la delegación comunitaria para hablar a solas sobre un trabajo. El desmovilizado les preguntó para donde se dirigían y la finalidad de su viaje. Todos los indígenas se negaron a responder y conversar con él.
Aproximadamente 45 minutos después, cuando los comuneros esperaban la salida del bus, varios policías se les acercaron y les solicitaron las cédulas para verificar sus antecedentes. Los efectivos policiales se quedaron con los documentos de cédula de ciudadanía de ARMANDO y ELADÍN y les ordenaron a los cinco indígenas dirigirse con ellos al comando de la policía.
En el centro policial dos civiles que no portaban distintivos les dirigieron un interrogatorio;uno de los hombres de civil le manifestó a ARMANDO que ellos sabían dónde estaba la guerrilla y que ellos sabían que donde éste comunero reside vive las FARC. Luego de la falsa aseveración procedió a interrogarlo sobre su oficio y su lugar de habitación dentro del Resguardo.
Posteriormente, el agente estatal, afirmó que la guerrilla les cobraba un impuesto por operaciones extractivas, preguntando el nombre o alias de la persona, a quién supuestamente le pagan. ARMADO expresó que era falsa tal situación Luego les propuso que como líderes podrían ganar dinero y trabajar con ellos. ”Nosotros le podemos pagar. El Estado está pagando 300 mil pesos y si ustedes necesitan los podemos sacar a otra ciudad “
Insistió a ARMANDO quién se identificó como de Inteligencia que: “si usted nos lleva a coger el jefe de la guerrilla, le pagamos buena plata”. Éste agregó: “¿Usted si sabe dónde está la guerrilla, nos informa y listo?”. Le pregunto nuevamente si sabía dónde estaba la guerrilla, porque si con usted se puede conseguir más fácil la información, se podía ganar el dinero.
Posteriormente, uno de los de civil aborda a ELAÍN a quien le preguntó el motivo del viaje a Bogotá. Otro de los presuntos policías le quitó el celular para revisarlo, minutos después de verificar los teléfonos expresó: “aquí no hay nada”.
Después los de civil abordan a ARGEMIRO preguntándole sobre los movimientos de la guerrilla y por ISAÍAS TRUJILLO. Uno de los de civil expresó: “si usted nos ayuda a capturar un al alto mando de las FARC le podemos pagar de 200 a 300 millones de pesos. Usted decide si trabaja como persona o como Resguardo, yo soy sargento me llamo CARLOS de inteligencia y trabajo en Bogotá”.
ARGEMIRO expresó que él era del Resguardo humanitario ambiental de Urada-Jiguamiando, beneficiario de Medidas Cautelares y era uno de los promotores de las propuestas humanitarias para no verse involucrados en el conflicto armado y que por eso rechazaba cualquier ofrecimiento de cualquiera que participara en la confrontación armada.
ARGEMIRO le precisó a quién se identificó como integrante de la Inteligencia que han sacado al ejército del Resguardo porque “ellos hacen operaciones en la zona, ya tenemos desaparecidos con el ejército. Nos hemos reunido con la guerrilla cuando pasa y les hemos dicho que no hagan operaciones en la zona y los hemos sacado. Nosotros como autoridades tradicionales podemos reunirnos con cualquiera de los actores armados para prohibirles las operaciones en jurisdicción del Resguardo y es no nos hace guerrilleros ni colaboradores del ejercito.
Minutos después el que se identificó como CARLOS le sustrajo el celular asignado por la UNP a ARGEMIRO, y escribió su número 3124892844 en una libreta. El llamado CARLOS le manifestó que lo volvería a llamar.
Luego de estos abusivos interrogatorios los cinco integrantes del Resguardo continuaron su camino hacia Bogotá a donde asistirían a una reunión con el gobierno nacional de seguimiento a las Medidas Cautelares
*Sábado 28 de diciembre en horas de la noche, nuestra Comisión de Justicia y Paz, conoció la decisión del Resguardo Uradá de Jiguamiandó de dar por terminado desde ocho días antes un acuerdo de operaciones extractivas artesanales en dos puntos de los predios colectivos
Efectivamente, un año atrás, la Asamblea de las seis comunidades del Resguardo, máxima autoridad tradicional de la comunidad indígena Embera, acordó la explotación minera artesanal, en dos sitios no sagrados Nuevo Cañaveral y Urada, de menor impacto socio ambiental, prohibiendo la utilización de químicos para la extracción del oro o cualquier otro material.
Como consta en declaraciones públicas y se evidencia en el territorio indígena ni el gobierno local ni nacional han atendido humanitariamente con sus programas las afecciones causadas por dos olas invernales en 2012 y 2013, además, de la exclusión real del presupuesto asignado durante dos años por el Sistema Nacional de Participación por parte de la alcaldía del municipio de Carmen del Darién, situaciones que han generado unas condiciones de inhabitabilidad en el territorio en condiciones de dignidad.
Para la realización de la extracción artesanal la Asamblea acordó con quiénes se presentaron como empresarios menores LEONID FERNÁNDEZ y FREDY PINEDA, Estos se comprometieron a ingresar como maquinaria: bombas de agua y excavadoras de menor calado, y presentar el trámite ante las instancias oficiales de autorizaciones ambientales y sociales
Los mineros se comprometieron a entregar el 18 % de cada libra de oro extraído del territorio, a construir 6 casas comunales, una sede oficina del resguardo, una casa de mujeres para la producción de sus artesanías, y motores fuera de borda, el mejoramiento de las viviendas que se vieron afectadas por las olas invernales, el mejoramiento de las vías de acceso al territorio con la finalidad de hacer más fácil el tránsito de la comunidad y poder sacar los productos y la construcción de un tanque piscícola.
