Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Viernes, diciembre 2 de 2016
 

Informes

Multinacional estaría ordenando a militares erradicación forzosa de coca

Puerto Asís, Putumayo

Sábado 12 de noviembre de 2016, por Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

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En el día de ayer habitantes de La Rosa, Zona de Reserva Campesina La Perla Amazónica (ZRCPA) a pesar de sus objeciones están observando con impotencia como los militares desarrollan desde la mañana una nueva jornada de erradicación forzosa de hoja de coca.

Hoy en particular, los militares a la exigencia campesina de respeto a los acuerdos manifestaron que desconocían los compromisos del gobierno nacional asumidos por el Ministro de Ambiente, Luis Murillo

Efectivamente el Ministro el pasado 4 de septiembre confirmó que no se iba a realizar ninguna sustitución forzosa y se contemplaban los planes de las comunidades. La respuesta del ejecutivo fue al conjunto de los integrantes de la Mesa Regional en la que participan indígenas, afros y campesinos mestizos.

Un agravante de la situación fue la manifestación expresa de militares que indicaron que la erradicación la están adelantando por orden directa de la empresa británica Amerisur.

El pasado 24 de Octubre hacia las 8:45 am en la comunidad de la Rosa, Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, militares de la brigada 27 de Selva, que custodian la Plataforma Petrolera 9, ingresaron a una de las fincas de la comunidad y erradicaron a la fuerza los cultivos de coca.

Al ser abordados por los campesinos, los regulares expresaron que ellos estaban erradicando por orden de la multinacional petrolera Amerisur.

Pobladores indicaron que se trata de la privatización de la fuerza y de la renuncia del deber protector del Estado de la vida y los ecosistemas. La respuesta militar es una retaliación empresarial, sostienen los pobladores, a las acciones de defensa territorial y ambiental comunitaria.

El plan de sustitución contemplado en el Plan de Desarrollo Sostenible (PDS), en algunos predios de la ZRCPA que se diseñó colectivamente, desde hace más de 7 años, sigue siendo desconocido por el Estado para su implementación y por uno u otro gobierno despreciado.

Bogotá, D.C noviembre 12 de 2016
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

 
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