Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Miércoles, septiembre 28 de 2016
 

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Lo que es la Justicia Penal Militar, para el pueblo Embera de Alto Guayabal

Viernes 16 de mayo de 2014, por Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

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Cuatro años y medio y la Justicia Penal Militar continúa demostrando su ineficacia. A finales del mes pasado debía realizarse la exhumación de los restos del menor recién nacido Milton Cuñapa, con miras a establecer judicialmente las causas de su muerte y la relación de causalidad con el bombardeo y ametrallamiento efectuado por la Fuerza Aérea.

Como se recordara a finales de enero de 2010, en una madrugada, cuando los indígenas Embera dormían y otros prendían fuego para cocer sus alimentos, las fuerzas estatales desataron un bombardeo y ametrallamiento contra una misma familia a la que concibieron como blanco legitimo.

Por este hecho resultaron heridos de gravedad la madre del menor, Celina Bailarín, José Nérito Rubiano, Martha Ligia Majore Bailarín y Giovani Bailarín del Resguardo Humanitario Ambiental SO BIA DRUA de Alto Guayabal, Jiguamiandó

Después de tanto tiempo del bombardeo, la indagación número 185 se encuentra en etapa preliminar; y justo cuando todo estaba preparado en el territorio para la diligencia técnica con la fijación de las banderas para facilitar el aterrizaje de la comisión, la organización de los alguaciles para brindar protección, y el ritual de la ceremonia espiritual, se informó el mismo día que la Comisión judicial no se trasladaría al lugar.

Allí las comunidades indígenas y los representantes de las víctimas constataron los efectos de las dilaciones judiciales y las excusas incoherentes que se usan para no actuar.

La excusa telefónica es que los “independientes” funcionarios judiciales no llegarían porque las fuerzas militares estaban desplegadas en función del Paro Agrario. Días, después, en la primera semana de mayo se conoció por escrito del Juez 121 JPM, que el personal de la unidad militar con jurisdicción sobre el Alto Guayabal se encontraba comprometido con las elecciones del Consejo Comunitario de Jiguamiandó, celebradas el domingo 27 de abril.

Así las cosas se confirman las incoherencias, la ineficacia y las excusas huecas sin importar los derechos de las comunidades indígenas por parte de un aparato judicial seriamente cuestionado. La respuesta es por lo menos irrespetuosa para un grupo humano que desconfía del Estado porque el rostro que conocen de uno y otro gobierno e instituciones del Estado es la violencia, la mentira y la impunidad.

Las comunidades que afirman su derecho han sido revictimizadas pues en su cosmovisión indígena, una exhumación implica destruir la casa donde reside el espíritu de la persona que ha fallecido por lo que se requiere una ceremonia previa de armonización.

El territorio sagrado de la comunidad Embera continúa siendo ofendido por el Estado, hace unos años protegiendo los abusos empresariales de la Muriel Mining Corporation, MMC, que pretende a toda costa explorar y explotar el oro, cobre y molibdeno en el cerro Cara d Perro en donde habitan estas familias Embera-

Bogotá, D.C. 16 de mayo de 2014
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

 
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