Dado que desde marzo hasta diciembre el Acuerdo ha sido incumplido por los empresarios sin presentar licencias ambientales de las autoridades regionales y nacionales, al ser engañados en su buena fe y su palabra, la Asamblea del resguardo Indígena Embera Urada-Jiguamiandó decidió que los mineros tienen que abandonar el territorio el día de hoy 31 de diciembre.
Nuestra Censura Ética ante la retención arbitraria, a través de un ardid, los hostigamientos, presiones sufridos por los gobernadores del Cabildo Indígena Embera Urada-Jiguamiandó para lograr la negación de sus principios organizativos, actuar contra estos, propiciar la fragmentación colectiva, el miedo psicológico, valiéndose de las necesidades económicas para hacerlos parte de sus operaciones contra insurgentes.
Nuestra Censura Ética y el temor a represalias contra su vida e integridad física y libertades a través de un montaje judicial de los líderes ARGEMIRO BAILARÍN BAILARÍN, presidente de cabildo mayor de Urada Jiguamiando; ELADÍN CARUPIA DOMICÓ, AURENCIO RUBIANO BARINQUÍN, OMAR BAILARÍN DUMAZA y ARMANDO SIMIGUÍ, gobernadores del Resguardo Alto Guayabal
Nuestra Censura Ética ante el temor que la negativa a ser parte de operaciones contrainsurgentes convierta a estos líderes en blanco de operaciones de tipo paramilitar dado que los lugares en los que se movilizan como Pavarandó, Mutatá, Belén de Bajirá cuenta con el desarrollo de estas estrategias en medio de las presencias policial y militar.
Nuestra Censura Ética ante el total abandono estatal en el que están sumidas las comunidades del Resguardo Indígena Embera Urada-Jiguamiandó, a pesar de la interlocución permanente a través de las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a pesar de más de verse afectados durante dos ocasiones por la ola invernal no han recibido ayuda humanitaria alguna por parte de instancias oficiales para resolver la grave situación en materia de vivienda, salud, agua potable y alimentación que los aqueja.
Nuestra Censura Ética ante la exclusión en la asignación del presupuesto del Sistema General de Participación al Resguardo Indigena Embera de Urada- Jiguamiandó imposibilitado resolver las necesidades en alimentación, vivienda, salud, agua potable y educación que se presentan en la comunidad.
Nuestra Censura Ética ante el engaño empresarial de LEONID FERNÁNDEZ y FREDY PINEDA, que valiéndose de las necesidades comunitarias juegan con los acuerdos suscritos para que las comunidades logren buscar salidas a su situación de exclusión.
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional elevamos éste derecho de petición, esperando su pronta intervención y respuesta, con precisión y claridad:
1. ¿Cuáles son los nombres de los agentes estatales que el pasado 5 de noviembre intervinieron contra los líderes indígenas Embera del Resguardo Urada-Jiguamiandó en la ciudad de Medellín?, ¿Cuál es el tipo de operación que realizaron?, ¿A qué manual corresponde?, ¿Cuáles son las órdenes expedidas para abordar a los civiles?, ¿Qué instancia castrense o policial es la responsable?, ¿Quién la dirige?, ¿Qué brigadas o batallones son los responsables?, ¿Qué orden judicial existe como sustento para la actuación contra estos líderes comunitarios?, Si no existe orden judicial que sustento existe para esta actuación. ¿Cómo se reglan este tipo de operaciones?, ¿Qué limites tienen?, ¿Qué limitaciones tienen estas actuaciones que pretenden quebrantar los principios y valores, de quiénes han sido victimas del Estado y que habitan en zonas de conflicto armado?
2. ¿Qué certeza tienen estos líderes que por la denuncia de estos hechos no van a correr riesgo su vida, integridad y libertades?
3. ¿Dadas las dos situaciones de afecciones por la ola invernal de los habitantes del Resguardo Urada Jiguamiandó, qué asistencia humanitaria se le ha brindado?, ¿Qué entidades?, ¿Qué presupuesto fue asignado?, ¿Para qué fue asignado?, ¿qué mecanismo de control del gasto se realizó?. Si no hubo ningún tipo de atención, ¿Por qué razones estas comunidades han sido excluidas de los programas gubernamentales? Si no hubo atención que investigaciones y sanciones y sobre qué funcionarios se van a iniciar?
4. ¿Cuánto es el presupuesto asignado en el Sistema General de Participación al Resguardo Indígena Embera Urada-Jiguamiandó?, ¿Por qué razones no se les ha desembolsado en los últimos dos años?, ¿En dónde se encuentran estos recursos?, ¿Alguién los ha recibido?, ¿Quién los ha usado?, ¿Qué investigaciones se van adelantar para identificar las razones, y los responsables de estos desembolsos?, ¿En dónde se encuentran estos recursos?
5. ¿ Los empresarios LEONID FERNÁNDEZ y FREDY PINEDA tramitaron alguna autorización ante las entidades competentes para extracción artesanal en predios del Resguardo Urada Jiguamiandó?, ¿Cuándo, ante quién, qué autorización o no recibieron?, ¿Qué investigación se va a realizar para prevenir las operaciones en territorios indígenas de estas empresas?, ¿Qué actuación ante los daños causados a las comunidades indígenas para resarcir los daños causados?
Con profunda preocupación,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz